Si hace unos días la sala tercera del Tribunal Supremo reforzaba el derecho a la transparencia en materia medioambiental, reduciendo las excepciones en las que podía negarse la Administración a facilitar información, ahora ha tocado extender la legitimación impugnatoria, más allá de los casos en que la acción pública ambiental se reconoce por la Ley 37/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Recordemos que esta normativa reconoce acción pública pero circunscrito su ejercicio a asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, pero no reconoce tal legitimación a las personas físicas.
Ahora, de forma expresa y con clara y firme doctrina casacional se reconoce el interés legítimo para recurrir de los vecinos de un municipio, a título de personas físicas, en relación con instalaciones que puedan potencialmente afectar al medio ambiente. Veamos el caso y la importante doctrina casascional.
En el caso planteado se trataba de construir una explotación porcina (cuyos olores y purines molestan e inciden en la calidad medioambiental) y un grupo de cinco vecinos, impugnó la autorización ambiental integrada para su construcción.
La administración consideró que la simple condición de vecino no comporta legitimación, pues “admitir la tesis de los recurrentes equivaldría a transformar cualquier conflicto ambiental local en una acción popular generalizada”, añadiendo que “Los recurrentes residen aproximadamente a 3,95 kilómetros de la explotación, no han acreditado ningún perjuicio concreto, se limitan a formular temores o hipótesis genéricas y no identifican afectación individual y real sobre su esfera jurídica».
La sala contencioso-administrativa territorial, confirmó la falta de legitimación aduciendo que la Ley 27/2005, de 18 de julio, solo reconoce acción pública a asociaciones con finalidad de tutela medioambiental y con varios requisitos, pero sin incluir a personas físicas.
Bajo este planteamiento del conflicto de posiciones, la Sala tercera del Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 30 de octubre de 2026 (rec.6879/2024), sintetiza la jurisprudencia cosechada hasta la fecha y se apoya en la doctrina del «círculo vital de intereses”:
La doctrina desarrollada por esta Sala en torno al denominado «círculo vital de intereses»ya presente en la STS 2869/2002 y en la STS 4579/2016, en el sentido que la ausencia de acción pública no impide reconocer legitimación cuando existe una afectación específica derivada de la condición de vecino o residente del entorno afectado. Por tanto, la inexistencia de legitimación para ejercitar la acción pública ambiental no excluye la existencia de un interés legítimo propio, y cuando una asociación o quienes la integran alegan una afectación concreta y territorialmente localizada derivada de una actuación con incidencia ambiental, los órganos judiciales están obligados a examinar esa posible legitimación conforme al principio pro actioney el derecho de acceso a la jurisdicción garantizado por el artículo 24.1 CE.
A continuación aclara los términos en que el manto del «círculo vital de intereses» ampara el reconocimiento de legitimación:
Entendemos que la doctrina referida no se limita a las asociaciones de afectados, sino que descansa en la existencia de un interés legítimo específico, cualificado y territorialmente localizado, derivado de la condición de vecinos residentes en el ámbito de incidencia de la actuación impugnada, de modo que si se considera que la condición de vecinos afectados es suficiente para fundamentar la legitimación de una asociación que canaliza sus intereses, con mayor razón habrá de reconocerse la legitimación de esos mismos vecinos cuando comparecen personalmente en el proceso, siempre que acrediten una afección real y diferenciada respecto de la colectividad general, pues el interés legítimo apreciado por el TC se encuentra radicado originariamente en ellos y no en la estructura asociativa que eventualmente los represente. Ello no significa que cualquier vecino esté siempre legitimado, pues será necesario acreditar una conexión material suficiente con el objeto del litigio, lo que excluye la sentencia es una interpretación excesivamente formalista que reduzca la legitimación a supuestos de lesión de derechos subjetivos estrictos.”
Después examina si en el caso concreto existe esa afección específica suficiente para atribuir legitimación activa:
Y dicha conexión concurre con particular intensidad cuando, como aquí sucede, la actuación impugnada despliega sus efectos precisamente sobre el entorno físico en el que los recurrentes residen y desarrollan su vida cotidiana. Por otro lado, la circunstancia de que la afectación alegada pueda ser compartida por otros vecinos no elimina su carácter propio, ya que la afectación compartida sigue siendo afectación, y la utilidad derivada de la eventual estimación del recurso sigue siendo una utilidad jurídicamente apreciable para quienes residen en el ámbito territorial concernido”.
Y toma la varita mágica que debe usarse siempre que está en juego la tutela judicial efectiva:
Por ello, la interpretación del artículo 19.1.a) LJCA ha de realizarse conforme al principio pro actioneen su vertiente de acceso a la jurisdicción, evitando soluciones formalistas que conduzcan a la exclusión procesal de quienes ostentan una relación cualificada con el objeto del litigio.
En consecuencia fija la siguiente doctrina casacional:
«La acción pública medioambiental regulada en los artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006 constituye un título especial de legitimación que no excluye la legitimación ordinaria derivada del artículo 19.1.a) LJCA . Los vecinos que actúan como personas físicas pueden ostentar interés legítimo para impugnar actuaciones administrativas con potencial incidencia medioambiental cuando exista una conexión suficiente entre la actuación controvertida y el ámbito territorial en que residen o desarrollan su círculo vital de intereses».
Estamos ante un hito importante, que más allá de los estrechos confines de la normativa procesal, aplica el principio de buena jurisdicción, para soslayar formalismos y trabas incompatibles con la tutela efectiva.
Nueva y afortunadamente ( y aunque es conducta que debe aplicarse con exquisita prudencia por aquello de la división de poderes), la jurisprudencia llega donde el legislador se quedo corto…

0 comments on “El Supremo extiende la legitimación para defensa medioambiental”