Agradezco la publicación por la Revista Presupuesto y Gasto Público, núm. 93 de 2018, págs. 25-46, de mi artículo titulado «La Sostenibilidad de la sanidad turbada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», que se ofrece en descarga libre, se refiere a las consecuencias presupuestarias de los errores de gestión pública sanitaria que se evidencian por sentencias condenatorias en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Dicha Revista se dedica monográficamente a las “Claves de la gestión sanitaria”, bajo la coordinación de Antonio Arias Rodríguez y Ana Isabel Esteban Álvarez.
Una visión que excede el tamaño y fugacidad de los post así que quizá mejor asomarse al artículo por si resulta de interés. Espero que los osados lo disfruten.
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de entrada he leído… «Chaves de la gestión sanitaria» y he pensado…este tipo puede con todo…
a pesar del error, los segundo no lo he corregido….
saludos,
Pingback: J.R. Chaves: “Turbulencias de lo contencioso sobre la sanidad pública” – IUSLEXBLOG.
Siempre me he preguntado por qué no existe coherencia entre administración de Justicia y administración de Sanidad cuando para la primera la Ley contempla imposición de costas por temeridad mientras que, en la segunda, todo vale. Nadie se imagina que el Doctor declarase temeridad del paciente si, por ejemplo, éste fuma, bebe y no se cuida y, en consecuencia, tuviera que responder del gasto sanitario incurrido. Si no se fumase (o si, quien lo hiciera, tuviera que pagar las costas de su operación o tratamiento) el gasto sanitario se vería reducido drásticamente. ¿Distinta vara de medir entre administraciones? Lo que ocurre es que el litigador temerario es puro coste -y hasta molestia-, mientras que gracias al paciente fumador, y a la industria del tabaco, se recaudan muchos impuestos. Con el puro hemos topado, amigo Chaves.
Lo he leído enterito. Es muy ameno y puedo afirmar que «e vero e ben trovato». Pero seguimos y seguiremos teniendo el problema infinito de los interinos, problema al que nunca se da una solución definitiva, excepto reabsorberlos periódicamente cuando el absceso es descomunal para volver a secretarlos acto seguido. Si la empresa privada tratase a los interinos como lo hace la Administración Pública, tendría a la Inspección echándole el aliento en el cogote.
Das en el clavo, Juan Carlos y, ampliando (modestamente) el punto 5 del fenomenal artículo del blog master, puedo decirte que la cosa irá a peor. La administración sanitaria que conozco está ahorrando dinero por la vía que, a mi juicio, no debe de hacerse: eliminando el gasto en personal sanitario absolutamente necesario. Lleva ya tiempo, por ejemplo, extendiendo la práctica de no contratar eventuales para cubrir bajas temporales (vacaciones, IT, etc….). Lo que hace es obligar a los demás a realizar el trabajo de quienes faltan. En hospitales se obliga a simultanear el pase de planta a quienes están de guardia en la urgencia, o se recortan especialistas y se carga más de trabajo a los MIR, que son más baratos (o gratis) y no protestan porque se juegan la evaluación.
A ello ayuda mucho el hecho de que lleva más de 20 años de incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lo tocante a riesgos psicosociales: «si no mido las cargas de trabajo (por ejemplo), nadie puede decir que son altas y no tengo que poner medidas de prevención de estrés, burn out, etc…..». Pero esto es tan engañoso como no mirarse uno el colesterol: al final te da un infarto.
A base de denuncias a la Inspección de Trabajo ésta le ha venido requiriendo (no puede multarle) desde hace más de un lustro para que cumpla la ley y por fin hace un par de años midió, malamente y a regañadientes, los riesgos psicosociales y los resultados (principalmente las cargas de trabajo) han sido absolutamente calamitosos. ¿Qué medidas ha adoptado para paliarlos?. Acertáis. Ninguna en absoluto, por que suponen gastar un dinero en prevención (principalmente contratar personal cuando haga falta) que no está dispuesta a gastar, al menos por ahora y hasta tanto no se le obligue por la fuerza.
La situación está a punto de estallar, porque al final el burro revienta, y hoy 7 de Febrero os puedo decir que me parece que al menos uno de los burros acaba de reventar (el de asistencia primaria), y todo huele aquí a huelga inmediata. Ojalá me equivoque, pero a mi juicio no es que la administración se la haya ganado a pulso, es que la ha pedido con insistencia y con todas sus fuerzas.
Eso sí, los pronunciamientos judiciales sobre esta materia (ya he sacado al menos dos sentencias favorables) van a la vía social por razón de la materia (riesgos laborales) y aunque se trate de personal estatutario o funcionario (artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
JR, eres un fenómeno.
Das una descripción de la situación del personal sanitario realmente alarmante pero para el que haya querido informarse no le sorprende en absoluto puesto que como, bien dices, no es desde hace unas semanas o meses que la gestión de los hospitales y centros de salud públicos está realizándose con criterios economistas a la baja, causando graves deficiencias en los servicios y atención y una sobrecarga de trabajo y estrés psicofísico a los profesionales a los que se les quiere responsabilizar de la anterior problemática ante los ciudadanos quienes, en su error inducido o por unas expectativas en ocasiones alejadas de la realidad en cuanto a derechos, ‘la pagan con’ aquellos (provocando aún mayor estrés psicológico).
Así que, tras las numerosas denuncias de la inaceptable situación y llevar unas cuantas huelgas a las espaldas como la que hoy ha comenzado sin que los cambiantes políticos del Ejecutivo y sus gestores politizados hayan sabido ni sepan solventar este empeoramiento progresivo de las condiciones de trabajo del personal sanitario estatuario (y, como consecuencia, un deterioro de la calidad del servicio a los pacientes), a nadie le debe sorprender que los trabajadores del sector deban a acudir a la jurisdicción social por incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales 31/95, de 8 de noviembre. Y aunque parezca una lucha individual, interminable,, procelosa e indirecta para resolver un problema que afecta al colectivo, no cabe duda que tendrá su éxito (que como según indicas ya lo has obtenido con 2 sentencias favorables) y quizás pueda producirse un ‘efecto contagio’ en aquel colectivo provocando una avalancha de denuncias por ese mismo motivo (lo siento por los jueces cuya situación laboral tampoco para ser festejada).
En definitiva, de ese esfuerzo y éxito individual y/o grupal en la mejora de sus condiciones laborales también dependerá que se produzca un beneficio para el conjunto de la sociedad que podrá recibir mejores servicios sanitarios.
El problema que vd. atinadamente señala es extrapolable punto por punto a la propia administración de justicia y a las fuerzas policiales (En particular la Guardia Civil). Colapsadas, faltas de medios y en que se obliga a unos a hacer el trabajo pendiente de las bajas o vancantes de otros. No deja de ser llamativo el reparto del empleo público: Servicios de primera necesidad descuidados con escaso personal permanentement desbordado, y sin embargo miles de administraciones locales, autonómicas y sobre todo su administración paralela plagadas de enchufados y chupópteros varios mano sobre mano. ¿Responsables? Los partidos políticos, que han operado como agencias de colocación de sus afines durante toda la democracia. Lectura recomendada para quien no sabe de qué va esto o sólo intuye lo que hay: El desgobierno de lo público (Alejandro Nieto).
Saludos