Categoría: De lo financiero y tributario

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Sentencia del Constitucional: no valía el cálculo de la plusvalía

curiosidadAntes o después, todos somos contribuyentes del impuesto de plusvalías, esto es, obligados a pagar con ocasión de la transmisión de un terreno urbano (compraventa, donación, permuta o herencia) o constitución de derecho real de disfrute (ej. usufructo), pues se pretende que si hay beneficio, se contribuya más a las arcas municipales.

Sin embargo, el optimista legislador no contaba con las caídas de valor derivadas de la crisis inmobiliaria que llevan a que el precio de venta frecuentemente sea inferior al de adquisición en el pasado, y así y todo, verse obligado a pagar.

Por eso resulta del máximo interés la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017 que ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE.

La trascendencia de dicha sentencia es enorme puesto que afecta a la sustancia del impuesto de plusvalías cuya regulación se contempla en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales y que ha sido objeto de varias cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolución ( de hecho, la regulación de los arts. 1 y 4 de la Norma Foral, se corresponde con la de los arts. 104 y 107 de la LHL de 2004, aunque el Constitucional afirma que “Debe excluirse, por tanto, cualquier análisis de constitucionalidad de los arts. 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por no ser aplicables al proceso a quo “).

Veamos lo resuelto e implicaciones. Leer Más

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Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar

abogadosTuve la fortuna de conocer el pasado martes a buena parte de los miembros de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), quienes no solo demostraron la seriedad con que afrontan su labor de gestionar, interpretar y luchar por la justicia tributaria, sino que manifestaron su preocupación por los derroteros del Derecho tributario, y que a mi personal juicio, cada vez es más “Tributario” y menos “ Derecho”.

Pues bien, a la hora del cordialísimo almuerzo, de forma distendida afloraron algunas cuestiones, con la franqueza del relajo amistoso y bajo la atenuante de ser dicho en los postres (in vino, veritas), en relación a la situación del derecho tributario y la posición de la Agencia Tributaria, poniendo sobre la mesa algunas valiosas ideas de diagnóstico y recetas, que expondré telegráficamente porque creo sinceramente que quizá son un aldabonazo a las puerta de la razón y la justicia.

En efecto, a título personal, creo que ya toca la hora de replantearse pisar el freno y dar marcha atrás en una administración tributaria voraz, con leyes y reglamentos hechos a su medida y con una derogación práctica de las garantías propias de un Estado de Derecho.

Así, no es una exageración afirmar que la seguridad jurídica tributaria es una broma; que la administración tributaria goza de armadura y boleadoras con “licencia para recaudar”; que cuenta con el regalo de unas potestades exorbitantes para exigir tributos y un régimen jurídico que constituye lo que los físicos llaman una “singularidad” (un punto teórico con volumen cero y densidad infinita donde no operan las reglas de la física).

O sea, que la administración tributaria va camino de convertirse en lo que los astrónomos llaman un “agujero negro” (una concentración de masa o poder tan irresistible que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella).

Pero mas allá de este desahogo expresivo, me gustaría exponer alguna de esas ideas que me dejaron huella en dicha reunión y que demuestran que la administración tributaria va camino del Poder absoluto con siete potestades desorbitadas. Veámoslas. Leer Más

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Limitación de pagos en metálico a 1000 euros: todos sospechosos

musicoLa limitación del pago en metálico a 1000 euros, dando otra vuelta de tuerca a la baja del límite de 2500 euros operativa desde finales de 2012, es la crónica de otro asalto a las libertades por parte de Hacienda.

No todo vale en nombre de la recaudación. El fraude de unos pocos no sirve para poner bajo sospecha a todos. Un amable lector del blog lo resume espléndidamente: 

La medida supone, como mínimo, un incremento del control de la sociedad hasta límites inadmisibles, un estrechamiento de nuestra libertad e intimidad hasta casi provocar su asfixia y un favorecimiento descarado hacia los bancos (como nuevo e injustificado premio por su responsabilidad en la actual crisis). Resultándome completamente inexplicable (y causándome escalofríos) la existencia de tanto silencio ante tamaño disparate. Acatar dócilmente que se nos imponga (con la excusa de que existe gente que defrauda) cómo tenemos que pagar con nuestro dinero, significa aceptar sin más nuestra condición de “sospechosos” y asumir que nuestra intimidad y libertad quedan reducidas a cenizas. ¿No es esto muy parecido a al sistema de delación existente en la “muy democrática” Alemania Oriental que reflejaba la maravillosa película “La vida de los otros” (Florian Henckel, 2006)?

Lo cierto es que esa medida, que como las malas noticias burocráticas será servida en alevoso Decreto Ley tras las fiestas navideñas, despierta interrogantes preocupantes. Leer Más

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Declaración de Toledo 2016 sobre Auditoría Pública

mirada-cuentasEl VII Congreso Nacional de Auditoría en el sector público, celebrado en Toledo los días 16 a 18 de Noviembre de 2016, organizado por FIASEP, (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público), bajo el impulso de su Presidente, Miguel Ángel Cabezas, y con la preciada colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, estuvo a la altura de las expectativas de tan prestigioso acontecimiento, y congregó a numerosos juristas, interventores, auditores, técnicos y relevantes cargos públicos con responsabilidades en control de cuentas del sector público, cuya participación activa culminó en la adopción de la pionera Declaración solemne de Principios y criterios de auditoría pública (Toledo, 2016).

Un hito memorable en el sendero de la transparencia y el control de las cuentas públicas, que se alzará en necesaria referencia en la labor de cuantos intervienen en la fiscalización y auditoría o la supervisión de las cuentas públicas.

Al fin y al cabo, en esa Declaración cristalizan el fruto de la experiencia y las ansias de compromiso del poder público con el rigor del control de cuentas, para estar a la altura de la buena administración que la ciudadanía demanda y merece: transparente, legal, eficiente y responsable.

A continuación se ofrece en texto literal y se adjunta enlace para libre descarga.

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El Supremo afina la prejudicialidad penal en el ámbito tributario

taxNo es infrecuente cuando de entramados de fraude fiscal empresarial se trata, que existan actuaciones paralelas por parte de la administración para liquidar y sancionar por conceptos tributarios, así como por la justicia penal por posible delito de falsedad, maquinación o defraudación.

El principio general es que si conoce el juez penal de los mismos hechos que amparan las actuaciones administrativas, éste procedimiento debe paralizarse. Y si se declaran hechos probados en la vía penal, vincularán a la administración, y si la vía penal desemboca en archivo o no declara probados hechos tributarios pues la administración proseguirá su andadura.

Ahora bien, ahora el Supremo estima un recurso de unificación de doctrina ( ¡ albricias!) al encontrarse con que sobre este instituto seguían ruta diferente la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para la Audiencia Nacional, si se analizan los mismos hechos en la vía penal, la suspensión es automática e incondicionada. Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión solo opera si las actuaciones administrativas comportan una cuantía superior a la que se establece como umbral para el arranque de la responsabilidad penal, en la idea de que si las liquidaciones fueran por cifras inferiores o nimiedades, ninguna influencia tendría lo que se resolviese en vía penal.

Veamos la solución. Leer Más

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Para Hacienda unos son más iguales que otros

sumoMe comenta un joven abogado con pesar que el año pasado se estrenó en la profesión como autónomo en un bufete en prácticas y que no tuvo ingresos, y que tiene el corazón encogido porque pese a no tener ingresos (cero patatero) tenía la obligación de hacer la declaración trimestral del IVA (“Sin actividad”).

Su dilema ahora estriba, o bien arriesgarse a no regularizar de una vez las cuatro declaraciones trimestrales y hacerlas, y exponerse a una casi segura sanción de 800 euros (200 euros de multa fija por cada declaración trimestral extemporánea al ser “pillado” por la administración); o bien hacer espontáneamente la regularización presentando cuatro declaraciones en formulario “vacío” y asumir la sanción de tan solo 400 euros (100 euros de multa por cada declaración).

Tuve que  explicarle al atribulado abogado que nuestro enloquecido sistema tributario impone formalismos y cargas absurdas. En este caso, enviar a quien nada tiene, la presentación de cuatro papeles o declaraciones al año en un impreso que se limita a decir que sin actividad no hubo ingreso, y que para mas inri, además de rectificar espontáneamente, por hacerlo fuera de plazo le asestan una multa de propina. O sea, lo de la cita de Mateo 13:12): “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”. En versión castiza es aquello de “a perro flaco todo son pulgas”.

Pero lo que ya puso al joven letrado a punto de emular a Bill Foster (Michael Douglas) en la película “Un día de furia” (1993) y echarse al monte, fue cuando le dije que acababa de ser noticia que el cantante Joaquín Sabina utiliza una estructura de sociedades pantalla para manejar una fortuna de 4,7 millones de euros (y para mas choteo usa una UTE denominada Ultramarinos y Jimecoro 2012. S.L. que manejó casi 3 millones de euros de ingresos).

Mas allá de la anécdota de la coherencia de mi admirado cantante, entre la letra de su vida financiera y la música de su progresía, lo que me resulta frustrante es el monstruo en que se ha convertido el Derecho Tributario, que al pececillo lo machaca y el barracuda rompe redes y campa libre. Pero más aún… Leer Más

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Cuando Hacienda gana el pulso al Ayuntamiento

sentencia libroUna reciente sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo confirma la sentencia desestimatoria del recurso del Ayuntamiento de Madrid frente al Ministerio de Hacienda por denegarle la autorización para formalizar una operación de crédito a largo plazo, cuestión de extraordinario interés.

De un lado, porque marca el territorio de la jurisdicción contenciosa que no se adentra en el examen de las cuestiones de legalidad contable aunque sean incumplimientos manifiestos.

De otro lado, porque enmarca las relaciones entre la autonomía local y la potestad de la administración del Estado para velar por la estabilidad presupuestaria en la vieja “tutela” (doblegando la autonomía local) y además supedita la eficacia y credibilidad del informe de la Intervención municipal al criterio ministerial.

Veamos lo que deriva literalmente de la citada Sentencia de 26 de Julio de 2016 (rec. 2427/2013). Leer Más

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Los hechos imponibles de las Ordenanzas fiscales no se suplen con informes del secretario

ordenataEn una extensa y razonada sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el pasado 19 de Julio de 2016, se aborda la interesante cuestión de la extensión del hecho imponible que genera una tasa municipal y las posibles fuentes de integración o subsanación cuando la Ordenanza fiscal se queda corta o lo da por sobreentendido.

Concretamente en esta reciente Sentencia La Sala se enfrenta decidir si se cumple el principio de legalidad y tipicidad del hecho imponible calificado de “servicios de guardería rural” a favor de las fincas rurales, y acomete una labor de indagación propia de espeleología jurídica que resultará infructuosa. Como nos recuerda la prensa :

La figura de los guardas rurales fue creada por el rey Fernando VI, que dictó una ordenanza en la que nombraba a los guardas de campo y montes, que eran los encargados de denunciar, por ejemplo, a los taladores que causaban incendios o a los ladrones de ganado. En aquel entonces, para formar parte de ese cuerpo el requisito era ser hombre de buena opinión, fama y costumbres.

Pero veamos la pesquisa del Supremo para identificar los servicios que prestan como condición para poder cobrar una tasa municipal, en esta sentencia que establecerá doctrina de validez general.

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Pobres ayuntamientos que asumen las deudas del concesionario moroso

cambio viasEl Supremo aborda en la reciente Sentencia de 27 de junio de 2016 (rec. 2833/2014) la cuestión de la responsabilidad solidaria de un Ayuntamiento junto con la empresa concesionaria del matadero a la hora de pagar por las deudas contraídas por ésta con la Seguridad Social.

El Ayuntamiento discrepa de que le fuese de aplicación el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 127.1 de la Ley General de la Seguridad Social, al entender que no actuaba como empresario principal ya que la actividad de matadero no es una de las prestaciones obligadas del artículo 26 Ley 7/1985, y que el Ayuntamiento no actuaba por lucro alguno sino sirviendo al interés general. O sea, el Ayuntamiento no entiende la razón por la que tiene que pagar los costosos platos rotos de una empresa concesionaria.

Y sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma que el ayuntamiento es responsable solidario de las deudas con la seguridad social, de manera que no hay que ser un águila para percatarnos quien tendrá que pagar las deudas de los numerosos concesionarios o contratistas en situación de insolvencia. Veamos el interesante razonamiento del Supremo. Leer Más

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Varapalo del Supremo a la pasividad del Tribunal Económico-Administrativo Central

achievement-1238472_1920Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) no sea un órgano jurisdiccional, su posición preeminente en cuanto a resolver reclamaciones económico-administrativas de entidad, le obliga a dar ejemplo y no a refugiarse en su pasividad a la hora de ejecutar sus propias resoluciones para propiciar la prescripción de los derechos del contribuyente. Ahora el Supremo sienta doctrina con potencial proyección general sobre el deber de oficio de la administración de impulsar sus actos declarativos de derechos para los ciudadanos. Leer Más