Recibe este blog un comentario quejoso de un ciudadano que nos cuenta su experiencia con los costes de la justicia administrativa.
Como ciudadano y jurista comprendo su indignación. Hemos de admitir que la Justicia es cara, que la pagamos todos, y que no deben tolerarse despilfarros ni abusos, pero la situación a que hemos llegado ofrece casos sangrantes, como este que nos relata este colaborador desesperado.
«Os cuento mi experiencia. Demando a la administración por denegarme comisión de servicios para acudir a exámenes de promoción interna, ya que hay sentencias precedentes. en mi caso es al TSJA. El monto a satisfacer eran unos 600 euros. así pues contacto con una «abogada». Me hace pagar 120 de depósito al procurador. Tras un año desestiman mi demanda y me imponen 1100 € de costas y me aconseja ir al Supremo mi abogada. No admite a trámite el supremo y me condena a 2000 € en costas… de este modo 3220 euros en gastos (sin contar abogada) por 600 €. Es que nadie en su sano juicio ve una aberración esto? Ahora me encuentro en una situación financiera al borde del caos por ello… Ruego comentarios.»
Este es un ejemplo real que provoca reflexiones.
Existe la justicia gratuita y la justicia cara, pero lo que podría calificarse de «clase media» ( sin justicia gratuita ni fondos para jugar a la ruleta judicial) se ve obligada a pensarse mucho si embarcarse en un litigio cuando lo que está en juego es de pequeña cuantía.
En esa tesitura, si lo que está en liza es inferior a unos 1000 euros ( multas, subvenciones, daños por servicios públicos, tasas, licencias urbanísticas menores, etcétera) tras advertir el abogado de los mínimos costes procesales (abogado y procurador), y añadir que la posible victoria nunca es segura, el particular tendrá dudas sobre litigar… pero esas dudas desaparecerán si en esa balanza de pros y contras se coloca la sombra de las costas procesales en caso de perder, marcada por la incertidumbre total. Es así, que muchos ciudadanos no lucharán por lo que creen justo porque les cuesta.
El resultado es que el ciudadano rumiará en un rincón por no haber podido ni siquiera discutir su caso ante el enemigo invisible de las posibles costas
Y muchos otros que han luchado y han perdido el litigio, la razón y sus dineros con el puntillazo de las costas, maldecirán la justicia y los jueces. Lo paga la imagen de la Justicia, de un servicio público imprescindible.
Buena parte de los funcionarios no afrontarán litigios por sus condiciones de trabajo por el peaje de la jurisdicción contenciosa, contemplando envidiosos como sus compañeros laborales son recibidos con las puertas abiertas por la jurisdicción laboral.
Asimismo el régimen de imposición de costas procesales ha desterrado el ejercicio de la acción pública por asociaciones y entidades filantrópicas que tanto servicio ha prestado a la tutela urbanística y los intereses generales.
Los abogados ven como han desaparecido del bufete los asuntos menores de clientes modestos.
Y los jueces ven que se han evaporado los procedimientos de pequeña cuantía pero que afectan a muchos.
Es cierto que en el pasado los abusos de la justicia administrativa «gratis total» llevaron al movimiento pendular de tasas y a la regla general de imponer costas. Hora es de quedarse en el término medio y superar las versiones y perversiones.
Y dado que mi súplica de un Decreto-ley para solventarlo quedó enterrada, me pregunto :¿ Tan difícil sería una sencilla modificación legal que dispusiese que «no se impondrán las costas en litigios de cuantía inferior a 1500 euros, salvo que se aprecie la temeridad»?, ¿ o alternativamente fijar como límite máximo de costas la cuantía en juego en cualquier instancia?
Por eso, contemplo los demagógicos programas de todos los partidos políticos ante las inminentes elecciones generales pero ninguno se ocupa seriamente de la Justicia ni de las costas contencioso-administrativas, pese a que todos los votantes son ciudadanos y antes o después en su vida se tropezarán con un litigio contra la administración. Los políticos juegan con impuestos, con pensiones, salarios interprofesionales y otras grandes cuestiones, pero de la Cenicienta nadie se ocupa. Mientras las administraciones públicas se frotan las manos complacientes pues saben que «la casa gana» casi siempre ( para eso tiene trucada la «ruleta legislativa»).
Por eso me sorprende cuando las administraciones y las estadísticas consideran signo de la buena salud jurídica el dato del número descendente de litigios; o cuando el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial se felicitan del éxito de haber reducido los plazos de resolución de litigios.
Se olvidan que no es que las administraciones sean mas cumplidoras con la ley sino que los tribunales tienen menos ocasiones de enjuiciar sus actuaciones, y no es que la Justicia sea mas rápida sino que tiene menos clientes.
Descubre más desde delaJusticia.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Estimado JR. Vista la participación y, la diversidad de opiniones y el rico debate suscitado es indudable que el tema de las costas es uno de los más interesantes y debatidos. No pertenezco al grupo de los «juristas» sino que soy un simple funcionario que ha tenido que lidiar esporádicamente con la jurisdicción contenciosa porque la Administración es mi empresa.
Recientemente he tenido que presentar un contencioso porque no se me había abonado un trienio perfeccionado cuando me encontraba en incapacidad temporal. Hay sentencias de algún tribunal superior y de varios de primera instancia y mi empresa (la administración) me ha obligado a acudir al contencioso-administrativo para reclamar menos de 100€. Lógicamente no contraté ni abogado ni procurador porque me lo permite la LJCA y porque no me parecía complicada la demanda al existir sentencias estimatorias anteriores. Incluso pedí que no hubiera vista oral, pero mi empresa (la administración) decidió que había que gastarse el dinero en un proceso innecesario. La sentencia acuerda estimar íntegramente mis pretensiones, sin pronunciarse en costas.
Mi pregunta es: Teniendo en cuenta que tampoco me han abonado los atrasos por el incremento de retribuciones y que, aunque es un tema similar, no tiene el respaldo de sentencias de tribunales superiores que me permitan una demanda con garantías, ¿alguien cree que debo gastarme 600€ para contratar un abogado y un procurador por una demanda inferior a 100€ y jugármela a que el juez me condene en costas y me cueste más de 1000€?.
Y mi segunda pregunta: Cuando se imponen costas al demandante, ¿se tiene en cuenta que la representación de la administración suele estar formada por funcionarios que cobran sus retribuciones del erario público?
Por lo demás, mi enhorabuena a cuantos me enriquecéis con vuestros comentarios.
La lógica de las costas es desincentivar las demandas temerarias. Pero muchas veces se emplean como “venganza” y con el fin opuesto. Hace poco recibí una condena en costas en el TSJ-CLM, a instancia del letrado de la Junta, que lo solicitó porque “había supuesto mucho trabajo la complejidad de los argumentos planteados”.
Me alegra el ánimo y conforta el espíritu, conocer que no soy el único en pensar que los jueces de lo contencioso administrativo están para defender los derechos de la Administración con desprecio del ciudadano y lo que tal desprecio supone y representa. Que ya hace bastante tiempo, otros eminentes juristas pensaban igual, y, además, lo decían en público sin miedo a censuras o revanchas:
Véase el texto que reproduzco:
En este, como en tantos otros aspectos de la estructuración del Estado de Derecho, nuestros Jueces no se han caracterizado por su originalidad ni por su audacia. Respetuosos, sumamente respetuosos con quienes, en cada momento, han detentado el poder, tradicionalmente han sido una rémora en las conquistas del ciudadano en sus relaciones con los Poderes públicos que definen un Estado de Derecho. (don Jesús González Pérez)
https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2019/02/18/dos-ilustrativos-parrafos-del-maestro-jesus-gonzalez-perez-sobre-el-contencioso-administrativo/#respond
Para aberraciones, ésta…
El funcionario pide a su administración su historial médico, no se lo dan.
Recurso de alzada, denegado.
Recurso contencioso al TSJ, abogado y procurador: (vete sumando) 2.000 € y pide indemnización por no entregar sus documentos médicos, en todo el tiempo que transcurrirá desde que lo pidió al principio.
Desestimado. Perdido
Y se pronuncia sobre la indemnización, nada sobre el derecho a su documentación médica…
Aclaración: (abogado y procurador 500 €, mas).
Auto aclara y sigue sin decir nada… costas. 500 €
Recurso de casación: abogado y procurador: 1.800 €
Inadmitido: costas. 2.000 €
Nulidad al TSJ. Abogado y procurador: 900 €
TSJ desestima: costas. 1000 €
Recurso de amparo: Abogado y procurador: 2.500 €
… y ahí sigue, van: 11.200 euros
Viva spañitan
Me extraña que nadie haya comentado la viñeta que insertas en la entrada, pero esas dos palabras lo resumen todo: «ningún error». Es clara la voluntad de evitar el acceso a la Justicia.
En cuanto a que ésta es cara, no sólo hay que tener en cuenta todos los peajes casi siempre innecesarios, desde los sangrantes y totalmente prescindibles procuradores en la era telemática, a los abogados impuestos a veces cuándo tampoco serían necesarios y que muchas veces resultan kafkianos en sus planteamientos, pasando por peritos, pruebas,…y la sombra de las costas, pero muchas veces (y lo siento) es una casta hipertrofiada en el parasitismo del dolor ajeno a la que no hay ninguna voluntad política (¿será por afinidad?) de poner freno. No hay más que darse una vuelta por cualquier sede de cualquier tribunal y ver la fauna que por allí se mueve para darse cuenta del lastre que supone para la sociedad.
El saber popular ya lo plasmó en el «pleitos tengas,… y los ganes» y el ciudadano casi siempre pierde la vaca y el ternero por el camino.
Y aún así seguimos picando, tal es la necesidad de justicia que tenemos.
Estoy demasiado CABREADO por unas costas de casi DOS MIL EUROS que acaba de imponerle la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL por un contencioso contra una Resolución del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, como para poder escribir con claridad y objetividad.
UN ASUNTO EN EL QUE EL PROPIO TRIBUNAL ME DA LA RAZÓN, EXTRAPROCESALMENTE, Y POR UN ACUERDO QUE ADOPTARON A POSTERIOR DEL PLEITO, y que obviamente notifiqué a la AUDIENCIA NACIONAL.
¡Pues ni por esas me han librado de las costas!
Como soy creyente, espero que la «justicia» divina les pase la factura correspondiente, en problemas de salud, o e cualquier otra índole, y lo siento de veras, pero creo es lo que se merecen…
Como decia el periodista Matias Antolín:” lo malo de la Justicia es que no hay hoja de reclamaciones “
El tema de las costas judiciales es uno de los hechos más sangrantes actualmente en el ámbito contencioso administrativo.
1. Ante un mismo hecho existen diferencias en los fundamentos jurídicos dependiendo de TSJA, TSJCV o TSCM… Y es un hecho. Y hablo de temas menores.
2. La Abogacía del Estado se ha tornado ente recaudador ejecutando costas a pesar de su tremendo desfase en cuanto a la reclamación. Evidentemente la instrucción de la Abogacía General del Estado ha mutado a una noble institución en cuasi Agencia Estatal de A.T.
3. El descrédito para el panorama judicial es desolador. Y ello redunda en una crisis negativa que apunta a los valores más axiomáticos de la sociedad democrática: la justicia gratuita y la tutela judicial EFECTIVA.
Un saludo.
Cuanto cuesta encontrar Justicia, que caro es el ser escuchado y el recibir un veredicto que resuelva nuestras dudas. ¿Por qué pagar por ello? ¿Es un abuso querer hallar la verdad? ¿Es necesario limitar el acceso de la justicia mediante restricciones económicas? ¿Por qué un ciudadano, que anhela justicia, no puede conocer el coste que puede llegar a sufrir y que es capaz de asumir? ¿acaso en los demás ámbitos de nuestra vida cotidiana no exigimos conocer el coste de cada una de nuestras acciones? Queda mucho por andar y el camino es pedregoso, pero poner más trabas a la senda no ayuda en la incansable búsqueda de justicia. David contra un Goliat que no siente las embestidas de su rival ya que económicamente la Administración no repara en gastos, no teme agotar todas las instancias aunque su fin no sea otro que vencer por abandono. Desde dentro de la bestia todo se ve diferente, la maquinaria no esta tan engrasada como parece, los medios económicos no son comparables con los humanos y ante falta de motivación o preparación bueno es conseguir que el rival desista ante el temor a sufrir un gran varapalo económico.