Pocos libros de ensayo serán mas oportunos que el titulado ¡Al abordaje! Asalto a la Justicia (Colex, 2018), título sugestivo y valiente, obra del magistrado y Doctor Luis Alfredo de Diego Díez.
El título es sugestivo porque evoca uno de las mayores pesadillas de los hombres y mujeres de bien: el acoso a la Justicia. La valentía procede de su planteamiento sin censura y con lengua suelta y absuelta, la del magistrado veterano que conoce los entresijos del Poder Judicial y valora el esfuerzo de la legión de jueces anónimos sin veleidades políticas, por lo que no vacila en dar la voz de alarma y en nombrar la soga política en casa de la justicia ahorcada.
La obra está primorosamente editada como libro de bolsillo y se ofrece a precio asequible (15 €), es de lectura ágil, y cuenta con un estupendo prólogo de José Antonio Gómez Marín, escritor y académico de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
El trabajo se desdobla en dos partes, la referida a “Jueces y magistrados en riesgo” que es la foto fija de la imagen y perfiles de jueces y magistrados, y la titulada “Asalto político al gobierno de los jueces” que es la crónica de la usurpación política del derecho constitucional al autogobierno de los jueces. Pese a ser temas que despiertan gran inquietud nunca se habían abordado de forma tan reflexiva, global y apasionada sin perder la perspectiva de la sana crítica. Veamos el interior…
La Primera Parte, rubricada “Jueces y magistrados en riesgo” se ocupa de las asociaciones judiciales, de las etiquetas que los medios de comunicación aplican a los jueces (conservadores y progresistas; profesionales o políticos) así como de los jueces “virales”, expuestos y condenados por las redes sociales y medios de comunicación, pese a que como nos recuerda Luis Alfredo “la función jurisdiccional debe ser impermeable a presiones y pasiones” (pág. 73) y se ocupa, entre otros, de la resonancia del caso “La Manada” que sigue y seguirá dando coletazos en cada instancia que se examine.
No falta la figura del juez que va y viene de la política a la toga (“puertas giratorias”) ni el examen del control del CGPJ sobre la Justicia, que el autor focaliza en el plano de la designación indirecta por el CGPJ de quienes investigarán y enjuiciarán penalmente a los políticos (corrección que requiere reformas legales) y en el plano de la negociación o cambio de cromos, a la hora de realizar designaciones de cargos judiciales por parte del CGPJ, postergando el mérito y la capacidad (corrección que requiere cambios éticos). Especial atención dedica Luis Alfredo a la coartada jurisprudencial para tales nombramientos que viene dada por el reconocimiento de una amplísima discrecionalidad que permite la perversión de elegir primero por motivos inconfesables tras el telón y luego motivar desde el escenario los supuestos méritos para el cargo judicial. Reivindica el autor la exclusión de la ideología política en la función judicial:
Si el juez no está de acuerdo con el contenido de una norma legal puede libremente colgar su toga y dedicarse a la política; pero lo que no puede hacer es convertirse en un ´juez político´ y obviar aquella norma al ejercer la jurisdicción o retorcer groseramente su interpretación para adaptara a su particular ideología (pág. 35).
La Segunda Parte de la obra es un brillante reportaje del asalto político al gobierno de los jueces, donde el autor nos informa de la perversión legislativa del mandato constitucional del autogobierno del Poder Judicial así como de las sucesivas reformas que son cortinas de humo para encubrir la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial a cargo de los fontaneros de los partidos políticos, pese a que formalmente todos son nombrados por el parlamento, y pese a que formalmente la propuesta parte de asociaciones judiciales y de algunos jueces que, como los espontáneos saltan al ruedo para pedir una oportunidad, aunque serán corneados despiadadamente porque el cartel taurino está ya decidido por la presidencia.
La razón de esta sinrazón la sitúa el autor en
el potencial rédito de altos cargos que puede obtenerse controlando el centro neurálgico de los nombramientos no es nada despreciable, sino todo lo contrario. Es un suculento manjar, un útil instrumento de seducción de voluntades, al que no está dispuesta a renunciar la ética política que maneja los hilos del poder” (p. 115).
La obra se lee cómodamente y el lector abre los ojos, primero con sorpresa, y tras la visión amarga de la situación, con incredulidad.
Confesaré que personalmente no soy tan pesimista como el autor hacia el futuro (quizá no estoy tan bien informado) como creo que dentro de los cargos judiciales designados por el Consejo General del Poder Judicial no deben pagar justos por pecadores, pues hay de todo, como en botica (“Ni son todos los que están, ni están todos los que son”), aunque es cierto que en las boticas buscamos soluciones para la salud, y los errores en la elección del tendero se pagan muy caros por los clientes.
Volviendo al libro, sus páginas nos ofrecen las reglas del un juego peligroso, el mover peones judiciales con mano política, basándose en un sólido trípode expositivo.
En primer lugar, aunque lo relatado pudiera ser una tragicomedia de ficción, mas bien es un ensayo científico pues se apoya en datos, cifras y referencias reales, con nombre y apellidos. No son rumores ni ecos del ruido de los medios de comunicación.
En segundo lugar, se apuntala lo expuesto con oportunísimas citas de artículos, entrevistas o declaraciones de personajes y personajillos del mundo político, judicial o mediático, con identificación precisa de su origen y circunstancias.
Y en tercer lugar, sitúa la puerta de la esperanza en los mensajes de Europa, particularmente de los varapalos que Greco (Grupo de Estados contra la corrupción, creado en 1999 por el Consejo de Europa) asesta al modelo español así como en las lecciones que ofrecen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (particularmente la Sentencia de 21 de junio de 2016, relativa al órgano de gobierno judicial portugués y las serias dudas sobre su independencia).
En suma, una obra única y que sería surrealista si no fuese porque no es fruto de sueños ni imaginación, sino de la experiencia de su autor, dentro y fuera del Juzgado, de su contacto con los protagonistas de la Justicia y de su admirable compromiso de alzarse en notario del lento hundimiento del Titanic de la Justicia, constatando con su pluma el pésimo rumbo de quien lo capitanea hacia el iceberg del desprestigio.
Con ello se avanza un paso de gigante en la solución del problema pues gracias a esta obra cada vez mas abogados y el común de los ciudadanos tengan consciencia de él.
Por tales razones recomiendo vivamente esta obra de provocador título (¡Al abordaje! Asalto a la Justicia) y agradezco a Luis Alfredo, compañero y amigo, el tiempo y energías empleadas en escribir este ensayo para devolver a la Justicia la venda de la imparcialidad, que la política le arrebata, con la admirable obsesión propia de Pericles por enseñar a los atenienses a ser demócratas y justos.
Buenos días: Me propongo escribir a los Reyes Magos para que el ensayo que usted nos recomienda, junto con algún otro libro, me lo traigan en su ya muy próximo viaje por estos lares. Su, a modo, de trailer del ensayo es harto sugestivo como para no dejar pasar la ocasión. Es cierto que al respecto ya he leído, – como casi todos y desde luego seguro que como usted mismo – más de uno y de dos de este tipo de libros. Todos, en sus respectivos momentos, me impactaron como me impacta comprobar que, pese al tiempo en que aquellos se escribieron, si se releen ahora, se puede decir: ¡ ostras ¡ Qué poco hemos cambiado¡ ¡ Cómo es posible que lo de hace unos años (o muchos años) se escribió tenga vigencia hoy…¡ «Manos Sucias. El poder contra la Justicia» de Joaquín Navarro, es uno de los libros a los que ahora me estoy refiriendo. Gracias por su nueva entrada.
Sencillamente otra evidencia de que «la historia (en la que el hombre es el protagonista y el que la escribe o narra) está condenada a repetirse», o de que «el hombre es el animal que tropieza dos (y mil veces) en la misma piedra». Y aún así nos sorprendemos una y otra vez, un día y otro también, y volvemos a tomar conciencia de esas evidencia del comportamiento humano.
En estos días de tribulaciones este ensayo parece de obligada lectura. Me parece muy interesante la referencia a las «puertas giratorias». Tal como yo lo veo creo que el Juez o Magistrado que hubiese desembarcado en política no debería volver a la judicatura. Como también creo que la designación del órgano de gobierno por los políticos no parece cuestión menor. En cualquier caso, gracias por compartir la referencia. Buen fin de semana.
El TEDH, tiene teoría en relación con la imparcialidad del juez que denomina “teoría de la apariencia” para preservar la confianza subjetiva de los ciudadanos en los Tribunales de Justicia. Según esta teoría, para conseguir un juicio justo han de coexistir dos elementos conexos: por una parte, la justicia debe ser impartida por jueces imparciales; y por otra, además, la sociedad ha de constatar que así sea. En palabras del propio TEDH en el Caso Perote contra España (sentencia 31/2002), “incluso las APARIENCIAS pueden revestir importancia. Los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar confianza al justiciable”. La doctrina del TEDH ha recalcado exhaustivamente QUE LA DUDA LEGÍTIMA SOBRE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ BASTA PARA ESTIMAR VULNERADO EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO.
Cuando los jueces son «progresistas» y «conservadores», según esa teoria de la apariencia ya se deslegitimarían automáticamente si yo,justiciable, soy respectivamente conservador y progresista y puedo demostrar ambas cosas, respecto al juez y a mi mismo. Lo cierto es que lo que tendrán que ser es órganos desconocidos, sin nombre,sin foto,sin Asociaciones, sin declaraciones en la prensa ni en la radio, sin ir y volver a la politica. Sin que siquiera se conociesen sus nombres… y desde luego el Poder Judicial debiera estar lejos de los otros poderes del Estado. El espectáculo del TS ha sido devastador. Sigo sin entender como han pasado veinte años sin que nadie supiera que los reglamentos que modificaron la ley sobre el sujeto pasivo de los AJD era por este solo hecho ilegales ¿Quién se dió cuenta?
En cuarenta años de democracia ha habido tiempo para establecer un sistema que garantizará al mismo tiempo la independencia del Poder Judicial y el imprescindible control de uno delostres poderes del estado. Independencia si, impunidad y arbitrariedad no.Otros países lo logran
Por otra parte, muchas de las críticas no se deben tanto a la naturaleza de las resoluciones por cuestiones de fondo como al desborde testosterónico . La sentencia que habla del jolgorio y desenfreno, innecesariamente, la juez que dice. “Si quiere agua, como si bebe vino”, la lotería judicial, el Supremo que se mete a evaluar la repercusión económica, el recurso de casación;para la unificación de doctrina, donde el particular podía comparar su sentencia con otras que desaparece…
Independencia si, pero a ver si aclaramos para qué.
Las puertas giratorias políticas no son las únicas incompatibles con la imprescindible imparcialidad de los jueces.
Hay que vigilar también las económicas. De la misma forma que los políticos tienen obligación de declarar su patrimonio, los jueces y altos funcionarios de todas las Administraciones Públicas también deberían declarar su patrimonio en el momento de su toma de posesión y con cada nuevo ascenso.
Soy interventor municipal y también defiendo la transparencia y declaración de nuestros patrimonios.
El deber de abstención de un juez o de un funcionario también tendría que aplicarse a los intereses económicos.
En la reciente y polémica actuación de la sala 3ª del TS con el IAJD de las hipotecas los ciudadanos teníamos derecho a saber qué magistrados tenían intereses económicos relacionados con la banca, por ejemplo en forma de paquete de acciones o de relaciones retributivas por cursos de formación impartidos o por mecenazgos, ya que su existencia compromete su imparcialidad.
Un ejemplo que conozco bien por haberlo sufrido recientemente ha sido la actuación de un ex-magistrado de esta «polémica» Sala 3ª del TS, ponente de 2 sentencias de desestimación de sendos recursos de casación interpuestos por asociaciones vecinales a las que asesoro, contra tarifas de agua de mercantiles de un grupo empresarial, cuando tal magistrado ha sido el organizador de los cursos de formación en derecho de aguas financiados por ella e impartidos gratis total para magistrados españoles en las instalaciones de la misma.
¿Puede un magistrado que ha sido director de cursos de formación de una gran empresa hacerse cargo y fallar a favor de tal empresa en sendos recursos de casación, además contra la reiterada y uniforme jurisprudencia en materia de tarifas del agua?.
Este mismo magistrado ha sido el ponente de varias sentencias a favor de clientes de grandes consultorías de este país, y ha pedido la excedencia en este año 2018 para trabajar con tal consultoría, publicitándolo en la prensa económica.
¿No supone esta situación una puerta giratoria rechazable?
Creo que al menos ocasiona una duda legítima sobre la imparcialidad de este juez.
¿No debería de ser causa de inhibición? ¿Lo han puesto uds en conocimiento del CGPJ?
Por auto del TS de 7 de febrero de 2018 se desestimó la recusación
Este comentario es una insidia que descalifica a su autor. Conozco personalmente desde hace años al magistrado al que tan claramente se alude, he trabajado junto a él, y puedo afirmar sin temor a equivocarme que es una de las personas más honestas que he conocido en mi vida. Las acusaciones de connivencia economica con grupos empresariales que se hacen son rotundamente falsas, y así lo ha declarado por unanimidad el pleno de la sala al hilo de una recusación planteada en terminos similares. Este blog es un blog serio y riguroso y no merece que se incluyan en el desahogos como este
Es imposible que haya independencia en los 3 diferentes poderes del Estado cuando los mismos ‘interactúan’ y ‘solapan’ entre sí .
En,primer,lugar, el legislativo: diputados y senadores no son independientes por el mero hecho de que actúan y votan sin perseguir los intereses de quienes les votaron directa o indirectamente, sino que actúan siguiendo las pautas del grupo político del que forman a través de la ‘disciplina de voto’, y su desvío de ésta les supone sanciones e incluso el ‘ostracismo’ político.
En segundo lugar, el poder ejecutivo no es independiente del poder legislativo: si el equipo de gobierno no estuviese compuesto por diputados o miembros de alguno de los partidos que conforman el poder legislativo, se podría afirmar que existe independencia, pero la realidad es que aquel equipo dirige su acción o se mueve más por los intereses partidistas de su grupo político que por los intereses plurales de los ciudadanos del Estado que gobiernan, salvo excepciones. Todos dirán que es una perogrullada esto que digo, y afirmarán cómo si no se van a sacar adelante leyes y decretos para llevar a cabo la acción de gobierno y el programa político, si el equipo de gobierno no formase parte de algún o algunos grupos de la ambas Cámaras; no se puede ser independiente en ese sentido, pero si son independientes porque el legislativo controla la acción del gobierno y aprueba o rechaza sus proyectos de ley. De acuerdo, pero posiblemente por mi incapacidad intelectual, sigo insistiendo: en cualquier caso, ambos poderes son parcialmente independientes.
Y tercero, y de igual modo, el poder judicial no puede ser plenamente independiente de aquellos otros dos poderes del Estado, puesto que el nombramiento de los magistrados del TC, TS y CGPJ son nombrados por los grupos políticos mayoritarios del Parlamento. Así siguiendo un razonamiento simplista, a modo de regla de tres matemática, si los dos poderes legislativo y ejecutivo no absolutamente independientes el uno del otro, y la ‘cabeza’ del tercero se conforma según la voluntad de uno (quizás ambos) de los otros poderes , el resultado es que tampoco es independiente. Este razonamiento puede parecerles a muchos un silogismo con alguna premisa falsa o inexacta, pero me temo que el resultado de tal razonamiento o silogismo es la idea actualmente más generalizada en el país o países del Estado español: NO HAY INDEPENDENCIA DE PODERES.
En definitiva, creo en la misma línea del pensamiento general que no existe tal independencia de poderes, sino una ‘dependencia con autonomía cuyo grado es variable circunstancialmente, pero en modo alguno aquélla es absoluta’, por mucho que nos pese y lamentemos.
Por ser esta mi primera intervención, quiero ante todo saludar a Sevach, alter ego de José Ramón Chaves promotor de este blog. También saludo a todos los seguidores que frecuentan el blog y que lo alimentan con sus comentarios y que se han convertido en devotos.
Soy un pre jubilado en edad temprana por causa de un ERE en RTVE. Les contaré con toda la brevedad posible una investigación periodística que estoy documentando. Quiso el destino que en esta etapa de mi vida conociera a un empresario navarro que en el año 2001, huyendo del impuesto revolucionario etarra, decidió invertir en Cataluña. Lo que jamás imaginó que en Cataluña se iba a encontrar con la mafia convergente del 3% que ha resultado ser peor que los etarras.
Este empresario invirtió 12 millones de euros en la compra de una finca, en un pueblo de la costa en la provincia de Gerona, que contaba con un puerto construido para 500 embarcaciones y un Plan de Urbanismo donde se calificaban los terrenos como suelo urbanizable para la construcción de viviendas residenciales. Como no quiso someterse a los cantos de sirena de la mafia convergente que le ofrecían toda clase de facilidades para que le aprobaran con mayor rapidez las tramitaciones, a día de hoy no ha amarrado un solo barco en el puerto ni ha puesto un solo ladrillo de las viviendas!!!
El consejero de urbanismo de la época al ver que al empresario foráneo no le iban a sacar ni un duro, en un acto de total arrebato admitió de manera “extraña” un recurso de alzada de un tercero y dictó una RESOLUCIÓN de solo trece líneas en las que calificaba a la Unidad de Actuación de los terrenos de suelo no urbanizable. Cometió una ilegalidad según sentencia del TS, puesto que el artículo 107.3 de la Ley 30/1992 dispone que “contra las disposiciones de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”.
Pero si el caso llegó al TS es porque el TSJC en sala de instancia resolvió a favor del acto de corrupción del conseller de la Generalitat. Así dice la sentencia: “Sin embargo, en el curso del proceso de instancia no se invocó el citado artículo 107.3 de la Ley 30/1992 ni se alegó la inviabilidad del recurso de alzada; ni la Sala de instancia sometió la cuestión a la consideración de los litigantes, … Ya quedó explicado que, no habiéndose cuestionado en el proceso de instancia, ni ahora en casación, la viabilidad del recurso de alzada, no podemos alterar los términos en que viene planteado el debate. Pero, puesto que tal recurso fue admitido y resuelto, parece claro que su estimación no comporta una modificación o revisión del planeamiento sino el acto final de la Administración que resuelve esa anómala impugnación.
Lo de la seguridad jurídica en Cataluña asusta. La consolidación de una plantilla de jueces independentistas también es ya una amenaza real que se ha plasmado en la creación, a principios de año, de una asociación de jueces, Ágora Judicial, contraria al procesamiento de los políticos que participaron en la revuelta de septiembre y octubre. Como ejemplo la Audiencia de Barcelona obliga a una jueza a continuar el juicio contra policías nacionales y guardia civiles por hacer su trabajo en el referéndum ilegal y que fueron vendidos por los mossos. Miras algunos de los componentes que forman el tribunal y son del grupo de jueces por el procés. Otro caso lo protagoniza un juez que utilizando se cuenta oficial de correo electrónico llama “terroristas uniformados” a policías nacionales y guardia civil. Esto sí que es realmente un asalto y abordaje a la justicia.
Les dejo un interesante artículo de opinión.
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181110/reputacion-justicia-desconcierto-de-los-jueces-articulo-opinion-anton-costas-7140356
Muchas gracias.Es que uno de los motivos para perseguir la independencia es ser juzgado «solo por jueces catalanes» y en Cataluña, ya lo ponen en numerosos escritos.
De todas maneras, soy de la opinión de que contra los populismos y los nacionalismos solo cabe una medicina efectiva a largo plazo..el reforzamiento del Estado de Derecho y la lucha contra la desigualdad social. Cuando los ciudadanos perciben que ante la Justicia no somos todos iguales,que la Administración no se somete al imperio de la ley, o por lo menos no siempre y no pasa nada, que no se puede acceder a la Función Pública en condiciones de igualdad, que los emprendedores tienen que luchar en condiciones de desigualdad contra los corruptos,que los jueces muchas veces están al purismo del procedimiento (cuando conviene, que cuando no, se lo saltan,porque el papel lo aguanta todo) olvidando la profunda injusticia que subyace en el fondo del asunto, cuando uno se siente desatendido y solo…ya está el terreno abonado para los «salvadores»: populistas y nacionalistas.. otros salvadores que prometen la tierra de Jauja cuando gobiernen (en realidad, dominen), ellos y solo ellos.
Los cientos cincuenta y cincos sucesivos no tendrán nada que hacer cuando en vez de dos millones, los nacionalistas sean cuatro y estén en la calle. Y no habrá banderas que puedan con ello.Ni banderas ni ejércitos. ¿Qué van a hacer, ponerlos a disparar , en Europa y en pleno siglo XXI?
Seguridad jurídica, empleo, igualdad ante la ley, protección al emprendedor responsable y formación y protección al trabajador. Y Justicia, Justicia, Justicia o esto se cae a pedazos.
Hoy nos desayunamos con los periódicos anunciando ya el pacto entre PSOE y PP para nombrar el futuro presidente del CGPJ. No deliberaciones entre vocales, no, sino pacto entre partidos. Es de vergüenza, vomitivo, se hace ya sin miramientos ni tapujos a la vista de todo el mundo. Y en cuanto a los «magistrados» que se presentan y prestan a eso, huelga todo comentario. Tienen todo mi desprecio y asco por faltar a su juramento y dejarse humillar de esa manera ante todo el mundo. Ni honor, ni dignidad. Nada de esto es nuevo en la historia, lo realmente triste es que se siga produciendo en 2018.
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Yo creo que la la pomposamente llamada Justicia, y que yo llamo Administración de Justicia, le pasan dos cosas:
1. Al igual que las señoras, y salvando las distancias, la justicia no solo debe de ser honrada, sino también parecerlo.
2. Y, por desgracia, en estos últimos tiempos es posible que sea honrada (y así quiero pensarlo), PERO, DESDE LUEGO, PARECERLO NO LO PARECE.