Etiqueta: Procedimiento administrativo

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La Ley de Tráfico y Seguridad vial: actualizada, gratuita y comentada

multaaAntes o después todos tenemos que asomarnos a la Ley de Tráfico, como conductores, como abogados o para explicárselo a un amigo o vecino. La materia de “tráfico” se ha alzado en disciplina autónoma de gran interés por derecho propio.

En primer lugar, por su objeto, el tráfico y seguridad vial, muy acotado. Gira en torno al Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial 6/2015, de 30 de Octubre, que plasma la vieja noción de “Código” en cuanto bloque normativo cerrado en sí mismo y completo y que además mana de una única fuente estatal, pues se alza en competencia común para todo el Estado, no en su aplicación pero sí en su régimen, que se sustrae a la potestad normativa autonómica.

En segundo lugar, por sus principios propios, ya que la administración de tráfico, siguiendo los pasos de la “emancipación” de la administración tributaria se ha ido dotando de sus propios institutos y reglas (tablón edictal electrónico singular; presunciones reforzadas; fuerte componente técnico: vehículos, viales, condiciones de seguridad, etc; procedimientos aligerados de trámites, “facilidades” por pronto e inmediato pago, etc.

De hecho, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre (PACA) supuso “desenganchar el vagón de la normativa de tráfico” del procedimiento administrativo común, de manera que la legislación básica de procedimiento se convierte en supletoria (Disposición Adicional Primera 2-c, referida a “las actuaciones y procedimientos sancionadores”).

Así pues, en esta selva de tráfico, bien está el valiosísimo y útil estudio que ofrece gratuitamente y accesible en su forma y actualización, modestamente titulado “Comentarios al texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial”, obra de Amando Baños Rodríguez. Leer Más

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Procedimientos administrativos

No es ley todo lo que parece

castigadoLos parónimos son palabras de significado diferente y aspecto parecido que pueden llevar al lector a confundirse.

Quien lee con rapidez un texto legal, o quizá por estar acostumbrado a determinada jerga, a determinadas estipulaciones de estilo, o porque lee la norma “transversalmente” corre el riesgo de quedarse con que “donde parecía decir digo, decía Diego”.

El problema radica en que el jurista tiene que leer, releer y rumiar las palabras para extraer su fruto, y no quedarse en la primera impresión.

Viene al caso porque en varias ocasiones me han comentado coloquialmente algunos letrados públicos que su administración está tranquila con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento administrativo Común (PACA), porque al margen de la vigencia aplazada en materia de administración electrónica, el resto de sus estipulaciones requiere un desarrollo reglamentario o adaptación de procedimientos al amparo de una de sus disposiciones finales que concede un año para adecuarlos a las nuevas previsiones. Es más, incluso al menos he visto tres Circulares de Administraciones públicas que insisten en el plazo adicional de un año tras la entrada en vigor de la Ley.

Pronto les leo el precepto y les aclaro que no es así. Abren los ojos como platos y luego se preguntan como pudo ser que no se percataran de ello. Les traicionó leer con celeridad y el cerebro hizo el resto de las asociaciones.

Veamos brevemente este caso y aunque sé que la inmensa mayoría de seguidores del blog estaban en lo correcto, con quitar la venda de los ojos a un solo letrado me daré por satisfecho y será útil este comentario.

Veamos. Leer Más

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Procedimientos administrativos

Prescripción de las sanciones en vía de recurso de reposición desestimado por silencio

lecturas variasLeo el interesantísimo artículo de María Belén López Donaire en la valiosa Revista jurídica Liberlex, núm. 2-2016 titulado “Las novedades sobre la prescripción de las infracciones y sanciones a raíz de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, y el mismo aborda una interesantísima cuestión como es la del reinicio del plazo de prescripción de la sanción en el caso contemplado por su art. 30.3 que dispone que

En caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

La cuestión capital radica en si esta novedad (que supera y aparta de la doctrina legal sentada por la STS de 22 de septiembre del 2008, rec. 69/2005), que literalmente se predica del “recurso de alzada” ha de aplicarse o no al recurso de reposición que no fuere resuelto en plazo por la administración.

Veamos esta cuestión que no es pacífica pero que me temo pasará a ser muy, pero que muy beligerante en los tribunales.  Leer Más

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De extranjería

Regalo del Supremo para extranjeros: flexibilidad de identificación

madAl hilo de un recurso de casación planteado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se fija doctrina general sobre la forma de identificarse exigible a los extranjeros en la generalidad de los procedimientos administrativos.

En el caso concreto, para la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, la administración autonómica valenciana requería a los interesados que facilitasen el número de Identificación de Extranjeros (NIE), el cual solo es posible si el extranjero que solicita la inscripción tenía concedida la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), pero dado que la misma presupone la residencia legal y puesto que la normativa aplicable solo imponía la “identificación”, el Supremo ratifica la sentencia de la Sala valenciana en cuanto a la suficiencia de la acreditación de identidad mediante pasaporte.

Sin embargo, la Sentencia del Supremo de 19 de Diciembre de 2016 (rec. 1696/2015) va mas allá y fija “urbi et orbe”, con buen criterio para general conocimiento de todas las administraciones, la forma de acreditar la identidad por el extranjero, sea o no residente, sin que la administración pueda exigir la Tarjeta de Identificación de Extranjero, con lo que pone coto a la praxis o inercia de algunas administraciones de exigir al extranjero mayor identificación que el pasaporte al hilo de procedimientos administrativos comunes.

Veamos esta doctrina del Supremo que completa la legislación de extranjería y evitará rodeos y quebraderos de cabeza para los extranjeros en España. Leer Más

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Contenciososanciones

La gresca de los notarios, la juez y el inquisidor sobre el plazo de prescripción

disputaAunque parece el título de una vieja película de Fernando Esteso y Pajares, es el resumen en trazo gruesísimo de un pintoresco litigio que traemos a colación no por la condición de los actores sino porque precisa los requisitos para que opere la prescripción de las infracciones cuando media una instrucción reservada, extremo sobre el que suele darse confusión y provocar infinidad de litigios contencioso-administrativos. Veamos Leer Más

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Horas bajas para la evaluación de impacto de género de los reglamentos

impactoLa reciente Sentencia del Tribunal del 27 de octubre de 2016 (rec. 929/2014) desestima el recurso directo frente al Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre en relación al motivo impugnatorio consistente en la ausencia de la Memoria de análisis de impacto normativo sobre la igualdad de género.

La sentencia reviste notable interés en cuanto fija un criterio lógico sobre el alcance de la exigibilidad de tal Memoria, de manera que si el impacto del reglamento es nulo o neutro (por ejemplo, un reglamento sobre pastos y rastrojeras) pues nada habría que explicar, lo que aliviaría el rigor literal de la exigencia de tal informe en relación a todo proyecto reglamentario (“en todo caso”). Con ello se suma a una línea jurisprudencial que recorta tal exigencia o mas bien la coloca en sus justos términos. Veamos. Leer Más

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Procedimientos administrativos

Quousque tandem abutere, Tribunal Constitucional, patientia nostra?

competenciasEl Tribunal Constitucional va recordando las coplas de Jorge Manrique en lo de “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Su prestigio inicial va en decadencia. En su día comenté su habilidad para no complicarse la vida, siempre dispuesto a escudarse en el burladero de una inadmisión o en sutilezas teóricas que disfrazan voluntad mas que razón.

El problema no son las sentencias puntuales con carga política donde puede explicarse el equilibrio en que se mueve este órgano, sino las sentencias de pura técnica jurídica donde el rigor y la solvencia están ausentes.

Digo esto, tras conocer la última ocurrencia del Tribunal Constitucional, y la valoro así a título personal como jurista perplejo y en uso de la libertad de cátedra bloguera.

Se trata de la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 22 de Septiembre de 2016 que desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la Disposición Final segunda de la Ley 15/2010, de 28 de Diciembre de la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre una vertiente tan típicamente administrativa como es el sentido del silencio administrativo y los límites del legislador al diseñarlo, escenario que ya avancé en un anterior post.

Pero veamos el interesante caso y la salida del Tribunal Constitucional….

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ContenciosoProcedimientos administrativos

El fantasmal Reglamento disciplinario de 1986

crimen-y-castigoEl Reglamento de Régimen Disciplinario de la administración del Estado, aprobado por R.D.33/1986, de 10 de Enero recoge el procedimiento y tipificación de faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves, dándose la paradoja de que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) solo tipifica las muy graves (con silencio respecto de menos graves y leves), aunque declara el principio de reserva legal.

Ante esta situación sigue manteniendo actualidad la alarmante situación de un importantísimo Reglamento cuyo ámbito natural de aplicación y destinatarios es el de la administración del estado y administración local, junto funcionarios de entes dependientes de los mismos, sin olvidar su aplicación supletoria para la administración autonómica. Sin embargo, existe y subsiste la división de criterios de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia sobre una cuestión crucial que brotó hace seis años y todavía no se ha solventado (momento en que comenté el caso y mi particular opinión bajo el título “muerte y resurrección del reglamento disciplinario estatal”).

Se trata nada más ni nada menos de la cuestión de si la tipificación de faltas graves y leves del reglamento disciplinario ha sido derogada por el EBEP con el consiguiente vacío legal, o si por el contrario subsiste vigente hasta que en el futuro se establezcan otras diferentes por norma con rango de ley. La primera tesis (derogación) es la que mantiene la Sala de lo contencioso-administrativo de Valencia, pudiendo citar la reciente Sentencia de de 5 de Julio de 2016 (rec. 305/2013), y la segunda tesis -mayoritariamente seguida por las restantes Salas- es la que mantiene por ejemplo, la Sala de lo contencioso-administrativo de Madrid, pudiendo citar la reciente Sentencia de 4 de Marzo de 2016 (rec. 643/2015)Leer Más

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Informatica y Derecho

Respuestas claras sobre el novedoso procedimiento electrónico

on-lineaTras la vigencia de las nuevas leyes 39/2015, de Procedimiento administrativo común y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, un nuevo paradigma de relaciones entre administración y ciudadano se abre.

Uno de los ejes mas ambiciosos de la reforma es el llamado “procedimiento electrónico”, calificado así mas como licencia expresiva y gráfica que jurídica, ya que ni la Ley 39/2015 (PACA)- ni la transitoriamente vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos- utilizan ni emplea tal denominación (“procedimiento electrónico”, “procedimiento administrativo electrónico”), como tampoco materialmente regulan lo que jurídicamente se calificaría de “procedimiento electrónico”.

En efecto, la Ley 39/2015 se ocupa del “procedimiento administrativo común”, el cual cuenta con trámites y órganos de configuración “electrónica”. Una cosa es el “funcionamiento electrónico” o las técnicas electrónicas -sello, archivo, registro o notificación “electrónicos”- y otra muy distinta que exista un procedimiento administrativo electrónico como tal; basta pensar que el calificado como “procedimiento administrativo electrónico” no conduce a ninguna parte o finalidad (se trata de una herramienta o “traje” de los procedimientos específicos); jurídicamente no es un “procedimiento electrónico” sino una serie de trámites de necesaria configuración electrónica, cuya inobservancia según la casuística podrá comportar la anulabilidad del acto administrativo si su omisión comporta indefensión, o nulidad radical si su omisión comporta la falta total y absoluta del “procedimiento legalmente establecido” (art. 47.1, e, Ley 39/2015), entendiendo por “establecido” aquel procedimiento específicamente regulado y diseñado con sus trámites esenciales de forma electrónica, ej. subasta electrónica).

En suma, puede hablarse coloquialmente de que ahora existe un “procedimiento electrónico” por contraposición al clásico “procedimiento documentado”, de igual modo que resulta muy gráfica y didáctica la referencia en trabajos académicos o científicos a “procedimiento administrativo electrónico” ya que tal expresión permite saber de qué hablamos sin rodeos ni tecnicismos.

Efectuada esta personal precisión (que puede no compartirse, pues la sana discrepancia es bella), quiero pasar a ofrecer el enlace donde podéis encontrar el estupendo y generoso trabajo de Víctor Almonacid, alto funcionario, gran comunicador y quizá de las cabezas mas versadas en “lo que se avecina” del llamado “procedimiento electrónico”.

Se trata del documento titulado 100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO EN LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Un documento serio, claro y gratuito. La respuesta a las plegarias de funcionarios y juristas en general. El formato e índice facilitan la consulta y la localización de la respuesta.

No dejéis de descargarlo desde el enlace indicado a su estupendo blog.

Enhorabuena a Víctor, y gracias en nombre de la comunidad jurídica.

Acu acu
ContenciosoProcedimiento y Proceso

Luchar contra el silencio del Jurado de Expropiación Forzosa

lecturas variasEl instituto de expropiación forzosa es el típico tema que se estudia en la Facultad o en el temario de oposiciones, que parece clarito y agotado, ya que se mantiene inmutable la vieja raíz de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 (con modificaciones puntuales desde la vertiente urbanística, la reversión o la posibilidad de causas de utilidad pública de fijación autonómica), por lo que parece que pocas sorpresas o litigios pueden ofrecerse al jurista cuando transita por un camino tan trillado.

Así y poco, sigue dándose interesante jurisprudencia sobre el tema y especialmente para el caso tristemente no insólito del expropiado que se ve privado de la finca, que formula su propuesta u hoja de aprecio y en que ni la Administración expropiante ni el Jurado de Expropiación “mueven ficha” y optan por esconder la cabeza como el avestruz, cuestión sobre la que existen interesantes y llamativos pronunciamientos jurisprudenciales de cómo impugnar ese “silencio” del expropiante sobre la fijación del justiprecio. Y ello porque la cuestión dista de estar clara y mucho menos pacífica, y ruego se disculpe la aparente complejidad que intentaré disipar facilitando la lectura o relectura de este post. Leer Más