Su majestad, la audiencia previa

Suelo comentar en las conferencias que el profesor argentino, Agustín Gordillo, recuerda que el trámite de audiencia tenía origen bíblico, pues Dios antes de expulsar a Adán del paraíso, le concedió el trámite: “¿has comido del fruto del árbol prohibido?”, y también a Eva: “¿por qué lo hiciste?”. En ambos casos, Dios conocía la respuesta pero no quiso sancionarlos con la expulsión sin escucharles antes.

Se ve que el sistema le gustó porque también antes de condenar a Caín, a sabiendas del asesinato de Abel le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel?.

Todo funcionario sabe el valor de la audiencia, porque lo que arranca de una denuncia, una queja o un indicio y que se presenta inicialmente como algo claro, resulta que tras escuchar al afectado puede convertirse lo negro en blanco, lo inconveniente en oportuno.

Siempre he dicho que el mejor ayudante del funcionario es el interesado, porque en el trámite de audiencia le ayuda a resolver. Y el mejor ayudante del juez son los abogados porque en su trámite de alegaciones (ser oído para plantear en demanda u oponerse) o conclusiones (ser oído para hacer balance) le ayudan a forjar criterio.

En fin, que la audiencia es un trámite procesal y procedimental inexcusable. El problema es que en el ámbito administrativo está devaluado, ya que salvo en los expedientes sancionadores, en que su omisión se alza en factor de invalidez de la sanción, en los expedientes no sancionadores puede haberse omitido la audiencia pero quedar en papel mojado so pretexto de no haberse producido indefensión material, si pudo recurrirse en vía administrativa o alegar en vía jurisdiccional. Así lo expuse con cita jurisprudencial en un viejo post.

Viene al caso esta referencia y pequeño homenaje al trámite más valioso del procedimiento, por haberse dictado la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2021, C-849/19 P, que en relación con expediente sancionador a funcionario europeo, declara solemnemente:

A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 41, apartado 2, de la Carta, el derecho a una buena administración incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente.

89. De este modo, el derecho a ser oído garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (sentencias de 4 de junio de 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, apartado 68 y de 25 de junio de 2020, HF/Parlamento, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, apartado 58 y jurisprudencia citada).

90. Además, según reiterada jurisprudencia, el derecho a ser oído persigue un doble objetivo. Por una parte, sirve para instruir el expediente y determinar los hechos de la manera más precisa y correcta posible y, por otra parte, permite garantizar una protección efectiva del interesado. El derecho a ser oído tiene por objeto, en particular, garantizar que cualquier decisión que afecte negativamente a una persona se adopte con pleno conocimiento de causa y tiene, en particular, la finalidad de permitir a la autoridad competente corregir un error o a la persona afectada invocar elementos relativos a su situación personal que militen en el sentido de que se adopte la decisión, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro (véase la sentencia de 4 de junio de 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, apartado 69 y jurisprudencia citada).

Espléndidamente expresado. Confiemos en que jamás se tome a broma ni frivolidad, ni en procedimiento administrativo ni jurisdiccional. Y añado, tampoco en la vida cotidiana, en que estamos muy acostumbrados a quejarnos, prejuzgar o condenar sin haber oído a la parte afectada. Demos oportunidad a que entre en juego la empatía y podamos conocer las razones de los demás. Viviremos mejor y nos arrepentiremos menos.