Aunque el Derecho administrativo parece el reino de la norma escrita, del precepto escondido o enredado, de la interpretación rebuscada para que las piezas encajen, subsiste la validez de esa herramienta universal y eficaz que son los principios generales del derecho.
Pues bien, pocos principios generales de derecho hay tan dictados por el sentido común como el de que nadie obtenga ventaja de su mala conducta o errores, que en el ámbito administrativo comporta que si la Administración no cumple con su obligación, malamente pueda aprovecharlo para perjudicar al ciudadano.
Este principio general cuenta con dos parientes próximos. Su hermano mayor es el principio de buena fe, que lleva a resignarse ante los propios errores, y su hermano menor, la prohibición de contravenir los actos propios, pues si el acto errado no puede convertirse en bálsamo salvador.
Veamos la utilidad y manifestaciones de este lógico principio.
1. Lo explica con claridad la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 27 de Febrero de 2018 (rec. 170/2016) en un caso en que fijó como doctrina casacional “en el sentido de que no puede la Administración iniciar la vía de apremio -ni aún notificar la resolución ya adoptada- hasta tanto no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería tanto como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello”.
Con elegancia el Supremo amonesta a la administración y le viene a decir que primero cumpla antes de exigir a los demás que cumplan:
Las consecuencias adversas de ese proceder indebido debe afrontarlas la Administración con arreglo al principio jurídico general que impide a los sujetos de derecho beneficiarse de sus propias torpezas o incumplimientos, condensado en el aforismo latino allegans turpitudinem propriam non auditur. Dicho de otro modo, no cabe presumir, en contra del administrado, que su solicitud estaba destinada al archivo y que éste, a su vez, obliga a suponer que aquélla no se presentó nunca.
2. La importancia de este principio radica en la necesidad de coherencia de la administración, en simetría respecto del ciudadano al que no se le perdona ni una.
Una conocida manifestación de este principio subyace en la forzada interpretación del Tribunal Constitucional (SSTC 6/86 y 52/2014, junto a la ya comentada STC 171/2008) relativa al art.46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa que lleva a interpretar, para que la administración no se beneficie de su pereza resolutiva, que en los casos de desestimaciones presuntas, la administración no podrá invocar la preclusión de plazo para recurrir en vía contenciosa, con lo que el plazo de seis meses allí fijado para combatir desestimaciones presuntas queda congelado y enterrado, o sea, inaplicable salvo casos de laboratorio.
3. Curiosamente la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público sienta en su art.3 como principio «Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional» pero no el principio de soportar las consecuencias de la desidia administrativa. En cambio, la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común incorpora el art. 115.3 que recoge una vieja regla, muy valiosa y que no todos conocen que consiste en que “Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado”. O sea, que nadie se aproveche de las propias trampas.
4. Una manifestación muy importante radica en la protección de la confianza desarrollada por el funcionario de hecho, (aquel que no está nombrado o carece de competencia para un acto administrativo) que ampara al particular o ciudadano que confiaba en su regularidad, pero no podrá la administración que propició la ilegitimidad del cargo, escudarse en su invalidez para desactivar los actos administrativos que pudieran perjudicarle. Lo explica didácticamente la STS de 20 de junio de 2017 (rec. 2463/2016) :
Finalmente, no hay una doctrina jurisprudencial que avale la tesis de la Administración recurrente sobre el funcionario de hecho y la plena validez de los actos que éste adopte, basados en la apariencia de legitimidad creada y en la operatividad a ultranza del deber de contribuir (art. 31 CE) y de la satisfacción del interés público que la Administración debe servir (art. 103.1 CE), sin sujeción, a lo que parece, a límites de clase alguna. Baste para refutar tales afirmaciones con señalar, de una parte, que la construcción doctrinal del funcionario de hecho no surgió como mecanismo para justificar la validez de los actos dictados por quienes no ostentaran nombramiento legal, cualquiera que fuera la fuerza o presunción creada por su apariencia de legítimo o con independencia del sentido del acto, pues, de ser así, nada impediría exigir tributos o imponer otros actos perjudiciales o de gravamen por parte de un mero usurpador del cargo, con tal que hubiera un atisbo de apariencia en su actuación; de otra, que dicha teoría sólo es comprensible in bonam partem, para reconocer validez y eficacia a los actos que confieren derechos o facultades a los administrados que han obrado de buena fe, frente a los que no podría pretextarse la ilegitimidad del nombramiento como medio espurio para evitar que la propia Administración causante del vicio desplegara sus favorables efectos, pero no debe jugar, como ya hemos indicado, en el seno de los actos de gravamen, como acertadamente sostiene la sentencia de instancia.
Aceptar esa validez a todo trance sería tanto como quebrantar el principio jurídico general conforme al cual nadie puede beneficiarse de sus propias torpezas, condensado en el aforismo latino allegans turpitudinem propriam non auditur, pues la Administración se vería beneficiada en sus intereses como organización -que no es dable confundir con el interés público, vinculado necesariamente a la observancia de la ley-, si los actos emanados de los funcionarios de hecho o sin nombramiento válido, eficaz y vigente, pudieran vincular a aquélla en los actos que fueran perjudiciales o adversos a los administrados.
5. En su día comenté como el Tribunal Constitucional había acudido a la doctrina de la torpeza con cierto ídem expresivo.
En fin, que me encanta mostrar como los viejos principios son útiles para introducir la lógica en los conflictos administrativos y como puede reprocharse la falta de coherencia a una administración, humanizándola ante sus propios errores, por mucho que se oculte en ese armazón que llamamos persona jurídica y órganos.
Es un artículo muy ilustrativo para los juristas administrativistas. Gracias.
Tremendo choque de trenes, los abogados del Estado (en mi caso de la Comunidad de Madrid), tienen muy aprendido eso de excepcionar de inmediato la falta de terminación de la vía administrativa con el oportuno recurso de alzada y ello a pesar de reiterar el administrado en distintas ocasiones la pretensión.
En este sentido, interesante: Efectos de la reiteración del requerimiento contra la inactividad administrativa persistente Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 26 Junio 2018; Diario La Ley, Nº 9267, Sección Jurisprudencia, 26 de Septiembre de 2018, Editorial Wolters Kluwer: Supone el reinicio del cómputo de los plazos procesales para interponer el recurso contencioso-administrativo, habilitando así la posibilidad de deducir un nuevo recurso contra la misma inactividad.
Excelente artículo con magníficas enseñanzas para aquellos que estamos ávidos por aprender de los buenos maestros del Derecho con sentencias y jurisprudencia que es merecedora de pertenecer a nuestra ‘biblioteca de cabezera’. ¡Los principios generales del derecho no se pueden dejar de lado por pretendidos intereses ‘particulares’ de las abusonas y abusadoras administraciones especialmente cuando éstas dan estruendosas y escandalosas muestras de actuar con todo menos con buena fe con el administrado ! ¡Que encomiable lección del TS!
Me gusta mucho este artículo, de hecho, me recuerda a un asunto que tuve donde precisamente invoqué estos principios y gané el tema en ambas instancias.
Como siempre, excelente artículo. No cabe duda que su autor, es mi Magistrado favorito. Felicidades
Buenos días!! Tengo una duda y quería que me ayuden a resolverla, si fuere posible:
Con qué instrumento jurídico cuenta el interesado para mostrar su disconformidad respecto de la declaración de caducidad del procedimiento iniciado el 15 de noviembre de 2017?, ¿y respecto de la inadmisión de la segunda solicitud instada por el interesado? ¿Cabe recurso administrativo o cabe reclamación?
Muchas gracias!!
Muchas gracias por su artículo, pero tengo una duda con respecto a un caso en concreto: un alumno que NO reunía los requisitos para ser admitido en bachillerato, es admitido (acto administrativo definitivo), tras dos años y 10 asignaturas aprobadas, la administración aprecia su error. En qué sentido debería de proceder la Administración? a) Le solicita al alumno que recabe los requisitos necesarios y le guarda las asignaturas aprobadas; b) Asume su error y le permite continuar; c) Le anula la matricula y las asignaturas aprobadas.?
Esta frase me trae a colación una resolución del Defensor del Pueblo justificando la actuación de la Administración Local, basada en un informe con datos básicos erróneos por un lado y otros sin concretar
Aún desmintiendo con objetividad por parte. del interesado (con Catastro, planos Google Maps, fotos, y datos objetivos claramente contrastables) la actuación de la Administración, reitera la Resolución sin esclarecer la verdad, aolaudiendo de ese modo la actuación de los funcionarios, que por gozar de presunción de veracidad, ven reforzada su actuación mintiendo y creando falsa apariencia de veracidad, generando efectos perjudiciales a los ciudadanos.
Tengo que confirmar la teoría de que la Administración, aún conociendo el error nunca cambia salvo con «el Vd. recurra» que lleva consigo desgaste emocional y económico. Además pueden «hinchar pecho» cuando los que deben velar por los derechos de los ciudadanos, consienten y aplauden sus mentiras.
Creo que hubo un magistrado en una ocasión que dijo «cuando nos lo ponen difícil, huimos como cobardes». Así se permite que la administración saque provecho de su torpeza y errorres.
Cada día goza de mayor arbittariedad, aunque se demuestre que ha cometido error.
Buenas noches,
Soy funcionario docente y lego en derecho, pero decidí presentar una demanda por vía recurso contencioso- administrativo y elegir un procedimiento abreviado sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco vista por silencio administrativo respecto al recurso de alzada que presenté ante una resolución que publicó la administración educativa que resolvía un concurso de méritos para una comisión de servicios, entendiendo que el expediente administrativo (por si solo, daría luz suficiente para resolver el litigio) sobre la decisión supuestamente subjetiva, personal (posiblemente influenciado por algún pensamiento mágico) e inmutable y contraria a derecho de la comisión evaluadora de unos méritos aportados para una comisión de servicios por haberse negado a puntuar esos mismos méritos en una convocatoria anterior que sí puntuaron (sin haber cambiado una coma las bases de las convocatorias). Finalmente el JDO CTO-ADMO ha admitido mi demanda, y hoy he recibido el expediente administrativo. La sorpresa ha sido que la administración ha enviado un expediente que no tiene nada que ver con la demanda que presenté, sino que ha enviado un expediente de una reclamación que hice en otro momento y que se resolvió favorablemente por la administración educativa. Reconociendo que errar es humano, mi pregunta es: puede darse el caso que han enviado este expediente porqué no existe el expediente del procedimiento iniciado por mi recurso de alzada, ¿en que podría basarse la decisión del juez si finalmente no existe expediente administrativo? ¿Podría tratarse de una estrategia de la administración para alargar el procedimiento?. Muchas gracias por tu blog. Es muy inspirador y enriquecedor. Saludos
vuestra publicacion y la informacion , me ha ayudado en resolver una reclamacion fuera de termino de la administracion social en reclamar una diferencia en una pension otorgada en 2021.argumentado que la administracion se equivoco en 31,00 euros y ahora me reclama los años 2021,2022, 2023 y 2024.
en los dos años seguidos 2022 y 2023 nunca me llego una notificacion de la administracion social a mi domicilio ..! del error cometido en el momento del otorgamiento de una pension no contributiva.
NO soy jurista , pero tengo estudios de comercio internacional y he tocado muchas leyes, articulos, decretos y convenios vilaterales entre paises.. mil gracias..!!