Categoría: De lo financiero y tributario

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De lo financiero y tributario

Para Hacienda unos son más iguales que otros

sumoMe comenta un joven abogado con pesar que el año pasado se estrenó en la profesión como autónomo en un bufete en prácticas y que no tuvo ingresos, y que tiene el corazón encogido porque pese a no tener ingresos (cero patatero) tenía la obligación de hacer la declaración trimestral del IVA (“Sin actividad”).

Su dilema ahora estriba, o bien arriesgarse a no regularizar de una vez las cuatro declaraciones trimestrales y hacerlas, y exponerse a una casi segura sanción de 800 euros (200 euros de multa fija por cada declaración trimestral extemporánea al ser “pillado” por la administración); o bien hacer espontáneamente la regularización presentando cuatro declaraciones en formulario “vacío” y asumir la sanción de tan solo 400 euros (100 euros de multa por cada declaración).

Tuve que  explicarle al atribulado abogado que nuestro enloquecido sistema tributario impone formalismos y cargas absurdas. En este caso, enviar a quien nada tiene, la presentación de cuatro papeles o declaraciones al año en un impreso que se limita a decir que sin actividad no hubo ingreso, y que para mas inri, además de rectificar espontáneamente, por hacerlo fuera de plazo le asestan una multa de propina. O sea, lo de la cita de Mateo 13:12): “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”. En versión castiza es aquello de “a perro flaco todo son pulgas”.

Pero lo que ya puso al joven letrado a punto de emular a Bill Foster (Michael Douglas) en la película “Un día de furia” (1993) y echarse al monte, fue cuando le dije que acababa de ser noticia que el cantante Joaquín Sabina utiliza una estructura de sociedades pantalla para manejar una fortuna de 4,7 millones de euros (y para mas choteo usa una UTE denominada Ultramarinos y Jimecoro 2012. S.L. que manejó casi 3 millones de euros de ingresos).

Mas allá de la anécdota de la coherencia de mi admirado cantante, entre la letra de su vida financiera y la música de su progresía, lo que me resulta frustrante es el monstruo en que se ha convertido el Derecho Tributario, que al pececillo lo machaca y el barracuda rompe redes y campa libre. Pero más aún… Leer Más

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Cuando Hacienda gana el pulso al Ayuntamiento

sentencia libroUna reciente sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo confirma la sentencia desestimatoria del recurso del Ayuntamiento de Madrid frente al Ministerio de Hacienda por denegarle la autorización para formalizar una operación de crédito a largo plazo, cuestión de extraordinario interés.

De un lado, porque marca el territorio de la jurisdicción contenciosa que no se adentra en el examen de las cuestiones de legalidad contable aunque sean incumplimientos manifiestos.

De otro lado, porque enmarca las relaciones entre la autonomía local y la potestad de la administración del Estado para velar por la estabilidad presupuestaria en la vieja “tutela” (doblegando la autonomía local) y además supedita la eficacia y credibilidad del informe de la Intervención municipal al criterio ministerial.

Veamos lo que deriva literalmente de la citada Sentencia de 26 de Julio de 2016 (rec. 2427/2013). Leer Más

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Los hechos imponibles de las Ordenanzas fiscales no se suplen con informes del secretario

ordenataEn una extensa y razonada sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el pasado 19 de Julio de 2016, se aborda la interesante cuestión de la extensión del hecho imponible que genera una tasa municipal y las posibles fuentes de integración o subsanación cuando la Ordenanza fiscal se queda corta o lo da por sobreentendido.

Concretamente en esta reciente Sentencia La Sala se enfrenta decidir si se cumple el principio de legalidad y tipicidad del hecho imponible calificado de “servicios de guardería rural” a favor de las fincas rurales, y acomete una labor de indagación propia de espeleología jurídica que resultará infructuosa. Como nos recuerda la prensa :

La figura de los guardas rurales fue creada por el rey Fernando VI, que dictó una ordenanza en la que nombraba a los guardas de campo y montes, que eran los encargados de denunciar, por ejemplo, a los taladores que causaban incendios o a los ladrones de ganado. En aquel entonces, para formar parte de ese cuerpo el requisito era ser hombre de buena opinión, fama y costumbres.

Pero veamos la pesquisa del Supremo para identificar los servicios que prestan como condición para poder cobrar una tasa municipal, en esta sentencia que establecerá doctrina de validez general.

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Pobres ayuntamientos que asumen las deudas del concesionario moroso

cambio viasEl Supremo aborda en la reciente Sentencia de 27 de junio de 2016 (rec. 2833/2014) la cuestión de la responsabilidad solidaria de un Ayuntamiento junto con la empresa concesionaria del matadero a la hora de pagar por las deudas contraídas por ésta con la Seguridad Social.

El Ayuntamiento discrepa de que le fuese de aplicación el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 127.1 de la Ley General de la Seguridad Social, al entender que no actuaba como empresario principal ya que la actividad de matadero no es una de las prestaciones obligadas del artículo 26 Ley 7/1985, y que el Ayuntamiento no actuaba por lucro alguno sino sirviendo al interés general. O sea, el Ayuntamiento no entiende la razón por la que tiene que pagar los costosos platos rotos de una empresa concesionaria.

Y sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma que el ayuntamiento es responsable solidario de las deudas con la seguridad social, de manera que no hay que ser un águila para percatarnos quien tendrá que pagar las deudas de los numerosos concesionarios o contratistas en situación de insolvencia. Veamos el interesante razonamiento del Supremo. Leer Más

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Varapalo del Supremo a la pasividad del Tribunal Económico-Administrativo Central

achievement-1238472_1920Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) no sea un órgano jurisdiccional, su posición preeminente en cuanto a resolver reclamaciones económico-administrativas de entidad, le obliga a dar ejemplo y no a refugiarse en su pasividad a la hora de ejecutar sus propias resoluciones para propiciar la prescripción de los derechos del contribuyente. Ahora el Supremo sienta doctrina con potencial proyección general sobre el deber de oficio de la administración de impulsar sus actos declarativos de derechos para los ciudadanos. Leer Más

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El Supremo robustece la justificación del incremento de tasas locales con interesante doctrina administrativa

recaudar tributosEn el ámbito local se ha otorgado el valioso don de aprobar Ordenanzas fiscales, esto es, reglamentos que se adentran a fijar o elevar tasas locales, como excepción al principio de reserva de ley en materia tributaria. Como “poder para recaudar” el mismo ha de ser objeto de exquisito rigor en su uso, porque lo contrario convertiría a los entes locales en señores feudales que impondrían a los vasallos lo que les viniese en gana.

Y ello sería especialmente sangrante en tiempos en que muchos entes locales, acuciados por la sequía de ingresos, opten por incrementar las “tasas cautivas” (alcantarillado, agua, etc) como forma expeditiva de obtener ingresos constantes y rápidos.

De ahí que reviste especial interés la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Mayo de 2016 (rec.1999/2014) que no solo deja en sus justos términos el alcance de lo que debe ser una Memoria económica que merezca tal nombre, sino que se adentra en dos cuestiones de interés general en Derecho administrativo. Por un lado, precisa cuando arranca el plazo para impugnar respecto de actos que contemplen la publicación oficial adicional. Por otro lado, explica la singularidad del ámbito fiscal local en que la declaración de nulidad de pleno derecho de una Ordenanza fiscal puede comportar si la sentencia lo considera, incluso la revisión de los actos firmes y consentidos dictados a su amparo, debiendo adecuarlos la administración condenada.

Veamos los términos de tan interesante sentencia. Leer Más

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El error impune de una administración cuando perjudica a otra

portazoEn ocasiones las administraciones al ejercer de forma errada sus competencias de reglamentación o decisión, ocasionan perjuicio económico a otra administración. Se trata normalmente de la administración estatal o autonómica que dispara un tiro en el pie… de una administración local o institucional. ¿Debe soportarlo o puede reclamar indemnización por su torpeza?.

Una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 2016 (rec. 3033/2014) aborda una cuestión poco usual, pero de importancia creciente: la responsabilidad patrimonial entre Administraciones públicas. No todo es colaboración y acierto entre administraciones públicas ya que a veces una se equivoca en su actuación o al ejercer sus competencias y perjudica a otra. Es un clásico aquello de “el que rompe paga” pero parece que para el Supremo “la administración que rompe algo a otra, esta lo soporta”.

El caso planteado es sumamente interesante para el ámbito local y tributario ya que se trata de un ente local que ejerce una acción de responsabilidad patrimonial frente a la Administración del Estado por haberle perjudicado en la recaudación tributaria al haberse anulado los valores catastrales que fijó ésta. Leer Más

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La suspensión cautelar de los tributos impugnados al desnudo

 

recaudarHay artículos jurídicos valientes y rigurosos que están llamados a “marcar tendencia” en términos de moda, y a reorientar líneas jurisprudenciales que afectan a numerosos ciudadanos.

 

Me refiero al trabajo del abogado tributarista Javier Gómez Taboada, titulado “El envés de las obligaciones conexas: ¿victoria del orden o derrota de la justicia?” (Instituto de Estudios Fiscales, nº 19/2005)

 

Nada menos que se adentra el autor en el mundo de la suspensión cautelar de los actos tributarios, que tras la modificación parcial operada de la Ley General Tributaria por Ley 34/2015 califica con razonamiento consistente, de “ámbito de impunidad”, “panorama desolador”, con una Administración con “voracidad recaudatoria” y una jurisprudencia “voluble”.

 

No es extraño el interés de este trabajo en un ámbito, el de las medidas cautelares tributarias, donde podría decirse aquello de Dante al descender a los infiernos: “Oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza”. Pero asomémonos a su interior. Leer Más

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Cuando maliciosamente la administración no paga

creditosTodos sabemos que las Administraciones públicas, so pretexto de la crisis económica “se han apretado el cinturón” y recortado gastos de personal, contratación, sociales y urbanísticos. El mandato de recortes se ha extendido jerárquicamente desde los órganos superiores hacia los inferiores, de manera que allí donde pudiera ahorrarse o recortarse, éstos han extremado el celo. Sin embargo, no vale todo como nos recuerda Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 2015 (rec.1467:2014). Una cosa es que la Administración actué como un sastre cuidadoso para ahorrar tela y otra muy distinta que se comporte como el villano de la motosierra en la película La Matanza de Texas (1974).

 

Veamos el caso zanjado por la citada Sentencia del Supremo.

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Entierro de las tasas judiciales para las personas físicas

puente con guardianes Como Santo Tomás, hasta que no lo he visto en el BOE  no he podido creerme la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas. Se trata del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Confieso que he intentado leerlo en su integridad, y casi sufro un derrame cerebral por colapso de palabrería, partiendo del Preámbulo donde se menciona a las Partidas y parece que nunca alcanzaremos “las Llegadas”.

Además de abordar la protección de deudores hipotecarios y reestructuración de su deuda, medidas vinculadas a la seguridad social y empleo y regulaciones concursales, cuestiones sobre la negociación colectiva por fin se dedica un Capítulo III : “ Medidas relativas al ámbito de la Administración de Justicia” que modifica la Ley 10/2012 reguladora de las tasas judiciales. Veamoslo de cerca. Leer Más