Tras la tragedia de la colisión de trenes en Urda (Toledo), y superar la conmoción y rabia, llega la inevitable reflexión sobre la fragilidad de la vida y sus circunstancias, porque junto a ella revolotean preguntas incómodas desde mi perspectiva de profesional del derecho administrativo (y al margen de toda ideología pues me temo que ningún gobierno ha estado ni está libre de pecado):
¿Como es posible que los contratos de mantenimiento del sistema de seguridad y suministros de ferrocarriles hayan sufrido demoras inherentes a estudios, licitaciones, reclamaciones y suspensiones?¿No es hora de replantearse que una Ley de Contratos cuajada de trámites y garantías de legalidad preventiva debería dejar paso algo más de eficacia y celeridad?, ¿Cuántos hospitales sufren déficits de suministros por estar los contratos en el limbo administrativo?
Lo de la eficiencia, objetivos transversales y ramificación de modalidades contractuales se ha convertido en un laberinto endiablado para las empresas y para los funcionarios.
¿Tendrá que ver con el mantenimiento de los sistemas y las medidas de seguridad, la austeridad derivada de eso que se llama sostenibilidad, unido al ahorro en seguridad para gastar en frivolidad?
Creo que los presupuestos formalmente equilibrados esconden desequilibrios serios al confundir lo necesario y lo prescindible (todos cuestan, pero el riesgo de escatimar es distinto en unos que en otros).
¿La liberalización del sector ferroviario, bajo vientos europeos, tolera que las compañías que comparten mismos itinerarios tengan distintos sistemas de control de seguridad?
Me temo que como el pasajero de la barca, podemos consolarnos diciendo que el agujero de la vía de agua no está de nuestro lado.
¿Acaso en la España de la planificación, donde proliferan planes y programas de lo humano y lo divino, no se ha podido aprobar una planificación de infraestructuras ferroviarias, obras públicas o mantenimiento que realmente alcance el estándar de servicio y seguridad que merecen los españoles?
Quizá los planes cumplen la misión de ser aprobados con más fogueo que munición, y relajando la vertiente de prevención, con olvido de escenarios excepcionales.
¿Es aceptable que los Entes públicos desenganchados de la administración central, nutran sus directivos mediante contratos de alta dirección o designación sobre criterios de afinidad, gratitud o sencillamente para que no estorben mientras cobran?
Lo de la huida del derecho administrativo se ha convertido frecuentemente en refugio de paniaguados de corbata larga y ética corta.
¿Y qué decir del reclutamiento del personal de segundo y tercer nivel de tales entes públicos, en régimen laboral y sistema de concurso, aligerados habitualmente de pruebas objetivas de experiencia y capacidad?
Soy de los que piensa que la profesionalización y especialización en la cosa pública no se presume: hay que demostrarla, porque nos afecta a todos.
¿Tanto hablar de algoritmos y automatización, o del principio de precaución en medioambiente, y no hay espacio para hablar de compromisos de seguridad en el servicio ferroviario?
Hay paradojas que estremecen, pues se nos llena la boca de lo electrónico y lo algorítmico y de la vigilancia del planeta, pero nos olvidamos de velar para llegar vivos en un tren de cercanías o lejanías.
¿El “protocolo” que dicen haber aplicado antes de la fatal colisión, qué tipo de norma o criterio jurídico es?
Me pregunto qué garantías de aprobación ha superado ese “protocolo” para que haya fallado, y por qué otros “protocolos” de otras líneas ferroviarias de otros países no fallan.
¿Está preparada la Administración para afrontar con rigor, seriedad y justicia, las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a varios sujetos, en cuantías diferentes y por distintos conceptos?
Lo del que rompe, paga, en el caso de la Administración se convertirá en un clamor de suplicantes frente a un muro impasible que recortará o inadmitirá todo lo posible. Competencia de unos u otros, intervención de jurisdicción penal, etcétera. Y con tiempo, y recursos interminables…hasta que las voces de los reclamantes se agoten y entierren como muchos parientes.
Pero lo que más me llama la atención y duele es saber que los viajeros que ocupaban el AVE y el Iryo siniestrados quedaron en manos del permiso dado al maquinista para circular con normalidad (a 200 km/h)… hacia la anormalidad de la colisión; y lo hicieron bajo la protección de dos capas de seguridad: (i) la informática falló y (ii9 la humana que era un grupo de frívolos que dictaminaban del siguiente tenor. “Joder tronco, el (Iryo) 6076 no funciona”.
Si el destino de cientos de personas está en manos de estos humanos…algo ha fallado en quien los recluta, en quien los forma o en quien los controla …
Me temo que no hay “un fallo humano”, sino “muchos fallos de muchos humanos”.
Llegados a este punto soy de los que creo que se impone la categoría del “derecho catastrófico”, como rama jurídica emergente, que impone no solo la perspectiva de la reparación o indemnización, sino la perspectiva preventiva pues la seguridad es el deber primario de una Administración que merezca tal nombre. Porque me temo que también ha fallado el Derecho administrativo…
Dicho esto vaya el mejor de mis abrazos y condolencias para quienes han sufrido en sus carnes o de sus allegados este infortunio, y con ello mi aplauso a los empleados públicos que han sabido estar y están a la altura para reparar el daño causado y aliviar a quien difícilmente puede encajarlo (fuerzas policiales, médicas y protección civil).
Como dicen en mi querida tierra de acogida gallega…Nunca Máis
Muy interesante melón que, lamentablemente, no tengo ahora tiempo de comentar (aunque lo haré), pues ni siquiera he leído la entrada. Pero quiero anticipar, con rotundidad, una respuesta a la pregunta planteada que me resulta tan evidente que debería hacer temblar muchas estructuras en nuestro ámbito: «¡¡¡Por supuesto, SÍ!!! Todos somos responsables (aunque unos más que otros). Y es imprescindible hacer algo para revertir esta situación de decadencia, indolencia e involución, de forma MUY URGENTE».
No, es todo más sencillo José Ramón: son un cúmulo de negligencias -desde arriba hacia abajo- que se acaban normalizando…
Es lo que sucede cuando, por lo que sea, se impone la incompetencia del órgano competente.