urbanismo

Transparencia reforzada en materia de protección de medio ambiente

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p 008 - delaJusticia.comEl derecho a conocer debe extremarse sobre lo que a todos nos afecta, y por eso, es interesante saber el equilibrio entre el derecho a saber de quienes velan por el medio ambiente adecuado y el derecho a la intimidad o privacidad de quienes son sancionados por menoscabarlo.

Es aquí donde  irrumpe la reciente sentencia de la sala tercera de 28 de octubre de 2026 (rec.3826/2024)

En el caso planteado se denegó a una Fundación defensora del territorio y la naturaleza, que fue interesada en la tramitación de un procedimiento sancionador por infracción medioambiental (vertidos de explotación minera a un cauce) podía acceder a la copia de los expedientes sancionadores.

Esta pretensión se denegó por la administración (Confederación Hidrográfica) y lo confirmó la sala territorial, en cuanto considero que eran aplicables los límites contenidos en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la que se remite el Art. 13 letra b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, y en particular no podrían facilitarse los datos que pudieran afectar a terceros cuyo consentimiento para revelarlos no consta.

La Sala tercera del Tribunal Supremo considera que la Ley de Transparencia en este ámbito tiene aplicación supletoria de la normativa específica por la fuerza de la disposición adicional primera, apartado segundo de la propia Ley 19/2013, de manera que

En el caso concreto de la Ley 27/2006 se contiene una regulación específica, un régimen jurídico propio, global, completo y diferenciado del derecho de acceso a la información ambiental para todos los ciudadanos. Como se ha expuesto, esta regulación constituye la incorporación de la normativa europea en una materia, que, por su especialidad e intensidad de la exigencia de protección del medio ambiente, demanda que los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información tengan su propia regulación. Sólo en lo no previsto en la citada Ley será de aplicación la Ley 19/2013, en cuanto no resulte incompatible con esa especialidad. Por tanto, los límites al ejercicio de ese derecho serán los que la propia Ley 27/2006 establece.

Y en consecuencia fija la siguiente doctrina de “puertas abiertas” al expediente sancionador medioambiental:

Los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, permiten el acceso al contenido de expedientes sancionadores tramitados a consecuencia de la producción de emisiones al medio ambiente, no primando en ese caso las restricciones al contenido de actuaciones sancionadoras administrativas previstas en la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.».

Eso no quiere decir que no existan límites al derecho a saber, sino que tales límites y no otros, son los que están previstos en la propia Ley 27/2006, tasados y que con arreglo a su art.13.4 «Los motivos de denegación mencionados en este artículo deberán interpretarse de manera restrictiva. Para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido con la divulgación de una información con el interés atendido con su denegación».

O sea, nada de rechazo apriorístico ni en bloque, sino que cabe la denegación razonada en relación al caso concreto y con ponderación cuidadosa de los bienes jurídicos en liza (derecho a saber vs. derecho a mantener oculto).

 

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