Si un extraterrestre aterrizase en la Gran Vía de Madrid y robase los periódicos de un kiosco para leerlos de forma sosegada a la luz de la Luna, comprobaría que en España lo que mas preocupa es la crisis económica pero también la crisis de la justicia, pues de un modo u otro la inmensa mayoría de las noticias son quejas y preocupación por ambas.
1. Es innegable que en España la «crisis judicial» ofrece múltiples frentes. El Tribunal Constitucional administra su agenda de sentencias bajo el calendario político y dictando resoluciones de forma similar a como Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. El Consejo General del Poder Judicial ha sido «renovado» de forma que «todo sigue igual» en cuanto a la politización de sus miembros. El Ministerio de Justicia y la Vicepresidenta del Gobierno se alzan en «juez y parte» para arrimar el ascua a su sardina. Los Juzgados y Tribunales a duras penas pueden digerir el aluvión de asuntos sometidos a su decisión. Las decisiones judiciales de fuste son criticadas tanto por los que pierden el litigio como incluso por los que los ganan, en una atmósfera de intoxicación mediática.
2. En el caso de los procesos contencioso-administrativos se ha creado un monstruo de garantías y tecnicismos.
- Las sentencias de demolición en urbanismo no se ejecutan.
- Las sentencias que anulan oposiciones o adjudicación de puestos de trabajo, de forma benévola dejan en manos de la Administración culpable el remediar el entuerto.
- Los procesos sobre tributos por su dilación y filtros económico-administrativos acaban con la paciencia del reclamante y financiando a la Administración.
- Los procesos sobre extranjería mantienen ocupados a los jueces pese a que una sencilla medida legislativa o una Comisión Administrativa podría despacharlo de forma rápida y eficaz (por ejemplo, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid dedican el 60% de su tiempo a asuntos de extranjería). Los juicios por multas de tráfico no se libran de un tiempo de tramitación entre seis meses (Cantabria) o dos años (Madrid), con lo que al tiempo de la vista oral nadie se acuerda de lo sucedido.
3. Pero lo mas grave no es el tiempo, ni los trámites engorrosos, ni los costes en que puede incurrirse. Lo mas grave es que el criterio de los tribunales es oscilante o dinámico, ya que varía según la provincia, la Comunidad Autónoma, o según el tipo de órgano judicial (Juzgado, Sala del Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Nacional) e incluso según el concreto órgano dentro de los del mismo rango (un Juzgado de Córdoba sienta distinto criterio al de Madrid, pero es posible que cinco juzgados de Madrid o Barcelona resuelvan de forma diferente el mismo asunto, y además sin que ninguna sentencia sea apelable). Y no digamos si en el camino interfiere una sentencia del Tribunal Constitucional que manda a la papelera toneladas de jurisprudencia. Por mucho que existan sentencias en interés de la Ley, recursos de casación ante el Tribunal Supremo, y sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, lo cierto es que el panorama es insatisfactorio.
Si a ello unimos que la crisis económica traerá su secuela de mayor litigiosidad, las perspectivas no son nada positivas.
4. Por eso la noticia de la prueba que se desarrollará mañana domingo en la Universidad de Reading para comprobar si es posible distinguir el razonamiento de un ser humano del de un ordenador, mediante la prueba de Turing (un ordenador y un humano ocultos tras una mampara desafiando que un tercero identifique a uno u otro por su forma de razonar) lleva a Sevach a plantearse como juego imaginativo, si no sería posible efectuar un experimento en que una situación litigiosa contencioso-administrativa (no una cuestión penal donde el factor humano es tan decisivo) se sometiese a un juez (con su memoria, intuición y experiencia) y simultáneamente a un ordenador (con su base de datos, frialidad y automatismo). Sería el enfrentamiento entre lo «razonable» (el juez humanizado y sociológico) y lo «racional» (el juez mecánico y lógico).
El resultado sería muy interesante, si arrojase luz sobre tres cuestiones capitales: primera, cual es el índice de coincidencia de ambos en sus sentencias; segunda, cual es el índice de falibilidad de cada uno (a la vista del resultado de una eventual apelación de ambas sentencias, para verificar quien vería confirmada o revocadas en mayor medida sus decisiones, si el hombre o la maquina); y tercera, lo que es mas importante,¿quién preferiría el ciudadano de a pie que juzgase su asunto: el hombre o la máquina?. Y si la respuesta fuese el hombre, entonces habría que aceptar que la Justicia no es una ciencia matemática, ni el juez un autómata y por tanto, son posibles los errores judiciales.
5. Mientras tanto cobra actualidad la adaptación libre de la vieja canción de Alaska:
Terror en el hiperjuzgado
Horror entre mis vecinos,
Mi asunto ha desaparecido
Y nadie sabe cómo ha sido
no, oh, oh..
Terror en el hipermercado
Horror en los ultramarinos
Mi dinero ha desaparecido
Y nadie sabe cómo ha sido
No, oh, oh…
Es evidente querido Sevach. a la sucesión de normas por el poder legislativo, sin pulir en demasía, y que son objeto de continuos retoques y reformas, se une que el SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA, no sea considerado tal, y por tanto menospreciado. Ese monstruo en todos los aspectos que es el Estado de las Autonomias donde, a poco que uno quiera constituiria una Comunidad Autonoma, con duplicidad de organos, esos si que son innecesarios. Evidentemente todo ello no puede conducir mas que al laberintico sistema normativo y judicial, con sus consecuentias en resoluciones de lo mas dispares.
Según el Informe de la Comisión Europea para la eficiencia de la Justicia, los tribunales españoles están peor dotados que los de los países de su entorno. De hecho, España ocupa el puesto 38 del ránking, compuesto por 47 sistemas judiciales, por promedio de jueces por ciudadano, con 10,1 magistrados por cada 100.000 habitantes, frente a los 11 de Italia, 11,9 de Francia, 14,9 de Bélgica y 24,5 de Alemania. Incluso los países de la antigua URSS y de los Balcanes cuentan con más jueces que España. O una de dos:¿ o los restantes países europeos despifarran en jueces, o en España están atendiendo la justicia por encima de sus fuerzas y posibilidades?.¿ Se hubiera producido el caso Mariluz si la dotación de jueces se hubiera equiparado a la media europea?. Esa es la pregunta a la que tiene que dar respuesta el Ministro de Justicia y no sancionar a jueces y secretarias. Además, coincido con Maximilien de que el Estado de las Autonomías en cuanto a justicia se refiere ha sido pernicioso. Ha aumentado la complejidad de las normas, la desorientación del justiciable y hoy día amenazan los nacionalistas con crear Consejos Autonómicos del Poder Judicial. O sea, si algo no funciona, lo mejor es multiplicarlo. ¡vivir para ver!
Interesante entrada.
El fenómeno que describes respecto de la falta de criterio uniforme en los jueces y tribunales es consecuencia del proceso de «Balcanización jurídica» (no sé si será suyo este término pero se lo escuché por primera vez en Huelva en 1992 a González Navarro) que padece España.
¿¿Has hecho la prueba de tomar una sentencia cualquiera, grabarla en el procesador de textos y buscar concordancias en internet o en bases de datos??? Te encontrarás con párrafos enteros que calcan unas de otras…
Sino hubiese ordenadores, internet y bases de datos….¿cómo sería el retraso de la Justicia?
Esto pasa no sólo con las sentencias, pasa con cualquier texto jurídico, y no jurídico….
La balcanización (aunque personalmente prefiero el castizo término «Reinos de Taifas») es un fenómeno que afecta no solo a los tribunales (ya que la independencia judicial autoriza a mantener al juez la persistencia en su criterio desoyendo otras sentencias de otros órganos, salvo sentencias casacionales), sino a las Comunidades Autónomas, entes locales e incluso entes públicos. Y además la balcanización se predica del urbanismo (donde cada plan sigue su criterio, o cada Comunidad Autónoma) y de la función publica (donde las Relaciones de Puestos de Trabajo crean auténticos engendros para la razón).
En cuanto a la «importación informática» de unas sentencias a otras, es cierto, pero no es menos cierto que las demandas «vuelcan» miles de sentencias, la contestación a la demanda hace lo propio, y el juez «corta y pega» por legítima defensa. En fin, te agradezco el comentario porque me da ideas para un futuro post.
El estraterrestre ya estuvo aquí hace unos siglos. Reproduzco un extracto de un viejo libro titulado «El Selenita Perplejo» (Pfeiffer & Co., Boston, 1803):
Selenita.–Entonces, cuando vuestro Congreso ha aprobado una ley, ¿va inmediatamente a la Suprema Corte para que dictamine si es constitucional?
Terráqueo.–¡Oh no! la ley no necesita la aprobación de la Suprema Corte. A veces pasan años antes de que un abogado la objete en nombre de su cliente. Si el presidente la aprueba, entra en vigor en el acto.
Selenita– Ah, el poder ejecutivo es parte del legislativo. ¿Y la policía también debe aprobar los edictos que hace cumplir?
Terráqueo.– Todavía no… En términos generales, sin embargo, todas las leyes exigen la aprobación de aquellos a quienes se proponen reprimir.
Selenita.– Ya veo. La sentencia de muerte no es válida hasta que no la firma el asesino.
Terráqueo.– Amigo mío, usted exagera. No somos tan coherentes.
Selenita– Pero este sistema de mantener una costosa maquinaria judicial que sólo se pronuncia sobre la validez de las leyes mucho después de que han empezado a ejecutarse, y sólo en el caso de que un ciudadano particular las someta a la Corte, ¿no provoca una gran confusión?
Terráqueo– Así es, en efecto.
Selenita– ¿Por qué entonces no hacer convalidar las Ieyes por la Suprema Corte, antes que por el presidente?
Terráqueo– Porque ese sistema no tiene precedente.
Selenita– ¿Qué es un precedente?
Terráqueo– Algo que ha sido definido por trescientos juristas a razón de tres volúmenes cada uno. ¿Cómo podríamos saberlo?