El Tribunal General de la Unión Europea acaba de dictar la sentencia de 25 de septiembre de 2018 Sentencia en los asuntos 639/15 a 666/15 Maria Psara y otros/Parlamento así como 94/16 Gavin Sheridan/ Parlamento, ofreciendo la nota informativa como resumen de la misma. Veamos el jarro de agua fría sobre el derecho de transparencia y control del gasto público.
En 2015, varios periodistas y asociaciones periodísticas solicitaron al Parlamento acceder a los documentos relativos a las dietas diarias, a las dietas para gastos de viaje y a las dietas de asistencia parlamentaria de los eurodiputados. El Parlamento denegó todas estas solicitudes, negándose a facilitar tales datos.
Los interesados acudieron ante el Tribunal General de la Unión Europea para solicitar la anulación de las decisiones del Parlamento.
Básicamente el Tribunal General en su sentencia rechaza tal petición por considerar que tales datos aluden a personas físicas determinadas (eurodiputados) y considera que no existe necesidad de facilitarlos ni para suplir el control comunitario del gasto, ni para abrir un debate público sobre los costes de los parlamentarios. También rechaza la posibilidad de facilitar los datos de los gastos disociados de los nombres, porque considera que entonces no tiene utilidad y además que los costes burocráticos de disociar datos serían desproporcionados.
A la vista de esta sentencia siento lástima. Tanto cacarear por la transparencia y el control del gasto público y especialmente desde la Unión Europea, pero cuando toca mostrar algo tan sencillo como el gasto de los diputados en dietas vinculadas a su función, se produce el mismo repliegue que en muchos parlamentos nacionales. Toca ocultarlo y taparlo con argumentos jurídicos endebles.
Me limitaré a título de ciudadano de la unión europea a replicar telegráficamente esas argumentaciones de tal alto Tribunal:
- El Tribunal General afirma que tales datos aluden a personas físicas determinadas (eurodiputados) y son datos personales sujetos a igual protección que otros ciudadanos
¡Son diputados!, ¡No son simples ciudadanos! Y se piden datos del gasto público!
- El Tribunal General considera que no existe necesidad de facilitarlos ni para suplir o reforzar el control comunitario del gasto, ni para abrir un debate público sobre los costes de los parlamentarios.
¡Los controles no sobran!, ¡Los controles no dañan!, ¡La opacidad es fuente de corrupción y despilfarro!, ¡El debate público hace mejorar la eficacia de la gestión!
- El Tribunal General rechaza facilitar los datos de los gastos en formato disociado de los nombres, porque considera que no tendría utilidad saber cuánto se gasta sin saber quien gasta
¿Qué no tiene utilidad?, ¿Y si se facilitasen las cifras de dietas percibidas sin decir nombres pero mostrando si existen desequilibrios, desproporción o el monto de dietas promedio según puestos, cargos, grupos o países de origen? No importa tanto saber la identidad del zorro que se lleva las gallinas como descubrir el agujero de la valla por donde entra, cuántos zorros hay y cuántas gallinas y huevos se llevan.
- El Tribunal General considera que los costes de disociar nombres son desproporcionados para la administración comunitaria
¡No me hagan reír! El chocolate del loro… ¿acaso ese gasto en disociar no revertiría en ahorro ulterior en dietas?.
En definitiva, me pregunto la razón por la que llana y simplemente el Tribunal no abre la puerta a algo tan sencillo como decir que solamente se faciliten los datos de quienes cobren dietas por encima de una cifra anual, 50.000€, por ejemplo. Ese dato sería muy interesante, limitado y además nada costoso ofrecerlo.
Lo que sucede es que me temo que interesa mas repetir el mantra de la transparencia para ver si nos lo creemos, que cumplirlo sin rodeos.
Y si triste es que los propios parlamentarios europeos se nieguen a facilitar los datos, peor es que el Tribunal europeo confirme esa opacidad.
Lo peor es que el Tribunal General brinda una coartada con esos razonamientos para cuando los medios de comunicación, asociaciones o particulares soliciten datos de las dietas de parlamentarios estatales o territoriales de todos y cada uno de los Estados de la Unión Europea.
Un día triste para los que creíamos que en la Unión Europea y en el Tribunal de Justicia garantizaban el respeto a los ciudadanos europeos y el derecho a conocer la cosa pública.
Consejos vendo, que yo no tengo… Lamentable el efecto dominó que va a producir esta lamentable sentencia. Esperemos, porque soñar es gratis, que rectifiquen más pronto que tarde.
No se tendría que haber llegado a esa situación, pero confiemos en que la instancia superior, recurso de casación mediante, le enmiende la plana al Tribunal General.
Que ingente frivolidad comete el Tribunal Europeo . «Parva propia magna. Magna aliena parva» que diría nuestro Lopez de Vega.
En realidad es una sentencia «pro domo sua»; los purpurados de Luxemburgo velan porque no les vengan a pedir a los jueces que se detallen sus privilegios económicos, así que desestimando las pretensiones han puesto sentencia estimatoria de sus propias conveniencias. La inconsecuencia es un rasgo incompatible con la Justicia, la gente debería de replantearse quienes pueden ser ungidos del poder europeo de juzgar. Y arbitrar un procedimiento de revocación de nombramientos cuando piensen que los jueces han dejado de reunir las condiciones de la más alta integridad y competencia para el puesto.
El Reglamento Interno del Tribunal Europeo de Estrasburgo contempla que un juez pueda pedir la revocacion de uno o varios compañeros por este motivo y que se haga una votacion por el pleno cuya mayoría cualificada hará prosperar la expulsión.
Le ha faltado decir: nosotros ya respondemos ante nuestros superiores, los mercados financieros, y a ellos no les importa como nos gastamos las propinas del bote, siempre y cuando dirijamos la nave hacia donde debe ser dirigida, por ejemplo, hablar de la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones.
Nustrea resolución es un ejemplo de cómo se motivan las decisiones: el papel lo aguanta todo
Estimado J.R.:
A mi la sentencia me alivia un poco. Significa que no sólo en España se aplica el «catenaccio» de los políticos a la trasparencia. O, dicho en castizo, «en todas partes cuecen habas».
De todas formas, la actitud del Tribunal Europeo no es muy distinta de la de los Tribunales Españoles, que no permiten con carácter general el acceso a datos de claro interés público. Ahora la excusa al uso es «la protección de datos».
Mi opinión sobre la «protección de datos» es que realmente los únicos datos que están protegidos son aquellos que no debieran estarlos. Así, la Administración se ampara en esa supuesta protección para no enseñar proyectos de licencia, ofertas de licitadores, etc. Ahora, hasta el registro de la propiedad, cuya única función es la publicidad de sus datos, se ampara en esa protección para negarse a dar datos.
Volvemos a los tiempos en que hay que estar metido, conocer a, ser uno de, tengo un conocido, etc. ¡pagando claro! para obtener una información que debería estar a disposición de todo el mundo.
Enhorabuena por la entrada y, como siempre, gracias
«Dime de qué presumes y te diré de qué careces»
Igortrec tiene rrazón. Para cuándo tu opinión sobre la protección de datos. Por qué no se puede saber quién defrauda, ni los diputados pueden saberlo.
Esa sentencia no debe sorprendernos. Para eso se hizo el invento de la protección de datos: para defender a golfos y genocidas económicos, aunque quieran decirnos que es para proteger nuestra intimidad (de mileuristas o bimileuristas).
¡Qué se puede añadir a unos comentarios tan acertados del Señor JR Chaves y de los tertulianos de su blog! Si en nuestro plurinacional país la ley de (a veces, de supuesta) transparencia nació tras parto ditócico y por tanto gatea en pañales, hay que esperar que una ley de transparencia a nivel comunitario quizás nazca en un futuro (esperemos no muy lejano que todos veamos) seguramente tras ‘abortos, distocias o cesáreas’.
Pero mientras tanto nos encontraremos con escandalosos impedimentos a que se conozcan ‘las gallinas sacrificadas, los zorros implicados en los avicidios, el butrón de acceso al banco de alimentos (alimentos desde el punto de vista de los vulpejos investigados), si hay cómplices, colaboradores de los raposos y testigos de dichos avicidios, etcétera’.
Si quienes legislan y por tanto establecen ‘las reglas de juego’ barren para, en palabras de Alberto Quixada, «pro domo sua» (recordemos la importancia de citar las fuentes para evitar el délito de plagio), y con ello crear una especie de mundo paralelo con «el catenaccio para los políticos» (véase Igortrek, sexto comentario al presente artículo) supranacionales en el que no rigen las mismas normas que para el mundo real y tangible del resto de ciudadanos y si a tal agravio y escarnio se suma el zaherimiento despectivo hacia estos últimos de quienes (European Court of Justice) deben vigilar que ‘la fauna zorruna’ tenga un comportamiento apropiado en el hábitat en que se desenvuelve con un uso adecuado y sostenible de los recursos disponibles, sencillamente lo que tal vez proceda es un replanteamiento reflexivo, pacifico y exhaustivo de las instituciones políticas y judiciales supranacionales y sus reglamentos con la finalidad de suprimir privilegios y prebendas que no son de JUSTICIA.
Como textualmente indica el preámbulo del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos de 2009, en una sociedad democrática y pluralista, la transparencia es un requisito extremadamente importante. Por ello EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS proporciona una fuente de información para el público; ayuda a este a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, Y FOMENTA LA INTEGRIDAD, LA EFICACIA, LA EFICIENCIA Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, AYUDANDO ASÍ A QUE SE AFIRME SU LEGITIMIDAD.
Sobre los posibles limites a ese derecho cabe hacer dos importante matizaciones generales: primera, siempre que haya interés público en la divulgación de esa información ésta prevalecerá sobre los límites a la misma (art. 3.2 del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos, que prevé esa excepción a la excepción); segunda, siempre que la información incluyera datos personales protegidos bastaría para suministrarla con obtener el consentimiento de los afectados o anonimizar la información.
En el presente caso, lamentablemente, tanto el Parlamento como el Tribunal Europeo han desatendido lo anterior. El problema viene porque los poderes y autoridades públicas, amparándose en la excusa de su autonomía, son renuentes a la transparencia…propia. Y, soslayando toscamente que estamos ante un límite natural de esa autonomía, haciendo un uso indebido y abusivo de la misma, de la impermeabilidad inherente a ésta y/o del corporativismo y la endogamia, siguen actuando con opacidad. Lo que, a la postre, provoca dos efectos perversos: por una parte, la pérdida de legitimidad; por otra, el alejamiento y el desencanto de los ciudadanos (porque ven en ello una suerte de traslación moderna del “todo por el pueblo pero sin el pueblo”, o, si se prefiere, un reprobable entendimiento de “la representatividad parlamentaria” como mero cheque en blanco o poder irrevocable hasta las próximas elecciones).
Al Parlamento y El Tribunal General de la Unión Europea habría que recordarles la coplilla del gran Camarón
Como el agua clara
Que abaja del monte
Así quiero verte
De día y de noche
Bueo, nada extraño…. Muchos muchísimos jurisconsultos y atláteres viven a la sombra del poder político, y por tanto sirven a su amo.
Sinceramente y tras leer el comentario de Felipe e ir al Convenio del Consejo de Europa sobre acceso de documentos públicos, causa bochorno, ¡qué digo bochorno! INDIGNACIÓN Y RABIA que a los ‘zorros,’ actuando con sus características e inherentes maneras vulpinas, se les permita ocultar sus ‘andaduras’ que han sido sufragadas con dinero público y que tengan ‘adláteres’ (citando a Juan Armenteros Álvaro) que desoyendo no sólo el obligado llamamiento del Sentido Común sino lo regulado en un Convenio firmado por los miembros de la EU, nos quieren hacer ‘comulgar con ruedas de molino’ o hacernos tragar sus infames y repudiables resoluciones.
Como dije hace falta una profunda y exhaustiva reflexión sobre las instituciones, sus regulaciones y el código ético de las personas que en ellas trabajan – y que lo deben hacer para el bienestar del resto de conciudadanos europeos con su dinero.