Tras asistir a los programas de las formaciones políticas radicales y ante la posible formación de gobiernos con personalidad múltiple, desde una perspectiva jurídica me parece interesante señalar que el margen de oscilación jurídica no es tan grande como parece anunciarse.
Además no debe jugarse con algo tan valioso como es la seguridad jurídica, o sea, que todos podamos conocer de antemano las consecuencias de nuestros actos y decisiones a corto plazo y no vernos sorprendidos por ocurrencias. El mundo tecnológico y económico ya es un carrusel que gira demasiado rápido como para que además convirtamos el ordenamiento jurídico en una montaña rusa desenfrenada.
Veamos.
Partiendo de que es legítimo en el juego democrático que se formen gobiernos, se negocie y pacte en libertad, no está de más tener en cuenta el perímetro jurídico de actuación.
En primer lugar, hay que tener presente el paraguas constitucional. En este punto, es cierto que las leyes no ejecutan la Constitución sino que lo desarrollan y es lógico que tengan un margen de creatividad (la diferencia entre “ejecutar” y “ desarrollar” se la expliqué hace poco a un diputado autonómico, diciéndole que el cocinero al que se le encarga una fabada ejecuta una receta pero si se le encarga comida sabrosa, nutritiva y sana, se abre paso a la cocina creativa pero con límites marcados por esas metas). Lo importante es no olvidar que la Constitución está ahí, querámoslo o no y con sus cauces de reforma agravada. Sin olvidar la alargada sombra del derecho comunitario.
En segundo lugar, es difícil alcanzar consensos para cualquier ley, pero mas difícil todavía es alcanzarlo para las cosas esenciales, esto es, para el campo de las leyes orgánicas, donde la mayoría absoluta reina. Además el consenso no es solo para aprobar una norma legal, sino para remover o derogar la norma legal anterior. Nada fácil.
En tercer lugar, los Decretos leyes han sido un juguete del que se ha abusado y se hace insoportable el tufo antidemocrático de esta práctica, por mucho que se convaliden después bajo la política de hechos consumados. De hecho, muchísimos decretos leyes convalidados no hubieran superado una tramitación legal ordinaria, con sus dictámenes, enmiendas y aprobaciones.
En cuarto lugar, los reglamentos están ahí, a disposición de cualquier gobierno (estatal, local o autonómico) listos para ser usados con rapidez, pero bajo un campo de minas constituido por las leyes que deben respetar y por infinidad de trámites engorrosos, cuajados de participación, dictámenes y garantías, que si no se observan, podrán desembocar en los tribunales contencioso-administrativos.
Pero sobre todo, lo comento porque la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 116/2019, de 16 de octubre, al hilo de una ley reguladora de la expropiación para el senderismo, desliza una afirmación que deberían tener muy presente nuestros legisladores y ejecutivos, de Estado y Comunidades Autónomas (e incluso regidores locales que tengan el gatillo fácil para aprobar Ordenanzas).
Afirma dicha sentencia:
Es habitual y razonable que las pretensiones adquisitivas del poder público procuren articularse con los instrumentos jurídicos menos gravosos para los particulares, sirviéndose del negocio jurídico privado antes que del recurso a las facultades de imperium, que habrán de desplegarse solo cuando el interés público razonablemente lo demande” (STC 48/2005, FJ 6, y en el mismo sentido, STC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 5).”
Y ello en línea con el principio troncal de la intervención pública que consagra el importantísimo art.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad,
deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”.
No se puede decir mejor. Falta que se cumpla. Tres principios esenciales que ni políticos, ni juristas, ni el común de los ciudadanos debería olvidar.
El principio pro libertate. No debemos olvidar que la primera fase del Preámbulo constitucional establece que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad..” y se abre con un prodigioso artículo 1 que considera “valor superior del ordenamiento jurídico” a “la libertad”, seguido de la proclamación en el art.10 de “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad”.
El principio de proporcionalidad. Nada de matar pájaros a cañonazos, nada de leyes que para atajar la anécdota fijan prohibiciones o gravámenes universales.
El principio de prudencia. Reclama la necesidad de justificar las decisiones de los poderes públicos e impone desterrar las ocurrencias y las soluciones a corto plazo. Ni los cambios parciales sin contemplar el contexto. Los errores de normas precipitadas se pagan gravemente.
Creo que con esos tres principios Sancho Panza demostró ser un gran gobernante en la Ínsula Barataria, y creo que son de sentido común, por lo que si fueran asumidos o interiorizados por la clase política española actual, de todo color, sobraría toda la palabrería políticamente correcta.
En suma, tengamos cuidado con el calentamiento político global que puede provocar el hundimiento de la seguridad jurídica.
Genial entrada! Ahora a ver si quien tiene que entenderla, la quiere entender… sino estamos perdidos! La verdad es que lo que dices es más que obvio pero en estos tiempos a algunos se les ha olvidado, mejor dicho, hacen todo lo posible para olvidarlo. Valiente Chaves!
Gracias, José Ramón, hoy necesitaba leer algo así.
Coincido con el comentario anterior. No hay tiempos fáciles, pero sí tiempos especialmente complejos y este es uno de ellos. El margen dentro del que deben actuar los políticos es el que deriva de la Constitución que debe ser interpretadas además de con criterios jurídicos y los llamados “principios generales del Derecho”, con tres premisas básicas de las que juristas y no juristas deben partir siempre: sentido común (del que ciertamente Sancho Panza hacía su modo de ser), visión de futuro, huyendo como afirma el artículo de las soluciones “a corto plazo” y honestidad, que en el ámbito de la política se traduce en cumplir lo prometido o cuando lo es aconsejable (por contradecir los anteriores principios), explicar con claridad y esa invocada honestidad, porque no es posible o conveniente cumplir lo prometido. Los políticos, como todos nosotros podemos y muchas veces debemos cambiar nuestras opiniones cuando a la hora de llevarlas a cabo llegamos a la conclusión de que no son las decisiones que en el momento que han de adoptarse o se tiene la posibilidad de hacerlo, con la información de que se dispone y sin determinismos ideológicos , son las necesarias y correctas desde la perspectiva del tan mal invocado “interés general”, que claramente no es el de unos pocos o el personal que debe invocarlo. En momentos como los que vivimos ahora es preciso parase a pensar antes de actuar, pero tras reflexionar adecuada y suficientemente en lo que JR Chaves ha señalado y yo modestamente comento, tomar las decisiones, contenten o no a todos o a los propios, pues los errores se pueden corregir, pero dejan huellas a menudo imborrables, agravios innecesarios, cuya completa reparación resulta ya imposible.
Creo que habría que incluir en esa lista la normativa europea y el TJUE, gracias a los cuales se ha parado los pies a muchas tendencias populistas autortarias en Polonia, Hungría, Grecia, etc.
La gran amenaza de los populismos de izquierdas y derechas es la misma, porque ellos en el fondo también lo son, y no es otra que la destrucción del valor fundamental sobre el que las sociedades occidentales han prosperado y llegado a un nivel que no se ve en otra parte del plantea: El respeto al individuo. Los populismos anulan al individuo y priman al colectivo en caso de conflicto, colectivo cuyo interés por supuesto es definido por el lider supremo o partido, que saben mejor que nadie lo que conviene a los demás. La raíz grecorromana y después judeo-cristiana de las sociedades occidentales pone en valor al individuo, libre pero también responsable. Los fascismos y comunismos lo convierten en mera parte inseparable de la masa uniforme del «pueblo», «nación» o lo que sea, y ay de él como se aparte … porque se le señalará y será objeto de persecución y aniquilación.
El estado democrático de derecho occidental es la garantía máxima para el individuo, y por eso asistimos a barbaridades como las que el fascismo y comunismo nos pretenden colar, que si la voluntad del pueblo està por encima de las leyes, que si una ley injusta no hay que obedecerla, etc, etc. Quienes nos dedicamos al derecho administrativo sabemos bien lo que todo esto significa y su importancia, la administración no puede aplastar al particular sin mas, porque está el derecho. De acuerdo que tenga privilegios, que sea mejorable la tutela que los tribunales dan, y que sea David contra Goliat, pero al menos en el estado de derecho David tiene una honda, una piedra y una oportunidad, que ya es mucho mas de lo que tenían los que fueron a parar a los campos de concentración o gulags.
Cierto, la referencia al Derecho comunitario es insoslayable.
Normalmente solo guardo las reflexiones del magistrado Chaves por su magistratura poco pecable, pero en este caso haré una excepción. Muchas gracias por su aportación.
Totalmente de acuerdo. El pero es que cuando hablamos de políticos hablamos de gente que tiene en mente únicamente sus intereses personales, que desconoce el Derecho, la Historia, la Economía o cualquier otra materia.
Además, en nuestro país se ha procurado que durante los últimos treinta años nadie tenga un mínimo de cultura política o social, por lo que el político tiene un terreno mejor abonado a la mentira institucional.
Manel Péreez
Toda proposición universal sobre un producto contingente es falsa
Oportunísimo artículo y acertadísimas reflexiones. Tras su lectura, mi deformado subsconsciente me ha trasladado a una hilarante escena de la película «Aterriza como puedas», comedia que, como recordarán, parodia el cine de catástrofes y relata, en clave de humor surrealista, el viaje de un avión desde que despega hasta que, por una sucesión acumulada de infortunios, se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. En la misma se dice: «No hay ninguna razón para alarmarse y esperamos que disfruten del vuelo. Por cierto, ¿Hay alguien a bordo que sepa pilotar un avión?” No sé ustedes pero, cuanto más nos dicen que no hay que estar preocupados, más inseguro e intranquilo me encuentro en este vuelo forzoso en el que hemos sido montados. Y ¿a 9000 metros de altura de qué nos sirve que la nave tenga salida de emergencia?
El buen sentido es lo que mejor repartido está entre todo el mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa, no suelen apetecer más del que ya tienen (El discurso del método).