El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial domesticado para los juristas

Una gran parte de los litigios que afrontan todas las Administraciones versan sobre reclamaciones de indemnización por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Son litigios que suelen caracterizarse por el afán de la Administración para eludir reconocer responsabilidad y pagar (y si pueden escudarse en un plazo o forma mejor), y por el largo camino que debe recorrer la víctima para obtener el resarcimiento.

 Lo curioso es que el expediente administrativo es la pasarela o más bien, el primer encontronazo entre lo que se pide y lo que se resuelve, por lo que resulta de máxima importancia su tramitación.

  No pocas demandas no prosperan por deficiencias de legitimación, plazos, formas o pruebas, sembradas en el expediente administrativo; y en cambio, en otros casos, prosperan precisamente por la torpeza de la propia Administración en la tramitación del procedimiento.

De ahí la oportunidad de la publicación del libro de Eduard-Valentín Pavel, titulado “El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial”(tecnos, 2020), obra de valor probado, como evidencia haber obtenido el VI Premio internacional de investigación “Instituto Garcia Oviedo”.  Pero mas allá de su innegable valor académico, quiero resaltar su tremenda utilidad en la práctica administrativa y forense.

 En primer lugar, porque pese a que parece ocuparse de la vía administrativa exclusivamente, lo cierto es que la exposición es completa, pues va acompañada del reflejo de cada trámite procedimental en el proceso contencioso-administrativo, sin dejar en el tintero las sentencias más relevantes sobre la materia y contando con el apoyo no invasivo de citas doctrinales.

En segundo lugar, porque es un libro de respuestas, que parte de plantear hábilmente el escenario de cada cuestión crítica, para continuar ofreciendo el estado de la cuestión en la práctica, en la jurisprudencia y como no, ofreciendo propuestas de tendencias o soluciones allí donde existen lagunas o contradicciones. Así, la obra, a través de sus quinientas páginas, aborda cuestiones del máximo interés que siempre estallan en los litigios, como son: el problema de la legitimación de los herederos de víctimas de servicio público, la participación de las aseguradoras por su legitimación pasiva, el siempre problemático cómputo del plazo de prescripción cuando median daños corporales, la asimetría del valor probatorio del expediente, la intervención en el procedimiento de contratistas y concesionarios, o la elasticidad de la motivación en estos procedimientos, entre otras.

 En tercer lugar, la mirada serena y documentada del autor atraviesa por el procedimiento administrativo partiendo de la cosecha de la vieja regulación del instituto (sustancialmente reglamentaria) pero incorporando lo que deriva de su elevación a rango legal tras la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. Tampoco se detiene ahí el inventario del régimen del procedimiento vigente, pues concluye postulando – y convenciéndonos- de que lo recomendable sería aprobar una ley especial que se ocupase del fenómeno de la responsabilidad patrimonial, dada la heterogeneidad de supuestos y problemática singular. Ciertamente el instituto de la responsabilidad patrimonial se ha ganado con creces una ley propia que fije una hoja de ruta clara para sortear el campo de minas actual que explotan en términos de inseguridad jurídica o incoherencia.

La obra es la parte sustancial de la tesis doctoral del autor, que ha contado con un director de lujo, César Cierco Seira. Ambos son profesores de la Universidad de Lleida y Eduard-Valentin Pavel ha demostrado ser un brillante investigador que, a juzgar, por el tratamiento de la obra que nos ocupa, sabe coger por los cuernos el toro de la responsabilidad patrimonial, darle los pases y vencerlo cosechando aplausos del respetable, pero siempre lidiando desde la perspectiva de las garantías del ciudadano y desde los principios antiformalistas del procedimiento, lo que constituye la mejor y más noble posición del buen jurista.

En suma, una obra recomendable, que cumple la triple misión del sabio (enseñar, servir y agradar) por lo que ya figura como libro de cabecera en esta materia que jamás nos abandona, y que además reverdece su utilidad con la burbujeante ebullición de procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados tras la pandemia.