Categoría: Procesal

El laberinto del proceso, sus incidencias y claves que determinan el fin del litigio.

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ContenciosoProcesal

Del utilísimo derecho a solicitar aclaraciones al perito de parte

 

perplejoAquello tan clásico de que no basta tener razón sino que hay que saber demostrarla se evidencia en infinidad de pleitos en que la balanza de la justicia se inclina hacia quien ha conseguido sacar partido al resultado de las pruebas periciales propuestas o practicadas en el juicio.

No olvidemos que la mayoría de los pleitos contencioso-administrativos precisan de la colaboración de peritos para determinar e ilustrar al juez, por ejemplo, del valor de la finca expropiada, de la valoración de los daños ocasionados por responsabilidad patrimonial, de las características de un inmueble por su impacto tributario, de las condiciones físicas o psíquicas de un funcionario que reclama un traslado o adaptación, o incluso mas recientemente, de peritos que puedan demostrar el error de un tribunal calificador de oposiciones al valorar un ejercicio de conocimiento especializado.

Se trata de pleitos en que la contienda obliga a las partes a traer esos “guerreros ocasionales” que son los peritos. La parte demandante traerá a los “profesionales” que aporten su ciencia técnica. La administración posiblemente traerá los informes elaborados por esos “soldados profesionales” que son sus funcionarios. Y el juez posiblemente considere oportuno pedir un tercer dictamen de un perito reclutado de forma “ciega” de un frío listado.

Es ahora cuando hay que saber la claves procesales de la estrategia para obtener todo el fruto de la propia pericia .Veamos Leer Más

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Procesal

Todas las respuestas sobre el nuevo recurso de casación

avisto palabrasEl novedoso recurso de casación incorporado por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,  entró en vigor el 22 de julio de 2016. Pocos saben lo que saldrá de ese caballo de Troya judicial.

Las incertidumbres están servidas para todos los que nos movemos en el ámbito contencioso-administrativo. Una regulación legal parca y ambigua, y la praxis del Supremo está por venir para aclarar cuando “el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”(art.88 LJCA), o cuando las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados contienen” contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos” (art.86 LJCA). Ello sin olvidar la necesidad de armonizar y aclarar la escurridiza tramitación del recurso de casación por infracción de normas autonómicas.

Mientras tanto el aluvión de recursos que se están preparando ante las Salas está en marcha esperando la guadaña de la falta de interés casacional o el aliento de la ansiada admisión. El Supremo se prepara para la embestida como comenté en anterior post.

En esta travesía del desierto, desde la vigencia hasta que cristalicen los criterios del Supremo, he descubierto un oasis con ideas frescas y cristalinas que permiten ser optimistas. Se trata del espléndido trabajo debido a Roberto Mayor Gómez, Letrado-Director de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla-La Mancha, y titulado « Compendio sobre el recurso de casación contencioso-administrativo introducido por la ley orgánica 7/2015,de 21 de julio, por la que se modifica la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial», y publicado en Gabilex,  la Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, Nº Extraordinario Diciembre 2016. No perdamos la ocasión de obtenerlo rápida y gratuitamente…Un excelente regalo navideño… Leer Más

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De urbanismo y medio ambienteProcesal

Impotencia probatoria de los planes urbanísticos: ni documentos públicos ni los informes asumidos son reglamentos

perder un litigioAl igual que la vieja canción nos avisaba de tribus ocultas cerca del río, a veces el Supremo nos regala sorpresas en terrenos pacíficos, como el ofrecido por la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 2016 (rec.53/2016) relativa a la impugnación de actuación urbanística, que aquí está completa, pero que nos ofrece dos curiosas perlas sobre la calificación como reglamentos de los planes urbanísticos. Si son perlas negras o blancas, el tiempo lo dirá. De momento merece una reflexión desde la sana crítica. Leer Más

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ContenciosoProcesal

El Constitucional tumba las tasas judiciales cuando la tutela yace en la ídem

mirada juezaSe ha hecho pública la sentencia del Tribunal Constitucional que declara contraria a la tutela judicial efectiva el modelo de tasas judiciales fijado por Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Dicha Ley ha sido aplicada como peaje de entrada a la justicia, con llanto y rechinar de dientes.

A la vista de esta importantísima sentencia constitucional, los interrogantes son numerosos y se impone una reflexión seria y personal. Leer Más

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ContenciosoProcesal

Cuando la administración recorta la cantidad ganada en sentencia

recorteLas sentencias estimatorias de pretensiones de condena a la administración al abono de indemnizaciones comportan su pago por la administración. Y cuando todo parecía zanjado, el particular puede encontrarse con que la administración comienza a hacerle descuentos y recortes en ejecución de sentencia.

Uno de los supuestos mas frecuentes es el caso de reconocimiento del derecho a indemnizaciones pecuniarias a favor de funcionarios como consecuencia de conceptos retributivos o de la sentencia que reconoce el derecho a ser funcionario u ocupar determinado puesto con efectos retroactivos, campo en que el litigante victorioso recibe a título de indemnización una suma generosa y en que la administración a la hora de pagarla, aplica las retenciones tributarias o lo somete a las cotizaciones de la seguridad social correspondientes a tales conceptos salariales tardíos.

En este escenario, de tira y afloja entre el empleado público ejecutante de su derecho y la resistencia de la administración que le aplica un tijeretazo, nos llega el Auto de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 7 de Julio de 2016 (rec. 476/2013) que resuelve el marco del incidente de ejecución para resolver estas cuestiones, sobre si la cantidad a indemnizar es en bloque, sin minoraciones, o si por el contrario, la administración ha de ejecutar el fallo judicial con los recortes impuestos en materia tributaria, como si se hubiese prestado el servicio o generado el pago temporáneamente.

Veamos la solución jurisprudencial. Leer Más

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ContenciosoProcesal

La Sala Tercera se prepara para la ofensiva del recurso de casación

discusion juecesDada la importante reforma del recurso de casación contencioso-administrativo, que entrará en vigor el próximo 22 de Julio, lo natural era que la fuerza de choque de los 32 magistrados que integran la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se adaptase para poder dar respuesta ordenada a la presumible avalancha de recursos y su ulterior reparto (muchos llamados y pocos elegidos) entre las distintas Secciones.

De ahí, la importancia de que si ayer se publicaba el acuerdo del CGPJ que difundía las condiciones extrínsecas o formales (formato y extensión) del recurso de casación ante el Supremo, hoy se ha publicado, por un lado, la Sala de admisiones con ocho miembros, y por otro lado, el Acuerdo de reparto de asuntos entre las siete Secciones.

El gran reto que debe afrontar la flamante Sala de admisiones, formada por prestigiosos magistrados, antes de iniciar su actuación, se centrará en fijar previamente unas líneas generales de lo que debe ser el interés casacional (más allá del trazo farragoso de la Ley) y que marque una hoja de ruta de admisiones de tono razonable, uniforme y previsible.

La comunidad jurídica estará muy atenta a lo que de allí pueda salir. Es cierto que todo recurso de casación reviste interés casacional “subjetivo” para quien lo plantea, pero lo suyo será que la Sala de admisiones aprecie el interés casacional sobre bases puramente jurídicas y objetivas, velando por aportar claridad y no por afán didáctico u oportunista. Está en juego no solo la credibilidad del recurso de casación sino de los propios magistrados del Supremo.

En fin, consideremos que estas medidas estén impregnadas del fen-shui para que las buenas energías y la tutela judicial efectiva no sufra riesgo de menoscabo.

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ContenciosoProcesal

Obiter dicta y ratio decidendi: churras y merinas en el mismo rebaño

acalranodHace poco comenté a una joven y flamante graduada en derecho, que cierta argumentación de sentencia eran obiter dicta, ante lo que, con mezcla de sorpresa y honradez, me interrumpió y confesó que no sabía lo que eran.

Por eso, me pareció importante detenerme en estas dos importantes locuciones latinas “obiter dicta” y “ratio decidendi” que son las columnas argumentales de las sentencias (más bien, en términos arquitectónicos, los obiter dicta son “tabiques” y la “ratio decidendi” son paredes maestras).

Tienen gran utilidad, e  incluso confío en que mantendrán su vigencia pese a los vientos gubernativos para expulsar el latín de la praxis forense. Veamos. Leer Más

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Procesal

Escurridizo control por el Supremo de las decisiones financieras del Consejo de Ministros

decision plenoEl Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo afrontó recientemente el enjuiciamiento de un acto del Consejo de Ministros de gran calado en materia de interés para todo el Estado, que es examinado por la Sala con ojos técnicos pese a su enorme trasfondo político, para ultimar como Pilatos, lavándose las manos y dejando la decisión en el Barrabás del Tribunal Constitucional.

Nuevamente nos encontramos con una resolución del Supremo que rehúsa su propio campo de control jurisdiccional, posiblemente con toda solvencia argumental y prudencia, pero digna de comentario para que la comunidad jurídica sepa por donde soplan los vientos. Leer Más

poder del Estado
ContenciosoProcesalRelámpagos Jurisprudenciales

El Tribunal Constitucional crea los Decretos cuasilegislativos

SUPREMORecordemos que en diciembre de 2010, con ocasión de la huelga salvaje de controladores aéreos, por primera vez en la historia democrática, el Gobierno declaró por decreto el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.

El Consejo de Ministros declaró por Decreto el estado de alarma y un segundo Decreto, con autorización del Congreso de Diputados lo prorrogó.

Algunos controladores aéreos formularon demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo contra los Decretos del Gobierno que afectaban a su derecho de huelga, y se tropezaron con un auto judicial que declaraba la inadmisión por falta de jurisdicción. Los controladores formularon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que por Sentencia de 28 de Abril de 2016 ha declarado la conformidad a derecho de tal inadmisión, afirmando que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución. Pero veamos el razonamiento del Tribunal Constitucional para excluir tales Decretos del control jurisdiccional ordinario… Leer Más

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ContenciosoDe Jueces y la JusticiaProcesal

El tamaño del recurso de casación importa

portazoHa sido noticia que la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo el pasado 20 de Abril aprobó el Acuerdo que establece una suerte de requisitos formales de los escritos de interposición y oposición del recurso de casación que entrará en vigor el próximo 24 de Junio de 2016. Recordemos solamente que el novedoso recurso de casación universaliza “los llamados” (esto es, las sentencias y autos recurribles, al margen de cuantía o materia) pero minimiza los que serán “admitidos”, sustancialmente los que pasen la puerta de eso que se llama “interés casacional”, que ya comentamos en extenso.

Ahora, se da otra vuelta de tuerca al recurso de casación que se avecina. Esta vez por el flanco formal. Y es que ese acuerdo de la Sala de Gobierno, ha establecido unas normas que establecen la extensión máxima, el formato y la estructura, de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de dicho Tribunal, así como de los escritos de oposición a dichos recursos. Y de paso establece unos criterios orientativos para otro tipo de escritos.

Estas normas, que serán aplicables a partir del próximo 22 de julio (previa publicación en el BOE para aviso de navegantes), limitan la extensión máxima de los escritos de recurso de casación u oposición, a “50.000 caracteres con espacio” -el equivalente a 25 folios.

Además precisa el Formato, en términos propios de editorial que recibe manuscritos, pues se deberá utilizar como fuente “Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen. Además, el formato del folio, tanto electrónico como en papel, será A4 sin rayas, con interlineado de texto de 1,5. Los márgenes horizontales y verticales serán de 2,5 cm. Todos los folios deberán ir numerados en su esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando en el número 1.)

Además se establece lo que llama Estructura (Carátula y Contenido), con una especial predilección por el orden, la numeración y la indicación.

agotadoLa medida confiesa su justificación en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA tras la reforma introducida en la misma por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, y en el “previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

Sin embargo el fundamento real radica en el novedoso y flamante art. 87 bis de la LJCA que dispone literalmente: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el BOE la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemático de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación”.

O sea una habilitación legal a un órgano en su vertiente gubernativa (Sala de gobierno) para fijar requisitos procesales (¡toma ya!)

Con ello se deja en los dueños del embalse (Tribunal Supremo) la doble esclusa de regular el nivel de las aguas: una primera esclusa formal con estos requisitos de extensión y formalidades; y otra esclusa material, con la apreciación del interés casacional.

Es cierto que medidas similares imperan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero varias preguntas sin respuesta se ofrecen, algunas de las cuales obviamente siguen la técnica de la ironía. Veamos las que se me ocurren. Leer Más