Desde la aprobación de la vigente Ley de Contratos Públicos de 8 de noviembre de 2017 llevo diciendo en infinidad de charlas tres juicios críticos sobre la técnica legislativa aplicada en este sector.
En primer lugar, considero que en materia de contratación pública “menos es más”, pues el monstruo regulado de contratos y su vigilancia ha alzado una mole pavorosa de cadenas que impiden que la Administración avance en su misión: la existencia de un menú amplísimo de contratos; la variedad de procedimientos y formas, requisitos y prohibiciones, como senderos que se bifurcan hacia ninguna parte; el acopio de informes, memorias, dictámenes, justificaciones y otros documentos que empapelan el expediente como si de una momia se tratase; y el llamado a empleados públicos de todas las tribus para meter el cucharón en el procedimiento (juristas, interventores, jefes de contratación, titulares de órganos de contratación, etcétera).
En segundo lugar, considero que las leyes sobre contratación deben perseguir la eficacia, la economía y la legalidad, pero evitando que la perspectiva de control y la lucha contra las patologías de corrupciones aplaste su funcionalidad, esto es, la eficacia (provocando la expulsión del mercado de potenciales licitadores ante el fárrago de requisitos y trámites) o la economía de las arcas públicas (generando una desorbitada inflación de costes de gestión de los contratos).
En tercer lugar, infinidad de ojos públicos ponen su vigilancia sobre los contratos: Observatorios, Oficinas de conflicto de intereses, Oficinas anticorrupción,Tribunales de recursos contractuales, Tribunal de Cuentas y OCEX, la OLAF europea, la jurisdicción contenciosa y penal, etcétera. Demasiados cocineros para hacer un buen pastel o para vigilar que nadie se lleve la harina o abuse del azúcar. Ni caben todos en la cocina pública ni todos coinciden en visión y opinión.
En suma, un gigante con pies de barro, pues al final nos hemos vuelto a enterar de nichos de corrupción pública de enorme calado, con tentáculos insospechados.
Cuando he tenido noticia de estos fenómenos de corrupción, desde mi experiencia administrativista, mi intuición me decía que el problema como en la mayor parte de los accidentes aéreos no era un problema técnico, sino un problema humano. Humano, demasiado humano.
Me extrañaba que en tales licitaciones amañadas hubieran fallado los controles, con tantos ojos y tantos funcionarios que intervienen en el procedimiento contractual, cuando la inmensísima mayoría conocen su trabajo y lo hacen con lealtad y visión institucional.
La respuesta me vino al asistir al IV Congreso de Contratación Pública en Valencia el pasado 5 de julio (está disponible una lúcida síntesis), en que tuve el honor de ofrecer una breve intervención junto con Antonio Arias, cuyo efecto útil quedaría eclipsado ante la exposición breve, clara y lúcida de Manuel J. García Rodríguez experto en contratación pública y en tecnologías de la información, que con la precisión propia de los ingenieros, desveló en tan solo nueve minutos las irregularidades de la licitación de 78 millones de euros de los túneles de Belate (Navarra).
No tiene desperdicio este resumen, apoyado en los datos que muestra el expediente de contratación, y que muestra el factor humano como determinante de que tal contrato apestase a corrupción. Por favor, escuchen con atención y verán como lo vivo en ese contrato desplaza lo pintado por la Ley. En suma, los agujeros o gateras en el muro de lucha contra la corrupción. Y como no, muestra que en las Mesas de contratación, la voluntad final será aritmética, pero eso no oculta la voz discrepante, firme y valiente de los funcionarios, como en el caso que nos ocupa.
Tras la exposición se ve que hay quien no ha hecho los deberes como autoridad o cargo público, y se advierte que “van los contratos, donde quieren los insensatos”, pues el problema está en como se cuelan en cargos públicos las personas sin visión institucional, sin respeto a la Ley y prestas a aprovechar la ocasión para intereses indignos.
Y no se hable de principios legales, códigos éticos ni más palabrería con letras de neón, pues no altera el corazón del corrupto. Parafraseando a Michel Crozier “No se cambia el corazón por decreto”, y citando el lamento de la Universidad de Salamanca “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta”. El problema es que imprimir honradez personal y lealtad institucional es tremendamente difícil y no sé como conseguirlo, pero sí sé que, ni es cuestión de aluvión de leyes, ni se trata de reclutar personas solamente sabias ni políticos hábiles, pues hoy día a la cúspide de la decisión administrativa o política, como a las cumbres de las montañas, llegan tanto las águilas como los reptiles. O como expuse recientemente en mi último ensayo, los lobos disfrazados inundan la vida social y el reto de los lobos nobles y ovejas inocentes es evitarlos.
Dos preguntas finales me asaltan:
¿Cómo es posible que con tamañas tropelías y tinglados, con huella de voces discrepantes e informes de miembros de la mesa de contratación, subsistiese el retorcimiento de la legalidad hasta quebrarla, y pudiera pasar bajo el radar del control público posterior dicho contrato?
¿Por qué las llaman “irregularidades” cuando quieren decir “ilegalidades” o deberían ser “inmoralidades”?
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Hola D. José Ramón: un artículo excelente, como todos los suyos, pero creo que éste es especialmente certero, ha sintetizado en unas líneas los principales problemas de la contratación pública que se resumen en uno: un problema humano, muy humano.
Buenos días:
El muy docto ingeniero que aparece en el artículo, con su práctica lección, niega a una persona de 73 años la posibilidad de ocupar un puesto de responsabilidad, dudando de su honorabilidad.
Pregunta; ¿Sabe el docto ingeniero cuántos ingenieros, menores de 50 años, aparecen como soporte técnico en los casos de corrupción?
Increíble pero cierto.
Se tendrá que jubilar de una puta vez? Y dejar paso a la juventud?
Había razones «DE PESO» para continuar con ese particualr ingeneiro de 73 años. DE MUCHO PESO.
Alguién dispuesto a emitir su voto y puntuación, después de conocidas las puntuacioens emitidas por el resto de miembros de la Mesa de Contratación. Personas así, «que se visten por los pies», quedan pocas.
Imparcial, a carta cabal, objetico y amigo de sus amigos y de los que le renuevan en el cargo.
No, no es un muy docto ingeniero quien niega esa posibilidad. Es la ley. Y la ley está para cumplirse.
El problema no es la edad de los técnicos, sino que algunos se prestan a redactar informes a la carta a cambio de prebendas, ascensos y otros privilegios, eso cuando no entran directamente en corruptelas directamente con quienes les han nombrado que son parte de los políticos.
Excelente aporte, otra cuestión clave que no se aborda con la misma importancia, a mi juicio, es la figura del directivo público. Cuando su nombramiento y cese depende del Ministro o Consejero, ya sea o no funcionario y además participa en los órganos de contratación ñ, la corrupción está servida. Una dirección pública profesional seleccionada por mérito e independiente del político ofrece mayores garantías frente a la corrupción
Excelente diagnóstico, no sólo en materia de contratación, sino para todos los problemas del caciquismo que está deteriorando nuestro sistema democrático:
«El problema está en como se cuelan en cargos públicos las personas sin visión institucional, sin respeto a la Ley y prestas a aprovechar la ocasión para intereses indignos»
La experiencia nos demuestra tozudamente que no cabe confiar solo en la buena fe y en la honradez de todos los actores públicos y privados que participan en las licitaciones de contratos públicos, en los procedimientos de subvenciones públicos o en los procedimientos de selección de empleados públicos, por lo que se hace necesario dotarse de un sistema de prevención (ex ante) y de un sistema de control (ex post) eficiente.
Sobre el sistema de prevención ex ante ya se ha apuntado en otro sitio algunos mecanismos (como la utilización de inteligencia artificial para detectar banderas rojas, etc…).
Sobre el control ex post me parece claramente insuficiente y decepcionante el funcionamiento y las competencias de las instituciones llamadas a ejercer este control (órganos de control externo, oficinas antifraude, etc…). En el video que se acompaña a esta publicación el ponente dice que la cámara de cuentas autonómica fiscalizó el contrato y reflejo algunas observaciones relevantes pero sin ir más allá que concretar algunas recomendaciones a futuro. En el resumen del IV Congreso de Contratación Pública celebrado en Valencia el pasado 5 de julio se señala que el contrato analizado, y que presentaba graves irregularidades -ilegalidades-, fue objeto de denuncia ante la oficina anticorrupción de Navarra, sin que se conozca que hubiese hecho algo de relevancia ante la evidencia de los indicios de corrupción; más aun cuando el denunciante sufrió un acto de represalia por ello. Por tanto, las instituciones encargadas del control de la actuación administrativa son claramente ineficientes. Se limitan, a lo sumo, a reflejar las ilegalidades pero sin escudriñar la posible corrupción. Raramente trasladan sus conclusiones a la Fiscalía aunque, como el caso de Navarra, los indicios acreditados eran muy preocupantes. En definitiva, estas instituciones que deberían ser la segunda línea de defensa contra la corrupción no funcionan (la primera línea sería los medios de prevención, que tampoco existen o resultan ineficaces).
Voy a dar un ejemplo: hace ya unos 15 meses presenté una denuncia ante una oficina anticorrupción por la selección de un puesto directivo profesional en una entidad pública a favor de un candidato que pasó de mozo de almacén interino de esta entidad al citado puesto y, además, no cumplía con los requisitos legales de la convocatoria, pero eso sí, es muy afín al partido político de turno. A fecha de hoy todavía no tengo noticias sobre mi denuncia.
Creo que es mejor olvidar las «oficinas anticorrupción» montadas por partidos políticos en sus respectivas administraciones públicas, y denunciar directamente en Fiscalía (muy «dependiente»), perdón quería decir denunciar siempre en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Mientras existan, con la ley Bolaños les quedan pocos días, no llegan a fin de mes 🙁 .
Siempre sin estudiar y calcular antes las normas de reparto para asegurarte, dando siempre en el clavo contra toda probabilidad estadística, que las causas cayeran siempre en magistrados de instruccion amigos («forum shopping», «gaming the Court») .
Pongamos por caso, estudiar las normas de reparto para que el caso caiga en Instrucción nº X con una magistrada del cuarto turno pareja de un alto dirigente político o, como antaño, con todos o casí todos lso asuntos relevantes o sensibles o «de contra programación», en el juzgado central de instrucción nº 5 del ex Magistrado Baltasar Garzón Real, actual marido de la ex ministra de justicia y ex FGE, la que nombró al actual FGE.
No hablamos de Argentina, ni del kirchnerismo. Ni de Venezuela. This is Spain. Poniendo dos ejemplos reales de la vida misma entre miles. Lo curioso, incluso milagroso, fue que el TS se cansase, incluso sus mentores, y se actuase contra el citado célebre ex magistrado y actual letrado en ejercicio.
Bastaría tambien con la existencia de un CUARTO PODER, una prensa y medios de información, independientes y sin miedo. Pero cosas así simplemente ya no existen, como no existe el ratoncito Pérez, the tooth fairy.
Solo quedan medios pequeños o redes sociales donde todos podemos participar (y eso unicamente gracias a que a Elon Musk, le dio por comprar y liberar Twitter, sin censuras a las narrativas «no correctas»). A veces suceden pequeños milagros. Como el milagro del funcionario denunciador en Navarra y que sufrió mobbing por ello.
La LCSP es un bodrio jurídico con una técnica legislativa pésima que solo sirve para que no funcione y no se entienda. En los casos de corrupción no solo sobrevuelan los políticos corruptos, sino los técnicos que redactan pliegos con nombres y apellidos.
Durante unos años ejercí de órgano de contratación y paralelamente de gestor de contratación pública, y he visto la progresión de complicaciones desde la vetusta Ley de Contratos del Estado hasta la Ley actual. Para el gestor es un auténtico calvario ir recabando todos los informes necesarios hasta llegar a la apertura de plicas en la mesa de contratación. Un primer agujero del sistema aprovechado por muchos y que ha dado con políticos en los juzgados son los contratos menores. Estoy completamente de acuerdo en que en este campo de la contratación pública “menos es más”. Expresión que recuerda aquel sketch de Martes y Trece que decía “un poco de magno es mucho”. Y luego está la doctrina de los actos separables que no pocos dolores de cabeza dan a los gestores de contratación administrativa. Y no olvidemos que el órgano de contratación siempre tiene sobre sí la espada de Damocles porque algún funcionario mal intencionado te la haya jugado y haya convenido con los licitadores maldades que traigan consigo la imputación del órgano de contratación que necesitaría 25 horas diarias para poder comprobar toda la documentación relativa al contrato y debe confiar en sus subordinados. Tendríamos que llegar a una norma simple cuyo fin fuera la eficiencia y llevar a un juego de suma cero a los corruptores y corruptos, de manera que no les interesara este campo para sus fechorías.
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