Contencioso

El Tribunal Constitucional sale al paso del Estado de alarma en un recurso de amparo

13-18-5-30-19-20-17mEl Tribunal Constitucional aborda indirectamente  con el auto de 30 de abril de 2020, el estado de alarma al hilo del derecho de reunión el 1 de mayo (día del Trabajo) pues un sindicato pretendía celebrar una manifestación rodada en coches particulares en Vigo.

La resolución de rechazo efectuada por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, ratificada por sentencia dictada el 28 de abril de 2020 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue objeto de recurso de amparo por el sindicato ante el Tribunal Constitucional, aduciendo el derecho de reunión (art.21 CE) y la libertad sindical (art.28 CE).

El sindicato invoca el derecho fundamental de reunión y expone que siendo consciente de la gravedad del estado de alarma, opta por la manifestación rodada con un manifestante en cada auto y debidamente protegidos e identificados, además de respetar otras indicaciones gubernativas o sanitarias. Se añadía el papel sindical para sacar adelante al país desde la perspectiva laboral.

La Subdelegación del gobierno indicaba que tal actividad no está excepcionada de las previstas en el R.D.463/2002 que declaró el estado de alarma, unido a la dificultad de evaluar la repercusión de tal celebración en términos de orden público y seguridad. En esta línea la Sala contencioso-administrativa considera justificada la limitación del derecho fundamental de reunión.

El Tribunal Constitucional resuelve por auto de 30 de abril de 2020 (nótese la loable diligencia, en un solo día resuelve el recurso para que tenga efecto útil pues el 1 de mayo llegaba), y vierte importantes consideraciones que tendrán reflejo en el enjuiciamiento ordinario de infinidad de litigios que tengan por telón de fondo la declaración del estado de alarma y sus consecuencias.

Veamos este auto sin el apasionamiento

images (50)Con carácter previo, el Tribunal Constitucional rechaza abordar la queja relativa a la vulneración de la libertad sindical (art.28 CE) pues aunque se indicó esta libertad pública en la demanda contencioso-administrativa, no se identificó la vertiente concreta lesionada con exposición de argumentación sobre la vulneración; por tanto, está vedado el pronunciamiento constitucional sobre cuestiones no puestas sobre la mesa de la jurisdicción previa y sobre las que no tuvo oportunidad la Sala contenciosa de pronunciarse.

A continuación, el Tribunal Constitucional centra la cuestión y parte de la necesidad de ponderar los derechos en liza y advierte que el concepto de “orden público” se singulariza en el caso por la situación de pandemia.

Realiza una valoración general de alto interés:

La manifestación se pretende desarrollar en el marco de una situación de pandemia global muy grave, que ha producido un gran número de afectados y de fallecidos en nuestro país, y que ha puesto a prueba a las instituciones democráticas y a la propia sociedad y los ciudadanos, en cuanto se han convertido, en conjunto, en elementos esenciales para luchar contra esta situación de crisis sanitaria y económica que afecta a todo el país, situado por mor de la misma ante una situación que, pese a no ser la primera vez que se produce (ya sufrimos, entre otras, la pandemia de 1918), sí es la primera vez que nuestra actual democracia se ha visto en la necesidad de enfrentarse ante un desafío de esta magnitud y de poner en marcha los mecanismos precisos para hacerle frente”.

A continuación rechaza adoptar una medida cautelar dada la premura de tiempo y decide resolver directamente sobre el fondo.

coronavirus-5Despacha la falta de motivación, y aunque deja claro su rechazo a las denegaciones tácitas cuando está en juego el derecho de reunión, lo considera subsanado con la amplia motivación explicitada por la sentencia contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Galicia que la confirma (“Cualquier defecto de motivación de la resolución administrativa,por tanto, habría quedado subsanado por la extensa motivación del órgano judicial. Motivación con la que puede estar de acuerdo o no el sindicato recurrente, pero de cuya suficiencia no puede dudarse”).

El Tribunal Constitucional, por razones procesales, no aborda si el decreto de declaración del estado de alarma supone o no limitación de la libertad de desplazamiento del art.19 CE o suspensión de un derecho de manifestación, pues el objeto litigioso es el examen concreto de las libertades y derechos en liza.

Por eso, en el caso concreto, considera que «la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo ha de reputarse legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía de integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud)». Y añade una importantísima valoración general, para aviso de navegantes de litigios derivados del estado de alarma:

«En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como que no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art.9.3 de la CE, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981»

En particular,  considera que prevalece

En ese caso los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente”.

len_covidSobre la idoneidad de las medidas propuestas por los organizadores (en vehículos conducidos por una sola persona con protección,etc) aduce que «no se prevén por los organizadores medidas de control de la transmisión del virus específicas, ni destinadas a compensar la previsible concentración de automóviles que podría producirse si existiera una masiva respuesta a la convocatoria….» Y añade otros problemas pues «En una situación de alerta sanitaria, la libre circulación de los servicios de ambulancias o urgencias médicas, y el libre acceso a los hospitales es un elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la proporcionalidad de la limitación de ejercicio del derecho aquí invocado. Y teniéndolo en cuenta en este caso la medida restrictiva puede tenerse como proporcionada» (el Tribunal Constitucional cita el dato de que Vigo es la segunda población gallega en número de contagios identificados).

En consecuencia, el juicio de proporcionalidad de las medidas lleva al Tribunal Constitucional desestimar el recurso de amparo y considerar que en el caso concreto resultaba  ajustada a derecho y proporcional, la limitación del ejercicio del derecho de reunión.

P.D. Informamos de  otro  análisis del auto, que resulta respetable y recomendable por el prestigio de su autor, aunque personalmente en esta ocasión no compartimos sus calificativos ni sesgo peyorativo y visceral. En todo caso, del debate y ejercicio de libertad de expresión nace la luz… que todos necesitamos.

P.D.2. Ante la noticia de una sentencia de la Sala contencioso-administrativa de Aragón en distinto sentido al del auto del Tribunal Constitucional, aquí están los detalles.

25 comments on “El Tribunal Constitucional sale al paso del Estado de alarma en un recurso de amparo

  1. Pingback: El Constitucional sólo está resolviendo las cuestiones del estado de alarma que son favorables al Gobierno - Informe Rojo

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