Informatica y Derecho

Hay tribus cerca del río de Internet al acecho de las descargas ilegales

Tribus cerca del río de Internet y al acecho de las descargas ilegales

Hace unos días ha sido noticia que en Finlandia un juez ordena cortar la línea telefónica a todo un Gobierno autónomo al detectar descargas ilegales por parte de funcionarios. En España, tal situación sería muy improbable por razones jurídicas, políticas, prácticas y sociológicas.

    1. La razón jurídica se centra en que hoy por hoy (si la SGAE no lo remedia o no lo enreda) no existe norma expresa habilitante de tal actuación judicial ni administrativa, que exigiría rango de Ley (no simple reglamento o contrato), ya que afectaría a las comunicaciones telefónicas como soporte de la libertad de expresión, información y al derecho a la intimidad o secreto de correspondencia. Ello sin olvidar que la adopción de medidas de corte de suministro de telefonía a un Ayuntamiento u otra Administración Pública no podría acometerse so pena de hacer peligrar el servicio público que prestan.

    La razón política se halla en que si bien la legislación penal y la legislación civil en España es competencia exclusiva del Estado resulta difícil deslindar si la actividad de conexión y descarga de la red (por su carácter instrumental o vinculado a otras actividades: culturales, sociales,administrativas, tutela consumidor, etc) corresponde al Estado o a la Comunidad Autónoma.

    La razón práctica vendría dada por la enorme dificultad de determinar, sin menoscabo de la presunción de inocencia, cuando el acceso o descarga de la red responde a motivos lúdicos, cuando fraudulentos y cuando consiste en meras consultas o descargas vinculadas a su propia prestación como empleado público. Eso sin olvidar el problemático caso de los piratas que vía red inalámbrica (wi-fi) descargan películas o archivos sin autorización del titular, o el de aquéllos que utilizan redes de disponibilidad pública que no dejan rastro del autor en Centros municipales, fundacionales o Universidades.

    Y la razón sociológica vendría dada porque en la España actual, para el funcionario asomarse a Internet en horas de trabajo resulta tan natural como asomarse a la ventana del despacho. Y como no, porque para la inmensa mayoría de los jueces el mundo informático suele representársele como un fenómeno tan extravagante e inaccesible como un ornitorrinco.

    2. Sin embargo, la voracidad de las asociaciones de autores (que recuerda al inventor Edison cuando patentó el kinetoscopio y se dedicó a demandar judicialmente a todos los cines en su rivalidad frente al invento de los hermanos Lumiere) muy posiblemente provoque a medio plazo «medidas de efecto equivalente». El poder público siempre es sensible a las presiones organizadas y mucho más cuando son colectivos con peso mediático. Y es que en esta cuestión del control de las descargas por Internet de música o películas con derechos de autor, la posición de la Administración española nunca ha sido clara, sino deliberadamente ambigua.

    3. Así, tempranamente, pese al silencio de leyes y reglamentos, tuvo que ser la Fiscalía General quien dejase claro que descargar música o películas «sin ánimo de lucro» y entre privados no era delito (circular 1/2006). Por su parte, la Ley 56/2007 de la Sociedad de la Información, tras un anteproyecto al servicio de las tesis de los recaudadores de derechos de autor, rechazó la posibilidad de corte de conexión telefónica a instancia directa de las entidades de gestión de derechos de autor, y optó por dejar en manos del criterio judicial la posibilidad de amputación de la conexión. Por fin, el canon digital sirvió de cebo para mantener ocupadas a las fieras.Nuevamente tuvo que ser Europa quien clarificase la situación, aunque en términos igualmente ambiguos ya que no prestó la coartada a los autores pero tampoco quitó poder a los gobiernos. Así, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló por sentencia que no existía obligación de los proveedores de facilitar a las entidades titulares de derechos de autor, ni siquiera en pleitos civiles, la información disponible sobre el tráfico de datos de sus clientes, dejó abierta la puerta a que una Ley nacional de forma expresa amparase tal medida. Y de ahí que tanto Francia como Inglaterra hayan iniciado la senda de la desconexión al reincidente en la piratería de películas o música, promoviendo sus inquietantes iniciativas legislativas.

    4. Pues bien, de seguirse esta tendencia, y pese a que el Parlamento europeo ha tildado de represoras tales iniciativas legislativas, quizás se provoque el «turismo tecnológico» para residir o desplazarse a países donde acometer las descargas ilegales (eso en el improbable supuesto de que la siempre rebelde tecnología informática pierda la carrera de las «trampas» frente a las «leyes»).

Para Sevach, si algún día la SGAE y sus correligionarios consiguen la improbable (e indeseable) medida traumática de cerrar los grifos de las descargas por particulares sin ánimo de lucro, la única ventaja sería el placer de volver a disfrutar de películas en el cine o adquiridas legalmente, sin el coñazo de tener que aguantar plúmbeos mensajes acusadores de plagio y bombardeo psicológico para convencer al internauta de que es un delincuente.

Lo cierto es que en esa corriente de acoso al internauta, no será extraño que en España se acuda a fijar impuestos que graven las compañías de telefonía atendiendo al volumen de facturación (bajo la presunción de «colaboradores necesarios» en las descargas ilegales) o contratos «leoninos» para que el usuario del servicio telefónico acepte el corte del suministro si se detecta determinado tráfico de datos.

0 comments on “Hay tribus cerca del río de Internet al acecho de las descargas ilegales

  1. Pingback: meneame.net

  2. Seguro que habría manifestaciones pidiendo la cabeza de Sebastián» autor: jonolulu

  3. Cortar la línea telefónica a todo un gobierno autónomo porque uno de sus empleados descargue contenidos no permitidos es como si encarcelaran a toda la gente de mi edificio si yo cometo un delito. Es absurdo.

    Lo que se debe hacer es restringirle los permisos de salida hacia Internet al usuario del funcionario.

    Lo otro es matar moscas a cañonazos.» autor: nervxp

  4. Si eran funcionarios, tendrían que ir «a trabajar»… al menos, para recoger las descargas… algo es algo… » autor: TheEnd

  5. Se lo podrían cortar como a cualquier otro trabajador por cuenta ajena.» autor: lithops

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