Otra vuelta de tuerca a las garantías de las notificaciones

Tradicionalmente las notificaciones se cursaban por aviso postal y tras dos “intentos” infructuosos, se publicaba edictalmente. En otras palabras, si la administración demostraba un esfuerzo serio de notificar que permitía aventurar razonablemente que no había manera de localizar al destinatario, se autorizaba a la “publicación” como vía de puesta en conocimiento “formal”, porque difícilmente nadie puede leerse todos los boletines de todas las administraciones por si hay algo que le afecta.

Pues bien, se acaba de dictar la sentencia de la sala tercera de 1 de octubre de 2025 (rec.926/2024) que fija doctrina casacional de sumo interés sobre el contenido exigible a tales intentos de notificación, ya se trate de procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte. Veamos.

 Dicha sentencia fija doctrina en los siguientes términos que interpretan el art.4.1.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo Común:

A los efectos de tener por debidamente acreditado el intento de notificación de las resoluciones administrativas dictadas en el marco de un procedimiento iniciado de oficio, -como es un procedimiento sancionador en materia de extranjería-, resulta exigible que la documentación acreditativa del intento de notificación refleje, además de la identificación del expediente, la fecha, la identidad y contenido del acto que se intenta notificar, mediante la correspondiente alusión o referencia específica a su contenido esencial”.

O sea, se requiere como aclara la sentencia que «la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado», y esto se completa con el párrafo tercero del artículo 41.1 cuando señala que «… las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente»«. Y así, esta sentencia razona que “no exige que el intento de notificación contenga el texto íntegro de la resolución a notificar, pero sí que haga una alusión significativa e identificativa del acto”.

En el caso concreto, en que se intentó notificar una resolución de expulsión en procedimiento de extranjería y se acudió a publicación edictal, razona la sentencia que:

Adelantamos, que el número reflejado en el acuse de recibo coincide con el número que consta en la resolución de expulsión, pero ello no basta, como decimos, para que el interesado conozca qué acto concreto se le está intentando trasladar. Entendemos que cuando el artículo 41.1, párrafo tercero, se detiene en especificar que la notificación se practicará debiendo dejar constancia de la identidad y contenido del acto, está pretendiendo que dicha notificación -intento más bien de notificación- consiga transmitir al interesado qué acto concreto se está intentando notificar lo cual, como hemos apuntado, no se alcanza con la referencia general del procedimiento y la identificación del destinatario o del órgano competente. Es preciso, por tanto, que el intento de notificación identifique de alguna manera el acto que se pretende notificar y en el presente supuesto hubiera bastado la alusión «resolución del procedimiento».

Algo habrá que precisar en el futuro, y ello, porque entiendo que hay que distinguir entre “notificación rehusada” (art.41.5 LPAC), y “notificación infructuosa”(art.44 LPAC). En la “notificación rehusada” se produce el rechazo explícito de la persona destinataria, lo que lleva a considerarla válidamente notificada (porque el destinatario está ahí, delante del “cartero” y le dice que no quiere la notificación ni firmarla). En la “notificación infructuosa” o intentada, no existe voluntad tácita ni expresa de rechazo por el destinatario, sino que se debe a motivos ajenos, pues normalmente no se le localiza, es desconocido o no está en su domicilio.

Por tanto, la notificación que lleva el cartero al destinatario “que no está”, no debería indicar un contenido extenso  del acto notificado, pues es irrelevante que diga más o menos detalles pues “no está ni se le espera” y si no está, ninguna indefensión se le produciría por haberse omitido tal contenido. Distinto es el caso de la publicación edictal en que sí es imprescindible una mínima referencia sustancial al contenido. En efecto, nótese que la sentencia se refiere al contenido del “aviso de correos” pero implícitamente se deriva que idéntica exigencia de referencia “significativa” al contenido tendrá que incluir la ulterior publicación en los boletines oficiales del edicto (con mayor razón para que si se asoma al boletín pueda conocer lo que está en juego), sin refugiarse la Administración en la lapidaria referencia al nombre de la persona y el número de expediente, pero sin extenderse tampoco a ofrecer en exposición pública datos personales (p.ej.lo suyo será:”resolución de procedimiento de extranjería”, por ejemplo, pero no “resolución sancionadora de extranjería”; o “resolución tributaria”, pero no, “resolución de embargo por fraude”, por ejemplo).

En esta línea, la sentencia acierta cuando precisa que basta “una alusión significativa e identificativa del acto”, e incluso en el caso analizado advierte que tratándose de un procedimiento de expulsión “en el presente supuesto hubiera bastado la alusión «resolución del procedimiento».

 A mi juicio, estamos ante una exigencia elemental y de mínimos, que lógicamente no satisface un número críptico de expediente, de manera que lo suyo será esa breve pero elocuente referencia de lo que se intenta notificar. Y ello porque, aunque la sentencia no lo diga, el principio de buena administración impone que cada acto administrativo, sea sustancial o acto de notificación, incorpore todos los elementos para que pueda ser identificado en su fuente y consecuencias, no solo por las oficinas burocráticas sino por el común de los ciudadanos, ya que de otro modo, difícilmente podrá afirmarse que el contenido de un acto es adecuado a los fines (art.34.2 LPAC).

 La consecuencia práctica de esta sentencia es enorme en trajín burocrático, pues consistirá en que, cuando las oficinas públicas cumplimenten el aviso de recibo o la documentación que se pretende se intente notificar por vía postal, se deben cuidar de exponer una sintética, liviana y precisa referencia al contenido de lo que se pretende notificar. Y si se recibe la devolución del aviso de recibo “intentado” con la cumplimentación del operador postal, será el momento de que el funcionario antes de dar paso a la publicación edictal repase tales avisos de recibo para constatar si el intento de notificación plasmaba esa referencia al contenido “significativa” y que no puede entenderse sustituida por un código o número de expediente.

De esa diligencia de la administración dependerña la validez del intento de notificación del acto desfavorable, y si esta no se ajusta a esas exigencias, la notificación es ineficaz.

NOTA.- Se suma esta doctrina a la comentada recientemente «vuelta de tuerca a las notificaciones electrónicas»