Paso de gigante en las garantías sancionadoras

Entre las medidas novedosas incorporadas al proyecto de Ley que reforma la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se encuentra una previsión de gran importancia en materia sancionadora.

Se trata de la incorporación de un nuevo motivo de recusación de los instructores responsables de tramitar los procedimientos sancionadores, en aplicación de la doctrina sentada por la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2020 (Chentti c. Italia).

Para incrementar las garantías del expedientado, se pretende asegurar algo similar al derecho de elección de médico en el mundo sanitario, garantizando la máxima imparcialidad en quienes van a participar con sus propuestas en el ejercicio de la potestad sancionadora y por ello se contempla añadir un apartado 6 al art.24 de la citada Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,  con la siguiente redacción:

6. El interesado en el procedimiento sancionador podrá en cualquier momento de su tramitación anterior a la propuesta de resolución promover la recusación del Instructor expresando que no lo considera idóneo por su inexperiencia, torpeza o ignorancia elemental, sin necesidad de aportar prueba alguna. En el plazo de tres días el recusado deberá apartarse y se nombrará otro instructor que podrá ser recusado por segunda y última vez.

Con esta medida se garantiza la confianza del expedientado en la idoneidad del Instructor dada la seriedad y consecuencias de la potestad sancionadora. De ahí que basta aducir la “inexperiencia”, para evitar que el expedientado sufra errores de instructores novatos; o la “torpeza”, para apartar instructores cuyas decisiones en otros procedimientos se hayan anulado; o la “ignorancia”, para asegurar que el expedientado no sufre errores de bulto en su derecho de alegar o probar, por desconocimiento del instructor. Además se alivia al expedientado de la carga probatoria.

Con ello se dará un paso de gigante en las garantías de los expedientes sancionadores gracias a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo (Inno Centi, 2021), hecha pública este 28 de diciembre. Ojo al dato.