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De la presunción de validez a la presunción de valoración infalible

Una de las innovaciones de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común fue incorporar un precepto de apariencia inocente pero sumamente importante, el art. 77 de la Ley 39/2015, «Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».

La Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse con la importante Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2019 (rec. 20/2019), al hilo de la impugnación de la determinación del domicilio fiscal en un caso de conflicto entre la Agencia Estatal de administración Tributaria y la Comunidad de Navarra sobre esta importante herramienta, sobre tres cruciales vertientes.

1º Confirma la validez de la valoración conjunta de la prueba, al estilo judicial, cuando concurren varios medios probatorios, sin resultar precisa una valoración analítica de cada medio de prueba (“se ha procedido a la apreciación y valoración conjunta de la prueba practicada, conforme a lo previsto en el art. 77 de la Ley 39/2015”).

2º Se universaliza la presunción de acierto de los órganos administrativos “cuando la controversia es estrictamente fáctica, sin que se utilice la vía judicial, de plena jurisdicción, para articular pruebas que puedan desvirtuar los hechos ya valorados en sede administrativa, dado que el órgano administrativo goza de libertad en la valoración de la prueba practicada, sin que siquiera se denuncie una posible discrecionalidad o arbitrariedad, sino, sin más, a aportar una valoración distinta”; y se apoya en que lo acordado “se presume válido, art. 39.1 de la ley 39/2015, «Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa «cuando no se opone a la resolución de la Junta Arbitral cuestiones de índole jurídica, sino que simple y llanamente la oposición a lo resuelto se limita a aportar una lectura diferente del material probatorio”.

3º Se deja abierto el control a la valoración con una importante válvula de seguridad, si se indican “errores, arbitrariedades o irracionalidad en la valoración”.

Hasta aquí la doctrina del Supremo. Clara e importante. Pero se impone un reflexión personal.

Aunque es práctico extender o prolongar la presunción de validez de los actos hacia la presunción de acierto de la valoración del fundamento de los actos, modestamente creo que incluso en casos en que no existe aportación de contraprueba, aunque se trate de valoración conjunta de la prueba, al igual que en el ámbito judicial, entiendo que la Administración debería ir mas allá de valorar todas las pruebas al peso y debería imponérsele la carga de justificar mínimamente su criterio decisivo.

Además una valoración incorporada a un acto administrativo puede discutirse sin aportar prueba alguna con el solo apoyo de cuestionar su coherencia argumental, su congruencia con el material fáctico o con parámetros jurídicos, o demandando una mínima intensidad explicativa, y no por ello ha de bendecirse la valoración probatoria administrativa. Por ejemplo, un policía de tráfico puede valorar la conducta de un ciclista como conducción temeraria pero si el propio razonamiento del agente denunciante es “considerar temerario al ciclista que suelta una mano para beber del botellín mientras mantiene la otra en el manillar”, es patente que el recurrente podrá impugnar el acierto de esa calificación temeraria (concepto jurídico indeterminado), sin necesidad de aportar prueba alguna, y sin tener que calificar la valoración probatoria de arbitraria o irracional, sino sencillamente tildándola de indebida argumentando sobre el contexto y prueba que ya hay en el expediente – testimonios, fotos, etc- y los precedentes que obran en la Administración. En otras palabras, que si se discute “la valoración” (actividad intelectiva y de ponderación) no puede exigirse de forma inexcusable o la aportación de medios de prueba o la demostración de su irracionalidad, pues la Administración tiene la carga de motivar y el ciudadano el derecho de exigir esa cabal motivación.

Admitiendo la amplitud de criterio valorativo en manos de la administración, pues es admisible la valoración conjunta, cuando se plantea judicialmente el caso, si no existe esa valoración “justificada”, quizá lo suyo sería: o bien valorarlo el propio órgano jurisdiccional si existieren elementos en autos para ello; o en su defecto, lo adecuado no sería confirmar automáticamente la legalidad de la actuación administrativa sino disponer su invalidez y la consiguiente retroacción de actuaciones para motivar. No puede sustraerse a la revisión jurisdiccional la valoración efectuada por la Administración.

En suma, a mi juicio, debe distinguirse el plano de la validez del plano de la justificación. Presumir la validez de una resolución no comporta presumir el acierto de su justificación; por ejemplo, la presunción de acierto de los Jurados de Expropiación Forzosa o las Comisiones de Evaluación de Incapacidad, por un lado, admite prueba en contrario y por otro lado, si no existe contraprueba, podrá impugnarse por falta de motivación, o no compartir la valoración, incluso sin aportar prueba alguna. Y en esas condiciones no es mucho pedir, que la Administración “afine el lápiz” (o la tecla) y explique un poquito más su criterio. Al fin y al cabo, juega con piezas blancas en la partida de valorar los hechos.

En fin, una sentencia del Supremo que hará las delicias de la Administración y que provocará estudios doctrinales sobre la extensión de las prerrogativas del poder.

NOTA DE SOCIEDAD: El 29 de noviembre de 2019, viernes, a las 12,30 horas, tendré ocasión de intervenir con una charla en el Colegio de Abogados de Cartagena bajo un prometedor título: «Lo que la Facultad y los Manuales no dicen sobre los jueces y la Justicia». Creo que disfrutaremos todos con ello y además Murcia siempre acoge bien.

Queda tiempo pero bien está advertir que la entrada es gratuita previa inscripción hasta completar el aforo en encarnabanos@icacartagena.com, Telf.968 528026.

4 comments on “De la presunción de validez a la presunción de valoración infalible

  1. Rafael Sastre

    Agradezco mucho el esfuerzo que hace constantemente en ilustrarnos con comentarios o aportando sentencias recien salidas del horno. Porque en internet tardan más en salir, por ejemplo el ATC 3/2018 sobre la posibilidad de conceder la suspensión de condena, si reune todos los requisitos del art. 80 c.p. aunque no pueda pagar mas que parcialmente, o incluso totalmente la responsabilidad civil, si sus condiciones economicas son de total precariedad.

    Me gustaria saber cuando tiene previsto venir a dar una charla a Valencia, porque estaria encantado de saludarle personalmente, si es que estoy «disponible». Como indicio le puedo decir que he sido atropellado por la Justicia, aplicandome la modalidad agravada en lo que han considerado un delito fiscal, aplicandome L.O. 7/2012 que entró en vigor 6 años mas tarde de los hechos, condenándome por falsos indicios sin ningún soporte, y con pruebas de descargo que los fulminan, diciendome que he ocultado la operación a Hacienda, cuando lo declaré inmediatamente en el 347, y por su importe llamaba mucho la atención en comparación con el resto de partidas, hay una diferencia enorme en los importes declarados en el 390 y el 347 dos meses mas tarde,con total inacción por parte de Hacienda y les prescribió administrativamente, pero consideran que no penalmente, a pesar de haber transcurridos 5 años desde la infracción punible, pues se empeñan que las leyes digan lo que no dicen, cuando el art. 305.2 c.p. dice a «efectos de determinar la cuantia» y no » a efectos de retrasar el dies a quo», o el Juez se inventa unas declaraciones de un testigo que ni se le preguntó por ese tema, pero de nada sirve la prueba del video del Juicio que lo demuestra inequivocamente, o el Juez con total impericia tributaria, hace como propio todo lo que le dice el abogado del Estado, sin verificarlo, pues cita sentencias que dicen lo contrario, pero no las lee, o hace de Serlo Holmes y coge como indicio algo sacado de un escrito presentado por nosotros, que no sale a relucir en el Juicio, ni por las partes acusadoras, y no tengo en Juicio la oportunidad de justificarlo, vulnerando el principio acusatorio, y asi hasta 102 incongruencias omisivas esenciales para el fallo, que no han sido tratadas lo mas minimo, todo ello acompañado de falsos testimonios (no juicios de valor erróneos)del inspector jefe regional de Hacienda, el mismo al que no le llamó la atención la diferencia enorme entre el 390 y el 347, o el que la empresa continuara haciendo durante años las declaraciones de iva, pero no el I.S., que si hubiera habido dolo, hubiera sido kamikaze, maxime cuando años despues, se levantan actas de I.S, negativas por perdidas, y que llegó a negar en Juicio una declaración complementaria con pago de 389.000 € y solicitud de aplazamiento por el resto, QUE HABIA PRESENTADO EL, y a la que hace referencia en diversos escritos presentados por el, o con coletillas aprendidas que decia al final de otras preguntas, sin pregunta directa, etc, etc, etc. En fin, una apisonadora, donde la mayoria de Jueces parece que tienen «miedo» a Hacienda.

    Muchas gracias y mis mejores saludos.

  2. FELIPE

    El inciso final del art. 77 de la Ley 39/2015 es, en mi humilde opinión, un brindis al sol. Partiendo de que la Administración es juez y parte -arrogada de privilegios exorbitantes- en el procedimiento administrativo, es lo cierto que, más allá de que se escude en su propio convencimiento de que actúa y sirve con objetividad al interés general, es parcial frente al administrado afectado. Por ello, carece de sentido imponer a la Administración, en sede administrativa, el recto cumplimiento de reglas legales en materia de apreciación -imparcial- probatoria, porque: ni tiene quién se las haga cumplir; ni es imparcial frente al afectado; y, además, dispone del cajón de sastre de sus privilegios y presunciones -a favor- para poder alcanzar -o mantener- la conclusión que desee.

    En este sentido, no debería bastarle con limitarse a afirmar que en virtud de la valoración conjunta de la prueba se llega a un resultado desfavorable a lo solicitado por el administrado, pues esa resolución más allá de la apariencia (de que cumple lo que dice el memorado art. 77), como bien argumenta Sevach, carecería de motivación y se sustentaría en un mero voluntarismo. La Administración, por contra, debería expresar y justificar el camino lógico seguido pues, de lo contrario, la llamada apreciación conjunta de la prueba se convertiría (y convierte en la práctica) en una cómoda fórmula pretendidamente sacramental para ahorrarse el trabajo, arduo en infinidad de casos, de valorar de verdad cada una de las pruebas practicadas, y sobre todo, para exonerarse de explicar siquiera sea someramente los resultados y su justificación de la apreciación de las diferentes pruebas practicadas en un procedimiento, sin marginación de ninguna.

  3. El enfoque de la revolución es antagónico al que resulta de la doctrina de Luxemburgo y, más en concreto, de la reciente STJUE de 16 de enero pasado, United Parcel Services vs Comisión, que aboga por la «buena administración» tal y como también empieza a hacer la Sección 2ª de la misma Sala del TS, sobre la que hablé aquí: http://fiscalblog.es/?p=4880. Saludos. Esaú

  4. JAVIERA

    A hora, solo falta que salga un Juez y diga, amparándose en el art. 77 de la Ley 39/2015, la Administración es SOBERANA en la valoración de la prueba, y incluso aplicar la famosa coletilla «una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. De modo que dicha presunción «iuris tantum» solo puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación del criterio adoptado, bien por fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega».

    Y SEÑOR, SENTENCIA SIN NOVEDAD.

    Pues sí que un precepto de apariencia inocente…

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