Ese es el título y tema del artículo que el Diario La Nueva España tuvo la amabilidad de publicar el pasado domingo (9 /6/2019) sobre la falta de interés por ocupar puestos políticos intermedios.
En ese artículo- y ahora post- analizo las dificultades de reclutamiento para puestos directivos «políticos» (Viceconsejeros, concejales, Directores Generales,etcétera), campo distinto de los puestos directivos «burocráticos»– Jefes de Servicio, Jefes de área,etcétera- al que ya me referí en un anterior post (Se buscan directivos públicos por quien no sabe dirigir)
Aquí está íntegramente el texto publicado. Pasen y lean…
SE BUSCAN ALTOS CARGOS PÚBLICOS
En las tres primeras décadas de la democracia los cargos públicos eran codiciados. Unos por vocación de servir al interés general o ideales y valores personales. Otros para satisfacer sus apetitos inconfesables de poder y soberbia inherentes al tratamiento, el coche oficial o el despacho con secretaría. Y los menos para encontrar un medio de vida cómodo.
Sin embargo, durante los últimos años asistimos a una silenciosa situación que quizá también usted intuye tras las últimas elecciones (europeas, nacionales, autonómicas y locales) y es que se mantiene la codicia por el bastón de mando de primera línea, ministro, consejero, o equivalente, o por el plácido escaño parlamentario, pero en cambio reina un clima de desinterés por desempeñar los cargos políticos intermedios, esto es los «coroneles» del poder político.
¿Qué ha cambiado? Me temo que ya no compensa el oropel de un cargo directivo tanto como en el pasado por tres razones.
La primera, porque quien lleva una vida tranquila como empresario, profesional, o como alto funcionario, no desea cambiar su vida por la del cargo público. No le atrae la total dedicación ni la zozobra propia del zafarrancho que es la vida pública, ni tener que estar siempre alerta a la noticia o a la orden superior, siempre pegado al móvil o dispuesto a reunirse con quien toque.
La segunda razón para no desempeñar un cargo público, es el duro juicio popular y mediático a que es sometido desde el día siguiente de tomar posesión, propicio a la lapidación, bien por parte de grupos de interés, bien por parte de medios de comunicación, bien por la oposición política. Sin olvidar las redes sociales con fake news que hunden la reputación del santo Job. A ello se suman las críticas veladas desde las propias filas, pues toda organización cuenta con sus avispas, hienas y serpientes. De hecho, suele decirse que las cumbres del poder, como a las de las montañas, llegan tanto las águilas como los reptiles.
La tercera dificultad que frena el atractivo del cargo público la ofrece el contexto jurídico en que debe actuar el poder ejecutivo. El Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento tienen que servir al interés público pero según la ley. Esa es una obligación constitucional y moral, que además juran al tomar posesión.
El problema es que las leyes cada vez dejan menos margen de actuación política. El ministro, consejero o Alcalde fijan metas pero son los altos cargos (viceconsejeros, concejales, jefes de área y otros directivos públicos), los que tienen que buscar los caminos. Cada vuelta de tuerca del legislador supone limitar más la viabilidad de las políticas. Entre la libertad del poder público y su encadenamiento hay un término medio que todavía no se ha alcanzado en España. Veamos algunos ejemplos.
La última Ley de contratos del sector público de 2017 es una barrera de trámites y garantías que hacen que contratar un gaitero para la fiesta local resulte mas complicado y lleve mas tiempo que si el concejal aprende a tocar la gaita y la construye con sus propias manos.
La Ley de transparencia de 2013 sirve a unos pocos que piden datos, a veces útiles y a veces extravagantes, pero que mantiene ocupados a muchos empleados públicos facilitándolos.
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013 con su carga de controles financieros y presupuestarios ha conseguido convertir a los entes locales en una especie de Fort Knox, la base militar americana que guarda las reservas de oro de Estados Unidos y donde lo que entra no sale ni con fórceps. O sea, que a las administraciones públicas paradójicamente le resulta mas fácil ingresar que gastar.
El Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 (nacido en 2007) tiene la virtud de convertir las administraciones, puertas adentro, en un febril zoco donde se negocian promociones, puestos, plazas y retribuciones, entre políticos y funcionarios o trabajadores, y no siempre bajo criterios objetivos ni por supuesto, con fruto de mayor o mejor servicio público.
La Ley orgánica de 2018 de protección de datos consume infinidad de energías de la vida administrativa, en un laberinto de trámites de consentimiento, anonimato y opacidad, en vez de orientarse al servicio público cuya agilidad a veces requiere sacrificar garantías que nadie quiere.
A todo ello se suma un aluvión de leyes estatales básicas, leyes autonómicas, ordenanzas, directivas europeas y otras regulaciones que alzan un campo de minas por donde debe caminar el alto cargo público.
Por si fuera poco, si esas leyes no se cumplen, el político sabe que acechan los órganos jurisdiccionales, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y otros muchos órganos de inspección, sin olvidar la lupa parlamentaria siempre lista para plantear preguntas que esperan respuestas urgentes, en un curioso carteo y diálogo entre ejecutivo y legislativo. Mientras tanto, el ciudadano espera que se resuelva su lista de espera sanitaria, que Hacienda no le estrangule, que le atienda un rostro humano en la oficina pública en vez de una críptica técnica electrónica, o que su solicitud de asistencia social merezca respuesta, por ejemplo.
Además de ese insoportable peso del control, el alto cargo público sabe que aunque cese en el cargo, durante un tiempo le acompañarán los ecos de su paso por la política, bien apuntado con el dedo acusador o bien teniendo que acudir a comparecencias o cumplimentar controles para demostrar que no se ha llevado el perchero del despacho.
Para mas inri, el mito de los altos sueldos de los políticos es cosa del pasado. Hoy día son sueldos dignos pero inferiores a los de menor responsabilidad del mundo privado, e incluso hay administraciones en que los altos cargos cobran menos que los funcionarios a su cargo (por ejemplo, un viceconsejero respecto de su veterano jefe de servicio), circunstancias que explican la falta de voluntarios para asumir el servicio en interés público.
Por último, buena parte de la juventud actual tiene una pobre opinión de la clase política, aunque pone mucho empeño en criticar todo lo que se haga por cualquier gobierno y además en reclamar servicios o prestaciones sin reparar en costes o viabilidad. Puede entenderse que alguien no esté muy entusiasmado en servir como alto cargo de Trump o Putin, pero no se entiende ese rechazo en un país como España, en que tenemos una clase política manifiestamente mejorable pero que afortunadamente siempre ha sido consciente de la necesidad de dotarse de altos directivos o cargos públicos profesionales y con vocación de servicio público, y siempre ha respetado las reglas del juego burocrático.
En fin, que para ser cargo público cualquiera podría serlo siguiendo el consejo de Don Quijote a Sancho Panza para ser gobernador de la ínsula Barataria: «has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey».
Sin embargo, en el escenario descrito, en que el directivo público sabe que estará cargado de cadenas de normas absurdas y bajo la mirada popular implacable, con retribución ajustada, no es extraño que cuando le ofrecen un cargo público, conteste bíblicamente «aparta de mí ese cáliz».
Muy real. Fui ocho años Director General. Ahora cobro igual en la privada, no estoy sometido a los medios de comunicación, no tengo dos años de incompatibilidad, no tengo al partido siguiente buscando algo que enlodazar. Así es difícil tener ganas de volver.
De eso doy fe. En este país, no se sabe distinguir el poder ejecutivo de la administración, y así nos va, todos en el mismo saco.
Genial exposición y qué razón en todo lo afirmado. Al final ¿qué ocurre? pues que los más válidos no dan el paso porque para ganar menos y estar permanentemente en el disparadero…. sinceramente que lo hagan otros.
Pienso que la política está mal pagada y por eso la tenemos plagada de gente que quiere aspirar a dirigir nuestra Comunidad Autónoma o Ayuntamiento y su único mérito es el haber militado desde su tierna juventud en algún partido político y nunca han trabajado ni por cuenta propia o ajena donde nunca habrían ingresado lo que ahora ingresan por ser unos meros «calientamuebles»
Así nos va.
Una reflexión muy certera y oportuna
Está claro el por qué , el cómo y quienes han contribuido a que se haya llegado a ese desolador panorama que nos describe. Serán esos mismos los que con sus esfuerzos y «buena conducta» despolaricen la opinión y modifiquen la actitud que una gran parte de la ciudadanía tiene de y hacia ellos. Los numerosos casos de corrupción, malversación, tráfico de influencias, prevaricación, irregularidades de todo tipo, etc (aunque en términos estadísticos no sean relevantes – pues suponen un porcentaje no significativo si se ponen en relación al total de los actos de gestión política y administrativa que se consuman), magnificados por la machaconera cobertura de los medios de comunicación, interesados o no y de grupos de interés e ideológicos opuestos o no (¿doy más pistas?), han coadyuvado a forjar esa opinión mayoritaria peyorativa o despectiva con la clase política.
El endurecimiento de las leyes del que nos habla es una consecuencia del compromiso de los políticos con los ciudadanos que quieren que las posibilidades de producirse corruptelas se aminorar lo máximo posible. No nos quejemos de ello por tanto si queremos un «patio limpio» por las inconveniencias (recuerdo una entrada de .su blog quejándose de los requisitos que le reclamaba algún interventor) y enlentecimiento de los trámites y resoluciones.
Siento ser pesimista (o realista poco o más o menos informado, en cualquier caso menos que usted y muchos de sus seguidores), pero ha de reconocer que el mismo está en consonancia con su perspectiva. Me temo que, como suele decirse, «Tenemos lo que nos merecemos».
Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones en este blog y en el que estamos la mayoría de acuerdo es que un buen comienzo para cambiar esta situación de escasez o desmotivación por ejercer un cargo político, sería por hacer una verdadera carrera profesional en la Función Pública que seleccione, reclute y forme personal cualificado, con vocación de servicio y convenientemente retribuido de tal manera que se lo tenga a mano y sólo extraordinariamente se haya de recurrir al externo cuando haya de cubrir tales puestos de ala dirección.
Mi realidad es que se buscan mas chóferes de camión que altos cargos públicos en las listas del inem. y muchos otros trabajadores de muchos oficios y ocupaciones también en los portales de empleo varios.
Hoy en el Diario de Burgos vienen los salarios de cargos (políticos o no ) de la Diputación y con sólo ver eso… yo no aprecio que la administración ande falto de personal ( ni políticos ni administrativos). Todos percibimos que sobran.
Y si están maltratados y les hacen mobbing y no cobran lo suyo…son todos gente preparada y muy fijos como para defenderse con mejores posibles que todos los que encuentran empleo en el inem y portales. ellos son desde dentro quienes tienen que defender los méritos de sus oposiciones y de ser funcionarios de carrera y defender la prevaricación que les pueda afectar a ellos mismos. Y a otros.
suelen contentarse con que se sienten engañados en el salario pero en el trabajo no. tremendo argumento .foto fija de lo que hay.
No conozco los entresijos de las altas esferas de las diversas administraciones, más allá de lo que publican los medios de comunicación y traslucen los hechos que observo en la administración donde presto servicios.
Pero me da a mi que en este país no faltan trepas y jetas a los que les da lo mismo la crítica de los medios de comunicación, o las intrigas contra ellos en su propio partido político. Ellos, mediocres, buscan lograr un sueldo que saben mejor que lo que cobrarían en la empresa privada. Al que les ha colocado allí tampoco le importó que ese/esa hermana/cuñado/prima/amigo no tenga estudios o, si los tiene, que no tengan nada que ver con el puesto a ocupar. Lo importante es la confianza entre ellos, la presumible lealtad al dedo que le enchufó y solucionarle la vida al pariente o afín consiguiéndole un puesto bastante bien pagado, en un puesto que se prevee temporal pero que puede devenir indefinido. Casi fijos por lo que he visto en algunos casos de personas que sobreviven durante décadas a la alternancia y los vaivenes electorales en el mismo puesto «de libre designación». Y no se mantienen por su competencia para el cargo, diría yo, sino porque tienen otras habilidades que a los políticos de turno les vienen al pelo, pero habilidades que no se despliegan precisamente en beneficio del interés público general.
genial!!!!!