Es frecuente en los litigios contencioso-administrativos que el demandante, enfrentada a probar los hechos que fundamentan su pretensión, se sirva de expertos, cuyos informes aporta con la demanda. Son pruebas especialmente importantes en los litigios de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, urbanismo o contratación, por ejemplo.
El sano celo del demandante, para asegurarse el apuntalamiento de su tesis, le lleva a solicitar la admisión de su informe pericial y a solicitar la ratificación del perito en su informe, así como que sea citado por el órgano jurisdiccional para aclaraciones en la vista oral.
Es en este ámbito en el que algunos letrados no familiarizados con el criterio de la jurisdicción contencioso-administrativa se van a sentir como los forasteros cuando entran al saloon del Oeste, pues les aguardan sorpresas y riesgos.
Se trata lisa y llanamente de dos cuestiones que bien viene recordarlas para aviso de navegantes procesales.
Primera, la ratificación de la pericia de parte es un trámite innecesario, inútil y retardatario pues nada añade, salvo que se cuestione por la parte demandada su autoría o deficiencia de forma esencial, que lo requiera.
Segunda, las aclaraciones del informe de la parte, es un trámite improcedente desde el momento que tal pericia ha estado disponible y accesible para quien la aporta, que es quien encarga y sufraga el informe, de manera que lo normal sería quien ve oscuro el informe, se aclare directamente con el perito o le indique lo que debe aclarar o completar antes de aportarlo.
Algunos clamarán al cielo, invocarán el derecho a contradicción, su necesidad de abrir los ojos al juez a lo que dice entre líneas la pericia. Sin embargo, se comparta o no ese criterio, lo cierto es que es la pauta imperante en lo contencioso-administrativo como recuerda reciente auto de la sala tercera de 22 de septiembre de 2026 (rec.147/2022):
Sobre la ratificación afirma:
Sobre la innecesaridad de la ratificación de los informes periciales, se ha pronunciado esta Sala en diversas resoluciones [AATS de 18 de septiembre de 2023 (rec. 452/2022), de 2 de julio de 2024 (rec. 428/2023), de 25 de febrero de 2025 (rec. 485/2023), y otros], donde se ha puesto de manifiesto que los informes periciales aportados por las partes despliegan toda su eficacia probatoria sin necesidad de ratificación, cuya falta no priva ni aminora en forma alguna su validez, especialmente cuando no ha sido impugnado por la parte contraria”
.
Y sobre las aclaraciones del propio informe expone:
con independencia de que la parte no indica las aclaraciones ni explicaciones que pretende en relación con los informes periciales, como correctamente alega el Abogado del Estado en su escrito de oposición al recurso, ni del artículo 60.6 de la LJCA , ni de los artículos 346 y siguientes de la LEC se desprende la obligatoriedad de la ratificación a presencia judicial del informe pericial, ni mucho menos que la ausencia de la misma inhabilite al informe como medio de prueba válido. Por último, en todo caso y de resultar necesario, la prueba solicitada podría practicarse como diligencia final al amparo del artículo 61.2 de la LJCA ».
En los mismos términos se pronunciaba el ATS de 12 de marzo de 2018 (rec.4556/2016) quien advertía que no basta solicitar la comparecencia para “rectificación, aclaración o ampliación” sino que es preciso concretar el interés en el extremo singular que así lo exigiría. En la misma línea, la STS de 1 de julio de 2014 (rec.2132/2010).
Entiendo además que ese trámite adicional de aclaraciones por el perito en forma oral, de lo que puso por escrito, frecuentemente sirve para sorprender a la otra parte por estratégica reserva de cuestiones técnicas, o para verter oralmente lo que no se quiso adelantar en el informe escrito. En la práctica, el trámite de aclaraciones del perito de parte suele desnaturalizarse, pues el letrado que aportó el informe acude a la vista oral para someter al perito a una agotadora repetición del dictamen desde todos los ángulos posibles, y buscando añadir lo que se le olvidó.
Cosa distinta lógicamente es la solicitud de aclaraciones del perito de la parte contraria, pues la sorpresa, oscuridad o ambigüedad del informe, le brota cuando lo examina, y la única ocasión que tiene de aclararlo es solicitando esa comparencia para la necesaria contradicción.
Por eso, lo suyo sería por buena fe y lealtad procesal sería poner celo no solo en la realización del escrito de demanda y/o contestación sino en velar para que los informes de peritos que se pretende aportar sean completos, claros y exactos, y solamente reservar la solicitud de aclaraciones para aquéllos casos en que, ante circunstancias sobrevenidas desde su emisión que deben identificarse, pueda resultar necesario aclarar si se mantiene o no su criterio en puntuales aspectos, y así dejarlo claro.
Bueno es saberlo.
NOTA.- En general, la pericial en lo contencioso está repleta de singularidades, de las que me ocupé en «La prueba pericial contencioso-administrativa. Proposiciòn, práctica y valoración»(Aranzadi,2026). Reseña.
Llámeme cínico, pero la ratificación pericial sirve para algo trascendental: retrasar la resolución del pleito un año , o dos, cuando sabes lo que va a ocurrir y lo que te interesa es que suceda lo más tarde posible.
¡Buen puente!
¿Y esas «periciales» emitidas por los funcionarios de la administración que durante décadas han doblado desde el principio del procedimiento la voluntad del tribunal por aquello de la «presunción…»?
Luego acabó el TS señalando que dichos sacros informes no eran más que periciales.
Por el camino se quedaron los leǵitimos intereses de miles de afectados gracias a la insana inercia de los tribunales.
En fin.
Estimado Dr. Chaves:
Cuando aportas un informe pericial con la demanda de un procedimiento ordinario ante una Sala, ignoras qué contestará la Administración demandada: si considerará «no idóneo» al perito o si disentirá poco o mucho de las conclusiones del informe.
En prevención y apoyo del esfuerzo probatorio, que se exige a la parte recurrente, debemos proponer la ratificación y la eventual aclaraciones. Ya leí en su obra «Breviario de Jurisprudencia de la Prueba…» (2021) las referencias a esto en pp. 171-176 y 377-380, no obstante, la valoración de innecesaria (ratificación) y/o improcedente (aclaración) se puede hacer tras la contestación a la demanda, pero no antes desde mi punto de vista.
Gracias por provocar esta reflexiones.
P.D. Ya he comenzado a leer su libro Ciencia, Conciencia y Justicia (caramba qué obra!!!)
Daniel Bellido.
De acuerdo con que la ratificación es superflua si no hay objeción de la parte contraria. En desacuerdo con lo demás.
Hay al menos dos razones de peso para admitir, por principio, las aclaraciones solicitadas por la misma parte que aporta el dictamen. La primera, que el perito no tiene por qué haber trabajado al dictado de la parte. Los peritos serios solicitan honorarios por adelantado y entregan el dictamen sin preguntar a la parte si le gusta. Y lo hacen así porque es lo que hay que hacer (el perito de parte también está sujeto al juramento de imparcialidad). Por ello no todo lo que diga el dictamen tiene que ser claro para la parte ni tiene que serle satisfactorio. La postura que se defiende en la entrada acepta implícitamente que entre la parte y el perito hay familiaridad. Y no tiene que ser así, o, mejor, tiene que no ser así. En segundo lugar, el principio de inmediatez aconseja que el juez contraste información y criterios con el perito. Hay vida fuera del papel.
Por lo demás, la práctica enseña que los plazos obligan a trabajar deprisa y que es comprensible que haya alguna indeterninación o en exactitud en el dictamen que la misma parte proponente quiera subsanar en el trámite, lo que a mí me parece legítimo.
Cada uno es libre de sostener su opinión; yo no cuestiono la profesionalidad de los peritos pero lo cierto es que en 25 años de experiencia forense no recuerdo un solo informe de perito de parte que no sostenga y favorezca al que lo presenta… Curioso fenómeno que el abogado acierte a ciegas con el perito que casualmente coincide con lo que pretende demostrar
Con todos los respetos. Si existe un informe pericial favorable a la parte, no es porque se haga por familiaridad. Normalmente pedimos el informe. Si el informe no es favorable no lo presentamos. Así de claro. Solamente presentamos el informe emitido por un perito que lo hace con profesionalidad y no vamos con la idea de engañar a nada ni a nadie. Quien lo haga él sabrá a lo que se expone. Pero comparto que hay que presentarlo, ratificarlo y hacer las aclaraciones oportunas para que el magistrado tome conocimiento y conciencia del daño o la lesión y esto se consigue aclarando en el lenguaje más llano posible el alcance de unas lesiones o sus secuelas.
Lo mismo cabe decir de los informes elaborados por funcionarios de la administración demandada que se acompañan a las contestaciones a la demanda. En más de 20 años de ejercicio no he visto ninguno que no defienda la tesis de la administración.
Esta vez, no comparto su opinión, por experiencia personal.
A raíz de una desestimación parcial, la ejecución de la sentencia demostró el error de interpretación del TSJC, y fueron los propios jueces (5 casos en salas diferenciadas) que solicitaron la aportación de prueba pericial o perito adecuado para resolver «circunstancias controvertidas» (una desestimación parcial por acto administrativo que se presupone correcto).
Este loco que escribe propuso de perito a la jefa de valoraciones de Catastro en Cataluña (la parte contraria).
El Catastro argumentó aquello que consideró oportuno, para intentar evitar la declaración de la funcionaria, que acabó asistiendo a la vista oral por incidente en ejecución de sentencia.
Solo así, por declaración oral, los magistrados fueron conscientes que el cálculo lo hacía «el ordenador» que, si está mal programado (con voluntad o ignorancia) emite los valores contrarios a ley.
Por declaración oral se enteraron que el funcionario se limita a entrar datos y no comprueba nada porque presupone correcto el resultado.
Nadie lo comprobará, (que pereza, si lo emite Hacienda estará correcto) pero puedo asegurar que a día de hoy «todos los valores de suelo» en fincas dentro de una división horizontal, que compartes parcela de España, si se comprueban se demuestran desproporcionados a los coeficientes del título en propiedad.
Me juego una ración de tortilla de patatas con cualquiera, que encuentre una división horizontal en la que hayan dos fincas con usos diferenciados y los valores de suelo asignados a las fincas den como resultado mismo valor de parcela atendiendo a sus coeficientes porcentuales asignados.
Lo puede comprobar cualquier persona (matemáticas básicas) que disponga de un aparcamiento y una residencia en misma edificación.
Obtendrá valores de parcela diferenciados para la misma parcela de suelo común (INCONGRUENCIA MATEMÁTICA).
http://www.baseimponible.com/info/26399_Catastrofe.php
Coincido totalmente con el maestro Sevach.
La experiencia constante demuestra que, se diga lo que se diga, los peritos de parte siempre dictaminan lo que interesa a la parte que los presenta y paga [si su dictamen les perjudicara, no lo presentarian]
¿Qué quiere decir con esto? Es lógico que si no interesa no se presenta, pero aún así el informe pericial también hay que pagarlo. Lo mismo que si interesa presentarlo, también se paga.
en el pecado va la penitencia…
quiero decir que si admitimos el supuesto de que nunca hay una peritación de parte que ataque a quien le paga…y llegamos al caso de que no son dos contrarios normales quienes litigan, sino que son la administración y un particular los que pugnan el litigio…en qué caen las resoluciones judiciales que «sólo estiman» la peritación de su parte por» la presuncion de mayor objetividad e imparcialidad».??
unas facturas muy gordas, deben deber, verdad?.
Históricamente, el problema ha venido porque hay multitud de sentencias argumentando la existencia de un déficit probatorio al no haber pedido los demandantes la ratificación a presencia judicial de los informes periciales. Lógicamente, ningún abogado quería exponerse a una sentencia que contuviese una crítica de ese tenor, de forma que solicitaba esa ratificación aunque la considerase innecesaria. Con arreglo al sentido común y a las reglas de la carga de la prueba, el demandante debería cumplir con la aportación de su dictamen pericial con la demanda y debería ser la Administración demandada, si necesitase explicaciones o preguntas o formular objeciones adicionales sobre ese dictamen, quien debería solicitar la ratificación del mismo a presencia judicial
Mucius.
Exacto, multitud de sentencias. Y me ha pasado que habiendo solicitado la ratificación en la demanda, se resuelva que es innecesario practicarla, y luego en sentencia se reproche que el informe pericial carece de suficiente valor probatorio por el no haber sido ratificado.
Pero resuta que como la prueba ahora se propone con la demnada, y no se sabe que hará la contrapate con nuestro informe, no está de más pedirla sólo para el caso d i mpugnación?