Es sabido que la legislación de procedimiento administrativo (art.47.1 f, Ley 39/2015, LPAC), y su homóloga del ámbito tributario (art.217.1 f, LGT) incorporan un idéntico motivo de nulidad de pleno derecho singular: el consistente en la concurrencia de falta de requisitos esenciales para la adquisición de un derecho.
Es sabido que tal motivo de nulidad, o acción de nulidad, puede ejercerse por la Administración de puro oficio, o a iniciativa de parte. Es aquí donde radica la singularidad subrayada por reciente sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2026 (rec.2441/2024), pues si el acto perjudica al particular, éste no podrá promover la revisión de oficio por este específico motivo («falta de requisitos esenciales» , pero sí por otros motivos de nulidad de dicho precepto). En cambio, si el acto supuestamente nulo favorece al particular, éste lógicamente no tirará piedras contra su tejado promoviendo la revisión, y será la Administración la que podrá promover la revisión por propia iniciativa (p.ej.otorgamiento de permiso de conducir a persona sin cumplir el requisito de la edad) o bien podrá un tercero promover la revisión de oficio siempre que éste pueda obtener un beneficio de prosperar la impugnación del acto favorable a otro (caso de impugnación por aspirante de resultado de procedimiento competitivo, ej.oposición, contrato, etcétera).
En el caso judicialmente zanjado, el particular solicitó la revisión de oficio al amparo del art.106 de la LPAC y 217.1 f, LGT, de resolución que supuestamente implicaba la denegación de devolución de ingresos indebidos ( o sea, resolución desfavorable).
La sentencia parte del examen de la literalidad del supuesto de invalidez que admite tal procedimiento de revisión de oficio: «…la causa de nulidad de pleno derecho invocada por la constructora en la solicitud, que es la del artículo 217.1.f) de la LGT -mismo que el art. 47.1.f) LPAC-:»f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición».
Y precisa:
Esta causa de nulidad permite impugnar solo, por este cauce, actos que sean favorables a terceros, pero cuya nulidad beneficiaría al que la pretende y ejercita la acción correspondiente -así, el adjudicatario de un contrato, el funcionario que obtiene una plaza por concurso, etc…-. Ello porque la ley habla de actos por los que se adquieren facultades o derechos…,esto es, actos favorables y no de gravamen, como lo son, por naturaleza, los actos tributarios y, singularmente, los que aquí analizamos.(…) «Así, conforme a una muy reiterada jurisprudencia general de este Tribunal Supremo, tanto en materia tributaria como administrativa común, las causas de nulidad radical o de pleno derecho han de concurrir con notoriedad y evidencia, así como, por tanto, de interpretación restrictiva y de aplicación excepcional.(…) No cabe olvidar, a este respecto, que la nulidad radical o absoluta no es un medio revisorio común y ordinario, sino un mecanismo rigurosamente excepcional, en tanto despoja al ciudadano de lo reconocido en un acto firme y favorable. Está definida tal nulidad de pleno derecho por el Diccionario del español jurídico como «invalidez de un acto, contrato o disposición que obedece a un vicio de tal gravedad que justifica que no prescriba la acción de nulidad». Esto es, se trata del grado máximo de invalidez del acto administrativo, que tiene lugar en supuestos excepcionales y expresamente previstos por la ley, con carácter tasado o numerus clausus. Con tal figura se trata de enervar la seguridad jurídica, que es principio jurídico esencial del ordenamiento jurídico, determinada por la firmeza del acto -que además es favorable-, en presencia de una causa muy grave que lo justifique».
Y así en el caso concreto, concluye que
procede que, situados en la posición jurídica procesal del órgano judicial de instancia, desestimemos el recurso contencioso-administrativo promovido, toda vez que en condiciones de decidir, con los elementos fácticos y jurídicos disponibles, apreciamos que, de modo palmario, no concurre la causa de nulidad prevista en el art. 217.1.f) LGT, privativa de los actos favorables o beneficiosos para su destinatario y que, por ello mismo, pueden ser impugnados por terceros a quienes perjudican, relación triangular que no existe, por lo común, en los actos de gravamen, opuestos a los anteriores en la taxonomía de los actos administrativos.(…), pues se trata de algo distinto, de la denegación de una solicitud formulada por el constructor y, por ello, no confiere, en absoluto, derechos o facultades, antes bien los niega, al conceptuarse como acto de gravamen, ajeno por lo tanto a los requisitos exigibles legalmente para integrar la referida causa de nulidad”.
Así, lo sentado para el art.271,f LGT vale para el general art.47.1 f, Ley 39/2015, LPAC), de manera que esa puerta excepcional a la revisión de oficio por el concreto motivo de «falta de requisitos esenciales» no podrá promoverse por quien es perjudicado por el acto (sanción, acto de gravamen o denegación de un interés o derecho). Deberá acudir a otros epígrafes de nulidad, sabiendo como nos ha recordado la Sala tercera, que son motivos tasados, de concurrencia evidente y de interpretación restrictiva. El camino será largo, duro e incierto…
El camino será imposible.
Sería mejor que quitasen ese precepto de la ley. Por lo menos tendríamos más claridad, más seguridad jurídica y menos pérdida de tiempo y esfuerzo.
La Administración sí podrá usar esa vía.