Categoría: De lo financiero y tributario

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ContenciosoDe la Administración localDe lo financiero y tributario

Pobres ayuntamientos que asumen las deudas del concesionario moroso

cambio viasEl Supremo aborda en la reciente Sentencia de 27 de junio de 2016 (rec. 2833/2014) la cuestión de la responsabilidad solidaria de un Ayuntamiento junto con la empresa concesionaria del matadero a la hora de pagar por las deudas contraídas por ésta con la Seguridad Social.

El Ayuntamiento discrepa de que le fuese de aplicación el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 127.1 de la Ley General de la Seguridad Social, al entender que no actuaba como empresario principal ya que la actividad de matadero no es una de las prestaciones obligadas del artículo 26 Ley 7/1985, y que el Ayuntamiento no actuaba por lucro alguno sino sirviendo al interés general. O sea, el Ayuntamiento no entiende la razón por la que tiene que pagar los costosos platos rotos de una empresa concesionaria.

Y sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma que el ayuntamiento es responsable solidario de las deudas con la seguridad social, de manera que no hay que ser un águila para percatarnos quien tendrá que pagar las deudas de los numerosos concesionarios o contratistas en situación de insolvencia. Veamos el interesante razonamiento del Supremo. Leer Más

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Varapalo del Supremo a la pasividad del Tribunal Económico-Administrativo Central

achievement-1238472_1920Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) no sea un órgano jurisdiccional, su posición preeminente en cuanto a resolver reclamaciones económico-administrativas de entidad, le obliga a dar ejemplo y no a refugiarse en su pasividad a la hora de ejecutar sus propias resoluciones para propiciar la prescripción de los derechos del contribuyente. Ahora el Supremo sienta doctrina con potencial proyección general sobre el deber de oficio de la administración de impulsar sus actos declarativos de derechos para los ciudadanos. Leer Más

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ContenciosoDe lo financiero y tributario

El Supremo robustece la justificación del incremento de tasas locales con interesante doctrina administrativa

recaudar tributosEn el ámbito local se ha otorgado el valioso don de aprobar Ordenanzas fiscales, esto es, reglamentos que se adentran a fijar o elevar tasas locales, como excepción al principio de reserva de ley en materia tributaria. Como “poder para recaudar” el mismo ha de ser objeto de exquisito rigor en su uso, porque lo contrario convertiría a los entes locales en señores feudales que impondrían a los vasallos lo que les viniese en gana.

Y ello sería especialmente sangrante en tiempos en que muchos entes locales, acuciados por la sequía de ingresos, opten por incrementar las “tasas cautivas” (alcantarillado, agua, etc) como forma expeditiva de obtener ingresos constantes y rápidos.

De ahí que reviste especial interés la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Mayo de 2016 (rec.1999/2014) que no solo deja en sus justos términos el alcance de lo que debe ser una Memoria económica que merezca tal nombre, sino que se adentra en dos cuestiones de interés general en Derecho administrativo. Por un lado, precisa cuando arranca el plazo para impugnar respecto de actos que contemplen la publicación oficial adicional. Por otro lado, explica la singularidad del ámbito fiscal local en que la declaración de nulidad de pleno derecho de una Ordenanza fiscal puede comportar si la sentencia lo considera, incluso la revisión de los actos firmes y consentidos dictados a su amparo, debiendo adecuarlos la administración condenada.

Veamos los términos de tan interesante sentencia. Leer Más

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El error impune de una administración cuando perjudica a otra

portazoEn ocasiones las administraciones al ejercer de forma errada sus competencias de reglamentación o decisión, ocasionan perjuicio económico a otra administración. Se trata normalmente de la administración estatal o autonómica que dispara un tiro en el pie… de una administración local o institucional. ¿Debe soportarlo o puede reclamar indemnización por su torpeza?.

Una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 2016 (rec. 3033/2014) aborda una cuestión poco usual, pero de importancia creciente: la responsabilidad patrimonial entre Administraciones públicas. No todo es colaboración y acierto entre administraciones públicas ya que a veces una se equivoca en su actuación o al ejercer sus competencias y perjudica a otra. Es un clásico aquello de “el que rompe paga” pero parece que para el Supremo “la administración que rompe algo a otra, esta lo soporta”.

El caso planteado es sumamente interesante para el ámbito local y tributario ya que se trata de un ente local que ejerce una acción de responsabilidad patrimonial frente a la Administración del Estado por haberle perjudicado en la recaudación tributaria al haberse anulado los valores catastrales que fijó ésta. Leer Más

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La suspensión cautelar de los tributos impugnados al desnudo

 

recaudarHay artículos jurídicos valientes y rigurosos que están llamados a “marcar tendencia” en términos de moda, y a reorientar líneas jurisprudenciales que afectan a numerosos ciudadanos.

 

Me refiero al trabajo del abogado tributarista Javier Gómez Taboada, titulado “El envés de las obligaciones conexas: ¿victoria del orden o derrota de la justicia?” (Instituto de Estudios Fiscales, nº 19/2005)

 

Nada menos que se adentra el autor en el mundo de la suspensión cautelar de los actos tributarios, que tras la modificación parcial operada de la Ley General Tributaria por Ley 34/2015 califica con razonamiento consistente, de “ámbito de impunidad”, “panorama desolador”, con una Administración con “voracidad recaudatoria” y una jurisprudencia “voluble”.

 

No es extraño el interés de este trabajo en un ámbito, el de las medidas cautelares tributarias, donde podría decirse aquello de Dante al descender a los infiernos: “Oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza”. Pero asomémonos a su interior. Leer Más

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Cuando maliciosamente la administración no paga

creditosTodos sabemos que las Administraciones públicas, so pretexto de la crisis económica “se han apretado el cinturón” y recortado gastos de personal, contratación, sociales y urbanísticos. El mandato de recortes se ha extendido jerárquicamente desde los órganos superiores hacia los inferiores, de manera que allí donde pudiera ahorrarse o recortarse, éstos han extremado el celo. Sin embargo, no vale todo como nos recuerda Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 2015 (rec.1467:2014). Una cosa es que la Administración actué como un sastre cuidadoso para ahorrar tela y otra muy distinta que se comporte como el villano de la motosierra en la película La Matanza de Texas (1974).

 

Veamos el caso zanjado por la citada Sentencia del Supremo.

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De lo financiero y tributarioProcesal

Entierro de las tasas judiciales para las personas físicas

puente con guardianes Como Santo Tomás, hasta que no lo he visto en el BOE  no he podido creerme la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas. Se trata del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Confieso que he intentado leerlo en su integridad, y casi sufro un derrame cerebral por colapso de palabrería, partiendo del Preámbulo donde se menciona a las Partidas y parece que nunca alcanzaremos “las Llegadas”.

Además de abordar la protección de deudores hipotecarios y reestructuración de su deuda, medidas vinculadas a la seguridad social y empleo y regulaciones concursales, cuestiones sobre la negociación colectiva por fin se dedica un Capítulo III : “ Medidas relativas al ámbito de la Administración de Justicia” que modifica la Ley 10/2012 reguladora de las tasas judiciales. Veamoslo de cerca. Leer Más

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Zafarrancho por el valor catastral del suelo tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014

valor inmuebles   La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014 (rec.2362/2013) pertenece a las llamadas “Sentencias racimo”, que como las bombas de idéntica denominación, se abren sembrando el desconcierto con reacción en cadena. Dicha Sentencia, fue noticia hace poco más de tres meses, y supuso una revolución en las tranquilas aguas del Catastro y el IBI.

Lo cierto es que es una sentencia impecable, razonada y laboriosa.

En primer lugar, se mueve con soltura en tres bloques normativos, el Catastral, la legislación Urbanística estatal, y la legislación urbanística autonómica.

En segundo lugar, encierra una clase didáctica sobre los valores urbanísticos y los valores de mercado, su evolución histórica, así como sus encuentros y desencuentros.

Pero sobre todo, con sencillez y sentido común, zanja una cuestión de gran calado.

Aunque la sentencia íntegra puede consultarse aquí, veamos su alcance o implicaciones. Leer Más

De lo financiero y tributario

Del viejo truco de dar una subvención para compensar un gravamen

alcalde corrupto Los tributos no le gustan a nadie, y si son tributos locales que la legislación sobre Haciendas Locales no los establece como potestativos y solo permite pequeñas bonificaciones, es posible que algún avispado candidato a Alcalde prometa compensar a los contribuyentes con subvenciones en cuantía equivalente al gasto que supone.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece el caso resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 2014 (rec.3775/2010) que confirma la sentencia de la Sala cántabra que declaró la invalidez de una Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que minoraba el recibo del IBI con el importe de la subvención otorgada al contribuyente empadronado en el municipio. O sea, si la Ley no da la exención total ni parcial, o si la bonificación legal es pequeña, pero se quiere ser demagogo con los ciudadanos pues se desempolva la máquina de subvencionar y todos tan contentos. Leer Más

De lo financiero y tributarioProcedimientos administrativos

Cuando la Administración ejecuta sin haber resuelto la suspensión solicitada

administracion imparable A veces la Administración actúa como una apisonadora. El particular sufre el acto ejecutivo y para paralizar su eficacia se apresura a solicitar de la Administración que se suspenda mientras se resuelve su recurso administrativo o judicial. Sin embargo en ese intervalo, a veces la Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando la resolución mientras se decide la medida provisional o cautelar solicitada.

Es cierto que la lógica y el derecho imponen que si alguien sufre un acto administrativo y solicita la suspensión, debería paralizarse la ejecución hasta que al menos se pronuncie el órgano administrativo o judicial sobre si procede o no la suspensión. Si el acto administrativo se ejecutase, el derecho a solicitar la suspensión quedaría en papel mojado, pues como decía Calamandrei, la medicina de la suspensión llegaría tarde, cuando el paciente ha fallecido.

Pues bien, ya me ocupé en un post anterior de la curiosa regulación y jurisprudencia en torno a la suspensión solicitada con ocasión de los recursos administrativos contemplada en el art.111 de la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ahora toca abordar la cuestión relativa a la solicitud de suspensión de acto impugnado ante el Tribunal económico-administrativo que, pese a no ser resuelta, se tropieza con una Administración que sigue imparable su marcha y dicta apremio y embargo. En este caso, el Tribunal Supremo se pronuncia de forma enérgica y aprovecha para recordar la doctrina general sobre la prohibición de la Administración de ejecutar un acto administrativo mientras pende la resolución de la medida cautelar solicitada ante el Tribunal contencioso.

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