Si hay una inminente fuente de litigios contencioso-administrativos, esa es la responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria.
Más allá de la responsabilidad que plantearán los propios facultativos (médicos, enfermeras, celadores y otros empleados hospitalarios) por la gestión de la crisis, la eclosión procederá de la generalidad de usuarios (directamente de las víctimas o sus herederos), con múltiple origen:
Los que vieron aplazada la prueba, diagnóstico, tratamiento o intervención quirúrgica, como fruto del “parón hospitalario pandémico” por la prioritaria atención al virus.
Los que han sufrido directamente el impacto del virus, ya se trate de contratiempos, secuelas o fallecimiento.
Los que se vieron hospitalizados por el virus y sufrieron infecciones de origen hospitalario graves.
Los que han sufrido distorsiones en la asistencia debida por cambios de facultativo o privaciones de suministro de medicamentos o reconversiones de su calendario de seguimiento, cuando consideren que se ha alzado en factor dañoso.
Los que han sufrido el virus como consecuencia de la asignación tardía o negada de la vacuna, o por vacunas fallidas y han sufrido daños o secuelas.
Es cierto que ese aluvión de litigios llegará aunque sufrirá una escalada de presentación por varios factores concurrentes:
La vía de reclamación se abrirá cuando se determinen las secuelas reales o los daños derivados de tal situación sanitaria;
El plazo para recurrir es amplio y se cifra en un año desde esa determinación precisa de los daños, cumplidos los requisitos legales (arts. 32 yss Ley 40/2015).
Hay que agotar la vía administrativa, que se entenderá agotada ante el transcurso de seis meses sin respuesta (art. 91 Ley 39/2015);
La situación económica del común de los ciudadanos no es buena para embarcarse en litigios costosos (pagar abogados y peritos) como tampoco podrá la administración despachar tantísima reclamación con celeridad, especialmente cuando en la inmensa mayoría de los casos, deberá recabar informes internos así como someterlas al dictamen del Consejo de Estado o consejo consultivo autonómico.
En ese escenario, dado que estamos ante reclamaciones masivas bueno será que la respuesta judicial afine en el acierto y sea congruente con la buena técnica jurídica. Además, al igual que el malvado virus no entiende de fronteras autonómicas ni locales, tampoco el ciudadano entendería que similares daños sanitarios se aprecien con distinto criterio y valoración de sus consecuencias según Juzgados o Salas distintas.
Difícil será convencer a la víctima o pacientes de la desigualdad de criterio por mucho que la discrepancia de resultado pueda deberse a la siguientes circunstancias que pueden inclinar la balanza de la Justicia en cada caso:
El distinto criterio del Consejo consultivo, que puede ser más generoso o restrictivo en sus dictámenes ante las reclamaciones de esta naturaleza.
La diferencia de actuación procesal de los letrados, tanto del demandante como del letrado público que toca en suerte. Y ello porque la estrategia procesal en la responsabilidad sanitaria es importantísima, en cuanto a los peritos de parte, a si se plantea una pericia judicial, o en cuanto a los fundamentos de responsabilidad a esgrimir y argumentar.
Tampoco hay que olvidar que se irá avanzando con sentencias con fuerza de cosa juzgada, sin poder lógicamente anticipar las posibles sentencias que lleguen con posterioridad de órganos jurisdiccionales superiores que pueden fijar doctrina diferente (y no digamos si llega alguna sorpresiva doctrina del Tribunal Constitucional sobre las disposiciones del estado de alarma o de las que las desarrollan, o sobre las condiciones de apreciación de la fuerza mayor en estos escenarios respecto de los servicios públicos).
Pero sobre todo, porque el factor diferencial de las sentencias en esta materia vendrá anclado en la singularidad de cada caso, de cada patología, de cada paciente, de los medios, del estado de la ciencia médica y de la asistencia realmente prestada.
Y cómo no, porque la ciencia médica no es exacta como las matemáticas y en el caso concreto existirán infinidad de escenarios críticos donde difícil es decidir y acertar, o porque el desarrollo de la enfermedad responde a factores inaccesibles.
Pues bien, en este oscuro panorama, cuajado de incertidumbre, es cuando se hace preciso tener claros los criterios de responsabilidad patrimonial en materia sanitaria, campo que en su día intenté ofrecer con unas simples pinceladas para juristas con prisa.
Es aquí y ahora, donde irrumpe con una gran oportunidad y con inmensa utilidad la obra de María Jesús Gallardo Castillo, titulada Administración sanitaria y responsabilidad patrimonial (Colex, 2021).
La autora une su condición de Catedrática de Derecho administrativo a la de Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, y su trabajo cuenta con un prólogo espléndido de Francisco López Menudo.
Pero no estamos ante una obra más sobre la trillada responsabilidad patrimonial, ni sobrecargada de disquisiciones bizantinas o cuestiones colaterales. No. Estamos ante una obra utilísima, llamada a servir de libro de cabecera de abogados, letrados públicos y jueces por abordar de forma integral todas las dimensiones de la responsabilidad patrimonial sanitaria y sin eludir respuestas.
Un ensayo forjado de actualidad y rigor técnico, que se alza en un fiable mapa para encontrar el tesoro de la indemnización por responsabilidad sanitaria.
Lo primero que debo resaltar es su cómoda lectura. La obra se expresa con sencillez al abordar cuestiones complejas y además enlaza con maestría el análisis del estado de la cuestión con su reflexión y la crítica o aplauso según se tercie.
Lo segundo a subrayar es el hábil anclaje de los presupuestos de la responsabilidad, requisitos y procedimientos a seguir, en un trípode. Por un lado, los dictámenes del Consejo de Estado y Consejos Consultivos (primera línea de atajar las reclamaciones). Por otro lado, la jurisprudencia de todo rango para apuntalar los criterios y tendencias en la materia. Y finalmente, las oportunísimas referencias doctrinales que cumplen la misión de discreto aliño para la ensalada de sabor amargo en que se han convertido los litigios sobre responsabilidad sanitaria.
Con Cuatro Capítulos que encierran 240 páginas la autora ha logrado condensar el estado de la cuestión sin olvidarse vertientes problemáticas, arrancando del “pretendido carácter objetivo de la responsabilidad sanitaria” y afrontando el marco de derecho líquido que ofrecen los Protocolos médicos, la lex artis, y la cláusula de progres o estado de la ciencia que impide asegurar los resultados.
Examina como un sabio entomólogo la tipología de daños antijurídicos (retrasos, errores, técnica defectuosa, consentimientos informados inexistentes o deficientes, daños colaterales, etcétera).
Y aborda los pilares de la inmensa mayoría de las decisiones judiciales, que como es sabido, no se amparan directamente en artículos de una inexistente ley de responsabilidad sanitaria, sino en la regulación general de la responsabilidad patrimonial enriquecida con institutos de cuño jurisprudencial que son la palanca que utiliza el juez para mover la justicia y resolver el caso; se trata de las herramientas jurisprudenciales manejadas por los jueces, de la que nos da precisa cuenta la autora, referidas a la verificación de la lex artis ad hoc, la pérdida de oportunidad, el daño desproporcionado, el consentimiento informado idóneo, etcétera. Y como no, la obra examina el eje probatorio de todo litigio: la relación de causalidad (ámbito procesal donde campean los enfoques de demandas apoyadas en esas perversiones lógicas que son la mera correlación causal o en el análisis retrospectivo, a la vista del resultado dañoso).
Finalmente, tras este rico recorrido por los criterios de fondo que aguardan en la responsabilidad sanitaria, se aborda el sendero del procedimiento y los criterios de valoración de los daños (Reglados, orientativos y a veces crípticos).
Confieso que pocas obras me he tropezado sobre materias tan complejas que me digan tanto y tan claro. Cumple lo que esperamos en tiempos de limitada capacidad de digestión de lo mucho que se publica: bien escrito, fácil de leer y útil en lo leído. Con esta obra, María Jesús Gallardo no solo consigue llevarnos al mundo de la lex artis sino que nos demuestra al mundo su arte en el manejo de la ley.
presentation escalation
If there is an imminent source of contentious-administrative litigation, that is the patrimonial liability derived from health care. Beyond the responsibility that the doctors themselves (doctors, nurses, orderlies and other hospital employees) will pose for the management of the crisis, the outbreak will come from the generality of users (directly from the victims or their heirs), with multiple origins: Those who saw the test, diagnosis, treatment or surgical intervention postponed as a result of the “pandemic hospital stoppage” due to the priority attention to the virus; Those who have suffered directly the impact of the virus, whether it be setbacks, consequences or death; Those who were hospitalized for the virus and suffered severe hospital-borne infections. Those who have suffered distortions in the care due to changes of physician or deprivation of supply of medicines or reconversions of their monitoring schedule, when they consider that it has been raised as a harmful factor. Those who have suffered the virus as a consequence of the late or denied assignment of the vaccine, or due to failed vaccines and have suffered damage or sequelae. It is true that this flood of litigation will come, although it will suffer a presentation escalation due to several concurrent factors: The claim channel will be opened when the real consequences or damages derived from such health situation are determined; The term to appeal is long and is estimated at one year from that precise determination of the damages. The administrative route must be exhausted, which will be understood to have been exhausted after six months without a response; The economic situation of ordinary citizens is not good to embark on expensive litigation (pay lawyers and experts) nor can the administration dispatch so many claims quickly, especially when in the vast majority of cases, it must collect internal reports as well as submit them. to the opinion of the Council of State or regional advisory council. In this scenario, given that we are facing massive claims, it will be good for the judicial response to be accurate and consistent with good legal technique. In addition, just as the evil virus does not understand regional or local borders, neither would the citizen understand that similar health damages are appreciated with different criteria and assessment of their consequences according to different Courts or Chambers. It will be difficult to convince the victim or patients of the inequality of criteria, no matter how much the discrepancy of the result may be due to the following circumstances that can tip the balance of Justice in each case: The different criteria of the Advisory Council, which may be more generous or restrictive in its opinions regarding claims of this nature. The difference in the procedural performance of the lawyers, both the plaintiff and the public lawyer who plays by lot. And this because the procedural strategy in health responsibility is very important, in terms of the experts on the part, whether a judicial expertise is proposed, or in terms of the grounds of responsibility to be wielded and argued. Nor should we forget that sentences will be advanced with the force of res judicata, without logically being able to anticipate the possible sentences that arrive later from higher jurisdictional bodies that may establish different doctrine (and let us not say if there is any surprise doctrine of the Constitutional Court on provisions of the state of alarm or that develop them or on the conditions of appreciation of force majeure in these scenarios with respect to public services). But above all, because the differential factor of the sentences in this matter will be anchored in the uniqueness of each case, each pathology, each patient and the assistance provided. And of course, because medical science is not exact like mathematics and in the specific case there will be countless critical scenarios where it is difficult to decide and get it right, or because the development of the disease responds to inaccessible factors. Well, in this dark panorama, full of uncertainty, it is when it becomes necessary to be clear about the criteria of patrimonial responsibility in health matters, a field that in its day I tried to offer in simple brushstrokes for jurists in a hurry. It is here and now, where the work of María Jesús Gallardo Castillo, entitled Health Administration and Patrimonial Responsibility (Colex, 2021), bursts in with a great opportunity and with immense utility. The author joins her condition of Professor of Administrative Law to that of President of the Advisory Council of Andalusia, and her work has a splendid foreword by Francisco López Menudo. But we are not facing one more work on the trite patrimonial responsibility, nor overloaded with Byzantine disquisitions or collateral questions. No. We are before a very useful work, called to serve as a bedside book for lawyers, public lawyers and judges for comprehensively addressing all dimensions of health patrimonial responsibility and without avoiding answers. An essay forged of topicality and technical rigor, which stands on a reliable map to find the treasure of compensation for health liability. The first thing I should highlight is its easy reading. The work is expressed with simplicity when addressing complex issues and also masterfully links the analysis of the state of the question with its reflection and criticism or applause as required. The second thing to underline is the anchoring of the assumptions of responsibility, requirements and procedures to be followed, on a tripod. On the one hand, the opinions of the Council of State and Advisory Councils (first line to tackle claims). On the other hand, the jurisprudence of all ranges to underpin the criteria and trends in the matter. And finally, with very opportune doctrinal references that fulfill the mission of discreet dressing for the bitter-tasting salad that litigation on sanitary liability has become. In the 240 pages, the author has managed to condense the state of the question without forgetting problematic aspects, starting from the «alleged objective nature of health responsibility» and facing the framework of liquid law offered by the Medical Protocols, the lex artis, and the clause of progress or state of science that prevents ensuring the results. Like a wise entomologist, he examines the typology of unlawful damages (delays, errors, faulty technique, non-existent or deficient informed consents, collateral damages, etc.). And it addresses the pillars of the vast majority of judicial decisions, which are not directly protected by articles of a non-existent health responsibility law, but by the general regulation of patrimonial responsibility enriched with jurisprudential institutes that are the lever used by the judge to move justice and solve the case; These are the jurisprudential tools handled by the judges, of which the author gives us a precise account, referring to the verification of the ad hoc lex artis, the loss of opportunity, the disproportionate damage, the suitable informed consent, and so on. And of course, the evidentiary axis of all litigation is examined: the causal relationship (procedural field where the approaches to claims supported by those logical perversions that are the mere causal correlation or in the retrospective analysis, in view of the harmful result prevail) . Finally, after this rich journey through the substantive criteria that await in health responsibility, the path of the procedure and the damage assessment criteria (Regulated, indicative and sometimes cryptic) are approached. I confess that few works have I stumbled on matters so complex that they tell me so much and so clearly. It fulfills what we expect in times of limited digestion capacity of how much is published: well written, easy to read and useful in what is read. With this work, María Jesús Gallardo not only manages to take us to the world of lex artis but also shows the world her art in handling the law.
the general regulation of patrimonial responsibility enriched with jurisprudential institutes that are the lever used by the judge to move justice and resolve the case
the work of María Jesús Gallardo Castillo, entitled Health administration and patrimonial responsibility (Colex, 2021).
Yo en esta matería concreta. Tras 22 años de experiencia y una efectividad del 100 por 100 de casos ganados ( a diferencia de otros campos, claro) sigo teniendo un regusto amargo. Y siempre por el mismo motivo. Dicho sea con todo respeto observó por desgracia que por mucho que me esfuerce en la práctica de las periciales y por mucho que las expliqué en sede de conclusiones el resultado a menudo me defrauda. Pruebas que no se han entendido, lo que hace que las indemnizaciones sean menores de lo debido. Y me refiero a casos muy claros. Creo que demasiado claros. Y hablamos de la salud humana.
MUCHAS GRACIAS, JOSE RAMON ¡¡¡¡, compraré el libro si duda siguiendo tus consejos. Lo cierto es que pese a llevar 32 años de experiencia exclusiva en este ámbito, no dejo de aprender cada día cosas nuevas y de forma especial cuando hay buenos maestros que nos ilustran en este cambiante ámbito del derecho… Espero seguir aprendiendo.
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Yo en esta matería concreta. Tras 22 años de experiencia y una efectividad del 100 por 100 de casos ganados ( a diferencia de otros campos, claro) sigo teniendo un regusto amargo. Y siempre por el mismo motivo. Dicho sea con todo respeto observó por desgracia que por mucho que me esfuerce en la práctica de las periciales y por mucho que las expliqué en sede de conclusiones el resultado a menudo me defrauda. Pruebas que no se han entendido, lo que hace que las indemnizaciones sean menores de lo debido. Y me refiero a casos muy claros. Creo que demasiado claros. Y hablamos de la salud humana.
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