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Procedimientos administrativos

El Supremo rechaza que la administración se beneficie de su falta de diligencia

relojEs sabido que la fecha del Registro de salida del propio órgano no sirve para acreditar la fecha de presentación de unas alegaciones o recursos ante otro órgano distinto. La fecha a considerar será la de entrada en el registro general de este último u otro de los registros idóneos pero ajenos a  los del remitente.

Pues bien, si hace poco comentábamos que el Supremo encarecía las garantías de las notificaciones electrónicas a cargo de la administración ahora da otra vuelta de tuerca y ratifica que la fecha de salida de la propia administración es irrelevante.

En suma, como dice lapidariamente la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2016 (rec.2880/2015), la “ tardanza o falta de diligencia de la Administración, en modo alguno puede suponer una ventaja para ella”. Y sienta una doctrina que demuestra que las reglas de formas y plazos juegan para todos y que no hay espacio para privilegio de la administración. Veamos. Leer Más

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Sobre los abogados

El consuelo del jurista desencantado

llorosAyer me tropecé con un amigo abogado en la calle. Cabizbajo y con gesto serio. Le pregunté cómo le iba y me confesó que a sus cincuenta años estaba a punto de arrojar la toalla de la profesión. Que acababan de inadmitirle un recurso de casación ante el Supremo, que la Sala le había desestimado la sentencia original sin haberle aceptado las pruebas y además él estaba convencido, no solo de tener razón de fondo, sino que el cliente estaba enfadado con él y se negaba a pagarle. Por si fuera poco, el cliente era pariente próximo y mi amigo se veía con la reputación hundida.

Para más inri, llevaba una racha de varapalos judiciales de corte similar, y los pagos fijos del bufete le ahogaban.

Intenté consolarle con los viejos tópicos. Que…. Leer Más

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Procedimientos administrativos

El Supremo advierte: Las notificaciones electrónicas no admiten rebaja en las garantías

carterosUna reciente sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo está llamada a ser la piedra de toque para verificar la idoneidad de las notificaciones electrónicas.

Hemos de recordar que en el ámbito tributario es práctica consolidada la de las notificaciones electrónicas, especialmente a través de las “direcciones electrónicas habilitadas”, medio que ha recibido impulso y generalización tras la entrada en vigor parcialmente tras la Ley 39/2015, de 2 de Octubre, de Procedimiento administrativo Común, de manera que las notificaciones electrónicas han venido para quedarse.

Por eso resulta de suma importancia esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 2016 (rec. 2841/2015) que deja claro que lo electrónico no supone un recorte de los derechos a la notificación exacta, completa y legal, y lo hace apoyándose en el principio de defensa que no admite relajo so pretexto de lo electrónico. Pasen y vean… Leer Más

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Procedimientos administrativos

La pena de taburete : Suspensión del procedimiento sancionador por actuaciones penales

captura-de-pantalla-2016-11-24-a-las-9-55-03Suele denominarse “pena de banquillo” al castigo anticipado en cuanto a imagen y zozobra que supone para el investigado penalmente el tener que sufrir la pendencia y duración del procedimiento de instrucción.

Dado que las actuaciones penales se prolongan excesivamente en el tiempo y la opinión pública no aplica la presunción de inocencia, la sombra de la duda se convierte en un nubarrón en el investigado. O sea, se dice que mientras está en el banquillo sufre una pena adicional, y aunque posteriormente se archive, la mancha difícilmente se borra.

Pues bien, existe un supuesto paralelo en la órbita administrativa, y que calificaría gráficamente de “pena de taburete” y que se referiría al gravamen que sufre el expedientado en vía administrativa, no ya cuando sufre la prolongación de las actuaciones del expediente sancionador ( debidas al juego de garantías y prueba) sino cuando el procedimiento administrativo sancionador queda en el limbo al disponer el instructor que se suspende hasta que se zanjen las cuestiones penales. Y es que las “manchas administrativas” también importan ( pensemos, por ejemplo, en el funcionario bajo la espada de Damocles esperando que la vía penal examine su asunto, lo archive y entonces prosiga la vía administrativa, o la empresa que se ve apartada de subvenciones o contratos como efecto reflejo de la pendencia de su expediente).

El problema no viene dado por la suspensión del procedimiento administrativo y su remisión a la vía penal en casos de indicios sólidos de esta última, sino por los potenciales errores o ligereza del instructor que desvía y aparca el expediente con esta cómoda referencia a la posible relevancia penal de los hechos. Veamos. Leer Más

Bruckner Symphony No. 7
Videos didácticos

Hablando claro de los directivos públicos y altos cargos de la administración

Se ha escrito mucho sobre dirección y gerencia pública. Se han vertido infinidad de teorías, modelos y consejos. Lo cierto es que el eterno reto del estatuto del directivo público sigue sin cumplirse, ni está ni se le espera. De hecho se limita a la regulación de control ofrecida por la Ley Pompeya 3/2015, sobre altos cargos del Estado.

Las razones de esta “huida de una regulación específica” de carrera profesional, poderes y límites, son múltiples, pero destacaría tres singularidades, que serán desarrolladas en un breve video que ofrece un debate vivo sobre la problemática de los directivos públicos desde la experiencia de los tertulianos.

Pasen y vean… Leer Más

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Contenciososanciones

La gresca de los notarios, la juez y el inquisidor sobre el plazo de prescripción

disputaAunque parece el título de una vieja película de Fernando Esteso y Pajares, es el resumen en trazo gruesísimo de un pintoresco litigio que traemos a colación no por la condición de los actores sino porque precisa los requisitos para que opere la prescripción de las infracciones cuando media una instrucción reservada, extremo sobre el que suele darse confusión y provocar infinidad de litigios contencioso-administrativos. Veamos Leer Más

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De lo financiero y tributario

Declaración de Toledo 2016 sobre Auditoría Pública

mirada-cuentasEl VII Congreso Nacional de Auditoría en el sector público, celebrado en Toledo los días 16 a 18 de Noviembre de 2016, organizado por FIASEP, (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público), bajo el impulso de su Presidente, Miguel Ángel Cabezas, y con la preciada colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, estuvo a la altura de las expectativas de tan prestigioso acontecimiento, y congregó a numerosos juristas, interventores, auditores, técnicos y relevantes cargos públicos con responsabilidades en control de cuentas del sector público, cuya participación activa culminó en la adopción de la pionera Declaración solemne de Principios y criterios de auditoría pública (Toledo, 2016).

Un hito memorable en el sendero de la transparencia y el control de las cuentas públicas, que se alzará en necesaria referencia en la labor de cuantos intervienen en la fiscalización y auditoría o la supervisión de las cuentas públicas.

Al fin y al cabo, en esa Declaración cristalizan el fruto de la experiencia y las ansias de compromiso del poder público con el rigor del control de cuentas, para estar a la altura de la buena administración que la ciudadanía demanda y merece: transparente, legal, eficiente y responsable.

A continuación se ofrece en texto literal y se adjunta enlace para libre descarga.

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Libros y Jornadas

Tiempos tumultuosos para letrados, interventores y auditores 

Hoy es noticia que el Rey Felipe VI “alertó del desencanto político” y creo que bien puede hablarse también de un inquietante “desencanto jurídico”.

Tal y como anticipé, estamos en tiempos de auditorías públicas, y este jueves tuve el honor y ocasión de abrir el VII Congreso de auditoría pública en Toledo con una charla titulada “Cuando el auditor despertó, ya no hacía falta. Claves en tiempos tumultuosos”. Aunque la exposición se centró en la perspectiva del control económico-financiero, la premisa de partida se refería a un escenario de tumulto que padecen los cargos públicos responsables de los servicios jurídicos, intervención y la gestión pública en general.

El tumulto se ofrece en varias vertientes: jurídica, económica, personal, administrativa, procesal y ética. Y ese desorden e incertidumbre es incómodo y preocupante. Veamos. Leer Más

Equality woman man concept
reglamentos

Horas bajas para la evaluación de impacto de género de los reglamentos

impactoLa reciente Sentencia del Tribunal del 27 de octubre de 2016 (rec. 929/2014) desestima el recurso directo frente al Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre en relación al motivo impugnatorio consistente en la ausencia de la Memoria de análisis de impacto normativo sobre la igualdad de género.

La sentencia reviste notable interés en cuanto fija un criterio lógico sobre el alcance de la exigibilidad de tal Memoria, de manera que si el impacto del reglamento es nulo o neutro (por ejemplo, un reglamento sobre pastos y rastrojeras) pues nada habría que explicar, lo que aliviaría el rigor literal de la exigencia de tal informe en relación a todo proyecto reglamentario (“en todo caso”). Con ello se suma a una línea jurisprudencial que recorta tal exigencia o mas bien la coloca en sus justos términos. Veamos. Leer Más

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Tribunal Constitucional

La libre designación que quiera el legislador buena designación será

llorosMás o menos ese es el resultado de la lectura del último Auto del Tribunal Constitucional de 18 de Octubre de 2016 que inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada frente a la ley 15/2010 gallega que atribuía tal sistema de libre designación de forma genérica e indiscriminada, extendiéndolo “En todo caso…” a “subdirecciones generales o equivalentes, jefaturas de servicio o equivalentes, las secretarías de altos cargos…”.

Pues bien, parece ser que para el Tribunal Constitucional, el legislador autonómico puede ampliar el sistema de libre designación a las categorías, puestos o supuestos que desee, burlando la excepción de tal sistema vinculada al carácter directivo y de especial confianza. Veamos el grave alcance de bendecir estos experimentos legislativos. Leer Más