Somos una generación de administrativistas a extinguir (¡como suena!), quienes en el último cuarto del siglo pasado (¡suena peor!) tuvimos que estudiar en una Facultad con libros, tomar apuntes, hacer fotocopias, subrayar y elaborar fichas y temas, sin usar ordenadores pues mas bien éramos «ordeñadores» de libros en papel.
Después accedimos a nuestra profesión de juristas y nos subimos en marcha a las nuevas tecnologías, adoptando las facilidades de programas, ordenadores y bases de datos. Sin embargo, nuestro objeto de estudio, la Administración, seguía anclada en procedimientos escritos, con funcionarios con rostro y oficinas como castillos con foso.
En 2007 se dio un impulso por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Suave, pero en la dirección correcta, y luego vino el goteo de disposiciones y el baile inverso “dos pasitos adelante y uno atrás”, hasta las leyes 39 y 40 de 2015 (LPAC y LRJSP, respectivamente) que intentaron dar un salto de pértiga hacia lo electrónico y tímido impulso a lo tecnológico.
Luego la pandemia provocó la reducción de la brecha digital, y nos obligó a familiarizarnos con pantallas, firmas electrónicas, citas previa y otros supuestos avances…
Lo automatizado nos enfrentó a un lenguaje nuevo y cuestiones de inmenso calado:¿Pueden y/o deben automatizarse todas las decisiones?, ¿cúales son los límites de la información manejada por los algoritmos?, ¿quién es el padre responsable de los algoritmos?, ¿qué papel pinta el funcionario y el interesado, cuando aquél hace cosas sobre éste, y éste nada sabe de aquél?, ¿quién vigila al vigilante cuando hablamos de programas fuente?, etcétera.
Las respuestas proceden del fuego cruzado europeo y de la legislación estatal, pero más bien parecen marmotas asomadas desde su madriguera y temerosas de su propia sombra…
Es ahí donde algunos intentamos ponernos al día y no parecernos al abuelo Cebolleta anclados en el procedimiento escrito de un poblado hobbit de la Tierra Media, mientras las tierras oscuras de la tecnología amenazan con cubrirlo todo. Incluso me arriesgué a publicar un análisis del fenómeno con ojos críticos significativamente titulado: «Regreso al futuro de las Administraciones Públicas ante la cuarta revolución industrial» (Presupuesto y Gasto Público, 2020).
En respuesta a mis plegarias, tuve la fortuna de que cayeran en mis manos, y ojos, tres trabajos jurídicos deliciosos que recomiendo vivamente para conocer “el movimiento de las piezas” del tablero jurídico de la tecnología en la Administración, donde los algoritmos juegan y posiblemente den mate, si no lo impedimos.
La primera obra, es “La regulación de los algoritmos” (Aranzadi, 2020, 364 págs.) debida a la dirección de Alejandro Huergo Lora y la coordinación de Gustavo Manuel Díaz González, –con estupenda recensión de Susana de la Sierra– comprendiendo trece estudios de autores solventes, que nos aproximan al impacto administrativo de los algoritmos, la automatización y la inteligencia artificial, el problema de los big data y la problemática sectorial, con gran claridad expositiva y referencias precisas, mostrando una visión serena, ilustrada y cercana del fenómeno.
La segunda obra, se titula «Inteligencia artificial y sector público. Retos, límites y medios» (2023, 790 págs), dirigida por Eduardo Gamero Casado y coordinada por Francisco L. Pérez Guerrero. Alza un colosal edificio en torno a la inteligencia artificial en el sector público, partiendo de una ilustrativa introducción para los no iniciados y para los que intentamos iniciarnos (con referencias históricas, técnicas, gráficos y explicaciones claras); a continuación se abordan los pilares: El Régimen Jurídico; Medios de Implementación; la Organización y Gobernanza; el Derecho europeo con las propuestas regulatorias de futuro. Particularmente interesantes me resultaron los estudios que inciden directamente sobre la actividad automatizada, el procedimiento administrativo, el empleo público y la responsabilidad administrativa.
Esta obra tiene dos señas de identidad de gran atractivo. Primera, que la realizan un puñado de grandes expertos (¡nada menos que treinta!), entre los que están gran parte de mis más admirados autores de los que siempre aprendo, y a los que he tenido la fortuna de conocer personalmente. Segunda, que la obra se puede descargar a texto completo y de forma gratuita, en abierto, por Tirant lo Blanch.
La tercera obra, calentita del horno editorial, es «Derecho e Inteligencia Artificial.Cuatro estudios» de Ricardo Rivero Ortega (Ed. Olejnik, 2023, 82 págs.). Los cuatro estudios hablan por sí mismos desde el título:«Gestión pública inteligencia, innovación e información: oportunidades y riesgos del Big Data Administrativo», «Algoritmos, sesgos, sexos y géneros: la sensatez del derecho», «Algoritmos, inteligencia artificial y policía predictiva del Estado vigilante» y Algoritmos y empleados públicos: límites constitucionales y silencio del legislador».
En este trabajo, el catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Salamanca consigue que le acompañemos en su paseo por el país de las tecnologías, despertarnos reflexiones y traernos noticias de las soluciones del derecho comparado, siempre buscando un espacio para el alma, pues el principio de humanidad resulta irrenunciable para el autor, para que las herramientas jamás suplanten el espíritu crítico, conciencia y creatividad humanas.
En suma, los problemas están ahí y el administrativista tiene el reto de la inmersión en la tecnología antes de que ésta se inserte en él.
Por si alguien tiene dudas… no les escribe ningún robot… todavía 🙂
La Administración electronica como concepto está muy bien, pero ignora la realidad social, como siempre. Hay muchísima gente que por edad o por condición social es analfabeta digital, y a esa gente se la ha dejado atrás. El negocio del futuro inmediato va a estar en las Gestorías y en las Asesorías. Se van a forrar. En los zocos de Marruecos hay escribanos con su máquina de escribir (supongo que ahora con su ordenador) para dirigir peticiones a la administración marroquí. Eso está pasando ya en España. La administración electrónica tiene, para ser útil, que ponerse al alcance de cualquiera. De lo contrario tendremos que recurrir de nuevo al escribano del zoco. Y los diseños solo los suele entender el que los hizo, y se los vendió después a la administración
Ese problema ya existe en la actualidad. Simplemente se le está añadiendo una capa más que facilita el acceso a las nuevas generaciones. Pero el fondo es el mismo, acceder a la administración es difícil o directamente imposible, debido a un lenguaje oscuro, muchas formas de hacer lo mismo, plazos ajustados… si no está usted familiarizado con la administración pública (tampoco es tan raro, en mi entorno nadie es funcionario o trabaja en el día a día con la administración) verá que las declaraciones de la renta las hacen gestorías, se contrata (o se pide ayuda) a un abogado al mínimo requerimiento judicial, se tiene un administrador para gestionar las juntas de vecinos, se negocia una compra-venta a través de una agencia etc etc etc.
Cómo anécdota me encargué yo del cambio de titular de un vehículo y la persona de la ventanilla me acusó de hacerle perder el tiempo, dado que hay «un montón de gestorías que saben hacerlo».
El problema es el de siempre. Los expertos en un área sobreestiman ampliamente el conocimiento de los demás en dicho área, incluso cuando intentan compensar eso mismo. Si me permiten una pequeña viñeta en inglés ilustrando eso mismo, ahí va: https://xkcd.com/2501/
Volviendo al tema del post, me parece excelente que haya juristas empezando a enfrentar la realidad de las nuevas tecnologías. Hay muchos huecos y zonas oscuras en ese choque (principalmente por la velocidad de movimiento de cada parte), y siempre está bien que algunos héroes vayan arrojando luz.
Pingback: Asalto tecnológico a la Administración: Automatización, algoritmos y robótica – Jael Trujillo