Los virus ofrecen una gráfica imagen de lo dañino que puede ser algo pequeño en algo grande, que se supone de mayor valor o complejidad.
Además de los virus que perjudican la salud humana, se habla de virus informático, como caballos de Troya que perjudican el sistema tecnológico, y ante el escenario de coronavirus que vivimos, me lleva a pensar, desde mi confinamiento, en los posibles “virus jurídicos”, esto es, las pequeñas cosas que infectan el sistema jurídico, lo debilitan y lo dañan. Suelen ser virus que se hospedan en los políticos y estos actúan manipulados por ellos.
Pasen y vean… pero por favor, póngase mascarilla que vamos a visitar el pabellón de epidemias burocráticas.
Un virus dañino es la ignorancia. El error por parte de autoridades o funcionarios al dictar actos administrativos. Sin malicia, pero por ignorancia, precipitación o por no actualizarse. En su defensa señalaremos que no es fácil estar al día en un océano administrativo cambiante y turbulento.
Son casos en que el funcionario se olvida de trámites, no concede la posibilidad de subsanar cuando es obligado, o no está al día de la normativa o jurisprudencia vigente. No es lo mismo la ignorancia del particular (quien propone), que la ignorancia de la Administración (quien dispone) ya que al ir ésta envuelta en actos administrativos, goza de la presunción de validez y eficacia, y esa apariencia de legalidad de lo que puede ser una barbaridad, puede incluso eternizarse por ser acto firme y consentido.
Un virus crónico, que lleva cientos de años con la especie burocrática, es el silencio administrativo. Provoca una conduzca paralizante, lenta y sin reacción.
No puede olvidarse el virus de “lo políticamente correcto”. Es un virus sutil que se manifiesta en el lenguaje políticamente correcto que de sobrecargado, artificioso y distanciado de la realidad, puede llevar a normas confusas y equívocas. En sus formas mas virulentas provoca la creación de Comisiones, Observatorios y especialistas en juegos florales.
Otro virus que invade todas las Administraciones, y que se replica en todas las células de poder público, son los informes preceptivos de impacto de todo lo imaginable (de género, sostenibilidad, de tercera edad, de familia, del inmigrante, etc), salvo que no se pide un informe de impacto de los informes de impacto.
El virus del favoritismo selectivo, en sus formas de clientelismo, nepotismo y parcialidad y que se traduce en plantillas infestadas de libres designaciones y cargos políticos, mas allá de la excepción razonable. Este virus infecta por igual a la Administración del Estado que las administraciones autonómicas, locales e institucionales.
El virus del abuso del personal temporal, que es diagnosticado por la Unión Europea en el caso español, como alarmante, pero no se acaba de encontrar la vacuna adecuada.
Generalizado y curiosamente tolerado por el organismo es el virus recaudatorio, que se multiplica por todos los órganos y allí donde hay posibilidad de recaudar, pronto impone una liquidación, una carga fiscal, una sanción o un recargo.
Un virus peligrosísimo es la intencionalidad maliciosa que puede albergar la autoridad o funcionario, que va oculta pues no se detecta ni manifiesta en el acto administrativo, ya que puede perseguir finalidades muy distintas de las que quiere el interés público e incluso finalidades maliciosas. Se trata del virus de la Desviación de Poder. Muy difícil de diagnosticar y suele permanecer silente e impune.
Pero el peor virus es el que invade las normas y las pervierte en su rango y presupuestos. Es el caso del virus que ataca el cerebro de algunos políticos, y que altera la información genética con un único mensaje: “el fin justifica los medios”, lo que lleva al político a abusar de los Decretos leyes, a burlar la reserva de ley, a inejecutar las sentencias o a buscar recovecos legales para cambiar la jurisprudencia. Este virus se expande por vía aérea, a través de reuniones y contacto directo de políticos, en que comparten estrategias y aprenden trucos para conseguir sus propósitos.
El problema es que los virus se multiplican al calor de tiempos tumultuosos, y parece que lo peor está venir.
Afortunadamente, el sistema inmunológico del Derecho español cuenta con barreras de informes jurídicos, de altos funcionarios vigilantes, de fiscales, jueces y tribunales…. Incluso con anticuerpos que llevan a la revisión de oficio, a la suspensión de actos ilegales o al allanamiento en fase judicial.
Sin embargo, a veces, el sistema inmunitario ataca al propio organismo público, como sucede cuando los interventores o asesores jurídicos bloquean la actividad del organismo con sus informes y reparos (no es frecuente, pero cuando se da, puede provocar la parálisis e incluso asfixia de la Administración). O cuando las sentencias contencioso-administrativa se mueven en la prudencia de la anacrónica jurisdicción revisora…. pero de los virus de la justicia administrativa me ocuparé otro día.
Es un artículo que plasma una gran realidad, mal que nos pese.
Como prueba propongo analizar mi opinión, que radica principalmente en la incorrecta aplicación del art. 23. de la LJCA de 1998. La justicia en España está muy infectada. Se puede comprobar en el Apéndice Primero (desde la pág. 147 a la 152 de la Certera Edición -2018- del libro «El griterío» de Jaime Valdés). http://cort.as/-UoDx y http://cort.as/-UoDy
¿Y el virus de la impunidad?
Estimado J.R.:
Ridendo dicere verum, dice el adagio latino. Una entrada muy acertada para estos tiempos de reposo o trabajo domiciliario obligatorio. Lo malo es que por mucho que digamos cuáles son los males, no servirá de mucho si nadie les pone remedio. Peor aún, como muy bien señalas los que advierten los males los perpetúan ampliando la magnitud del mal. V.g. si algo no funciona se crea una comisión para ver por qué no funciona, otra para que funcione y otra para ver por qué la comisión no funciona. Si algún grupo protesta, se impone un informe para analizar la incidencia de la norma en ese grupo (impacto de género, etc.). Se crean funcionarios para analizar esos informes, llenar esas comisiones, etc., etc., etc.
Supongo que, para cuando llega alguna solución, ya es demasiado tarde … Como demuestran los hecho.
Saludos y, como siempre, gracias
Nada nuevo en la oficina.
El sistema jurídico español está podrido, es corrupto y está obsoleto.
Desde mi reducida experiencia, lo mas podrido son los legisladores y los administradores (políticos) con interpretaciones torticeras, que no el sistema.
Pero el sistema agota al mas tenaz.
Verdades como puños. ¡Enhorabuena por tan certero artílculo!
Para navegar por estas aguas hay que distinguir entre los pardillos por ignorancia y los ceporros por conveniencia. Es un consejo que me dieron hace tiempo. Este post llena de contenido aquel consejo. Gracias.
Muy acertado, como siempre, D. José Ramón Por eso, en el ámbito judicial contencioso, creo que debería instaurarse, como contrapeso del poder de la Administración, el principio -no escrito- «in dubio pro ciudadano». A veces te encuentras con sentencias que, como sea, tenían que darle la razón a la Administración. Y, aunque procesalmente, existe la igualdad de armas, materialmente, la Administración demandada siempre juega con ventajas, para que encima tenga la duda a su favor.
Gracias y saludos
Es un fantástico articulo. Conozco bien a la Adminitracion y tiene buenos técnicos, como cualquier empresa. Pero en muchos casos, la ignorancia de muchos funcionarios, bajo la protección de la presunción de veracidad, obliga a las empresas a invertir mucho dinero en recursos administrativos y contencioso-administrativos absolutamente evitables. La profesionalidad es la excepción.
Buenos días, J.R.
Darle mi más sincero agradecimiento por su blog que sigo con profusión desde hace años. Especialmente malicioso es el virus de no citar las fuentes y de «roban» textos jurídicos que son producto del esfuerzo y el trabajo intelectual de otros, producto de la ley del mínimo esfuerzo, del «corta y pega» que ni siquiera tienen que teclear. Me produce rubor dicho comportamiento por parte de muchos jurídicos -como nos llaman el resto de empleados públicos ajenos a esta disciplina- que se aprovechan de la supuesta complejidad del Derecho -cuando en realidad no es así-, para alagar e impresionar a políticos sin formación específica en la materia. La estupidez, al igual que las mentiras, tiene las patas muy cortas. Muchas gracias y profundamente agradecido por hacernos mejor personas y profesionales.
Pingback: Los Virus jurídicos resistentes — delaJusticia.com – Alba Montero Chavarria
el virus del CGPJ es muy dañino;.y lo peor, cada mutaciòn resulta màs agresiva que la anterior. Hasta ahora al menos…porque el nuevo tiene lo complicado, eso desde luego
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