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Inquietante cuestión casacional sobre oposiciones a cuerpos superiores

El reciente auto de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal supremo de 11 de febrero de 2019 (Rec. 5229/2018) anuncia que el Supremo abordará una cuestión generalizada en casi todos los temarios de oposiciones de cuerpos superiores de la administración, y que puede ser avalada o truncada, con consecuencias importantísimas para los actuales opositores.

Nada menos que la legalidad de la discrecionalidad del Tribunal calificador atribuida por las convocatorias para hacer preguntas sobre el Programa o Temario, concretamente si está vinculado a sus literales epígrafes o si puede plantear cuestiones relacionadas con los mismos. Se ve que algo que nos resultaba pacífico ahora no lo es tanto, y el Supremo hará oír su voz.

Veamos los términos del reto que afrontará el supremo:

Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es si, en los procesos selectivos de acceso al empleo público, resulta compatible con los límites de la discrecionalidad técnica del órgano de selección y el principio de seguridad jurídica, el establecimiento de pruebas que tuvieran por objeto el desarrollo escrito de temas de carácter general que estuvieran relacionados, aunque no fueran coincidentes, con los enunciados concretos del programa de la convocatoria.

La sentencia recurrida estimó el recurso contencioso contra una convocatoria en los siguientes términos:

Otra conclusión nos conduce la impugnación de la tercera prueba de la que se dice consistirá en desarrollar por escrito dos temas de carácter general cuyo contenido decidirá el Tribunal antes del comienzo, relacionados aunque no coincidentes con enunciados concretos del Programa anexo a esta convocatoria y ello,porque la potestad de la Administración alcanza hasta fijar el temario exigible en la fase de oposición, más una vez determinado el mismo e incorporado a las propias Bases como un Anexo de las mismas, no cabe dejar al arbitrio del Tribunal de Selección la concreción de los temas a desarrollar, relacionados pero no coincidentes con los enunciados concretos del programa anexos a la convocatoria, toda vez que una vez fijados éstos, no cabe hacer ninguna variación ni modificación, en cuanto que implicaría una alteración de la seguridad jurídica que se deriva de las propias Bases,entre ellas, la de respetar el propio temario de la oposición incorporado a las mismas y de desconocimiento por parte de los opositores del alcance que se puede atribuir, a temas relaciones pero no coincidentes con los incluidos en el temario de oposiciones.

En suma, el meollo del litigio radica en si caben preguntas «relacionadas» con el programa «pero no coincidentes con los enunciados concretos del programa». Es sabido que estos términos son usuales en las oposiciones cuando se preguntan temas a desarrollar (como el Cuerpo Superior de administradores Civiles del Estado). En el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado, por ejemplo, las bases contemplaban desde hace décadas como primer ejercicio de la oposición para el Cuerpo Superior de Administradores una prueba de desarrollo escrito de dos temas de carácter general relacionados, pero no coincidentes, con los enunciados concretos del programa de la convocatoria.

En mi opinión, está claro que el examen conjunto de la locución lleva a interpretar que lo «relacionado» no es algo remoto, distinto o contrario al programa, sino dentro del programa, aunque no se ajuste a sus términos literales. En otras palabras, por poner un ejemplo, si un tema dispone: «Responsabilidad patrimonial sanitaria» podría preguntarse: «Vulneración de lex artis, o baremos de indemnización por daños sanitarios» (relacionado) pero no podría plantearse «Seguros de los facultativos de la sanidad pública» (excluido).

A mi personalísimo juicio, ninguna objeción puede hacerse en términos de seguridad jurídica si se considera «relacionado» con el programa o temario, a cualquier contenido incluido en el mismo, aunque no se ajuste a los concretos epígrafes del programa. En suma, se trataría de una prueba de conocimiento mas alejada de lo memorístico y que respeta la seguridad jurídica pues su contenido estaría dentro del marco advertido por el programa. Además el que esta labor de concreción o especificación se atribuya al tribunal calificador será una potestad normal y amparada por la discrecionalidad técnica, que primará el conocimiento lógico y práctico frente a lo memorístico y predeterminado. De hecho, no veo ningún inconveniente en que se pregunten cosas «relacionadas» con el temario puesto que en la vida profesional y práctica pocos casos se plantearán que se ajusten a epígrafe alguno, pues la realidad que debe torear el funcionario es mucho mas rica y variable. Otra cosa es que el uso de esa legítima discrecionalidad del tribunal estará sometido al contenido del Programa.

Con ello, ese tipo de preguntas serían mas reveladores del mérito y la capacidad que el camino trillado de un temario predeterminado.

Así y todo, no hay que descartar que el Tribunal Supremo siga la senda del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y apueste por una férrea seguridad jurídica, o sea, que las preguntas y ejercicios se ajusten en su formulación estrictamente a los epígrafes del temario anunciado.

Solo hay que esperar a la resolución por la Sala contencioso-administrativa del Supremo del asunto admitido por este auto. Y de esta forma el Supremo seguirá cumpliendo su función de uniformar jurisprudencia, pudiendo hablarse ya de un bloque consolidado de jurisprudencia sobre concursos y oposiciones, como me esforcé en ofrecer en el Vademécum o compilación jurisprudencial (2019).