El Derecho que España necesita

Una vez interiorizada la lección que para la vida personal y familiar supone la fragilidad de la salud y la vida, y sabiendo que la reconstrucción del Estado requerirá “sangre, sudor y lágrimas”, como jurista me preocupa que el Poder público (en todas sus dimensiones) sea capaz de mantener sus pilares de racionalidad.

No sería aceptable que so pretexto de recuperar de forma acelerada la calidad de vida, la economía o los servicios públicos, se procediese a la “destrucción” del alfabeto jurídico propio de un Estado de Derecho que merezca tal nombre.

A mi juicio, el Estado administrativo que salga de la crisis sanitaria, que permite muchos modelos, leyes e ideologías, debe respetar algunas claves elementales.Veamos.

I. La sensibilidad jurídica ante la excepcionalidad de las situaciones. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que las medidas para garantizar la seguridad personal y salud colectiva, se han aplicado con insoportable inseguridad jurídica. Ha sido difícil conocer el alcance preciso de las medidas, extensión y consecuencias, unido a su cambio incesante a golpe de boletín oficial e instrucción. Ese escenario de normas del estado de crisis (Decretos de Estado de Alarma y un puñado de Decretos-leyes de urgencia), será el parámetro de enjuiciamiento de los numerosos litigios que se generen tras superarlo. Aplicar e interpretar normas excepcionales para situaciones excepcionales cuando ha pasado la excepción. Examinar bajo lupa judicial las sanciones, las medidas empresariales, las relaciones civiles patrimoniales y familiares, el estándar de asistencia sanitaria… Nada fácil. Con mal mármol, mal se hacen las estatuas y por eso es de esperar especial sensibilidad jurídica en las Administraciones públicas (expedientes, plazos, requisitos, consecuencias de la crisis,etcétera) y como no, que pese el sentido común y cierta empatía judicial al examinar los casos sembrados por la crisis.

II. Claridad, transparencia y seguridad. Nuevas normas serán necesarias. Algo hay que hacer. Pero bien estará no ser tan originales de aprovechar para borrar todo lo que funcionaba legislativamente en el pasado, ni para apartarse de las de las soluciones de otros países europeos. Lo que necesitan los particulares, los trabajadores, las empresas y la ciudadanía es seguridad jurídica. Saber de antemano las consecuencias de sus actos, saber que sus decisiones domésticas, laborales o de inversión tienen un riesgo pero un mínimo horizonte de estabilidad.

Ese es el reto. No podemos exigir a los gobiernos ser infalibles pero sí que proporcionen seguridad jurídica y actúen con elemental precaución. No en vano advertía Quevedo que «Bien acierta quien sospecha que siempre yerra». El caos jurídico impulsa el desaliento, la paralización, la desconfianza y el hundimiento de toda organización o sociedad.

III.La confianza legítima. Ciertamente, la reconstrucción del Estado requerirá nuevas normas legales, especialmente en el ámbito de empresa, laboral y fiscal. Esas nuevas normas, para sacarnos del pozo, no serán decorativas sino que afectarán a los cimientos de la vida cotidiana, y vendrán cargadas de Disposiciones transitorias (para no pisar derechos adquiridos) y Disposiciones adicionales (para salvar o excepcionar casos justificados), sin olvidar Disposiciones sobre vigencia que posiblemente sea escalonada o diferida en el tiempo (para no sorprender a los particulares en la confianza legítima).

Ese bloque de Disposiciones que suelen ir agazapadas al final del cuerpo de la Ley han de ser trazadas con finura porque suelen ser las bombas-lapa que truncan el éxito de la norma principal.

IV. Cuidadito con lo Urgente. El Boletín Oficial soporta todo y creo que los próximos seis meses post-crisis asistiremos a un gran protagonismo de los Decretos-leyes y de normativa de todo rango (leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas, etcétera) cuya rubrica incorporará la palabra “Urgencia” como las tibias y calavera de la bandera pirata, avisando de lo que se avecina. Solo quiero insistir en la obviedad de los viejos axiomas: que lo urgente no mate lo importante; que lo urgente no autoriza a prescindir de planificar.

V.Recuperar el peso de lo técnico. No puede actuar el poder público a golpe de ocurrencia, improvisación ni populismo. Las medidas legislativas pueden comportar cambios radicales pero eso no excluye que sean técnicamente bien hechas y sin perder de vista el impacto colateral en otros sectores del ordenamiento jurídico. Las Administraciones públicas cuentan con equipos de altos funcionarios especializados, con órganos consultivos de rango y calidad, con técnicos que tienen por divisa la objetividad y neutralidad. Sin embargo en la última década el asalto de los partidos políticos al poder ha comportado la postergación de los dictámenes y criterios técnicos, salvo que sirvan de arma arrojadiza contra los contrarios. Hora es de respetar al máximo la legitimidad política al tomar decisiones, pero sin olvidar el criterio técnico ( jurídico, económico e incluso social). No olvidemos que la Constitución une en el mismo artículo el papel del Gobierno que «dirige la política interior y exterior» el requisito de que se realice «de acuerdo con la Constitución y las leyes»; además el art.103 de la Constitución impone servir al «interés general» (apreciado por los políticos, ciertamente) pero bajo imperativos de «eficacia»(cuya valoración prospectiva o retrospectiva incumbe a los técnicos).

VI. Retoquemos el modelo autonómico. Mas que hablar de Pactos de Estado, estilo pactos de la Moncloa, en que todos los partidos actuarán como los jugadores de póker, exhibiendo el farol de alcanzar acuerdos aunque ocultando su intención de torpedearlos, creo que mas racional sería desempolvar la figura de las Leyes de armonización (art.150.3 CE), y alcanzar un pacto limitado a rediseñar puntualmente a favor del Estado las competencias básicas en materia de economía, sanidad y educación. La crisis sanitaria ha mostrado los puntos débiles en situación de emergencia, pero ahora se trata mas bien de reforzar la medidas para salir de la situación crítica. No se trata de hostigar a las autonomías, sino garantizar que se sale de la crisis sin ir lastrado de cadenas que no nos dejen abandonar las arenas movedizas.

En definitiva, creo que debería hacerse el esfuerzo por negociar lo que realmente requiere acompasar el paso. El éxito de una colmena y un hormiguero es la actuación coordinada y en la misma dirección. Si no se intenta, es que no hemos aprendido nada.

VII. Aliviar la carga de litigiosidad. Por último, hay que bajar la presión de infinidad de pleitos que distraen al Estado de sus obligaciones. Existe un semillero de litigios en la Administración que colapsan tribunales y generan un trasiego de ilusiones y desgracias que lastran la economía y la sociedad. Es el caso de los pleitos en materia de impuesto de plusvalías, los de los trabajadores indefinidos no fijos, los de las sanciones impuestas durante el Estado de Alarma, los de la responsabilidad sanitaria, los de extranjería y nacionalidad, etcétera. Los pleitos masivos no se deben al error de la Administración ni al capricho del demandante sino a la cobardía o comodidad del legislador.

Una buena Ley, que por definición es general, zanja miles de pleitos nacidos o por nacer. El problema es que los grupos políticos coinciden en rechazar las leyes impopulares aunque sean indicadas y eficaces, porque resolver conflictos de intereses suponen críticas de los perjudicados y pérdida de votos, pero para eso está el blindaje que otorga la legitimidad democrática. No deja de ser curioso que se puede acudir a los tribunales frente a la inactividad o pasividad de la Administración por «no hacer lo que debe» y en cambio, no hay fuerza humana, divina ni judicial que obligue al legislador (estatal o autonómico) a que coja el toro por los cuernos y con riesgo lo devuelva al redil de lo resuelto de un plumazo legal.

VIII. No olvidar que el todo es más que la suma de las partes, y si tocamos las partes se resiente el todo. El Ordenamiento jurídico es un mecano complejo, que puede y debe ser cambiado, pero como los mecanismos de relojería, no perdiendo de vista que el reloj tiene que seguir funcionando bien.

Toda ley tiene un efecto carambola sobre las capas de la realidad, y saber como acaba la carambola requiere visión estratégica y sentido de jugador de ajedrez. La economía política nos explica como las decisiones públicas sobre demanda o ingresos provocan efectos sobre el bienestar; el derecho tributario provoca efectos laborales y sobre los inversores; el derecho laboral incide en el sector servicios y bienestar; un cambio urbanístico afecta a los tributos locales, a las actividades empresariales y al medio ambiente, y a la inversa; un modelo de teletrabajo, o las medidas  electrónicas, afectan al concepto de empresa, establecimiento, costes y como no, al servicio prestado; un modelo mas integrado u hostil a la Unión Europea afecta brutalmente al nivel de vida; y como no, el modelo de justicia elegido afecta a los derechos que deben transitar por sus salas.

Pero sobre todo, España y sus gobernantes necesitan no perder de vista que nuestra Constitución, inspirada en la Constitución alemana, introduce en su art.103 no solo el sometimiento de la Administración pública a «la ley» sino «al Derecho», algo más que la fría y formal norma, esto es, a los valores de libertad, justicia, igualdad, seguridad jurídica y equidad, que están por encima de experimentos legislativos y cálculos políticos.

No es mucho pedir. Solamente sensatez y altura de miras. Esa es la lección de la crisis del coronavirus, que habrá costado miles de vidas y hundimiento de negocios, educación, planes e ilusiones. Tendrá que servir para algo el sacrificio. No puede ser que la ciudadanía cambie en su interior y concepciones vitales con la crisis y los políticos y gobernantes no cambien. Al menos, creo que los juristas estamos dispuestos a ajustarnos a los nuevos tiempos con la mano tendida.

Quede lo expuesto como sugerencias que me brotan en mi confinamiento, dando la razón a Lope de Vega en aquello de:

«A mis soledades voy,
de mis soledades vengo,
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos»