El régimen de imposición de costas en lo contencioso-administrativo básicamente gira sobre la idea de aplicarlas al vencido (¡Vae victis!). Eso sí, se exceptúa cuando existen serias dudas de hecho o de derecho, esto es, cuando embarcarse en el recurso resultaba algo razonable ante un escenario de objetiva incertidumbre, cuya apreciación (dejémoslo claro) no corresponde a la parte sino al juez al dictar la sentencia. E igualmente recordaremos que la regla es la imposición de las costas, lo que supone que la carga de motivación recaerá sobre el juez cuando quiera exonerar de imponerlas.
Pues bien, se ha fijado recientísima doctrina casacional para salir al paso del supuesto de estimación del recurso de apelación, esto es, cuando la sala revoca la sentencia del juez de instancia. En este caso, es evidente que el caso era peliagudo o sostenible, pues el juzgado fijó un criterio por sentencia que ha sido corregido en apelación. Es al poner esta sentencia estimando íntegramente la demanda, el momento en que la sala no tiene margen de decisión sobre las costas, pues NO puede imponerlas a la parte recurrida o apelada (¿Qué culpa tiene de que haya apelado la parte, si además se ha esfumado su victoria inicial?). En esta idea, la reciente sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2026 (rec. 3990/2025) parte de la literalidad del art. 139.2 LJCA que establece: «En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición».
A continuación razona cabalmente:
Como con claridad se desprende de su literalidad, el precepto sólo contempla la imposición de las costas al recurrente en el caso que indica, cuando se desestima totalmente su recurso, y es evidente que el apelado que se opone a la apelación no formula recurso alguno por lo que no tiene cabida su condena en costas.
El precepto proclama el principio objetivo del vencimiento, pero limitado al recurrente por ser el único que ejercita la pretensión impugnatoria ya que quien formula oposición al recurso no formula pretensión impugnatoria alguna, se limita a defenderse de la ejercitada de contrario. En el recurso de apelación, como es el caso de autos, el objeto de la pretensión impugnatoria es la sentencia -o auto- recurrida o, más precisamente, el fallo de la misma, y esta pretensión sólo se ejercita por quien interpone el recurso, bien directamente, bien mediante la adhesión a la apelación formulada en el escrito de oposición por el recurrido ( art. 85.4 LJCA ), pero el mero ejercicio de la facultad de oponerse a la apelación no supone el ejercicio de pretensión impugnatoria alguna.
Eso sí, distinta sería la situación si además de oponerse se ejercitase la adhesión a la apelación, ejerciendo una pretensión impugnatoria autónoma:
La formulación por el recurrido de una pretensión impugnatoria, que conlleva la petición de revocación y sustitución del auto o sentencia apelada por otra más favorable, sólo tiene cabida en el recurso de apelación a través de la adhesión de la apelación, en la que, quien la formula, no sólo se opone al recurso de apelación, sino que, a su vez, impugna la sentencia ya apelada, pidiendo su revocación y su sustitución por otra que le sea más favorable. La adhesión a la apelación es la única forma de que el apelado, recurrido, pase a tener también la condición de apelante, de recurrente, sin que la mera oposición a la apelación pueda conllevar, ni formal ni materialmente, la conversión en apelante del apelado.
Y así alcanza la conclusión de:
El art. 139.2 LJCA , a diferencia de lo que ocurre con las costas en la primera instancia, a las que se alude en su párrafo primero, no se refiere a la imposición de costas «a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones» -como pudiera ser, en la segunda instancia, la impugnatoria o la de oposición a la apelación-, sino que se refiere exclusivamente a su imposición «al recurrente si se desestima totalmente el recurso», supuesto en el que no tiene cabida el recurrido que se ha limitado a formular oposición al recurso de apelación, sin adherirse a la misma y, por tanto, sin que haya formulado recurso alguno ni adquirido la condición de recurrente.
Ésta es, por lo demás, la interpretación que de forma pacífica se sigue en nuestros tribunales cuando actúan en segunda instancia, como lo demuestra la abundante cita que se contiene al respecto en el escrito de interposición.
Por tanto fija la siguiente doctrina casacional:
al amparo del art. 139.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en los supuestos de estimación íntegra del recurso de apelación no es posible imponer las costas procesales a la parte recurrida.
Por tanto debe tomarse buena nota de esta sentencia para valorar la estrategia o decisión, por el apelante, de apelar (sabiendo que la eventual estimación íntegra no llevará aparejada la condena en costas) y por el apelado la decisión de limitarse a oponerse (resistencia) o ir más allá y de adherirse a la apelación (o añadir pretensión autónoma), ya que solo en este último caso podría resarcirse con la condena en costas.


Hubo en Murcia un magistrado suplente catedratico de civil que al apelado le imponia las costas innovando el regimen legal. Ponerlas al apelado que se limita a defender la sentencia es como ponerselas al juez.
Muy interesante; una aportación de indudable valor para conservar a buen recaudo y en lugar privilegiado.
Otra cuestión interesante es que el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) debería matizar la figura del codemandado en los procesos selectivos, ya que, bajo mi modesta opinión, coacciona y disuade a los opositores a la hora de acudir a los tribunales a hacer valer sus reclamaciones por temor a una eventual condena en costas.
Es de gran interés el comentario. Entiendo que el Tribunal Supremo se refiere a las costas de la apelación, no a las de la instancia. A mi juicio cabe que una sentencia íntegramente estimatoria de una apelación imponga las costas (de la instancia) a la parte apelada, en tanto que estima el recurso contencioso-administrativo.
Entiendo que no…que el asunto ofrecía seria dudas e hecho o de derecho no parece discutible en tanto que en la instancia se dio la razón al apelado