Otra vuelta de tuerca de la mano de una Ley de “Medidas” o sea cambios de “corte y confección” del nuevo traje de la Administración Pública, con mas austeridad y flexibilidad. Además de las medidas de corte económico y presupuestario, destacaría en lectura rápida los cambios típicamente administrativos.
En materia de notificaciones la implantación de un Tablón Edictal Único (en el BOE) para concentrar la publicidad de infinidad de procedimientos autonómicos y locales que antes se mantenían en la “clandestinidad práctica”. Es más, la publicación en el Boletín oficial autonómico/local y en el tablón de edictos será facultativa, por lo que “cuando los interesados sean desconocidos..o bien intentada la notificación, se hará por medio de anuncio en el BOE” (nuevo art.59.5 Ley 30/1992). Además se acompasan las notificaciones tributarias y de incidencias del Catastro.
En materia de empleo público:
– Se amplia el número de días por asuntos particulares a 5 año (nuevo 48 k, EBEP); – Los funcionarios interinos se vuelven mas “interinos” so pretexto de la flexibilidad ( o sea, movilidad funcional, y además podrán vincularse a programas temporales de hasta…4 años- 3 años, ampliables doce meses)- nuevo art.10 EBEP-.
– Los funcionarios de libre designación tomados de otras Administraciones Públicas ( los que sean designados a partir de la vigencia de la Ley) tendrán muchas probabilidades de reingresar a su Administración de origen de forma expeditiva ( o excedencia voluntaria, nuevo 84 EBEP y Disposición Transitoria novena de la Ley 15/2014).
Y finalmente la consabida reconversión del sector público, destacando la conversión de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) de ser Fundación a Organismo Autónomo.
Hay mucho más en esta Ley ya publicada pero esto es un resumen de urgencia desde mi perspectiva.
Publicado con Blogsy
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Estoy totalmente de acuerdo pero como abogado de un sindicato de funcionarios debo decir que TAMBIEN SON LAS TASAS pues en más de una ocasión he tenido que desistir de un recurso o incluso de una apelación ya interpuesta al no poder satisfacer las tasas requeridas el sindicato por falta de tesorería.
Considero que no tiene sentido que los Sindicatos tengan que abonar tasas en la jurisdicción contenciosa (no en la social), dándose el absurdo que situaciones idénticas que afectan a funcionarios y a laborales y actuando el sindicato en defensa de todos los trabajadores públicos en unos casos deba abonar tasas y en otros no.