De la Justicia con mayúsculas todos hablan mucho con un «sentimiento mágico de lo justo», mientras que de la «justicia» con minúsculas, o del caso concreto, se habla con un «sentimiento práctico de lo justo», según le va la feria al que se enreda en litigios, o sea, según sus intereses.
Normalmente el ciudadano focaliza sus críticas mas allá del juez o magistrado, pues advierte un panorama de nubarrones: (i) una judicialización desaforada de los conflictos que ha intentado frenarse con la mediación; (ii) una sobrecarga de normas de variado rango y precisión que menoscaba la seguridad jurídica; (iii) una sensible ralentización de la justicia (entre vías previas, instancias y recursos, se convierte en «la historia interminable»); y (iv) además costosa («entre picos, palas y azadones», son muchos doblones, aunque se gane). Estamos ante problemas de técnica legislativa, procesales y de eficiencia, en cuya solución se avanza lentamente, y es que, me temo que, como un buque con una gran vía de agua, entra más litigación que la que se resuelve.
Sin embargo, es preciso completar el análisis y examinar la situación y valoración de la persona del juez. Tras la justicia están los jueces de los que se quiere creer que son esfinges frías, imparciales e inmunes a humanas debilidades. Sin embargo, el mazo, la toga o la autoridad solemne no pueden ocultar la persona que hay detrás.
Esto explica el reverdecimiento de la perspectiva de la psicología y la sociología para mostrar lo que hay «bajo el volcán». En este afán, en su día profundicé e intenté explicar con claridad, las intimidades, secretos, criterios y pautas de los jueces, sesgos y prejuicios incluidos, lo que se plasmó en un ensayo titulado «Cómo piensa un juez. El reto de la sentencia justa» (Bosch,2021) – confesaré ahora que nadie nos oye, que al finalizar me preguntaba la razón de hacer necesitado 650 páginas para explicar el mecanismo de resolución de casos por la mente del juez–.
En cambio, el flanco sociológico fue tempranamente abordado por el gran sociólogo José Juan Toharia Cortés, con riguroso trabajo de campo, análisis técnico e inferencias lógicas, publicando allá por 1975 un célebre estudio titulado «El juez español. Un análisis sociológico» (Ed.Tecnos), cuyo autor confesaba modestamente en el prólogo que pretendía «valorar poco, describir mucho e interpretar algo», obra que fue pronto reseñada con brillantez por Pedro Luis Yañez Román.
Esta temprana obra, en las recientes palabras de mi admirado Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, catedrático de derecho administrativo, era oportuna y pionera, pues:
Se empezaba a caer en la cuenta de que las normas suelen admitir más de una interpretación y que quien opta por una de ellas -en eso consiste el oficio- no constituye la boca que pronuncia las palabras de la ley sino que es una persona con sus sesgos. Y, como todos, incluyendo los simples objetos, no insensible a las condiciones de presión, humedad y temperatura de cada momento. Las torres de marfil -lo que en física se llaman sistemas cerrados- no existen.
El interés desatado por dicho estudio, alimentó la oportunidad de un segundo trabajo por el mismo autor, y con el mismo eje, según la cosecha de jueces de la ya larga democracia, y teniendo a la vista la creciente observación crítica de jueces y magistrados por ciudadanía, gobiernos y justiciables. Es así que José Juan Toharia ha alumbrado: «El juez español (1975-2025). Un análisis sociológico»(Ed.CINCA, 2025), obra que don Antonio Jiménez-Blanco recomienda vivamente con esta reseña que reproduzco literalmente a renglón seguido, porque no se debe retocar ni recortar por el complacido lector lo que el escritor ha dejado bien pulido.
Pasen y lean…
Los jueces en 1975 y en 2025
De los actos que el Gobierno prometió celebrar el año pasado con motivo del medio siglo de la muerte de Franco (cien, sí, aunque en realidad fueron sólo un par de ellos, cosa que no digo con tono de denuncia, sino entre grandes aplausos), alguno se tendría que haber dedicado a la gente de las togas y al estado de ánimo de la sociedad -entonces y ahora- hacia el gremio. Sabiendo todos que en ese tipo de análisis lo que importa no son las fotos fijas, sino la película.
José Juan Toharia (discípulo de su casi tocayo Linz, que se dice pronto) publicó precisamente en 1975 el libro El juez español. Un análisis sociológico, que recogía su tesis doctoral de Yale del año anterior. Se trató de una encuesta a 191 togados de entre los 1048 que había entonces y en la línea de los estudios análogos que se habían llevado a cabo en otros países, como Francia (1957, Serge Fuster, Les juges) o Estados Unidos (1965, Glendon Schubert, The judicial mind: the attitudes and ideologies of Supreme Court Justices, 1946-1963). Se empezaba a caer en la cuenta de que las normas suelen admitir más de una interpretación y que quien opta por una de ellas -en eso consiste el oficio- no constituye la boca que pronuncia las palabras de la ley sino que es una persona con sus sesgos. Y, como todos, incluyendo los simples objetos, no insensible a las condiciones de presión, humedad y temperatura de cada momento. Las torres de marfil -lo que en física se llaman sistemas cerrados- no existen.
En la España del tardofranquismo, el mundo de esas personas era el de las jurisdicciones especializadas -Orden Público, entre ellas, por citar la más controvertida-, aunque, en efecto, la realidad social era ya muy otra, más normalizada, occidentalizada, modernizada o como se le quiera llamar. Una distancia entre la norma y la vida que existe siempre pero que en esas épocas del final de un régimen autoritario se muestra con especial crudeza. Toharia recogió algunos datos muy expresivos: por ejemplo, el 74 por ciento de los encuestados se manifestaba en favor de adoptar la regulación de los procedimientos y una abrumadora mayoría declaró que la pena de muerte había perdido toda razón de ser.
Tan relevante como el análisis ideológico de Sus Señorías era su evaluación por así decir demográfica. Casi todos provenían de las clases medias rurales o de capitales de provincia: un 20 por ciento andaluces, un 19 gallegos, un 19 de Castilla La Vieja y otro 18 de la Nueva, incluyendo Madrid. Total, casi un 80 del conjunto.
Y, en lo que hace al origen familiar, sin que se confirmase el estereotipo, pese a estar muy extendido, de la casta: sólo el 10 por ciento eran a su vez hijos de jueces y nietos únicamente el 3. El porcentaje más numeroso, 23 de cada cien, definían la ocupación paterna como comerciante o industrial.
Hasta aquí, el contenido del libro de 1975. Ahora, en 2025, el mismo Toharia, ya todo un veterano de la sociología española, ha vuelto a estudiar el asunto y el resultado es un nuevo libro, llamado El juez español (1975-2025). Un análisis sociológico. Francamente muy recomendable.
En 1978, la Constitución adoptó decisiones transcendentales, dedicándole todo un Capítulo, el VI, y dándole el nombre de Poder judicial. A título de ejemplo:
- Proclamar que la justicia emana del pueblo aunque se administre en nombre del Rey por jueces profesionales e independientes, “sometidos únicamente al imperio de la ley”, bien que sabiendo que el tal imperio se muestra laxo, supuesta la ya mencionada variedad de posibilidades interpretativas de los textos. Dicho con palabras castizas, un imperio que aprieta pero no ahoga.
- Organizarse como una unidad -o sea, ya sin jurisdicción especial- , aunque articulada en cuatro grandes áreas especializadas: civil, penal -con la posibilidad de juicio por jurado-, laboral (rebautizada en 1985 como social) y contencioso-administrativo, esto último dedicado al control de las decisiones de los políticos.
- En lo penal, proclamando la figura estamental de los aforamientos, en grosero contraste con la declaración, entre la tutela judicial efectiva, del derecho -o la carga, según se mire- al “juez ordinario predeterminado por la ley”: el que te caiga en suerte, sea listo o tonto, guapo o feo, de derechas o de izquierdas. El que te toque.
- Crear, por encima de todo, dos órganos nuevos como el Tribunal Constitucional (desde primera hora entregado a los políticos) y el Consejo General del Poder Judicial, que en 1985 acabaría en el mismo cajón.
Sí, desde 1978 hasta 2025 han pasado muchos años (casi tantos como desde 1975). El gremio de ha incrementado -hay casi 6.000, con un porcentaje creciente de mujeres- y, en lo cualitativo, lo más relevante se encuentra en que, a la hora del control de los políticos, la jurisdicción contenciosa se ha autoexcluido y su lugar lo ha ocupado la penal, en singular en la fase de instrucción, sobre todo en materias tan relevantes como el urbanismo (con la introducción en 1995 de un delito con ese objeto) y la adjudicación de contratos públicos, en particular a partir de la pandemia de 2020, cuando de la noche a la mañana hizo falta suministrarse de mascarillas y demás material sanitario. La consecuencia es que ahora ese control se ejerce por medios más expeditivos y mediáticos, lo que a su vez genera que en el oficialismo -o los oficialismos, porque hay varios- se haya desatado un odio visceral hacia las togas. Es lo que estudia Toharia en su nuevo libro en el Capítulo 6, La imagen social de la justicia hoy, páginas 91 y siguientes, donde los datos son, en su mayoría, muy favorables. Por ejemplo:
– Un 79 por ciento cree que tenemos una justicia íntegra, honesta e impermeable al soborno.
– Un 74 por ciento considera que en general, los jueces son competentes y están bien preparados.
– Dos de cada tres españoles, aun partiendo de la independencia de los jueces, entienden que reciben presiones de forma permanente.
El epílogo del libro se llama Del uso alternativo del derecho al lawfare. Está escrito, por supuesto, después de la Sentencia del Supremo sobre el procés de Cataluña (octubre de 2019) aunque antes de la del mismo órgano de diciembre de 2025 -hace pocas semanas, aunque parezca que haya pasado un mundo- con condena al Fiscal General del Estado por su locuacidad incontinente cuando sucedía que el justiciable era el novio de una adversaria política. Los partidos -y el designado por el Gobierno como Fiscal General del Estado forma parte de ese ecosistema- es lo que tienen y, cuando se sienten en situaciones límite, reaccionan de la única manera de la que son capaces: bien pudiera decirse que, a estas alturas, gobernar consiste precisamente en filtrar, siendo muy relevante qué se filtra y más aún a quién se le filtra. No es casual que, en las encuestas de opinión sobre los diferentes oficios, sean los más lejanos a los políticos -los militares, los policías, los médicos, los profesores, amén de los propios jueces- los que la gente valora mejor, sin perjuicio de denunciar sus patologías: en este último caso, y por encima de todo, la tardanza desesperante.
En eso consiste el libro de Toharia de 2025:, una puesta al día, y no sólo eso, del de medio siglo antes. Vale la pena estudiarlo, porque contiene muchas informaciones (y también opiniones, se compartan o no) del máximo interés.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
En suma, y aquí asumo nuevamente el timón, todas las vueltas de tuerca que se den para analizar el juez, su entorno, influencias y reacciones, deben ser bienvenidas. Y es que tras la Justicia hay personas, con su corazoncito, sus intereses y un contexto sociopolítico. Ayudar a comprender el peso sociológico en lo judicial nos ayudará a comprender mejor las fortalezas y debilidades de la Justicia, y a mejorarla.
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“Condena al Fiscal General del Estado por su locuacidad incontinente”. No hay más preguntas, Señoría. El tal Jimenez-Blanco Carrillo de Albornoz (Ay de esos granainos madrileñizados a tope) será su referente en derecho administrativo, pero su resumen del caso del FGE deja mucho que desear desde un punto de vista académico. Y desde un punto de vista sociológico y político, pues que cada cual opine lo que le convenga.
Efectivamente. Ese «… con condena al Fiscal General del Estado por su locuacidad incontinente cuando sucedía que el justiciable era el novio de una adversaria política» es un desliz freudiano(1) jocosamente divertido y esclarecedor para el discreto lector, al poner de manifiesto el sesgo de quien anda escribiendo, precisamente, acerca «Del uso alternativo del derecho al lawfare».
(1) Aquel acto que pone de manifiesto una expresión diferente e incluso contraria a la intención consciente del sujeto.
Creo que dice más su comentario sobre su propio sesgo que sobre el de D. Antonio Jiménez-Blanco. Como resulta evidente, no es un resumen lo que pretendía hacer del lamentable caso del FGE, sino un mero comentario humorístico que, parece ser, no ha sido de su agrado. Usted sabrá por qué, porque gracia tenía. Desde luego, mucha más que padecer una Fiscalía al servicio del gobierno de turno.
Totalmente de acuerdo.
La justicia, en mi experiencia de casi cuarenta años de abogado soportando a los jueces, es el templo de la arbitrariedad. Reina en ella el viejo aforismo de Romanones y su derecho culesco, cambiante según la espalda que se doblegue.
El algoritmo aparece como nuestra salvación y, al mismo tiempo, como canto del cisne: la última melodía antes del silencio que precedió a la aparicion
de los humanos. Algo bueno trae el apocalipsis el fin de la arbitrariedad judicial.
Con algunos años menos de experiencia que usted, no tardé mucho en llegar a su misma conclusión y, en mi opinión, deberíamos dejar de hablar de «la Justicia» y apuntar a quienes debían impartirla y lo hacen, salvo muy honrosas excepciones, de forma muy deficiente. Y no es cuestión de ganar o perder pleitos, que todos los que nos dedicamos a esta tarea los tenemos ganados y perdidos sin razón y con ella, sino la sensación de que cada vez que se pone un pie en un juzgado -perdón, un Tribunal-, la bolita se pone a correr en la ruleta judicial y no es la Justicia sino el azar lo que termina mandando.
En mis años de estudiante, allá por el siglo pasado, en mi primera clase de procesal el profesor de la asignatura recordó el adagio que afirmaba que para ganar un juicio había que tener razón, saberla pedir y que te la quisieran dar y, con muy bien criterio, nos indicó que el único trabajo de un abogado consistía en saberla pedir. Y ese ha sido mi escudo desde que decidí emprender en esta profesión: pedir Justicia lo mejor que sé hacerlo y asumir que hay ocasiones en las que probablemente no lo he hecho bien y otras en las que, haciéndolo, no me han querido dar la razón. Y aunque ha habido ocasiones -muchas-, en las que sin tener razón me la dieron, tengo que decir que las victorias en el Casino Judicial no compensan aquellas derrotas en las que teniendo la razón no me la quisieron dar. Porque la injusticia, incluso cuando te es propicia, no satisface al que aspira a una resolución JUSTA (y, a ser posible, fundada en Derecho).
Dicen que los médicos se acostumbran al padecimiento ajeno y quiero pensar que entre los profesionales del Derecho debe haber quienes se hayan acostumbrado a la injusticia cotidiana. Tengo que reconocer que no es mi caso y que me sigue doliendo el alma con muchas de las sentencias que leo, muchísimas más de las que quisiera.
Con una experiencia judicial desde 1996, tengo la misma vision. Y tampoco me acostumbro a la INJUSTICIA. Tod resolución JUSTA será fundadacen Derecho, auqnue sea aplicando principios Jurídicos básicos, como la Buena Fe, la buena Administración, la confianza debida, el que fuese, pro encima de la literalidad de algo que es en realidad absurdo o injusto.
También sienta mal alguna vez que gané algún caso que no debía.
Prefiero no defenderlos o reclamarlos. La Justicia y la Verdad debe empezar en todos los «operadores juridicos», también y quizás principalmente, en los Abogados.
Totalmente de acuerdo con Ud. y con el comentario de Ángel JIménez. En mis 25 años trabajando en el sector jurídico he llegado a la misma conclusión. Luego los jueces se quejan de que la Justicia está saturada, pero yo estoy convencido de que si los jueces fueran más humildes y no actuasen con la arbitrariedad con la que actúan, no se interpondrían tantos recursos contencioso-administrativos como actualmente sucede.
Lo que no puede ser es que la Ley diga «A», y el juez retuerza la interpretación de la Ley para decir «B». Al final han convertido la Justicia en una lotería, y si fueran más humildes y se limitasen a aplicar la Ley con independencia de que les guste o no, ganariamos todos en seguridad juridica, y ellos en menos carga de trabajo, porque los abogados no recurrirían asuntos cuando la Ley sea clara al respecto. Pero siendo actualmente la justicia una lotería, se recurre cualquier cosa porque nunca se sabe qué es lo que dirá el juez de turno.
Un saludo,
Resulta desconcertante que, de ese estupendo prólogo, llame más la atención la descripción de un hecho probado (aunque no guste que lo sea) que la durísima constatación de que la jurisdicción responsable de controlar al poder político haya decidido autoexcluirse de ésa que es su obligación esencial. Una actitud muy lógica, por cierto, si aplicamos la psicología humana, pues es algo muy humano buscar la comodidad y seguridad que da la proximidad al poder.
A ese respecto, el prólogo también nos recuerda que, según las encuestas, cuanto más próximos a ese poder político más reciente de nuestro país (sea o haya sido de las siglas que fuera), más despreciable resulta su función para los individuos que juraron o prometieron proteger. Un nuevo hecho que seguro que no gusta, claro.
Pero no pasa nada, la solución a la constatación de ese desprecio es muy sencilla, pues para intentar sosegar ciertas atribuladas conciencias (ellas insisten en hacer el bien, a pesar de la resistencia de sus patrones), se le podrá echar la culpa a los madrileñizados que cometen deslices freudianos. Después, otra de gambas, una cerveza y… ¡a vivir! ;))
Aunque parezca que nos desviamos del asunto de este artículo -yo no lo creo, ya que su título es Análisis «sociológico» actual del juez español (…)- rogaría que antes de comenzar con sus gambas y sus cervezas nos enlazase una sola prueba del «hecho probado» de esa -con graceja y sesgada expresión del prologuista- «locuacidad incontinente» del FGE que tanto vd. como el sr. Jimenez-Blanco Carrillo de Albornoz dan por sentada, tanto como para motivar una sentencia condenatoria.
Un cordial saludo.
Buenos dias Jose Ramon y enhorabuena por seguir enseñándonos. Querría saber si en el libro también ha estudiado la procedencia geográfica y familiar de los actuales más de 6.000 jueces y si puede ser por sexos pues mejor todavia.
Dejemos ya en paz en tema del Fiscal, no es más un tema político metido con calzador. Un saludo.