Práctica Local Contencioso-administrativa: los secretos de la buena defensa

Siempre he dicho que el derecho procesal es la Cenicienta que se convierte en princesa cuando favorece, y en Cruella de Ville cuando perjudica. Un arma de doble filo, que hay que conocer para evitar cortarse al manejarla.

El abogado del particular ha tenido que investigar y estudiar el caso con la destreza del artesano, para poder «construir el caso» y dar el pistoletazo de salida del litigio con su escrito de interposición y/o demanda. Es necesario estar forjado en las reglas procesales de la batalla, que en lo contencioso-administrativo no son precisamente fáciles ni cómodas para el demandante.

El letrado público asume la posición de portero ante el penalty, al que le viene la demanda, y tiene el deber de reaccionar con presteza y acierto para pararla o desviarla. Para ello, debe conocerse al dedillo los motivos de inadmisibilidad, los casos de rechazo de pruebas, el significado de la cosa juzgada, lo que puede o debe verter en la contestación escrita (ordinario) u oral (abreviado).

No es fácil para nadie. Tras el abogado del particular hay un cliente ansioso pues sus intereses y derechos están en el alero. Detrás del letrado público hay otra alta responsabilidad: la defensa del interés general.

Mi dedicación profesional me ha llevado a asistir actualmente como protagonista de primera línea, a infinidad de asuntos litigiosos que se pierden por cuestiones procesales, pese a tener la razón jurídica y moral de su parte, lo que me llevó a reflexionar y a publicar dos obras con afán divulgativo: «El arte de la guerra en la Justicia Administrativa» (Wolters Kluwer 2018) y «Las claves de una buena demanda contencioso-administrativa. Mitología, psicología y jurisprudencia» (Amarante, 2022)

Ahí vertí la cosecha de tres décadas transitando por lo contencioso-administrativo,  por lo que confesaré que consideraba agotado el tema procesal, a expensas de alguna sorpresa legislativa o de la jurisprudencia casacional.

De ahí mi grata sorpresa, al acceder a la oportunísima obra colectiva promovida por la Asociación de Letrados de las Entidades Locales, coordinada por Ana María Barrachina Andrés y Francisco Javier Durán García, titulada: “Práctica Local Contencioso-administrativa” (El Consultor, 2022),  con la colaboración de magníficos juristas. Algo nuevo bajo el sol editorial.

La obra acierta con el objeto y el tratamiento. La «Práctica local», o sea lo que hay que saber para moverse como pez en el agua procesal, más allá de la fría norma publicada en el BOE y  más allá del comentario doctrinal. Los autores abordan paso a paso todas las fases del proceso, con sus incidencias, citan la normativa aplicable, la comentan, vierten la jurisprudencia más relevante (oportuna y reciente) y acompañan formularios. Además expuesto con sobriedad, rigor y deliberada sencillez.

Sin embargo, el título referido a la “práctica local” se queda corto, porque ni es solo “práctica” ni solo materia “local”.

En efecto, no solo hay práctica, sino que entre sus páginas está la doctrina en pie de guerra, el razonamiento y justificación de las incidencias o técnicas procesales.

Además, la obra no solo tiene utilidad para el mundo de los letrados locales, sino para letrados de otras administraciones y para abogados de particulares. Basta tener en cuenta que la regulación y jurisprudencia de lo contencioso-administrativo es única en todo el territorio y por igual para todas las administraciones (salvo puntualísimas prerrogativas privativas de la administración del estado o autonómicas).

Me resulta admirable su clara sistemática y complitud. Se abre con la Organización del Servicio Jurídico Local (Capitulo 1) Sigue con la puerta de entrada de lo contencioso-administrativo (“El Recurso contencioso-administrativo”, “Requisitos de procedibilidad” e “Interposición”- capítulos 2 a 4).  Después examina los elementos estáticos del proceso: el expediente (Capítulo 5) y Las partes (Capítulo 6), y la Comunicación con los órganos jurisdiccionales (Capitulo 7).

A partir de aquí, comienza el examen del proceso, que personalmente me gusta imaginar como un sólido puente que debe atravesarse bajo la tormenta. De un lado, previamente a cruzarlo, las medidas cautelares (Capítulo 8). Del otro lado, una vez cruzado, la Ejecución (Capítulo 14) y las Costas (Capítulo 17).

La parte sustancial de la contienda,  ataques y defensas, (toda una tormenta de rayos y truenos) es examinada en todos sus pasos: Demanda y Contestación (Capítulo 9), Prueba (Capítulo 10), Vista y Conclusiones (Capítulo 11).

La muerte del proceso (nublado o sale el sol, según para quién) es examinada en sus dos fases: Terminación (Capítulo 12) y la posible reanimación o autopsia, esto es, los Recursos (Capítulo 13).

No faltan en la obra el análisis de los caminos especiales: Procedimiento Abreviado (Capítulo 15) y las Especialidades Procesales (Capítulo 16).

Recomiendo vivamente esta obra a los letrados públicos y privados porque ofrece un fruto utilísimo para la contienda contencioso-administrativa. Mas que un libro de cabecera es un libro para tener en la cabeza: una consulta a sus páginas antes de mover ficha procesal puede suponer una ventaja al litigar, de igual modo que desconocerlo puede arrastrar a una derrota.

Su lectura sosegada ha sido como una visita por el laberinto de pasillos de la pirámide contencioso-administrativa. El lector avanza, se detiene, contempla, reflexiona, aquilatando y como no, respetando al guía que le ilustra.

Así que en este punto, doy las gracias vivamente a los guías, todos expertos juristas en la materia local y conocedores de los vericuetos jurisdiccionales, por su ayuda a comprender mejor la belleza de la técnica y arte que se oculta tras la defensa contencioso-administrativa.

Y con ello felicito a la Asociación de Letrados de las Entidades Locales, siempre activa, siempre enseñando y siempre dignificando tan noble profesión.