Categoría: Procedimientos administrativos

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Prescripción de las sanciones en vía de recurso de reposición desestimado por silencio

lecturas variasLeo el interesantísimo artículo de María Belén López Donaire en la valiosa Revista jurídica Liberlex, núm. 2-2016 titulado “Las novedades sobre la prescripción de las infracciones y sanciones a raíz de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, y el mismo aborda una interesantísima cuestión como es la del reinicio del plazo de prescripción de la sanción en el caso contemplado por su art. 30.3 que dispone que

En caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

La cuestión capital radica en si esta novedad (que supera y aparta de la doctrina legal sentada por la STS de 22 de septiembre del 2008, rec. 69/2005), que literalmente se predica del “recurso de alzada” ha de aplicarse o no al recurso de reposición que no fuere resuelto en plazo por la administración.

Veamos esta cuestión que no es pacífica pero que me temo pasará a ser muy, pero que muy beligerante en los tribunales.  Leer Más

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El Supremo rechaza que la administración se beneficie de su falta de diligencia

relojEs sabido que la fecha del Registro de salida del propio órgano no sirve para acreditar la fecha de presentación de unas alegaciones o recursos ante otro órgano distinto. La fecha a considerar será la de entrada en el registro general de este último u otro de los registros idóneos pero ajenos a  los del remitente.

Pues bien, si hace poco comentábamos que el Supremo encarecía las garantías de las notificaciones electrónicas a cargo de la administración ahora da otra vuelta de tuerca y ratifica que la fecha de salida de la propia administración es irrelevante.

En suma, como dice lapidariamente la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2016 (rec.2880/2015), la “ tardanza o falta de diligencia de la Administración, en modo alguno puede suponer una ventaja para ella”. Y sienta una doctrina que demuestra que las reglas de formas y plazos juegan para todos y que no hay espacio para privilegio de la administración. Veamos. Leer Más

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El Supremo advierte: Las notificaciones electrónicas no admiten rebaja en las garantías

carterosUna reciente sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo está llamada a ser la piedra de toque para verificar la idoneidad de las notificaciones electrónicas.

Hemos de recordar que en el ámbito tributario es práctica consolidada la de las notificaciones electrónicas, especialmente a través de las “direcciones electrónicas habilitadas”, medio que ha recibido impulso y generalización tras la entrada en vigor parcialmente tras la Ley 39/2015, de 2 de Octubre, de Procedimiento administrativo Común, de manera que las notificaciones electrónicas han venido para quedarse.

Por eso resulta de suma importancia esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 2016 (rec. 2841/2015) que deja claro que lo electrónico no supone un recorte de los derechos a la notificación exacta, completa y legal, y lo hace apoyándose en el principio de defensa que no admite relajo so pretexto de lo electrónico. Pasen y vean… Leer Más

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La pena de taburete : Suspensión del procedimiento sancionador por actuaciones penales

captura-de-pantalla-2016-11-24-a-las-9-55-03Suele denominarse “pena de banquillo” al castigo anticipado en cuanto a imagen y zozobra que supone para el investigado penalmente el tener que sufrir la pendencia y duración del procedimiento de instrucción.

Dado que las actuaciones penales se prolongan excesivamente en el tiempo y la opinión pública no aplica la presunción de inocencia, la sombra de la duda se convierte en un nubarrón en el investigado. O sea, se dice que mientras está en el banquillo sufre una pena adicional, y aunque posteriormente se archive, la mancha difícilmente se borra.

Pues bien, existe un supuesto paralelo en la órbita administrativa, y que calificaría gráficamente de “pena de taburete” y que se referiría al gravamen que sufre el expedientado en vía administrativa, no ya cuando sufre la prolongación de las actuaciones del expediente sancionador ( debidas al juego de garantías y prueba) sino cuando el procedimiento administrativo sancionador queda en el limbo al disponer el instructor que se suspende hasta que se zanjen las cuestiones penales. Y es que las “manchas administrativas” también importan ( pensemos, por ejemplo, en el funcionario bajo la espada de Damocles esperando que la vía penal examine su asunto, lo archive y entonces prosiga la vía administrativa, o la empresa que se ve apartada de subvenciones o contratos como efecto reflejo de la pendencia de su expediente).

El problema no viene dado por la suspensión del procedimiento administrativo y su remisión a la vía penal en casos de indicios sólidos de esta última, sino por los potenciales errores o ligereza del instructor que desvía y aparca el expediente con esta cómoda referencia a la posible relevancia penal de los hechos. Veamos. Leer Más

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Quousque tandem abutere, Tribunal Constitucional, patientia nostra?

competenciasEl Tribunal Constitucional va recordando las coplas de Jorge Manrique en lo de “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Su prestigio inicial va en decadencia. En su día comenté su habilidad para no complicarse la vida, siempre dispuesto a escudarse en el burladero de una inadmisión o en sutilezas teóricas que disfrazan voluntad mas que razón.

El problema no son las sentencias puntuales con carga política donde puede explicarse el equilibrio en que se mueve este órgano, sino las sentencias de pura técnica jurídica donde el rigor y la solvencia están ausentes.

Digo esto, tras conocer la última ocurrencia del Tribunal Constitucional, y la valoro así a título personal como jurista perplejo y en uso de la libertad de cátedra bloguera.

Se trata de la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 22 de Septiembre de 2016 que desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la Disposición Final segunda de la Ley 15/2010, de 28 de Diciembre de la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre una vertiente tan típicamente administrativa como es el sentido del silencio administrativo y los límites del legislador al diseñarlo, escenario que ya avancé en un anterior post.

Pero veamos el interesante caso y la salida del Tribunal Constitucional….

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El fantasmal Reglamento disciplinario de 1986

crimen-y-castigoEl Reglamento de Régimen Disciplinario de la administración del Estado, aprobado por R.D.33/1986, de 10 de Enero recoge el procedimiento y tipificación de faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves, dándose la paradoja de que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) solo tipifica las muy graves (con silencio respecto de menos graves y leves), aunque declara el principio de reserva legal.

Ante esta situación sigue manteniendo actualidad la alarmante situación de un importantísimo Reglamento cuyo ámbito natural de aplicación y destinatarios es el de la administración del estado y administración local, junto funcionarios de entes dependientes de los mismos, sin olvidar su aplicación supletoria para la administración autonómica. Sin embargo, existe y subsiste la división de criterios de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia sobre una cuestión crucial que brotó hace seis años y todavía no se ha solventado (momento en que comenté el caso y mi particular opinión bajo el título “muerte y resurrección del reglamento disciplinario estatal”).

Se trata nada más ni nada menos de la cuestión de si la tipificación de faltas graves y leves del reglamento disciplinario ha sido derogada por el EBEP con el consiguiente vacío legal, o si por el contrario subsiste vigente hasta que en el futuro se establezcan otras diferentes por norma con rango de ley. La primera tesis (derogación) es la que mantiene la Sala de lo contencioso-administrativo de Valencia, pudiendo citar la reciente Sentencia de de 5 de Julio de 2016 (rec. 305/2013), y la segunda tesis -mayoritariamente seguida por las restantes Salas- es la que mantiene por ejemplo, la Sala de lo contencioso-administrativo de Madrid, pudiendo citar la reciente Sentencia de 4 de Marzo de 2016 (rec. 643/2015)Leer Más

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La administración electrónica: un pasito para adelante, un pasito para atrás

descansando buena administracionLeo dos noticias en distinto medio y contenido pero que nos muestran la senda borrascosa de la administración electrónica española. De un lado, se ha divulgado un informe  y ha sido noticia en un diario económico nacional que “En España el 21% de los hogares no dispone de conexión a internet”, quedando “en sombra, principalmente en zonas rurales, donde no llega el flujo de datos”. Añadiremos que en esos hogares con “luz tecnológica” no todos los residentes se conectan a internet y usan correo electrónico pues la regla inversa de adaptación se cumple: a mayor edad, menor adaptación a las tecnologías de la información.

De otro lado, la Newsletter del INAP nos informa que la mayoría de los funcionarios exceden los cincuenta años. Ni que decir tiene que aunque a esa edad hay un esfuerzo por conocer las tecnologías de la información, la resistencia a nuevos hábitos de comunicación y documentación es patente, ya que ni superaron en su día pruebas o temarios de estas tecnologías, ni ayuda estar mas cerca de la jubilación que de la lejana toma de posesión.

Saquemos conclusiones y vemos lo que nos dice a medias el legislador. Leer Más

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Cosas de la competencia administrativa que nos dejarán perplejos

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Dos datos novedosos sobre la competencia de los órganos administrativos nos esperan en el recodo del Derecho administrativo. Uno nos lo brinda la vigencia inminente de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LEREJU), y otro una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal supremo de 2 de Junio de 2016 (rec.3289/2014). Realmente interesantes. Leer Más

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Derribo de la externalización de la inspección y recaudación de tributos municipales

LA GRAN EVASIONEl fenómeno de la llamada “huida del derecho administrativo” mediante empresas privadas del sector público provocó la reacción de lo que algún sector académico calificó con fortuna como “persecución del derecho administrativo” para devolver al redil las ovejas descarriadas. El primer lazo lo tendió la unión europea extendiendo las reglas de contratación de todo poder público a toda organización pública, ya fuere administración, organismo u ente autónomo o sociedad mercantil del sector público (quitó el velo de las formas).

El segundo lazo lo ofreció el Estatuto Básico del Empleado Público cuyos artículos 9.2 y la Disposición Adicional segunda establecieron una doble reserva funcionarial y funcional, en relación a la administración local. Una reserva de primer grado, confiando en exclusividad a los funcionarios labores de “autoridad, fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización…”, y por tanto excluyendo de las mismas a personal laboral o eventual, dentro o fuera de la plantilla de la corporación. Una reserva de segundo grado, en cuanto las funciones de secretaría (asesoramiento y fe pública) así como control y fiscalización interna, se confiarían en exclusiva a funcionarios de habilitación nacional.

El tercer lazo nos lo ofrecerá la vigencia del art.113 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común (PACA) que precisará sobre las sociedades. “En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.” (art. 113 PACA). Y junto a ella su siamesa, el art. 128.2 de la Ley 40/2015, de 2 de Octubre de Régimen del Sector Público (LEREJU) que para evitar el atajo alternativo de las Fundaciones precisa que: “Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas”.

Así y todo, algunas entidades locales o mas bien algunos regidores por ignorancia, mala fe o prejuicios hacia funcionarios o normas administrativas, o por cantos de sirena del vecino Alcalde o correligionario, caen en la tentación de los experimentos de externalización. Y además en el núcleo duro del poder público: la actuación tributaria y de recaudación.

Pues bien, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 19 de Enero de 2016 (rec.554/2015) pone freno a la adjudicación del contrato de servicios municipal para la inspección de tributos municipales con clara e interesantísima argumentación. Leer Más

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La responsabilidad sanitaria en dos patadas

juez medicoLa responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria es una de las ramas jurídicas mas sensibles para la ciudadanía y que se ofrece como un campo de minas para letrados y jueces.

Es un ámbito, donde el concepto jurídico indeterminado de la “lex artis” del caso, trata de probarse “arrimando el ascua a su sardina”, tanto el demandante para censurar la actuación sanitaria como las partes demandadas para bendecirla.

Además son procedimientos “poligonales” donde existe una parte reclamante (que en casos de fallecimiento del paciente suele componerse de varios herederos) y donde varios son los potenciales demandados (Administración sanitaria, centros concertados, aseguradoras, etc).

Por si fuera poco, la construcción dogmática de este instituto es de cuño jurisprudencial y plagada de conceptos escurridizos y de difícil deslinde (consentimiento informado, vulneración de la lex artis asistencial, pérdida de oportunidad, daño desproporcionado, etc). muerto

A ello se añade que, como consecuencia de la práctica “orfandad legal” de la institución, la praxis del tratamiento procesal de sus vicisitudes se diversifica según el ámbito jurisdiccional territorial, e incluso dentro de los órganos unipersonales de la misma sede.

Pocos ámbitos jurisdiccionales están sometidos a mayor carga de “arbitrio judicial” (en el sentido mas noble de “arbitrio” o criterio sano del juzgador) que el de la responsabilidad patrimonial, y que aflora en una doble vertiente. A la hora de valorar la prueba y determinar si hay o no responsabilidad (peritos y testigos se someten a la  sana crítica) y a la hora de fijar la indemnización (al considerarse orientativos los baremos civiles, resulta que las horquillas de indemnización para casos similares son amplísimas).

Aquí está este sencillo tutorial jurídico, sin mas pretensiones que ofrecer una visión fresca a un fenómeno complejo, y donde pueden encontrarse no solo la sistemática.