Observo perplejo la caza de brujas desatada sobre la generalidad de los Máster y los Doctorado, al verse implicado nada menos que una ya exministra, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición al gobierno, donde todo está bajo sospecha y donde la opinión pública pide sangre.
No seré yo quien aplauda al perezoso, aprovechado ni al pavo que se adorna con plumas ajenas, ni tampoco quien rebaje las exigencias de honorabilidad del empleo público, pero creo que debemos extraer algunas enseñanzas de tan sonados casos.
El plagio del alto cargo no es cualquier plagio ni puede escudarse en la ignorancia, en la facilidad del “corta y pega” o en el cómodo “otros lo hicieron”. Si alguien quiere acceder a un alto cargo debería hacer un examen de conciencia y de su currículum para separar sus pecados capitales y sus pecados veniales, y tener en cuenta que las titulaciones académicas son la carta de presentación de la persona al asumir un cargo, y si presentan mancha o si se aprovechó de un escenario de impunidad del plagio, debería no aceptar el cargo.
Y digo que el plagio es un pecado capital cuando se trata de acceder a un alto cargo público porque supone tres infamias en una: roba la idea de otro, falsifica documentalmente la autoría y además estafa a la ciudadanía o electores sobre los méritos.
Por ello creo que debe mejorarse la regulación de esta vertiente del honor e imagen de los altos cargos para la función preventiva de evitar el acceso de quienes no lo merecen así como para evitar los riesgos del juicio mediático y político en algo de tanta relevancia para la seriedad de la cosa pública.
Además creo que este escenario ha propiciado una devaluación injusta de la generalidad de las titulaciones académicas propias de las Universidades y de las propias instituciones universitarias.
1. En efecto, en relación a los altos cargos públicos existen numerosos Códigos de buena conducta y de buen gobierno, como existe una ingente normativa de condiciones de elegibilidad o incompatibilidad, además de normativa disciplinaria, y por lo que yo sé, salvo la referencia a ese difuso pero valioso concepto de la ejemplaridad y probidad, no existe ningún precepto que vincule el hecho de plagiar o saltarse una prueba de un máster o doctorado, la necesaria dimisión o revocación del cargo. Únicamente la Ley de Transparencia y Buen Gobierno dispone entre los principios generales en su artículo 26.2, 6º: “Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección” (el problema práctico es que esa obligación de “conducta digna” se proyecta hacia el futuro, y también determinar la extensión de qué se entiende por tal; además de que la llave para sancionar la tiene el propio Gobierno).
Esa sanción existe en el ámbito académico donde el estudiante universitario que copia un examen puede ser sancionado, y en su forma más grave puede ser expulsado pero tras un expediente formal al efecto y con todas las garantías. Lo curioso es que si ese plagio lo hace un profesor en su investigación y la publica, no hay sanción salvo que el afectado lo detecte y ejerza acciones civiles como algún caso sonado.
Por eso, quizá ante esta situación de especial sensibilidad para la opinión pública, se hace preciso robustecer y regular expresamente los requisitos de titulaciones o las condiciones de acreditación y veracidad de las titulaciones académicas o profesionales de quienes ocupan altos cargos públicos, con expresas consecuencias en caso de verificarse tal plagio. Y ello porque no es absurdo pensar que si alguien engaña en su titulación (académica o profesional), te engañará en su cargo público, no solo porque vale o pesa menos el mérito con que se presentaba sino porque será fácil que se venda o sucumba a otros fraudes desde su cargo.
2. Cuando nos enteramos que hay parlamentarios que se han aprovechado de la facilidad de obtención de un Máster con las menores pruebas posibles, acaso estamos ante ese mal castizo del pícaro español que pretende obtener lo mejor con el mínimo esfuerzo y que afortunadamente es una figura en patente retroceso. El españolito tan amigo del enchufe, de la recomendación, de aparcar en sitio no permitido, de ir a más velocidad de la permitida, de pagar menos impuestos si puede eludirse, de tomar un puñado de lo que regalan en la calle porque es gratis… Y cómo no, si se tiene la coartada de “todos lo hacen”, de todos tienen ese Máster o título porque conocen a esa persona que no te agobia con pruebas o cargas…
Pero también sabemos que al que lo pillan, pues que se fastidie. Y si se trata de un cargo político pues no hay excusa, y el primer deber del político es mostrarse con transparencia y ofrecer información sobre las condiciones, términos y la obra supuestamente que comete plagio. Si un político que cobra por un cargo público se niega a facilitar su examen de fin de carrera o tesis doctoral no estaremos ante una prueba de plagio pero sí ante un indicio relevante de que el mismo se ha cometido cuando median signos de tal felonía (como si Julio Iglesias no se somete a las pruebas de paternidad, esa negativa ha de interpretarse en su contra, aunque sin ser la única prueba decisiva). La transparencia comienza por uno mismo, por el político que la pregona.
3. Así y todo, hay que tener cuidado con las condenas de la opinión pública prematuras y discriminatorias.
Digo prematuras porque sería excesivo que se condene por las “trazas” de plagio del Máster o título según se agite mediáticamente, antes de que alguien independiente, objetivo y serio constate la realidad y extensión del plagio, de manera que una vez probada la conducta mendaz es hora de exigir responsabilidades políticas.
Y digo discriminatorias porque con la moda del “corta y pega” hay plagios por todo el orbe documentado, sea ámbito académico, doctrinal, legislativo o judicial, pero si se detecta en altísimos cargos públicos, bien estará abrir alguna investigación para que se aplique un examen a todos los políticos en activo que exhiben tales titulaciones, y no solamente a aquéllos que han sido pillados.
Si se crease un Registro de títulos Máster y Doctorado de todo parlamentario o alto cargo del gobierno de la nación o autonómico, y que una Comisión imparcial los revisase, me temo que habría quienes se pondrían colorados y quienes pondrían tierra de por medio. Y eso porque creo que hay muchísimo político encumbrado en una titulación cuyo esfuerzo se presume, como otros nombrados para cargos de personal eventual o directivos de empresas públicas por aquello de ser experto o Máster en una cosa que no sirve para nada pero suena bien.
Por eso, creo que estos hechos noticiosos deben servir para coger el toro por los cuernos y adoptar medidas enérgicas y preventivas que impidan que se repitan estas historias.
4. También pienso que el problema no solo es del plagiador sino de los que toleran o amparan el plagio. Si alguien obtiene un Máster, es de esperar que alguien tendrá la seriedad y honradez de confirmar que el alumno ha superado con el nivel exigido y las pruebas reglamentarias. Si alguien es Doctor, supongo que los doctores que integraban el Tribunal se habrán leído las tesis y habrán verificado su originalidad. Y si esto no funciona, algo habrá que hacer desde el gobierno o desde las propias Universidades.
5. Al menos hemos de infundir dosis de moralidad en todos los niveles, en la de los que evalúan y en la de los evaluados.
Hemos de ser conscientes de la gravedad del plagio y educar a la ciudadanía, comenzando por la juventud (y siguiendo por los que somos adultos) que tan fácil se mueve con la tecnología del “cortar, pegar, plagiar”, para ser conscientes de algo elemental: si los exámenes académicos se aprueban por plagio, los títulos universitarios son papel pintado y si se generaliza el fraude, pues será igual e indistinta la competencia de un médico, un abogado o un arquitecto pues ninguno de ellos habrá demostrado la capacidad que se requiere para su respectiva profesión. Todos a aprender practicando y los ciudadanos como víctimas de la mesa de operaciones. El resultado será la inseguridad y el caos.
O sea, menos ruido mediático y más nueces de medidas efectivas.
Tiene usted más razón que un santo. Buenos días.
Ojo, que dentro de nada incluso copiar esas imágenes de otras zonas de la web podría ser considerado plagio, según parece de la nueva «mordaza» Europea por los derechos de autor…
http://3aernestocarmona.blogspot.com/p/infracciones-del-derecho-de-autor.html
Bien está que se controle para que no haya fraude, pero en nada y en nadie. Ni en altos cargos con plagios, cuando los hubiera y fueran probados, ni en los títulos de Master comprados con dinero público en forma de subvenciones. Claro que, puestos a comprobar y a exigir responsabilidades…¿cuando empezamos con los enchufes en las oposiciones?
Buenos días: Es cuasi imposible poder comentar hoy su nueva entrada para mejorarla. No creo que se pueda mejorar. No sé, en todo caso, mejorarla. Pero intento difundirla. Transcribo un comentario que acabo de colgar en otro blog. Me refiero al del catedrático Javier Pérez Royo, que aparece en «el diario.es». Y así como en dicho comentario recomiendo la lectura de este blog, me permito recomendar la lectura del articulo de Pérez Royo a quienes esto estén leyendo. Gracias a los dos.
#16 ALFONSORL | 14/09/2018 – 09:58h
Obviamente esta nueva entrada del catedrático Pérez Royo ya estaba escrita, al menos desde ayer por la mañana (lo que no entiendo es por qué el profesor, o el director, o quien sea, no ha parado su publicación, para dar tiempo a las correcciones oportunas. Pero es igual. Todo lo que se dice tiene interés y sobre todo, al menos para mi, lo que aparece en el siguiente párrafo que transcribo del original: «Él (el presidente) tiene que confiar en la sociedad española, si quiere que la sociedad española confíe en él. Hay una parte de la sociedad española de la que Pedro Sánchez no puede esperar nada. Pero hay una mayoría que sí está dispuesta a oírlo. A toda la sociedad, pero especialmente a esa mayoría es a la que tiene que dirigirse…». SI LOS AMABLES PARTICIPANTES EN ESTE BLOG QUIEREN COMPLETAR EL TEMA CON OTRO MUY BUEN ANáLISIS, LES RECOMIENDO LEAN AL MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN CHAVES, EN SU BLOG «laJusticia.com». No tiene desperdicio
Tristemente este asunto de másteres ‘by the face’ y tesis presuntamente plagiadas nos dan una idea de cómo es esa ‘fauna’ llamada clase política con unas cualidades socialmente indeseables. Corregir o impedir en origen la posibilidad de que se perpreten tales fechorías y fraudes con las medidas necesarias, entre las que pueden/deben estar las que sugiere JR Chaves, es obligado moral y legalmente para que llegar a la fase objetivo o final de los políticos, es decir ocupar cargos representativos y de gobierno, se culmine tras superar exámenes y cribas utilizando criterios como el de la honestidad.
Aunque dicho sea de paso tales medidas y acciones ‘de limpieza’ se deben extender a todos los ámbitos profesionales y laborales, seculares, laicos o religiosos.
Es curioso que sean otros políticos quienes denuncian la paja en el ojo ajeno sin haberse mirado la viga en el suyo propio pues los medios de comunicación que destapan temas de presunto plagio y másteres irregularmente realizados de unos, también revelan curriculum vitae ‘ de esos políticos querellantes engordados pretéritamente pero actualmente enflaquecidos, a saber usted por qué motivo.
En todo caso, dejada clara que es obligado el descubrimiento y erradicación de tales irregularidades y delitos, lo que es dolorosa e insultantemente evidente es que con todos estos rifirrafes políticos lo que se consigue es mermar la atención y los esfuerzos para buscar soluciones a los graves problemas socioeconómicos, en su más amplio sentido del término.
Claro y sencillo. Dejémos las ideologías y partidismos a un lado, y exijamos rigor, ejemplaridad y transparencia a nuestros servidores públicos como lo exigimos a cualquier otro ciudadano.
Si plagias y te pillan, a la calle. No caben excusas de mal pagador, y menos si se trata de un puesto o cargo público. ¡A la calle con deshonor!!!. Y todos los que por acción u omisión hayan colaborado en la estafa y el engaño, también a la calle. Es la única forma de dar valor a los esfuerzos de los que sí han jugado limpio.
Pregunta ¿Qué responsabilidad tienen los Rectores et al en estas cuestiones ? ¿ Son estos trabajos realmente eficaces para determinar la competencia profesional ?
Estupendo. Y no olvidemos que al tiempo de esta polémica ha dimitido el reputado e internacional oncólogo José Baselga de su puesto en una prestigiosa institución, el Sloan Kettering Cancer. En este caso por ocultar sus conflictos de interés, algo tan grave desde el punto de vista académico/ científico como el cortar-pegar- plagiar. Prestigio y engaño o abuso no pueden ir de la mano, así que debería generalizarse la transparencia para que las dudas puedan despejarse en cualquier momento de cualquier trayectoria profesional, y no solo de politicos. Un engaño puede resultar dañino en muchos momentos, sin olvidar por supuesto loslderechos de verificacion de las personas plagiadas, por lo cual no solo es de interés cuando la persona se ha consagrado y es referente gracias a sus méritos.
Y ya que nos ponemos exquisitos, y he mencionado al doctor Baselga, podríamos abordar los conflictos de interés de miembros de comités de ética, e incluso los méritos de sanitarios opositores a un puesto en el sistema público, porque igual nos llevamos la desagradable sorpresa de que las personas que más copian-pegan-plagian-ocultan conflictos de interés son los que han logrado méritos y consiguen puestos, precisamente gracias a pagos y apoyos no verificados, y posiblemente contrarios al interés de tal sistema público.
Hay mucho que rascar.
La mayoría de la opinión pública pide su sangre pero no somos mejores que ellos. Quien más y quien menos defiende a ultranza este perverso sistema desde su situación particular que con frecuencia es inconfesable públicamente.
Si pocos en este país apoyarían la intervención obligatoria del azar en asuntos públicos como oposiciones o licitaciones, menos aún lo harían en el ámbito académico.
¿Cuántos alumnos y profesores de ESO y bachillerato apoyarían exámenes propuestos y corregidos por otros profesores de las mismas materias permutados por sorteo dentro de una ciudad o provincia?
¿Cuántos alumnos y docentes universitarios apoyarían medidas similares de ámbito nacional para sus exámenes y trabajos finales?
¿Cuántos doctorandos y directores de tesis apoyarían que el tribunal estuviera formado por prestigiosos e indudables expertos pero seleccionados por la caprichosa bolita del bombo?
Eso sí, casi todos compramos décimos para Navidad.
No hay que llegar a ese extremo, creo yo. No puedo imaginar algo que provoque más trastorno que estar pendiente de si «te ha tocado» evaluar en el instituto Pepe o en la universidad Juana a unos adolescentes o a unos doctorandos… Creo que es preferible establecer unas normas de obligado cumplimiento y, en todo caso, una inspección aleatoria que verifique que se sigue el procedimiento.
Generalmente, suele ser más efectiva la amenaza. Si no sabes cuándo te va a tocar, pero sí que puede tocarte, estarás más atento a no cometer irregularidades. Sobre todo si están previstos castigos ejemplares para las actitudes deshonestas.
Veamos: si un político puede pasar, en su CV, de «Médico cirujano» a «Soltero» en un pispás, es que algo está fallando. Y ese algo es muy gordo. ¿Controles? Los justos y necesarios para que dejen de engañarnos. En el Parlamento, en la Universidad y en todas partes. Y al que pillen (y se demuestre, ¡ojo!), a la calle y sin privilegios.
Buenas tardes, en mi afán de adecentar todo este mundo que usted comenta y lo hace de una manera IMPECABLE, he llegado a este blog, por un lado ha sido una especie de alivio ver que existen personas que realmente se preocupan de poner en valor el esfuerzo y las capacidades de las personas honestas.
Llevo meses, me atrevería a decir años, intentando que sea algo normalizado el poder corroborar titulaciones y/o estudios, por supuesto que en el ámbito de lo público ha de ser esencial, pero también en el ámbito privado.
Es del todo imposible conocer en este país si alguien que en su CV añade «licenciado en Derecho» está diciendo la verdad o es un mero «engordamiento», podemos recurrir a una denuncia cuando la sospecha se hace mayor, ¿pero, y si solo se quiere constatar?.
Se dice que se choca con la LOPD, ¿acaso podemos calificar como «dato íntimo» unas titulaciones que muchos exhiben como «trofeos» cuando en realidad no existen?
¿Quién protege a los usuarios de esos «profesionales»?, parece ser que en este país solo el «periodismo de investigación» tiene la capacidad de acceder a los expedientes académicos para hacer titulares.
En fin…que seguiré en la búsqueda de poder corroborar una «licenciatura» que ostenta un cargo público de libre designación y que difícilmente estará en el centro de la diana por aquello de pasar desapercibido, ¿Cuántos casos de estos hay en España?.
Me despido de nuevo agradeciéndole esta entrada por haberme dado un poco de «paz interior»
PD: sigo a la «caza» de poder constatar si esa licenciatura es tal, por lo tanto si alguien se une a esta «cruzada» bienvenido sea.
Saludos cordiales.