Mas allá de la artimaña política de utilizar un informe jurídico privado como arma arrojadiza, y de la posible burla a la legislación de contratos, el reciente escándalo de los informes encargados por dos concejales del Ayuntamiento de Madrid sobre el Convenio del Open de Tenis, me resulta llamativo que la emisión de un dictamen por parte de bufetes privados sobre posibles ilegalidades penales se facturase… ¡con 100.000 euros!.
También resulta curiosa la cifra porque otros 100.000 euros fueron los que hace tres años pagó la Generalitat de Valencia por un informe jurídico sobre la legalidad de las ayudas de la ciudad de la Luz.
No cuestiono la capacidad de los bufetes ni su caché. Tampoco santifico los informes de los letrados públicos de cuyas perversiones me ocupé con claridad.
Sin embargo, lo que me resulta extraño y llamativo es tamaño precio por un informe jurídico de un bufete privado sobre una actuación administrativa singular. Me explicaré…
Que yo sepa, las administraciones públicas dictan diariamente cientos de miles de actos administrativos y formalizan un ingente número de Convenios y contratos que son informados por interventores, secretarios generales o asesores jurídicos, cuyas retribuciones anuales por hacer eso y toda su demás labor no exceden esa cifra.
Sé que los informes jurídicos concentran ciencia y laboriosidad y que a los ojos del profano un puñado de hojas siempre le resultan caros. Es cierto que tras un informe hay muchas horas de rodaje, intuición, experiencia y saber donde localizar la norma, sentencia e interpretación.
Me viene a la mente, salvando las diferencias, la respuesta que ofreció mi admirado procesalista Michael Taruffo cuando le preguntaron qué tiempo le había llevado preparar una conferencia de una hora que ofreció en México y replicó algo así como que “68 años, ocho meses y la última hora que he reflexionado a fondo sobre lo que debía decir, porque lo que pienso es el fruto de toda una vida”. Y así, un dictamen jurídico de un secretario general o abogado de un folio es el fruto de una artillería mental curtida en el estudio y el esfuerzo.
Ahora bien, de ahí a facturar 100.000 euros por este concreto informe jurídico sobre un Convenio da que pensar (especialmente porque no es un laborioso informe de ingeniería jurídica sino de diagnóstico de legalidad), sobre todo porque ese Convenio como cualquier otro, en su elaboración y contraste de legalidad seguramente ha contado con la intervención de funcionarios cuya dedicación horaria efectiva al mismo en relación a lo que cobran arrojaría en una sencilla operación de fracción del sueldo anual, no más de 500 euros.
Es más, si ese informe diese lugar a un litigio me temo que iría acompañado de una facturación complementaria del bufete privado por defensa en pleito que multiplicaría la cifra, mientras que los letrados consistoriales o los jueces que resolviesen el litigio lo harían por cifras ridículas a la vista del dictamen de oro que finalmente se mostrará como un dictamen de hojalata.
Quizá ignoro que ese informe está en papel cuché o que va acompañado de un power point, o que representa el trabajo de cientos de abogados remontándose en el informe a los orígenes del derecho penal y la vinculación del tenis con las prácticas mayas. No sé. Mas bien, y esto es otra opinión personal, creo que se ha aplicado el viejo truco del Gran Capitán… “entre picos, palas y azadones, mil millones”.
Y es que siempre me ha parecido bien que una administración pueda recabar informes externos de forma complementaria, pero excepcional, como también me parece que en el precio abonado por dictámenes jurídicos no debe ir incluido un guiño que afecte a la orientación o imparcialidad del dictamen. Se paga por la ciencia y la técnica pero no por la venalidad. Los mercenarios son propios de la época medieval pero se ve que a veces resucitan ante el reclamo de políticos sin escrúpulos.
NOTA.- Dentro de la administración ya fui brevemente entrevistado hace más de dos años por Antonio Arias sobre los Informes de la administración.
No puedo estar mas de acuerdo:
Hace años que me dedico al ejercicio de la noble profesión de abogado y me he hartado de ver informes de compañeros que el Secretario de la Corporación podía haber elaborado destilando mucha mas ciencia y rigor que el letrado. El problema reside precisamente ahí: lo que se busca casi siempre externalizando un servicio del que se dispone no es rigor sino justificación.
Ese informe sirve casi siempre para que el corporativo de turno alegue ante un Tribunal que el disparate que ha perpetrado no lo se le ha ocurrido a él solito…que tiene uno ( que digo uno) dos, tres informes jurídicos, que dicen que la barbaridad que cometió (advertido por el secretario) está refrendado por varios letrados expertos.
Este es un cuento viejo. No quiero entrar en el tema de los honorarios porque llevo unos días madurando un tema que propondré en el foro pero, de verdad, hay mañanas que me levanto de la cama preguntándome por qué diantre no fui corista.
Como siempre , gracias Sevach.
Se comenzó pagando 1.5 millones y ahora ya va por 10.¿Por qué conceptos? Digo yo que no será más difícil que hacer un presupuesto base cero. Lo que cuesta el OPEN , lo que aporta el Ayuntamiento, por qué parte del torneo, a cambio de qué beneficio, cuánto cuesta lo que se costea, cómo se verifican las facturas, y si se puede hacer por menos, se hace por menos, por ejemplo 3 millones consiguiendo los mismos objetivos. A continuación te vas a la Fiscalía Anticorrupción y les dices: «Mire ud. demostrado, yo estoy haciendo por 3 lo que mis predecesores hacían por 10. Investíguese»
En los Ayuntamientos hay pliegos de prescripciones técnicas que dicen qué se va a hacer y por qué precio y a cambio de qué prestaciones, también hay convocatorias de subvenciones que dicen qué se subvenciona, por qué motivos, con qué controles y donde se aportan las facturas.
Si la intervención municipal o el Tribunal de Cuentas o la fiscalía anticorrupción se niegan a investigar la diferencia de coste de idénticos o similares prestaciones, encargas un informe adicional…¿O no?
Lo contrario parece como contratar auditorías para que saquen vergüenzas sin saber dónde están y cuánto nos cuestan los espías. No se, pelín paranoico parece
Con frecuencia el funcionario conoce la problemática jurídica mejor que nadie, ya que está muy especializado en el tema sobre el que se requiere el informe tras años en su plaza. Ni el abogado del Estado ni los letrados privados pueden competir con el especialista en normativa de contratos, legislación patrimonial o presupuestaria; entonces esos informes externos son sospechos. Por el contrario, en ocasiones es la Administración quien se encuentra ante supuestos muy novedosos y nadie en plantilla capaz de afrontarlo con garantías.
Hay que bajar siempre al caso concreto.
A CHSEP: Hombre, creo que con lo de que los abogados del Estado y los letrados privados no puedan competir con los funcionarios te has pasado de frenada. Como en todos los colectivos, hay de todo y hay muchos funcionarios que a veces no comprenden ni lo que leen y habrá otros que serán muy competentes, como los abogados del estado y los «letrados privados» que llamas tu. Solo decirte que yo preparé oposiciones a Abogado del Estado durante años, aunque no las saqué y muy pocas oposiciones (letrados de del consejo de estado o letrado a cortes, no más) te dan un conocimiento jurídico tan amplio como las oposiciones de Abogado del Estado
Es verdad que me ha salido un comentario muy genérico. Quería decir que, por ejemplo, es normal que el jefe de personal sepa más que Abogado del Estado sobre permisos y licencias, dada su hiperespecialización frente a los múltiples temas en los que debe informar éste último (cuerpo al que respeto particularmente). Es cierto también que el AE tiene una perspectiva jurídica más amplia y más profunda, pero ante el marasmo de órdenes ministeriales, circulares etc… ni Ulpiano podría salir airoso sin dedicarle al tema 40 horas semanales durante años.
Estimado Sevach,
Como abogado que ha participado asesorando al promotor en un torneo Open de Tenis ATP que no recibió 1 solo Euros de las Administraciones Públicas que por entonces subvencionaban muy generosamente a Urdangarín o a la «alcaparra», con nulo retorno publicitario o televisivo, conozco algo del asunto y del factotum Ion Tiriac, -todo un personaje que goza de bula total en todo el mundo por alguna razón que escapa a mi inteligencia.
Creo que el «slot» de esa semana para toreos ATP fue vendido después a Valencia y después a Madrid. Creo que que lo del informe jurídico por 100.000 Euros es el chocolate del loro y además tiene una explicación muy simple que conocemos todos, especialmente cuando se dispara con «pólvora de rey» o con el dinero de los demás. Aunque luego se intente cubrir los despilfarros a manos llenas con el supuesto retorno «publicitario» o «televisivo» valorado por una agencia contratada ad hoc.
Con informes jurídicos a ese precio, lo difícil es encontrar los «kick backs», los pagos de vuelta al que paga.
Las grandes preguntas son ¿Por qué se pago ese precio por esos «derechos»? ¿Acaso no tenían esos derechos para organizar un torneo de tenis ATP, a otro precio? ¿Por qué no se controlan las grandes partidas de gastos, empezando por las de 7 dígitos y luego bajamos a las de 6 dígitos?
A ver cuando tenemos una agencia que, como sucede con la AEAT controlando los ingresos públicos, tenga los suficientes inspectores y «fuerzas actuantes» para controlar al monstruo del gasto público.
Es el gasto público lo que en España NO se controla para que los políticos y gestores puedan «gastar» y despilfarrar con total IM PU NI DAD; salvo pequeños casos judiciales para «maquillar el expediente» , defender un simulacro y hacer creer a las masas que realmente se persigue duramente el despilfarro de las castas políticas, élites o, más bien, de las masas estractivas (Prof. J.R. Rallo dixit) o «chupópteriles» (como diría José María García, Butanito).
Lo de Urdangarín o lo que intentó hacer la juez Alaya con el gigantesco «momio» impune de las subvenciones y de los cursos de formación (en monopolio legal de partidos políticos, sindicatos y patronal, con dos webs y con la bendición urbi et orbi de la CNMC y de la Adminsitración de Justicia) no son más que gotitas en la lluvia de un gasto público y de subvenciones y ayudas de MILES DE MILLONES de Euros (diez o más dígitos).
Si se persigue con fuerza y al detalle los delitos contra los ingresos públicos coactivos (e.g. multas por retrasarte 1 día en presentar la declaración del IVA, que todo autónomo tiene que cobrar y recaudar por su trabajo cada vez que levantamos el bolí, aparte de los impuestos directos como otros hijos de vecino), debería hacerse otro tanto y al mismo nivel de detalle, con los delitos en el campo del GASTO PÚBLICO.
Siempre he pensado, y esto lo corrobora, que el mejor cliente del abogado es el que paga con dinero que no es suyo. Pero sin duda, lo del Ayto. De Madrid y este par de (…..) es inmenso. Desconozo el alcance de los informes pero cuesta razonar tamaña minuta.
y en cuanto a los informes científicos, qué…Lo digo porque el informe solicitado por la Administración Estatal a la Universidad de Harvard y al Instituto Tecnológico de Massachusett sobre el almacenamiento subterráneo de gas en las costas de Vinaroz (el porqué de los sismos ocurridos con la puesta en marcha de las operaciones…) ha costado un pastón…
Este post es una exposición muy clara y precisa de la realidad circundante, por parte del admirado Magistrado, J.R.Chaves.
En el organismo donde yo trabajo, mis compañeros hicieron un informe desfavorable sobre un proyecto de actuación un poco descabellado de nuestro gerente. Al señor no se le ocurrió otra cosa que pagar una pasta a un bufete privado que le hizo un informe que se limitó a trascribir punto por punto nuestro informe para señalar que sus argumentos eran impecables y que lo que se pretendía era ilegal
Esto es corrupcion. De tomo y lomo. Como tantas otros dispendios. todos mis compañeros comentaristas lo explican y ponen ejemplos complementarios pero digamoslo calro: esto es corrupcion. más corrupcion de la que los funcionarios no quieren denunciar y otro funcionairos los de Justicia, no se atreven a calificar así justificandose casi siemopre en que no queda acreditado el dolo, que la penal es la ultima ratio….
Además en época de verbalizar los impuestos como este mes…esto es para acosarse muy mal y levantarse peor….hasta que sus señorias quieran!!!
gracias JR por ponernos este portal donde con mucho tino pones puntos sobre las ies. Cuando podamos hacer otras cosas además de «cantar las 40», cuenta conmigo.
saludos,
Carlos
En un diario digital se pueden leer las preguntas que formularon los concejales, algunas de ellas claramente subjetivas, y la respuesta técnica dada desde la Asesoría Jurídica (AJ). En la primera pregunta ya se puede observar el desconocimiento del funcionamiento de la administración: se le pide a la AJ que les remita el expediente completo del Convenio; pero dicho convenio estará depositado y custodiado por el órgano gestor del mismo. Por otro lado cae de cajón que las valoraciones económicas corresponde hacerlas a los departamentos económicos y a la Intervención; y, en su caso, a los órganos políticos (que han seguido prorrogando el convenio). Y todo parece indicar que en la adjudicación de los informes externos hay un «troceamiento» del contrato. Esperemos acontecimientos.
Y totalmente conforme con Juan Carlos Morcillo; y otros.
Estimado J.R.
En el despacho nos ha gustado mucho tu entrada. Y, aunque a la vista del precio pagado por los dictámenes en cuestión, nuestras tarifas están un poco demodé, no estamos seguros de que actualizarlas nos reporte mayores ingresos.
Este asunto me recuerda que una vez que comía con unos secretarios de Ayuntamiento, uno contó que, en los años 80, se encargó a un famoso catedrático un dictamen. El dictamen consistió en la transcripción de un artículo de la ley y decir X, en una sola cara; y que por eso había cobrado 8 millones de pesetas. Uno de los comensales dijo: ¡Espero que al menos el dictamen sirviera para algo!, y otro más ingenioso le respondió: «A alguien le sirvió».
Creo que, en este caso, hay pocas dudas que a alguien han servido los dictamenes en cuestión.
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Más claro, imposible, más alto tal vez. Suscribo los comentarios realizados. Cuánto tenemos que cambiar y aprender de otros…
No aporto ningún comentario más porque hay tanta mierda (disculpen la soez) que cada vez que que se cita huele más…
Un saludo.
Este es un ejemplo más de por qué este país ha sido calificado país de la PICARDÍA desde tiempos inmemorables y se puede añadir país de la CORRUPCIÓN. Quiero creer que dado el número de casos que salen a la luz es porque hay funcionarios y otros colectivos (periodistas, abogados, etc) que están haciendo un excelente trabajo y que vamos por el buen camino para si no acabar del todo con estos presuntos casos de corrupción y delitos, si reducir su incidencia y propagación.
Unanimidad contra la corrupción… y cada vez más corrupción.
Reblogueó esto en IUSLEXBLOG. .
Gracias por tan interesante argumento. En mi caso, profesional de lo público desde la administración, los mejores informes que he visto (y he podido leer muchos) son los que realizan servidores públicos de la administración. Últimamente he leído uno de un letrado de la administración para la que trabajo que, además de claridad expositiva, concisión y empleo de un lenguaje sencillo, concluye de una bella manera que raya lo artístico en un informe. Ese si que valdría los 100.000 euros que dices en el artículo …
Gracias por hacernos pensar.
Saludos.
He aquí una aportación periodística al caso, que traigo para contrastar, aunque no comparta los argumentos. http://www.eldiario.es/zonacritica/Manipulaciones-asquerosas_6_657994210.html
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