Sentencia casacional: penalización de la Administración por remitir el expediente incompleto

Es sabido que el expediente es la pieza estelar del proceso contencioso-administrativo, el cual debe remitirlo la Administración de forma puntual y completa. Si no lo cumple, siempre puede el particular recurrente promover el requerimiento para que se complete con arreglo al art.55 LJCA.

 Sin embargo, sea por pereza, malicia, ignorancia o incapacidad técnica, no siempre la administración envía el expediente administrativo completo, y no siempre el particular está en condiciones de adviertir su deficiencia.

Un importantísimo hito en cuanto al deber de la Administración de enviar el expediente completo y de no dejar sobre el particular las consecuencias negativas de no hacerlo, viene dado por la importante doctrina casacional sentada por la reciente sentencia de la sala tercera de 23 de octubre de 2026 (rec.74/2024) que viene referida al ámbito tributario, pero forzosamente resulta aplicable a todos los ámbitos administrativos, pues con una amplísima y bien razonada fundamentación, reacciona enérgicamente ante unos documentos no incorporados al expediente pese que fundamentaban el acto impugnado (documentos que eran la base de la regularización del IVA dispuesta por el acto recurrido) :

Primero. No hay excusa para la administración so pretexto de problemas técnicos o de trabajo, pues:

La no incorporación de información relevante que pueda y quiera ser contrastada por quien está sometido a un procedimiento de inspección, no se puede justificar según el mayor o menor volumen de la documentación incautada ni, por tanto, porque el contenido de los equipos informáticos existentes en el lugar del registro se volcase en un disco duro externo con un peso de decenas de gigabytes (más de 10 ordenadores, amén de la abundante documentación en soporte físico incautada). Todo documento que sea relevante, en cuanto va a servir de apoyo a la Administración para practicar una regularización tributaria, del extremo que sea, debe de quedar incorporado al expediente administrativo, sin que el volumen del expediente flexibilice, y menos aún, elimine, esa obligación.

Segundo. No pueden descargarse sobre el interesado las consecuencias del incumplimiento del deber de la administración de completar el expediente:

Además, la incorporación de los documentos relevantes debe hacerla la Administración sin necesidad de que lo pida el interesado. Así lo impone la norma, y así lo impone el principio de buena administración, que en el presente caso adquiere todo su significado pues la efectividad de este principio comporta una indudable carga obligacional para los órganos administrativos a los que se les impone la necesidad de someterse a las más exquisitas exigencias legales, no solo en sus decisiones, sino también en las del procedimiento ( STS 3 de diciembre de 2020 Recurso: 8332/2019-; STS 11 de abril de 2023 Recurso: 4566/2021; STS 12 de septiembre de 2023 Recurso: 3720/2019).

El contribuyente sometido a un procedimiento tributario no está obligado a advertir a la Administración del cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre ella. El no hacerlo, o el no hacerlo en la vía inspectora o en la vía económico administrativa, no minimiza ni desnaturaliza la obligación que recae sobre la Administración. No se puede exigir al contribuyente un esfuerzo en su actuación que revierta en la subsanación de un déficit en expedientes administrativos, ni siquiera en expedientes complejos y extensos como este, a través de la solicitud de su complemento, pues significaría hacerle responsable de un incumplimiento que no le es atribuible.

 Y en consecuencia, se fija doctrina casacional, que va más allá de la fijada por la STS de 18 de marzo de 2026 (rec.954/2024) («El hecho de no haber reclamado el recurrente el complemento del expediente no neutraliza el deber de la Administración de remitirlo completo y foliado, conforme al artículo 48 de la Ley Jurisdiccional.Las consecuencias que derivan de la existencia de defectos en el expediente remitido deben pesar sobre la Administración, al tratarse de un derecho del interesado que surge de modo directo del art. 24 de la CE y de una correlativa obligación de la Administración)»).

Ahora queda así fijada:

(i) El hecho de que el contribuyente sometido a un procedimiento tributario no haya reclamado el complemento del expediente, no neutraliza el deber de la Administración de poner a su disposición un expediente completo, que integre todos los elementos materiales y formales que fundamenten la liquidación o sanción.

(ii) Las consecuencias que derivan de la existencia de defectos en el expediente por no incorporar los elementos materiales y formales en los que se sustente la liquidación o sanción, deben pesar sobre la Administración, al tratarse de un derecho del interesado que surge de modo directo del art. 24 de la CE y de una correlativa obligación de la Administración.

Esta doctrina habla por sí misma. Ahora solo falta que quien tiene que oír, que oiga.