El ciudadano tiene motivos para enojarse cuando contempla como dos Administraciones escurren el bulto de sus obligaciones y se enzarzan en pleitos mientras el interés general sufre.
Viene al caso por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de Julio de 2015 (rec.3710/2012) en que una Administración autonómica requiere al Estado para que mantenga libre de residuos, matorral y vegetación arbórea de zona de dominio público y de servidumbre de carreteras de las que es titular y éste sigue la política del “avestruz que da coces”, o sea, esconde la cabeza para huir de sus obligaciones y patea jurídicamente a quien le obliga.
El caso presenta notable interés, no solo porque se pronuncia sobre obligaciones públicas en la zona de servidumbre, sino por la ostensible pasividad de infinidad de Administraciones de sus obligaciones de mantenimiento de carreteras por motivos de austeridad derivados de la crisis económica.
1.Basta circular por las vías públicas para sorprenderse de que la crisis económica ha llevado a la austeridad en gastos de conservación de carreteras ( contratos de mantenimiento de menor precio y menor prestación, amortización plazas de limpieza, menores turnos de mantenimiento de carretera…). El resultado son tramos de carretera con matorrales acechando, señales ocultas, arbolado que crece libre hacia la vía, etc.
Una manifestación más del tránsito del Estado del bienestar al Estado del malestar… malestar del conductor de tráfico que es multado por no haberse percatado de la señal, cabreo del que sufre un accidente por los residuos sin limpiar y se ve obligado a ejercer acciones de responsabilidad patrimonial, decepción del ciudadano que ve las carreteras convertidas en estercoleros….
2. El problema se agrava porque ante esa situación de desidia competencial, solo se embarca en reaccionar judicialmente frente al titular de la carretera quien ha sido perjudicado directamente por ello.
Y es que a nadie se le ocurre ser un Quijote y embarcarse en gastos para ejercer una acción preventiva o luchar contra la inactividad de los titulares de la carretera para que cumplan sus obligaciones de conservación, limpieza y mantenimiento.
3. Por eso, sorprende y es insólito ( pero loable) que una Administración autonómica, ante el peligro de incendios, requiera a la Administración del Estado para que proceda a la limpieza de matorrales y residuos en la zona de dominio público y servidumbre de las carreteras.
4. La reacción del Estado fue impugnar tal requerimiento ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que dio la razón a la Administración autonómica, sentencia ahora confirmada por el Tribunal Supremo, cuyo fragmento decisivo establece:
Así pues, la exigencia de la Ley y reglamento andaluces a los titulares de vías de comunicación que transcurran por zonas forestales de que mantengan libres de matorrales y desechos las correspondientes zonas de servidumbres no supone imponer al Estado nada que no esté habilitado a hacer según su propia normativa de carreteras; o, incluso que no esté obligado a hacer, puesto que la limitación a la propiedad privada que supone la creación de la zona de servidumbre tiene, como exclusivo fundamento, el mejor servicio a la carretera, lo que requiere que la Administración mantenga dicha zona acondicionada a dicha finalidad”.
La sentencia objetivamente tiene interés pues sienta la obligación de limpieza a cargo del titular de la carretera, no solo de la zona de dominio público, sino de la franja exterior de servidumbre ( o sea, de la franja en que la Administración no es «propietaria»-normalmente es propiedad de paticulares (¡)- pero se beneficia de una franja de 8 metros en las carreteras ordinarias y 25 en las autovías y vías rápidas).
5. Para no agotar me limitaré a exponer telegráficamente, desde la perplejidad, las preguntas que suscita el caso:
- ¿ Donde queda la buena fe, la lealtad institucional y el deber de cooperación entre Administraciones Públicas, que hace preciso un pleito ¿
- ¿ No sería mejor enviar una cuadrilla a limpiar las carreteras que “dejar la casa sin barrer” mientras se litiga? ¡¡ El litigio se inició… en el año 2004 !
- ¿Desatará esa sentencia la reciprocidad o represalia, y el Estado obligará a que los titulares de carreteras locales y autonómicas limpien su respectivo viario?
- ¿ Para qué sirven “los políticos” sino para llegar a acuerdos que eviten estas grescas interadministativas?, o ¿ para que sirve el Defensor del Pueblo o sus homólogos si no es para denunciar estas situaciones en que el interés general padece?
- ¿ Por qué intuyo que el Estado promoverá una legislación de carreteras que como norma básica le permitirá eludir esta obligación del mantenimiento de las carreteras?
La respuesta está en el viento, Dylan dixit. Al menos en esta sentencia el Supremo, “limpia, fija y da esplendor”.
Se puede vivir «para la politica» o «vivir de la politica», «para eso me hice diputado».
Ls preguntas son las que nos hacemos todos los ciudadanos: ‘qui non videsse quod omnes vident…’. Cuando nuestro ‘blogmaster’ presida la Sala Tercera espero que mis malvas bien criadas se levanten en aplauso. Lo malo va a ser que el ‘chirrión de los politicos’ lea este ‘blog’. Por eso de la independencia del Podr Judicial…
Quienes conocemos la administración, sabemos el futuro de la ejecución de Sentencia.
Se legisla muchísimas veces a fuerza de sentencias y no precisamente para ejecutarlas mejor, sino para evitar que futuras sentencias sigan condenando a la administración.
Esto supondrá que la Administración modificará la Ley en modo y manera que no venga otra Sala llena de Magistrados y nos haga gastar dinero a la administración porque existan unos jueces con sentido común.
Fijarán por modificación de la Ley que cualquier 3º tendrá obligación de limpiar o conservar, etc y aumentarán la sanciones por tráfico para abonar ese gasto con el que no contaban. (y ya se sabe los Jueces deben limitarse aplicar la Ley, no deben hacer justicia sino aplicar la Ley)(las leyes son las que pueden ser injustas)
Los Magistrados han aplicado el sentido común, pero en la política y la acción de gobierno y el gasto público, desgraciadamente, el sentido común se queda en la urna.
Si un Magistrado condena a Fomento por haber peraltado mal una curva, se indemniza una vez (tarde y mal), pero al día siguiente, se pone una limitación de velocidad bárbara en dicha curva, (no al objeto de prevenir sino de recaudar y evitar nuevas condenas), esto se puede aplicar a los accidentes con animales, etc.
Esto no sólo es aplicable en el orden Contencioso Administrativo, incluso también en el orden social cuando de la administración se trate. De todo el mundo es conocido que la administración cuando negocia un convenio laboral, lleva a la mesa de Negociación de dicho convenio, las sentencias que le hubieran condenado a lo que sea y lo primero que quiere negociar, es que si el Magistrado citó cierta frase del convenio para argumentar su condena, es que desparezca dicha frase o se convierta en una frase más ambigua y como este ejemplo son todos.
La frase…Con la Iglesia hemos topado, estaba bien porque sólo había una Iglesia, pero lo preocupante es que la realidad, la frase debiera ser… con la administración hemos topado y tenemos muchas administraciones, Estatal, Autonómica, Local y Comunitaria, etc.
A muy alto nivel político, el Poder Judicial representa un problema a la acción de Gobierno, pues si bien son poderes independientes del Estado y cada uno hace su papel, todo funciona bien mientras los Jueces se limiten a la aplicación de la Ley. (que es su única función)
Como surja un Juez que además de aplicar la Ley, le de por hacer una cierta Justicia en las sentencias, por aplicar el sentido común y por hacer una verdadera ejecución de la sentencia, para algunos políticos ese Juez por decirlo de una forma sencilla hace subir el pan.
Para mi como ciudadano, espero que cada vez tengamos más jueces en este último sentido, aunque me «suban el pan»