La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados refrendó ayer el nombramiento de Concepción Campos Acuña como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para los próximos cinco años. Corresponde al Consejo de Ministros su nombramiento mediante Real Decreto.
Creo que es una buenísima noticia para quienes creemos que un pilar esencial del Estado de Derecho es la transparencia, pues al fin y al cabo nos sentimos como lo que decía Ortega y Gasset:
No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”.
Lo cierto es que aumenta la cantidad de leyes y reglamentos con mandatos, prohibiciones y orientaciones; la carga de deberes sobre las Administraciones publicas es inmensa, lo que unido al impacto del que califico de «velo electrónico y automatizado», nos lleva como ciudadanos a querer satisfacer la sed de saber qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y por qué. Muchas preguntas cuya respuesta está en los expedientes administrativos, en la alforja que acompaña a la justificación de los reglamentos, en los archivos de administraciones y órganos…
Bien están las leyes, y singularmente la venturosa Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pero si las leyes no se ejecutan, si no se impulsa su desarrollo, si no se supervisa su recta aplicación, quedan en papel mojado. De ahí la importancia de que exista un órgano investido de amplia independencia como es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y sobre todo, que a su frente exista un timonel que conozca la ruta, que tenga la autoridad que da la formación y experiencia, que domine los entresijos de las administraciones y por supuesto, que armonice la visión institucional con la alta responsabilidad de hacer que la transparencia sea algo más que un valor en el limbo o una palabra bonita.
Pues bien, a mi personal y modesto juicio, creo que es un gran acierto contar con Concepción Campos Acuña para dicha presidencia. Si ella no consigue llevar a buen puerto el buque, pocos lo podrán hacer. No es hora de volcar su enorme cosecha curricular de esta habilitada nacional experta en todo lo jurídicamente novedoso. Sencillamente diré que los que hemos leído lo que escribe, los que la hemos escuchado conferenciar y los que la hemos tratado con cercanía suficiente para conocer su grandeza humana y empatía, nos sentimos felices.
No será fácil el reto que le espera, pero si el gobierno ratifica la propuesta de nombramiento del congreso obtenida por reforzadísima mayoría, las expectativas son enormes y fundadas.
Con eso no desconozco que no será un paseo entre las flores porque en la trinchera de la opacidad aguardan muchos marrones, irregularidades, viejas inercias y resistencias a la luz, y por si fuera poco, el enemigo puede «estar en casa» pues al fin y al cabo será un órgano de la administración (El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) el que tiene que conseguir que administraciones, órganos y autoridades exhiban lo que hacen y faciliten lo que deben.
Lo digo lógicamente, sin caer en la ingenuidad de que toda información debe ser facilitada desde ya, porque siempre existirá un núcleo de interés público prevalente en casos contados y motivados, o intereses de terceros dignos de protección. Saber armonizar el equilibrio entre transparencia y garantía no será fácil, pero al menos nadie podrá reprochar que al frente del Ente hay alguien que sabe lo que se hace.
Aquí esta el video de su estupenda presentación sobre la misión y retos del cargo, con ocasión de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso.
Suerte en el cargo…Y Concha, cuidado con los idus de marzo, que siempre los hay cuando se está por las alturas…
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Impresionante su exposición, que facilidad de palabra, que currículum.
Admiradísima compañera, enhorabuena. Ojalá hagas brillar al Consejo con la misma luz que desprendes.
Jose: viniendo de ti las palabras, me generan cierto optimismo. Es un puesto contradictorio, pues, como bien apuntas, y hasta cierto punto, el vigilante y el vigaldo son los mismos. Me preocupa la obsesión de hacer múltiples leyes sobre lo mismo. Ley de transparencia y buen gobierno (no se olvide esto último); ley de protección del denunciante; la reciente agencia independiente y ahora el anteproyecto contra la corrupción. Al final, todas con el mismo espíritu: gestionar lo público de forma transparente y correcta. Pero si luego no hay voluntad de que estos órganos funcionen o funcionen. Agonizando (que es lo que hoy pasa) no servirá de mucho. Aunque mejor esto que nada. De hecho, se les dota de un presupuesto pírrico de supervivencia. ¿Para que exista un órgano, pero sin presupuesto para ejercer todas sus funciones? Le deseo suerte y valor para el cargo; las dos cosas las va a necesitar. Gracias por tus aportaciones siempre tan perspicaces y sabias. Un abrazo
El CTBG es un órgano magnífico. El problema hoy por hoy reside en la Audiencia Nacional, que, con parca y deficiente motivación, estima habitualmente los recursos contencioso administrativos interpuestos por los ministerios y organismos públicos frente a las resoluciones del CTBG.
Y vaya cabeza. En el primer turno de respuesta nos deja esta perla: «la obligación sin sanción no es obligación sino recomendación.»
Alfon Atela