Categoría: Truenos legales

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Supervivientes de la avalancha legislativa

abusos en la ejecuciónAnte el incesante goteo de modificaciones legales, leyes de nuevo cuño y reglamentos a discreción, me preguntaba si tras superar varios temarios de oposiciones a cuerpos superiores me quedaba algún conocimiento memorizado útil tras el naufragio.

Para los que superamos el umbral de las oposiciones o se incorporaron al ejercicio de la abogacía en el pasado siglo (¿cómo suena, eh?), no queda ni el procedimiento administrativo (Ley 39/2015) ni la organización administrativa básica (Ley 40/2015), ni los contratos (R.D.L.3/2011), ni la responsabilidad patrimonial (Ley 40/2015), ni el jurisdiccional (L.O. 19/2003, Ley 37/2011 y LO 7/2015), ni el régimen tributario (ley 58/2003), ni las haciendas locales (R.D.L. 2/2004), ni las Universidades (LO 6/2001), ni la seguridad ciudadana (LO 4/2015), ni el régimen general de subvenciones (Ley 38/2003), ni la defensa de la competencia (Ley 15/2007), protección de consumidores y usuarios (R.D.L.1/2007), ni los dominios públicos especiales (Montes, Ley 43/2003, modificada por Ley 21/2015; Puertos, R.D.L.2/2011; Carreteras, Ley 37/2015; ni por supuesto la Administración electrónica que no existía ni se esperaba, ni el Estatuto de Empleados públicos (EBEP 2007), etc.

Suspiremos y luego respiremos lentamente, porque algo queda.

Veamos lo que nos queda tras la avalancha si removemos el lodo para rescatar algo. ¿Sobrevivirán las leyes?, ¿ Sobrevivirán los juristas?.
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¡Más madera! : La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

Ley RegimenTras comentar en un reciente post las novedades de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común (PACA) le llega el turno a Ley 40/2015  de Régimen Jurídico del Sector Público, (LEREJUS).

 

El legislador ha repartido su labor entre la dimensión estática de la Administración (como es, Régimen jurídico, aunque mas coherente sería calificarlo de Régimen orgánico) y la dimensión dinámica (como actúa, Procedimiento Administrativo), pero se ha encontrado materias “entre Pinto y Valdemoro” así que ha optado por colocar en las estanterías de la Ley sobre asuntos organizativos – LEREJUS- cuestiones totalmente sustantivas como son los Principios de la Potestad Sancionadora y los Principios de la Responsabilidad Administrativa. Al final, los operadores jurídicos siguiendo el principio de que “lo que el legislador ha separado teóricamente, lo unirá la práctica administrativa”, posiblemente utilicemos manuales o libretos con ambas leyes encuadernadas, por aquello de no separar hermanitos de sangre.

 

Veamos lo que nos depara esta Ley 40/2015, de 1 de Octubre.

 

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El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de Procedimiento y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico

Por fin el BOE nos trae la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, y simultáneamente, la flamante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, como dos hermanitas siamesas unidas por el boletín oficial pero llamadas a tener vida autónoma. Ambas leyes cargadas de presentes variados: Trabajo para juristas; quebradero para autoridades; zozobra de gestores de fondos; material para predicar en foros; monigote para críticas de los detractores de la Ley; panacea de todos los males burocráticos para sus creadores; nueva venta de trilero de la Administración sin papeles; fuente de publicaciones o comentarios doctrinales; territorio para desbrozar en su interpretación por sentencias, etc, etc.

 

procedimiento administrativo

En su momento comenté el Anteproyecto de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pero dado que sufrió sensibles modificaciones en el Congreso (en el Senado pasó impoluto), pues me parece oportuno ofreceros ahora un comentario de urgencia de la nueva Ley 39/2015 partiendo de aquél comentario, pero ajustado a la Ley publicada en el BOE (más adelante analizaré también a su hermana, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico, y eso sí, siguiendo la misión de la academia que “actualiza, limpia, fija y da esplendor”. Se trata de un comentario de urgencia pero servirá para ser conscientes de lo que se avecina aunque disponemos de un año para ponernos al día, los juristas, las autoridades y los legisladores (porque tampoco será extraño que prorroguen la entrada en vigor o la “modifiquen” antes de su vigencia).

 

En fin, espero que os sea útil. Partiré de mi impresión de que el legislador ha seguido la actividad de un jugador de naipes, porque diríase que se ha entretenido en barajar, cortar y repartir.

 

Veámoslo en gruesas pinceladas que faciliten a los lectores la aproximación al significado de la ya flamante Ley, sin tener que digerírselo por completo (133 artículos, 5 adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 7 finales).

 

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Un año para conocer al Loco, la Paca y el Geta

 

 

vigencia leyesTres nuevas chicas en la oficina, son leyes cruciales y son divinas. La Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo ha sido modificada por la Disposición Final Tercera de la reciente Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y rediseñado el recurso de casación ( LOCO: Lo contencioso-administrativo). La Ley General Tributaria ha sido modificada sustancialmente por la reciente Ley 34/2015, de 21 de septiembre. ( LA GETA, La Ley General Tributaria). Y la novísima Ley de Procedimiento Administrativo Común (La PACA, la Ley de Procedimiento Administrativo Común) será alumbrada en breves días en el BOE. Veamos la primera impresión ante este pelotón de fusilamiento que recuerda la película de Sergio Leone ( “El bueno, el feo y el malo”). El bueno de la pelicula será el procedimiento administrativo; muy feo será el régimen de la casación contenciosa; y lo tributario será con toda razón el malo de la película. Leer Más

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Publicada la Ley de Transparencia

Consejo de Transparencia La  publicación en el BOE de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno es una buena noticia para el Estado Social y Democrático de Derecho, pero me siento como cuando en la infancia le pedía a los Reyes Magos un scalextric y me traían un vaquero de plástico descolorido con piernas arqueadas y sin caballo, que podía sacarle partido y disfrutarlo con mucha imaginación pese a que no resistía la comparación con los juguetes de otros.

   Aunque puede verse la botella medio llena, no puede evitarse la lectura de tan pomposa Ley sin percatarse de que resulta mareante, penosa, triste, invisible y sangrante.

Sobre los políticosTruenos legales

De la frágil transparencia del Anteproyecto de Ley de Transparencia


El Anteproyecto de Ley de Transparencia ha visto la luz en la simbólica fecha de arranque de la primavera del año 2012. Habrá que esperar a que ultime el recorrido parlamentario para comprobar si hay mas ruido que nueces o mas nueces que ruido. Lo cierto es que en principio, tiene pretensiones de convertirse en una Ley de Punto Final de la Frivolidad Administrativa, con una doble vía de ataque. Por un lado, regula la Transparencia administrativa y por otro lado, regula el Buen Gobierno. La primera parte pretende quitar todos los velos de opacidad, secretismo y reserva política, y la segunda parte, pretende colocar el manto de la dignidad y honradez a los gobernantes. Curiosamente, ambas facetas están íntimamente conexas: si hay gobernantes “buenos” no importará la transparencia, y si no hay “transparencia” no importará ser buen gobernante. No deja de sorprender que nuestra democracia casi cuarentona empiece a tomar tan elementales medidas. Sin embargo, mas vale tarde que nunca.

Me ocuparé ahora del Anteproyecto en su vertiente de “Transparencia”, y señalaré que tal y como viene el articulado, por deformación profesional, puedo aventurar un semillero de problemas judicializados.

 

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De lo financiero y tributarioTruenos legales

El nuevo Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el recurso administrativo especial

Por fin, el BOE ha alumbrado el nuevo Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre). Se trata del uso que ha hecho el Gobierno de la autorización que le brindó la Ley 2/2011 de Economía Sostenible para ordenar e integrar la desordenada “biblioteca” de la normativa sobre contratos. No deja de tener su gracia que una Ley de Contratos aprobada en tiempos en que la crisis económica ni estaba ni se la esperaba (2007) se presente ahora maquillada en plena turbulencia económica, con contratistas que no tienen solvencia ni posibilidad de contar con avales, con Administraciones que no tienen crédito para contratar, con liquidaciones aprobadas con intereses galopantes y en definitiva, con normas que están inspiradas en la vieja idea de que mejor son las cadenas de las garantías que la confianza en la agilidad contractual. En suma, estamos ante un traje nuevo de cachemira para un temporal sin paraguas.
Y si hay crisis, pues aumentará la litigiosidad, ya que al no haber contratos para todos, los políticos corruptos intentarán favorecer a los suyos y los contratistas intentarán impugnar los chanchullos. Bajo esta perspectiva litigiosa merece la pena aludir al diseño del recurso especial de contratación completando lo ya dicho en un anterior post, a la luz del desarrollo especificado en el Texto Refundido.

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Truenos legales

La reforma de la Constitución española: ¿parto de los montes o farol político?


La célebre fábula de Esopo que arranca del ruido atronador procedente de una montaña, que vibraba con signos de parto, y de cuyo interior se asomó finalmente un ratoncillo, me recuerda el trajín político, jurídico y periodístico en torno a la inminente reforma del art.135 de la Constitución sustancialmente limitada a consignar el principio de estabilidad presupuestaria y a remitirse a una Ley Orgánica que fije los límites del déficit. Veamos las razones del sano escepticismo de Sevach. Leer Más

ProcesalTruenos legales

Reglamento sobre reutilización de sentencias: ¡ Pasen al Peep Show !

¡¡ Miss Sentencia ¡¡

El BOE de 22/11/10 publica el Reglamento 3/2010 aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial que regula la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, y que por fin da respuesta a la situación de alegalidad en que se movía el tráfico y divulgación de sentencias en un mundo donde la información es poder. Se acomete así la adaptación al ámbito judicial, de las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Así, el citado Reglamento, tramitado con publicidad y grandes dosis de tecnicismos, ha de ser saludado positivamente aunque algunas reflexiones suscita en una primera lectura. Leer Más

Procedimientos administrativosTruenos legales

Del recurso contractual introducido por Ley 34/2010: hacia el infinito y más allá

La lectura del BOE en el mes de Agosto sacude de la modorra veraniega al ofrecernos una importante modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Sevach, no es motivo de sorpresa la modificación de una Ley de Contratos que está llamada como la tela de Penélope a ser tejida y destejida incesantemente, ni tampoco que tal modificación obedezca a imperativos de las Directivas de la Unión Europea, sino que asistimos al parto de una nueva criatura en el universo de los recursos administrativos. Así, nuestro Derecho Administrativo mediante el embudo de la vieja Ley 30/1992 pretendió simplificar los recursos administrativos, básicamente centrándolos en el recurso de reposición y el recurso de alzada ( junto al extraordinario de revisión) y mantener como recurso especial de cuño económico, las veteranas reclamaciones económico-administrativas.

Ahora se crea un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación que viene de la mano de la  Ley 34/2010 de 5 de Agosto (BOE de 9 de Agosto), de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. Tal reforma (anticipada por Antonio Arias en un post anterior) se debe a la publicación de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, la cual modifica la normativa comunitaria reguladora de los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Intentaremos examinar un Recurso Contractual que presenta perfiles propios que hacen difícil pronosticar el acierto de la figura. Leer Más