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De lo financiero y tributario

Sentencia del Constitucional: no valía el cálculo de la plusvalía

curiosidadAntes o después, todos somos contribuyentes del impuesto de plusvalías, esto es, obligados a pagar con ocasión de la transmisión de un terreno urbano (compraventa, donación, permuta o herencia) o constitución de derecho real de disfrute (ej. usufructo), pues se pretende que si hay beneficio, se contribuya más a las arcas municipales.

Sin embargo, el optimista legislador no contaba con las caídas de valor derivadas de la crisis inmobiliaria que llevan a que el precio de venta frecuentemente sea inferior al de adquisición en el pasado, y así y todo, verse obligado a pagar.

Por eso resulta del máximo interés la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017 que ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE.

La trascendencia de dicha sentencia es enorme puesto que afecta a la sustancia del impuesto de plusvalías cuya regulación se contempla en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales y que ha sido objeto de varias cuestiones de inconstitucionalidad pendientes de resolución ( de hecho, la regulación de los arts. 1 y 4 de la Norma Foral, se corresponde con la de los arts. 104 y 107 de la LHL de 2004, aunque el Constitucional afirma que “Debe excluirse, por tanto, cualquier análisis de constitucionalidad de los arts. 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por no ser aplicables al proceso a quo “).

Veamos lo resuelto e implicaciones. Leer Más

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No vale todo para sancionar tributariamente

acalranodLa recientísima Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 2016 (rec. 348/2016) estima un recurso de casación por unificación de doctrina (lo que ya es un hallazgo inusual) y lo hace para sentar un criterio que lleva tiempo indicando en sus sentencias a la administración tributaria, pese a lo cual, no faltan actuaciones sancionadoras tributarias que se asientan sobre los prejuicios hacia el contribuyente, sobre el dato frío de un incremento patrimonial no justificado o sobre un error contable, sin acompañar, como impone el principio de culpabilidad (clave de bóveda del derecho punitivo, penal y sancionador) la valoración de la conducta que permita fundamentar un serio reproche al contribuyente.

Así, en la citada sentencia se solicitaba la unificación de doctrina en los siguientes términos:

Si cabe considerar a efectos de motivar la culpabilidad en la imposición de sanciones tributarias, que las circunstancias de tener importantes medios económicos, haber firmado en conformidad el Acta y la mención de no apreciarse causas exoneración de la culpabilidad, son suficientes.

Pues bien, la sentencia expone los criterios que deberían fijar en el tablón de edictos de todas las delegaciones de la Agencia Tributaria y en los despachos de la inspección. Y en todas las unidades sancionadoras de todo ámbito. Una joya y canto a las garantías del Estado de Derecho. Leer Más

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Limitación de pagos en metálico a 1000 euros: todos sospechosos

musicoLa limitación del pago en metálico a 1000 euros, dando otra vuelta de tuerca a la baja del límite de 2500 euros operativa desde finales de 2012, es la crónica de otro asalto a las libertades por parte de Hacienda.

No todo vale en nombre de la recaudación. El fraude de unos pocos no sirve para poner bajo sospecha a todos. Un amable lector del blog lo resume espléndidamente: 

La medida supone, como mínimo, un incremento del control de la sociedad hasta límites inadmisibles, un estrechamiento de nuestra libertad e intimidad hasta casi provocar su asfixia y un favorecimiento descarado hacia los bancos (como nuevo e injustificado premio por su responsabilidad en la actual crisis). Resultándome completamente inexplicable (y causándome escalofríos) la existencia de tanto silencio ante tamaño disparate. Acatar dócilmente que se nos imponga (con la excusa de que existe gente que defrauda) cómo tenemos que pagar con nuestro dinero, significa aceptar sin más nuestra condición de “sospechosos” y asumir que nuestra intimidad y libertad quedan reducidas a cenizas. ¿No es esto muy parecido a al sistema de delación existente en la “muy democrática” Alemania Oriental que reflejaba la maravillosa película “La vida de los otros” (Florian Henckel, 2006)?

Lo cierto es que esa medida, que como las malas noticias burocráticas será servida en alevoso Decreto Ley tras las fiestas navideñas, despierta interrogantes preocupantes. Leer Más

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El Supremo afina la prejudicialidad penal en el ámbito tributario

taxNo es infrecuente cuando de entramados de fraude fiscal empresarial se trata, que existan actuaciones paralelas por parte de la administración para liquidar y sancionar por conceptos tributarios, así como por la justicia penal por posible delito de falsedad, maquinación o defraudación.

El principio general es que si conoce el juez penal de los mismos hechos que amparan las actuaciones administrativas, éste procedimiento debe paralizarse. Y si se declaran hechos probados en la vía penal, vincularán a la administración, y si la vía penal desemboca en archivo o no declara probados hechos tributarios pues la administración proseguirá su andadura.

Ahora bien, ahora el Supremo estima un recurso de unificación de doctrina ( ¡ albricias!) al encontrarse con que sobre este instituto seguían ruta diferente la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para la Audiencia Nacional, si se analizan los mismos hechos en la vía penal, la suspensión es automática e incondicionada. Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión solo opera si las actuaciones administrativas comportan una cuantía superior a la que se establece como umbral para el arranque de la responsabilidad penal, en la idea de que si las liquidaciones fueran por cifras inferiores o nimiedades, ninguna influencia tendría lo que se resolviese en vía penal.

Veamos la solución. Leer Más

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Para Hacienda unos son más iguales que otros

sumoMe comenta un joven abogado con pesar que el año pasado se estrenó en la profesión como autónomo en un bufete en prácticas y que no tuvo ingresos, y que tiene el corazón encogido porque pese a no tener ingresos (cero patatero) tenía la obligación de hacer la declaración trimestral del IVA (“Sin actividad”).

Su dilema ahora estriba, o bien arriesgarse a no regularizar de una vez las cuatro declaraciones trimestrales y hacerlas, y exponerse a una casi segura sanción de 800 euros (200 euros de multa fija por cada declaración trimestral extemporánea al ser “pillado” por la administración); o bien hacer espontáneamente la regularización presentando cuatro declaraciones en formulario “vacío” y asumir la sanción de tan solo 400 euros (100 euros de multa por cada declaración).

Tuve que  explicarle al atribulado abogado que nuestro enloquecido sistema tributario impone formalismos y cargas absurdas. En este caso, enviar a quien nada tiene, la presentación de cuatro papeles o declaraciones al año en un impreso que se limita a decir que sin actividad no hubo ingreso, y que para mas inri, además de rectificar espontáneamente, por hacerlo fuera de plazo le asestan una multa de propina. O sea, lo de la cita de Mateo 13:12): “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”. En versión castiza es aquello de “a perro flaco todo son pulgas”.

Pero lo que ya puso al joven letrado a punto de emular a Bill Foster (Michael Douglas) en la película “Un día de furia” (1993) y echarse al monte, fue cuando le dije que acababa de ser noticia que el cantante Joaquín Sabina utiliza una estructura de sociedades pantalla para manejar una fortuna de 4,7 millones de euros (y para mas choteo usa una UTE denominada Ultramarinos y Jimecoro 2012. S.L. que manejó casi 3 millones de euros de ingresos).

Mas allá de la anécdota de la coherencia de mi admirado cantante, entre la letra de su vida financiera y la música de su progresía, lo que me resulta frustrante es el monstruo en que se ha convertido el Derecho Tributario, que al pececillo lo machaca y el barracuda rompe redes y campa libre. Pero más aún… Leer Más

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Los hechos imponibles de las Ordenanzas fiscales no se suplen con informes del secretario

ordenataEn una extensa y razonada sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada el pasado 19 de Julio de 2016, se aborda la interesante cuestión de la extensión del hecho imponible que genera una tasa municipal y las posibles fuentes de integración o subsanación cuando la Ordenanza fiscal se queda corta o lo da por sobreentendido.

Concretamente en esta reciente Sentencia La Sala se enfrenta decidir si se cumple el principio de legalidad y tipicidad del hecho imponible calificado de “servicios de guardería rural” a favor de las fincas rurales, y acomete una labor de indagación propia de espeleología jurídica que resultará infructuosa. Como nos recuerda la prensa :

La figura de los guardas rurales fue creada por el rey Fernando VI, que dictó una ordenanza en la que nombraba a los guardas de campo y montes, que eran los encargados de denunciar, por ejemplo, a los taladores que causaban incendios o a los ladrones de ganado. En aquel entonces, para formar parte de ese cuerpo el requisito era ser hombre de buena opinión, fama y costumbres.

Pero veamos la pesquisa del Supremo para identificar los servicios que prestan como condición para poder cobrar una tasa municipal, en esta sentencia que establecerá doctrina de validez general.

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Varapalo del Supremo a la pasividad del Tribunal Económico-Administrativo Central

achievement-1238472_1920Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) no sea un órgano jurisdiccional, su posición preeminente en cuanto a resolver reclamaciones económico-administrativas de entidad, le obliga a dar ejemplo y no a refugiarse en su pasividad a la hora de ejecutar sus propias resoluciones para propiciar la prescripción de los derechos del contribuyente. Ahora el Supremo sienta doctrina con potencial proyección general sobre el deber de oficio de la administración de impulsar sus actos declarativos de derechos para los ciudadanos. Leer Más

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El Supremo robustece la justificación del incremento de tasas locales con interesante doctrina administrativa

recaudar tributosEn el ámbito local se ha otorgado el valioso don de aprobar Ordenanzas fiscales, esto es, reglamentos que se adentran a fijar o elevar tasas locales, como excepción al principio de reserva de ley en materia tributaria. Como “poder para recaudar” el mismo ha de ser objeto de exquisito rigor en su uso, porque lo contrario convertiría a los entes locales en señores feudales que impondrían a los vasallos lo que les viniese en gana.

Y ello sería especialmente sangrante en tiempos en que muchos entes locales, acuciados por la sequía de ingresos, opten por incrementar las “tasas cautivas” (alcantarillado, agua, etc) como forma expeditiva de obtener ingresos constantes y rápidos.

De ahí que reviste especial interés la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Mayo de 2016 (rec.1999/2014) que no solo deja en sus justos términos el alcance de lo que debe ser una Memoria económica que merezca tal nombre, sino que se adentra en dos cuestiones de interés general en Derecho administrativo. Por un lado, precisa cuando arranca el plazo para impugnar respecto de actos que contemplen la publicación oficial adicional. Por otro lado, explica la singularidad del ámbito fiscal local en que la declaración de nulidad de pleno derecho de una Ordenanza fiscal puede comportar si la sentencia lo considera, incluso la revisión de los actos firmes y consentidos dictados a su amparo, debiendo adecuarlos la administración condenada.

Veamos los términos de tan interesante sentencia. Leer Más