Hoy día el legislador suele sobrecargar el Preámbulo de las leyes a modo de amable justificación de la regulación o de propaganda de las bondades del gobierno que sostiene la ley de marras.
El problema se plantea desde el momento que el Preámbulo reviste valor interpretativo según el Código Civil que impone tomar en cuenta “los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Es innegable que la justificación puede iluminar sobre la finalidad de la norma y por ello ofrece una pauta interpretativa de enorme valor pues se trata de una “atípica interpretación auténtica”, ya que la propia Ley lo incorpora como antecedente inmediato (SSTC 36/1981, 23/2005).
Así las cosas, se ha planteado la cuestión de si es recurrible un Preámbulo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por parte de quienes constatan que vierte consideraciones que les perjudican, o son ilegales, o que pueden fundamentar interpretaciones de la norma que no son deseables.
La reciente sentencia de la sala tercera de 9 de abril de 2026 (rec. 218/2025) sale al paso de la impugnación de un reglamento por un sindicato al alarmarse por exponer criterios representativos en el Preámbulo que vulneran la legislación sindical.
Dado que se focaliza el recurso en determinados pasajes del Preámbulo, la sala tercera parte de la doctrina del Tribunal Constitucional (ATC 7 octubre de 2021) afirma que “declarada la inconstitucionalidad y nulidad de un algún extremo del articulado de una ley, esta declaración priva de valor interpretativo a aquel pasaje del preámbulo que glose el precepto anulado”( pero no a la inversa, no cabe impugnar el preámbulo confiando en que su anulación arrastre la invalidez de preceptos correlativos).
Y resuelve explicando que:
No se trata solo de la inexistencia de valor normativo de los preámbulos sino de que tampoco cabe apreciar la hipotética proyección normativa invocada por la parte actora. (…) este recurso no puede convertirse en un instrumento preventivo de hipotéticas interpretaciones futuras que pudiera hacer la Administración contra el tenor literal del nuevo artículo (….) De suceder así, el sindicato recurrente dispone de los medios procesales adecuados para su impugnación en ese momento.
Estamos ante una sentencia que precisa el alcance de la impugnación directa de reglamentos excluyendo los preámbulos de su impugnación autónoma, lo cual se ajusta plenamente a la dogmática pero supone admitir y dejar en el limbo de la impunidad cualquier exceso que incluyan los Preámbulos. Algo así, mutatis mutandis, como las Instrucciones o Circulares de la propia Administración, que tampoco admiten la impugnación directa.
El precio de este criterio es el riesgo real de que el agente o funcionario público, cuando aplica el Reglamento, siempre tendrá en cuenta el Preámbulo, por la majestad de la Ley, y consiguientemente se podrán dar flujos de actos administrativos que tendrán que ser objeto de impugnación autónoma por los interesados. Y es que la economía procesal a corto plazo (inadmitir recursos prematuros frente a preámbulos, por ejemplo) suele traer indigestiones procesales a largo plazo.
Descubre más desde delaJusticia.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Brillante exposición y necesaria aportación.
Me recuerda el asunto de la «Memoria vinculante» de los planes de urbanismo, piedra angular de cada plan que al parecer no recibe la atención administrativa y jurisdiccional que merece. Por ejemplo, su debida publicación en el BOP a efectos de eficacia del plan, aunque alguna ley regional impone, como de de ser, su publicación.
Sin más preámbulos, estoy totalmente de acuerdo con la exposición de motivos efectuada para considerar la oportunidad y conveniencia de admitir una posible impugnación de la parte expositiva de los reglamentos por sus indicados efectos expansivos de cara a su aplicación práctica vía interpretativa. Por otra parte, vengo observando desde antaño una llamativa falta de uniformidad en cuanto a la denominación de la parte expositiva de las normas en general que, en unos casos, es «PREÁMBULO» (por ejemplo, en la Constitución española de 1978, en algunas leyes orgánicas como la 5/1985, e igualmente en leyes ordinarias como la 7/1985); otras veces es «EXPOSICIÓN DE MOTIVOS» (v.gr., en algunas leyes orgánicas como la 6/1985, en leyes autonómicas como la 7/2021 andaluza, y en decretos-leyes autonómicos como el 3/2026 andaluz) y en muchas ocasiones carece de denominación propia (por ejemplo, en reales decretos-legislativos como el 781/1986, 5/2015 y 7/2015, en reales decretos-leyes como el 7/2026, en reales decretos como el 314/2016 y en decretos autonómicos como el 550/2022 andaluz). Un saludo desde Tarifa.