De Jueces y la Justicia

Condena al juez prevaricador: ¿fin de la alimaña o muerte de un ruiseñor?

 

 

vigilantesLa reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 15/2011, de 13 de Octubre condena al titular del un Juzgado de Familia se Sevilla que por decisión judicial alteró el régimen de visitas propio de un divorcio, al disponer como medida urgente la autorización para la salida en procesión de un menor de edad, e imponiéndole nada menos que  la pena de inhabilitación especial de dos años. La aparente desproporción entre sentencia y hechos invita a una reflexión.

1.En primer lugar, la lectura de la  sentencia revela que es un resultado laborioso y fundado y que no ha sido cómodo para el Tribunal juzgar a otro juez. De hecho, la sentencia destierra la prevaricación dolosa y aunque condena por prevaricación culposa, finaliza pero pidiendo el indulto para rebajar a seis meses la inhabilitación.

2. En segundo lugar, es cierto que la sentencia se cuida mucho de separar la cuestión de la legalidad o no de fondo de la medida (al fin y al cabo la decisión de autorizar la salida del menor fue confirmada por la Audiencia Provincial) para centrarse exclusivamente en si el juez actuó al margen de las reglas procesales con “desatención, ligereza o falta de cuidado grave”.

Oigamos el razonamiento central de la sentencia condenatoria:

La resolución dictada por el Sr. […] es manifiestamente injusta por varias razones que enumeramos a continuación: a) por atemporal y precipitada, sin permitir la previa solución consensuada y extrajudicial entre los progenitores, tal y como venía preestablecido por un juez distinto y preordenado en principio, imponiéndola el juez de Familia sin mayores cautelas ni contraste de pareceres, b) por negar apresuradamente, sin peligro ni perjuicio inminente y grave, derechos individuales de audiencia y tutela efectiva de una parte esencial, como es la madre, y de una parte necesaria como el Fiscal, encargado de la protección jurídica de los menores, c) por hablar de peligrosidad moral o física del menor cuando ningún peligro ni perjuicio inminente y grave se exteriorizaba en ese momento previo, con 48 horas para la salida procesional, d) por partir de un posible prejuicio hacia una madre que no había querido escuchar, pudiendo perfectamente hacerlo en tiempo procesal, e) por apoyar su convicción en informaciones suministradas por vía extraprocesal, lo cual no resulta lo más ortodoxo, f) por convertirse en instrumento de una parte, aunque no sea de forma dolosa, en vez de garantía última de cualesquiera de los justiciables y ejemplo de equilibrio e imparcialidad, g) por no valorar la proporcionalidad del camino judicial seguido y el mayor perjuicio que introducía en el ámbito familiar y educativo del menor, tal y como venía acordado por un juez distinto que resolvió el divorcio de los padres, introduciendo de forma precipitada semejante convulsión en la vida de un menor para un simple deseo, como salir en una procesión, que no acarreaba peligro inminente, h) por favorecer con su resolución la instrumentalización del proceso y la publicidad del “menor cofrade”, aspecto perfectamente previsible y evitable, i) en fin, recapitulando, por convertirse el juez en instrumento, por temeridad o negligencia grave, de un ardid procesal sin desplegar las mínimas garantías y equilibrios procesales, aspecto que constituye la esencia del Estado de Derecho.”

3. Da la impresión de que el mismo reproche se acumula bajo muchas perspectivas ( me recuerda aquél dicho de que  » Juan tenía un pura sangre persa de color blanco, y se vanagloriaba de tener tres caballos: el pura sangre, el blanco y el persa). Creo sinceramente que las cosas son mucho mas sencillas. Veamos. Una situación terminal en que faltan 48 horas para el viernes santo y en que el juez conoce por boca del abuelo y del propio menor su interés en acudir a la procesión. Una cuestión, la de acudir o no a la procesión, que resulta trivial y anecdótica y que no justifica “el ruido y la furia”, ni familiar, ni mediática, ni judicial. Una decisión judicial adoptada en cuanto al fondo con incuestionable buen hacer (tal y como confirmó la Audiencia Provincial).

 Es cierto que el juez se saltó las formas procesales pero también lo es que el resultado fue justo (judicialmente confirmado por la instancia superior) y que además no se las saltó por capricho ( el tiempo apremiaba) y no obtuvo ningún provecho personal mas allá de la satisfacción de zanjar una cuestión por el bien del menor. Si a ello unimos que tal juez no cuenta con antecedentes o quejas de prescindir de las reglas procesales (cosa distinta y cuestionable en otros planos son sus opiniones sobre la Ley de Igualdad), que no tiene reputación de cacique judicial y que además goza de gran respeto de letrados y compañeros, me parece que el traje de la prevaricación le queda grande. No creo que cuando el legislador tipificó la prevaricación judicial culposa estuviese pensando en castigar conductas como la analizada. Y de hecho el fiscal en sus conclusiones definitivas considera que no encajan los hechos en tal delito.

 Por ello confío en que el Tribunal Supremo estime el recurso de casación y devuelva las turbulentas aguas al cauce de la serenidad y el juez recupere su honor y tranquilidad de conciencia, y sobre todo, que la ciudadanía no pierda la perspectiva de lo que es grave y lo que no lo es.

 4.  Para Sevach, no haber observado formalidades procesales, que con ser importantes en términos generales (ya que tras las formas hay garantías) en el caso concreto no hubieran alterado para nada el desenlace sino que hubieran enredado mas el asunto y enfangado más la situación, con mayor perjuicio al menor,  lo que nos sitúa ante una conducta judicial acorde con lo que la sociedad del siglo XXI espera de un juez. Que resuelva pronto y bien, ya que como dijo San Pablo (vers.6, cap.3) , “la letra mata, y el espíritu vivifica”, y como declaró el Tribunal Constitucional bajo otra perspectiva pero con certera expresión en su STC 128/1991: “Según reiterada jurisprudencia constitucional, constituye función propia del Tribunal constitucional, a través del recurso de amparo, preservar el derecho a la tutela y evitar su violación o lesión por el uso de formalismos o rigorismos excesivos o de interpretaciones de un texto legal absolutamente lineales o literales (“la letra mata”) que impidan de hecho la normal consecución del fin que la norma o normas persiguen, omitiéndose el estudio de fondo del problema en consideración a la norma y sólo a ella”.

   En suma, creo personalmente y como ciudadano, que no se deben matar pájaros a cañonazos, que no deben alzarse las reglas procesales como crimen de lesa humanidad si se prueba que su inobservancia no perjudicó al fondo del litigio, y que el proceso penal no debe servir de instrumento de vendettas personales, ni de lo políticamente correcto, ni de buscar un cabeza de turco para demostrar que los jueces “también lloran” o que “el que se mueve, no sale en la foto”.  A la vista del caso me vino a la mente la frase de Atticus, el abogado de la célebre novela  “ Matar un ruiseñor” (Harper Lee, 1960) cuando dice: «Los ruiseñores no hacen otra cosa que crear música para que la disfrutemos. No se comen los jardines de la gente, no hacen nidos en los graneros, no hacen otra cosa que cantar su corazón para nosotros. Es por eso que es un pecado matar a un ruiseñor». 

  La gran pregunta que debe hacerse cada uno es si ese es el modelo de juez del siglo XXI que queremos los ciudadanos, el juez que por lo visto, debe santificar las normas procesales, no debe tomar iniciativas,  y en cambio mostrarse como una esfinge impasible ante lo que realmente se agita en un pleito.

 Supongo que el juez bíblico Salomón tras juzgar el caso de la disputa de las dos madres por el niño, también sería reo de prevaricación puesto que buscó una solución práctica, rápida y justa a un problema que si se desarrollase con testigos, pericias, alegaciones y recursos de las madres, muy posiblemente el niño hubiese alcanzado la mayoría de edad en un orfanato de Galilea.

27 comments on “Condena al juez prevaricador: ¿fin de la alimaña o muerte de un ruiseñor?

  1. Panóptico

    En efecto, ya esta publicada en los medios la Sentencia del Tribunal Supremo nº 571/2012 de 29-06-2012

    El Magistrado Ponente Sr. Arrieta, ha redactada una buena sentencia y «se nota» que se ha estudiado el asunto, del cual en este blog, queda reflejado en su dia parte de los hechos probados hoy declarados.
    Es muy destacable, la buena labor del Abogado D. Iñigo Moreno Lara, que superando todas las barreras ha llegado a obtener esta meta, que la tenia muy pero que muy lejos.
    Me explico, para el que conozca el caso, resulta que este famoso Magistrado-Juez SERRANO, nada mas personarse en el asunto «la madre» del menor que «nunca fue oida» lo primero que hizo, fue imponerle una MULTA de 3.000 Euros al Abogado Sr. Iñigo Lara, para meterle «miedo en el cuerpo».
    Como resulta que es «un valiente español -y de Bilbao- eso le dio mucho mas fuerza y la convicción de que había «pinchado en hueso», que alli efectivamente «había tomate» y algo mas.
    La Sala del TSJA de Granada, tampoco se quedo corta, resulta que pese a reconocer que el Juez Serrano habia cometido un delito, aprovecha para incoar otro expediente disciplinario y volver a condenar al Abogado, que se atreve a plantear una Querella a un Juez «todopoderoso» como el Juez Serrano.
    Sobre estos puntos el TS no entra, pero para mi son muy importantes dado que demuestran el grado de aceptacion de responsabilidad que tiene sobre si mismo, el Poder Judicial.
    No podemos olvidar «porque se hizo la huelga» de Jueces una vez que los políticos abrieron la veda, contra otro Juez de Sevilla, el Magistrado Tirado Marquez (encargado de vigilar al que después asesino a la niña MaryLuz en Huelva) al que se sanciono con 1.500 Euros y con mucho mas a su Secretaria, ante el temor de asumir esta responsabilidad que se exige a todos los funcionarios, reaccionaron con una Huelga.
    Otros que tampoco salen bien parados con esta Sentencia, son los Magistrados de la Audiencia de Sevilla, Sr. DAMIAN ALVAREZ (Presidente y antes Vocal CGPJ) Sr. ANDRES PALACIOS (Ponente y antes Juez Decano) y Sr. MARQUEZ ROMERO (creo que tio del Juez Tirado) los cuales resulta que en 2 Autos (08-06-11 y 29-09-11) confirmaron que la decision del JUEZ SERRANO era correcta, todo ello sin argumentar nada, ni porque, con lo cual «arropaban» y les servia de muy buena excusa absolutoria (única alegación de su Defensa) al imputado, pese a tener en contra a la Fiscal Jefe Segarra, el Tribunal Supremo, dice al respecto que «ambas resoluciones no son, desde luego modélicas….»
    También se deduce con claridad «la conexión previa y causa origen de todo el asunto» entre el Abogado MOECKEL y su patrocinado y amigo JUEZ SERRANO, el Tribunal Supremo llega a decir que «el Juez Serrano, dirige al Letrado en su comportamiento procesal…… que los letrados del padre, buscaron un juez que les solucionara el conflicto, dado que el Juez competente le dijo que no……….que el Juez Serrano, conocía que el conflicto estaba judicializado en otro órgano judicial (El Abogado Moeckel, le entrego en mano un Auto del Juez competente de Violencia de Genero) y no obstante, se presta a intervenir,…..llega a usurpar las funciones de la Secretario Judicial (en el Vista de Granada quedo claro que esta y otra funcionaria se saltaron el procedimiento) llego a hablar dos veces con el Decanato (otro Juez que se presto a certificarlo por escrito) para interesarse por el reparto del asunto, ……con ello se le repartió por antecedentes y el Juez condenado dice que lo fue por reparto (aqui estaba el ardid procesal del famoso NIG para su auto-adjudicación, es decir se puso un NIG de otro proceso ya archivado, para que el asunto correspondiera por turno urgente al Juez Familia 7) se altera el soporte documental (se borro un archivo informatico y se destruyo por la Secretaria Judicial una hoja sustituyendo la primera hoja de la comparecencia del menor) y lo que es mas grave, no da traslado a los progenitores (pese a que en la puerta del Juzgado esta el padre del menor) y a la madre sin oírla y sin notificárselo, llega a decir «es incomprensible que cualquiera de los progenitores, siempre ponga obstaculos a lo que constituye un inequívoco deseo del menor» y resulta que ni si quiera llamo a la Doctora Pediatra Sra. Hinojosa.
    Mas grave aun, lo que leyó en la Sala el Abogado Iñigo Moreno Lara, pues resulta que el Expediente Gubernativo ante el CGPJ, el Juez Serrano SIN CONOCER puesto que no han hablado nunca, le dijo al CGPJ que esta Doctora Pediatra estaba afectada de un «síndrome» psicológico grave.
    En fin, el Estado de Derecho ha triunfado en este asunto y vistos los hechos probados, nos hemos quitado un peligro todos los justiciables, dado que tal cumulo de conductas punibles arropadas bajo la toga de un Juez, no se pueden consentir, como dice Sevach, cuando se gana un contencioso «ganamos todos».
    Enhorabuena al Sr. Letrado D. Iñigo Moreno Lara por haber conseguido este logro y lo siento por la sufrida madre y el menor, por tener que soportar estos desmanes de un Juez (todos no son asi).
    Ahora saldran los que no conocen nada del asunto y hablaran de una cofradia, de un Juez perseguido politicamente, de la violencia de genero, de otro «católico» expulsado (Juez Ferrin Calamita de Murcia por la adopción de un menor por dos mujeres) de la carrera judicial y no saben que la verdad de todo este asunto, tiene su origen -a mi parecer- en el hecho de que este Juez Serrano y su Abogado (Joaquin Moeckel) inicial y el posterior (Sr. Miguel Garcia Dieguez Lopez) asi como el Pte. de la Audiencia (Magistrado D. Damian Alvarez) incluso lo fue el Pte del TSJA (Sr. del Rio) es decir, todos ellos participan y son profesores de ICIDE puede verse en la Web: http://www.icide.eu/profesorado.php

  2. Panóptico

    Para ser justos con este caso, y dado que ya es Sentencia Firme, mejor que comentarla, es dejar el propio resumen que hace la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el Caso del Juez Serrano.

    Con ello, queda claro que opinar «por lo que sale en el periódico» sin conocer «por dentro» lo que pasa no es bueno, de hay que el Tribunal Supremo decida subir la pena y le condene por prevaricacion dolosa, por lo que en este caso SEVACH, no has estado acertado, a diferencia de lo que ocurre con tus predicciones sobre los presupuestos y recortes con los funcionarios públicos.

    Adjunto el propio resumen que hace el Tribunal Supremo:

    «NOTA DE PRENSA DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO
    SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN 2171/2011, DE 29 DE JUNIO.
    Ante las informaciones aparecidas, hemos de indicar que la Sentencia dictada por esta Sala no fundamenta la condena del acusado, por un delito de prevaricación judicial dolosa, en el hecho de que pospusiera la entrega del menor a uno de sus progenitores o porque permitiera la asistencia del mismo a un acto de carácter religioso.
    Los elementos fácticos en los que la Sentencia indicada basa la condena se recogen en el Fundamento de Derecho Tercero, punto 1, y son, en síntesis, los siguientes:
    1) El magistrado condenado conocía que otro Juzgado tenía competencia sobre el asunto, al cual le había sido planteada la misma cuestión, sin que su decisión fuera del agrado del padre del menor.
    2) No existían razones de urgencia para sustituir esa competencia.
    3) El magistrado condenado asesora al Letrado del progenitor para que formule una petición conforme al artículo 158 del Código Civil.
    4) El magistrado habla con Fiscalía, en una conversación informal, y plasma esa conversación como si se tratara de un informe del Ministerio Fiscal; para lo cual él redacta una diligencia de constancia, usurpando funciones del Secretario judicial.
    5) El magistrado condenado habla en dos ocasiones con el Decanato, para interesarse por el reparto de la comparecencia y altera el soporte documental de la misma.
    6) El magistrado condenado no actúa conforme a las normas del proceso debido, al no oír, pudiendo hacerlo, a la madre sobre la cuestión.
    7) La resolución judicial se adopta sin argumentar nada acerca de la existencia de un peligro o un perjuicio para el menor.
    La resolución judicial contiene calificaciones peyorativas hacia uno de los progenitores. Tal cúmulo de actuaciones, que afectan a la competencia objetiva del Juzgado, a la conformación de su competencia a través del reparto de asuntos, a la observancia del proceso debido y, en fin, al propio contenido material de la decisión, hacen que deba ser tenida por resolución injusta.
    El Código Penal prevé para esta conducta la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años.
    Esta Sala ha impuesto dicha pena en el mínimo legal posible.
    Madrid, 13 de julio de 2012.»

    • Sevach

      Pues justo es hacer constar el criterio del Tribunal Supremo, sin duda razonado y con buena técnica jurídica, aunque como ciudadano no puedo evitar pensar que algo falla por la- a mi personal juicio- desproporcionada pena en relación al delito. 
      Un cordial saludo y gracias por tu documentada referencia, que me libera de abundar en el tema. 

  3. Pingback: El Constitucional resucita al juez Serrano - El rincón jurídico de José R. Chaves - delaJusticia.com

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