Errar es humano, y detrás de los órganos y rótulos de autoridades hay empleados públicos y políticos con nombre y rostro. Por eso debemos admitir que la administración puede equivocarse como algo natural.
Es cierto que la administración cuenta con órganos, con medios, con potestades y privilegios, pero no es infalible. A veces no acierta en la norma o incluso falla al determinar los hechos según las pruebas. Además la dificultad se acrecienta cuando tiene que ejercer potestades discrecionales o cuando existen conceptos jurídicos difusos.
Sin embargo lo que es inasumible es el silencio administrativo prolongado. La falta de respuesta al ciudadano que paga sus tributos, que confía en la administración y cuyas expectativas dependen de una ansiada resolución administrativa. Es vergonzoso que la administración se escude en el silencio con la política del avestruz cuando no sabe, no quiere o no puede dar una respuesta o dictar un acto. Mucho mas grave resulta esta actitud a la vista de los tijeretazos de la jurisprudencia al silencio positivo.
Pero hay algo peor que callarse. Es peor que dicte un acto administrativo sin sustento ni apoyo, y mucho peor que, habiendo empujado al particular a iniciar un procedimiento contencioso-administrativo, que la administración no tenga la gallardía de rectificar y allanarse. Veamos.
Viene al caso porque he leído la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2019 (rec. 329/2018) que ante la impugnación de la denegación de una modesta beca por estudios, coloca al tribunal en la tesitura de provocar el sonrojo de la administración con la siguiente afirmación de la sentencia estimatoria:
La contestación a la demanda no hace referencia alguna a los concretos razonamientos desplegados en la demanda, ni a los medios de prueba aportados, resultando un mero trasunto de la resolución recurrida
.
Existiendo un principio de prueba sobre los miembros computables de la unidad familiar (ocho), y sobre la renta que resulta computable en atención a las particulares circunstancias familiares, la insuficiente motivación de la resolución recurrida y la ausencia, en la contestación a la demanda, de cualquier argumento que pudiera rebatir los expuestos por el interesado, o de algún medio de prueba que desvirtúe la aportada con la demanda, determinan que aquella resolución haya de ser anulada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 en relación con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y, al propio tiempo, que se reconozca el derecho reclamado que cuenta entonces con un suficiente soporte probatorio.
O sea, la resolución impugnada no está motivada, la demanda es un corta y pega de la resolución y no se molesta en proponer prueba alguna. La crónica anunciada de una estimación del recurso con la consiguiente condena en costas.
La gran pregunta es: ¿no hay nadie en el ministerio que se haga preguntas tras esta sentencia?, ¿alguien que indague responsabilidades?,¿alguien que impida que se repita en el futuro?, ¿ alguien que le de una medalla al recurrente por atreverse a recurrir, asumir costes y riesgos de costas, para conseguir que se le reconozca algo tan elemental?.
Y no se piense que es un caso de una administración concreta. No. Por desgracia cada administración, sea estatal, autonómica o local, está servida por órganos con distinta eficacia y medios, coexistiendo áreas donde las respuestas son rápidas y serviciales con otras áreas donde las resoluciones administrativas «ni están ni se las espera».
Triste es hablar de tanta administración electrónica, de tantos derechos del ciudadano, de tanta carta de servicio, de tantos principios de la administración, de legalidad y eficacia o transparencia, cuando casos así no son una golondrina de verano sino mas bien un pajarraco de todo el año. El que lo sufre, lo sabe.
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Si después de 40 años de democracia encontramos este funcionamiento extremadamente deficiente de la administración y del poder judicial, significa que el sistema de selección por concurso oposición de funcionarios de carrera ha fallado estrepitósamente. Aquello del mérito, igualdad y capacidad habrá conseguido seleccionar a los mejores opositores pero visto el panorama, no a los mejores trabajadores.
Y ha fallado porque realmente no se busca ni el mérito, ni la igualdad ni mucho menos la capacidad. El sistema de selección está organizado en torno al negocio multimillonario de las academias de preparación de oposiciones (la mayoría en manos de los sindicatos), preparadores de oposiciones que se sacan grandes sobresueldos en dinero negro sin declarar (muchos de ellos jueces). Y de esta forma, ¿ qué podemos esperar?
Aprovecho para recordarle a la administración y a los jueces de este país que su hora está a punto de llegar y en el próximo otoño van a tener su particular apocalipsis cuando el TJUE se pronuncie sobre el escándalo monumental de tener 700.000 empleados públicos contratados de forma ilegal, en fraude de ley y encima querer echarlos como perros a través de esos procesos selectivos corruptos.
Impresionante pluma. Chapó
Tristemente la actitud que describes en el post por parte de la Administración es demasiado habitual. Supongo que la ausencia de responsabilidad del funcionario que no resuelve cuando está obligado a resolver, o del que resuelve haciendo un cutre copia y pega nos conduce con demasiada frecuencia a ello.
Yo personalmente he tenido la oportunidad de ver la problemática que describes defendiendo a particulares y a administraciones locales. Es verdaderamente descorazonador tener que contestar un ordinario siguiendo instrucciones del Ayuntamiento sabiendo que debes defender una posición ridícula.
Hablar con el Ayuntamiento para sugerir un allanamiento y que ni se lo planteen, arriesgándose a una condena en costas que será sufragada por las arcas publicas, sin rendir cuentas por ello y amparándote en unas tesis que contravienen la lógica y la jurisprudencia…
Todo lo que describes, y que la mayoria constatamos directamente, nos ayuda a entender por qué la gente está cada vez más asqueada de la Administración y el trato que dispensa a los administrados.
Negro panorama.
PD: Enhorabuena por el blog.
tengo idea de promover en breve una asociación contra la prevaricación. Sí, prevaricación. no contra la corrupción que esta muy manido y cuando la base de toda corrupción es la prevaricación.
y quizás lo mejor sea instar los poderes legislativos y ejecutivos que quiten ese tipo penal. pues para el caso que lo hacen desde la judicatura..mejor quitarlo verdad? de aquí lo de contra la prevaricacion ( ironia ).
pero ese camino lo tendremos que andar la sociedad civil, pues la administración bien sea de carrera o a dedazo…ya lo tenemos visto lo que pelean.
la función publica como la sanidad , etc.. no se defiende desde fuera señores! se defiende desde dentro. no nos pidan que vallamos a sus manifestaciones pues nos miran como paganos de sus paraísos laborales. sin mas.
espero que las entradas como asociados a una asociación así sea un avalancha y muchos de los seguidores de este magnifico blog que tanto bien nos hace con sus propuestas de análisis y debate, se esté o no de acuerdo con JR., que desde mi punto de vista harto dice por ser vos quien sois. un aplauso JR.
Tengo sentencia de una beca por allanamiento de la Administración. Al menos, en este caso, el abogado del estado entendió lo que supondría defender ante el trubunal lo absolutamente indefendible. No obstante, he tenido que instar la ejecución de la sentencia porque, de la cuantía solicitada y reconocida, a esta fecha sólo han pagado 60 euros, ni han devuelto las tasas de la matrícula ni la cuantía por residencia. Beca del curso 16/17. El alumno terminará la carrera antes de percibir y recuperar sus derechos. (parece que el funcionario que lleva la ejecución está enfermo y, por ello, el asunto esperando a que se recupere, lo que deseo por bien de ambas partes)
En esta, como en muchas otras cuestiones, estamos inmersos en un ámbito cultural o educativo que es la clave del asunto. La ética y su aprendizaje desde la más tierna infancia despliega sus efectos en la sociedad democrática avanzada que nuestros constituyentes proclamaron y que, en líneas generales, ha tenido un desarrollo muy poco satisfactorio. De nada sirve tanto desarrollo legislativo y reglamentario (en muchas ocasiones, confuso, profuso y difuso) si, en la práctica, nuestros gobernantes principalmente y los ciudadanos incumplen las normas. Un problema, en esta y muchas otras cuestiones, cultural y educativo.