Todos los días escuchamos alguna ocurrencia de los políticos sobre medidas de austeridad en la cosa pública que normalmente pivota sobre los colectivos mas débiles (funcionarios interinos y contratados temporales) o sobre los mas indefensos ( la masa común de empleados públicos expuesta a tijeretazos tras las bendiciones del Tribunal Constitucional).
En unos casos, se acometen amortizaciones de plazas temporales ( solo cabe la pataleta); en otros se trata de gestos para la galería como “suprimir los moscosos” (leña al funcionario) y en otros, maliciosos sondeos sobre la “supresión de la paga extraordinaria a los funcionarios” ( antes de decapitar, el hacha tiene que apuntar).
Opino que eso es el “chocolate del loro”. Medidas efectistas que nada resuelven.
Por eso, y aunque ya aludí en un post anterior a las medidas de saneamiento público titulado significativamente “Este no es país para economías de pendejos”, me permito ahora sugerir las medidas que permitirían aliviar el déficit público de forma contundente, inmediata y eficaz, y además sin amortizar personal interino ni temporal. O sea, impidiendo que aumente el desempleo y ahorrando indemnizaciones.
No son medidas angelicales, pero sí propuestas serias que con el sacrificio de todos permitirían no solo salvar el empleo de los casi 800.000 interinos del país ( unido a que la rotación en tales vacantes asegura la pitanza a muchos más) sino que evitarían el recorte en gastos sociales y además “repartirían la carga entre toda la población activa” y no solo entre funcionarios.
Y es que, si se quiere de verdad atajar el déficit público creo que lo suyo sería dictar un Decreto-Ley básico o aprobar una Ley de armonización, u otra normativa idónea ( el Ordenamiento Jurídico contempla poderes excepcionales para situaciones excepcionales), con las siguientes medidas. Otra cosa es que por razones políticas ( considerando “político” el interés de los propios políticos en “no dispararse a los pies” , ni a sus correligionarios, ni despertar iras en colectivos problemáticos.Veamos la receta infalible.
1.LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PAGAS EXTRAS DE TODO EMPLEADO PÚBLICO O PRIVADO A DOS AL AÑO Y EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL SUELDO O SALARIO BASE
Las pagas extras de todo empleado, público o privado, deberán limitarse por Ley al concepto sueldo o salario base ( bien con normas básicas o bien modificando el Estatuto de los Trabajadores). La parte restante sería ingresada por la Administración empleadora o por el empresario en un Fondo Anticrisis (prestaciones de desempleo o sociales, indemnizaciones por despidos,etc). Nada de recortar la paga extra solo a los funcionarios públicos…¿por qué razón?. Para cubrir los “gastos de todos” se recortan los ingresos «solamente» de los funcionarios. Si se aplica ese recorte a todos los ciudadanos que trabajan, tanto en la Administración o en la empresa privada, se cumplirá el principio constitucional propio de igualdad y el mandato constitucional de que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos”.
Además seria una medida igualitaria puesto que se evitaría la enorme dispersión que existe entre Convenios Colectivos, algunos de los cuales reconocen hasta…¡ cuatro pagas extra al año! y la mayoría por el importe del salario base y con todos los complementos salariales.
La prueba de que no sería un sacrificio vital radica en que hasta hace pocos años los dos millones de funcionarios solo recibían la paga extra en cuantía referida exclusivamente al sueldo (sin complementos) mientras miraban con envidia como los propios trabajadores laborales de la Administración y no digamos los de la empresa privada, percibían la paga extra en la totalidad.
Insisto que esta medida sería justa (no penalizaría solo a los funcionarios), proporcional (no suprime toda la paga sino solo los complementos de la extra) y equitativa ( no afectaría a pensionistas ni desempleados).
2.HOMOGENEIZAR HACIA EL PROMEDIO NACIONAL LAS RETRIBUCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (SANIDAD, EDUCACIÓN, POLICÍA)
Armonizar las retribuciones de las competencias transferidas referidas a servicios homogéneos con altos costes de personal: sanidad, educación, policía. Basta con fijar el techo retributivo de los colectivos de tales sectores en el promedio actual de las retribuciones de todas las Comunidades Autónomas.
La prueba de que el sacrificio sería soportable radica en que no se trataría de una rebaja temeraria al calcularse el promedio de lo percibido por los médicos de España ( o sea, la media de lo cobrado en conjunto por un médico catalán, extremeño, gallego,etc).
3.TECHOS RETRIBUTIVOS PARA CARGOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
El conjunto de retribuciones salariales que, por cualquier concepto
perciba el personal del Sector Público Empresarial y Fundacional de las Administraciones Públicas no podrá superar en ningún caso, cuando se trate de Directores, Gerentes y asimilados, las propias de Director General de la Administración del Estado ( o de la respectiva Comunidad Autónoma), y cuando se trate de personal de categoría inferior, las de su homólogo atendiendo a la titulación exigible, en el ámbito del Convenio Colectivo del Estado ( o de la respectiva Comunidad Autónoma).
4. LIMITACION RENTAS MENSUALES DE LOS TRABAJADORES PREJUBILADOS.
Las rentas mensuales de los “prejubilados” se debieran reducir (sin efecto retroactivo, pero sí para devengos futuros), de manera que su cuantía no exceda en ningún caso del doble del Salario mínimo Interprofesional.
Las prejubilaciones era una respuesta de tiempo de vacas gordas a situaciones en que la presión de ciertos colectivos con coartadas sociales ( trabajo duro, dificultad de reinserción laboral a cierta edad,etc) llevó a su generalización. La “prejubilación” es una figura jurídica legalmente atípica mediante la cual la empresa a través de bajas incentivadas, acuerdos individuales, expedientes de regulación de empleo o planes de prejubilación promueve la extinción del contrato y frecuentemente el desplazamiento al Estado del pago de las prestaciones por desempleo. El precio de la paz social pasaba por la autorización de una prejubilación anticipada a determinados colectivos vinculados al sector público ( los emblemáticos casos de la banca, siderurgia, cajas de ahorro, telefónica y minería). Esa justificación social se ha convertido en fuente de injusticia sangrante en tiempo de crisis.
Primero, se concebía para quienes estaban al borde de la jubilación y hoy día prejubilarse con cincuenta años es insultante. Segundo, se concebía como un remedio para unos pocos y ahora es una carga para toda la ciudadanía y un privilegio para esos pocos. Es más, no debe ser tan excepcional la situación ( no hay tan pocos “prejubilados” como pudiera pensarse) ya que invito a que cada uno mire a su alrededor (al “prójimo”/próximo, como dice la Biblia) y seguro que conoce alguien que disfruta de una prejubilación dorada.
Por eso, considero que habría que rebajar las rentas del prejubilado por todos los conceptos hacia el dignísimo techo del doble del Salario mínimo interprofesional, de manera que se incentive su reinserción laboral y no la perpetuación acomodaticia. Si el común de los ciudadanos gasta menos porque ingresa menos, pues los prejubilados para gastar también menos como aquéllos, deberían ganar menos.
5. LIMITACIÓN TEMPORAL A LA PERCEPCIÓN DEL COMPLEMENTO DE ALTO CARGO
El complemento de alto cargo, tanto estatal como autonómico, debe limitarse en su percepción a dos años desde el cese en aquél alto cargo. Y si ya hubiese transcurrido dicho plazo, deberá extinguirse en tres meses.
En efecto, el complemento por cese en alto cargo fue concebido para suavizar la cáida retributiva de quien había ocupado un cargo público (ej. Ministro, secretario de estado,etc) y tras cesar debía volver a su humilde origen profesional en la Administración ( electricista, funcionario,etc), y para ello la Ley les reconocía que con sembrar dos años continuados de servicio en alto cargo público, tendría derecho a un jugosísimo complemento vitalicio que elevase su retribución en su humilde puesto final hasta la máxima cota de una autoridad en activo. El complemento de alto cargo fue como el bing-bang: nació para los directivos de la Administración del Estado, siguió con los directivos autonómicos y recientemente se extendió a los directivos locales, y junto a ello como una mancha de aceite cubrió infinidad de cargos públicos por analogía. El resultado: un suplemento retributivo vitalicio que no responde a una contrapartida real de servicios.
Pues bien, no hay justificación para mantener tal prebenda ya que un político que retorna a su profesión en el sector privado ningún suplemento recibe y además, es injusto que por una labor política “temporal” y además “retribuida” se reciba un complemento vitalicio.
Por eso, propondría que tal complemento fuese transitorio y si se cobró por dos años, dure como máximo dos años.
Son cinco medidas, y se dirá que son utópicas, que nadie removerá esas aguas cenagosas… pero no dejan de ser una posibilidad real de dejarse de zarandajas y migajas ( tijeretazos funcionariales) y coger el toro por los cuernos. Y si hay quejas de los afectados, pues ya es hora de que se den cuenta que la crisis es para todos y todos debemos pechar con ella.
En fin, para Sevach mientras no se adopten esas medidas inspiradas en el principio constitucional de solidaridad e igualdad, no habrá coartada para seguir recortando exclusivamente al común de los funcionarios y trabajadores públicos sus derechos y condiciones laborales, ni para amortizar plazas temporales.
Zaragoza tiene más de 1.ooo policías locales en nómina, que se dice pronto. Nunca ves a ninguno en la calle, como no sea los que pasan con el coche y el radar para multar a los vecinos y así recaudar más dinero… Si hay un delito, no les llames, pues tardarán media hora en venir, cuando los delincuentes ya se hayan fugado.
Vengo de la Gerencia de Urbanismo, también de Zaragoza. Montones de policías locales en el vestíbulo -no se para qué, la verdad-, la cafetería llena de funcionarios y los despachos vacíos… La persona que me atiende no sabe ni de que le hablo. Un ejemplo de la eficacia administrativa.
Y para postre tengo que ir a la DGA, el pomposamente llamado Gobierno de Aragón. Seguro que encontraré la cafetería también a rebosar de funcionarios, y los despachos vacíos, o con los funcionarios leyendo la prensa, consultando asuntos personales en Internet o hablando por teléfono de cosas particulares -no soy sordo y oído las conversaciones-, o, simplemente, chismorreando. Total, pagan los contribuyentes.
¿Verdaderamente podemos seguir así mucho tiempo? Sobran empleados públicos por todas partes, y el que no lo reconozca es que es tonto o empleado público. Que no son sinónimos, que conste.
Pues seré tonto, porque empleado público no soy.
No obstante, nadie me va a convencer de que nuestro número de maestros, médicos, profesores, técnicos de hacienda, inspectores, jueces y un largo etcétera, se acerca a la media de la zona euro por habitante.
Digo zona euro, por que a los medios les encanta decir Unión Europea y de esa forma meter en la media países como: Rumanía, Croacia, Letonia, Polonia, Bulgaria, Lituania, etc. para defender, por ejemplo, el aumento de ratios alumnos/clase y echar a profesores a la calle, cuando nuestras ratios son de las más altas de la zona euro, y en otros países, con ratios alumnos/clase menores, hay dos profesores por aula (o sea, ratios alumnos/profesor mucho menores). Doy este ejemplo de educación, para que entendáis como se maquillan las cifras para hacernos creer que malgastamos recursos y que tenemos demasiados funcionarios.
P.D. En general, solo conocemos la administración de ir a que nos atiendan en ventanilla y por tanto, no vemos más que la superficie de un enorme entramado que otorga todos los servicios públicos del país.
P.D.2 Por cierto, a mi jamás me ha pasado eso de ir a la administración y que no me atiendan como es debido (y he tenido que ir muchas veces a distintas administraciones por distintos motivos) y es que pienso que debe ser una realidad que se da en algunas administraciones y que la fama les llega a todas
P.D.3 Se que me estoy poniendo pesado, perdona, pero me gustaría añadir, en el tema de la policía local… mejor llamar a la nacional, por que en materia de delitos graves, me da a mi que los locales no tienen competencias. Hace tiempo que no hago uso de ese servicio, pero cuando he tenido un problema, la policía nacional se ha portado debidamente. (que conste que no conozco la normativa por la que se rigen estos cuerpos de seguridad y puedo estar equivocado)
Algunos comentaristas, posiblemente funcionarios, insisten en la «sacralización» de la oposición. En efecto, la oposición es una forma teóricamente objetiva e imparcial de seleccionar a los futuros empleados públicos, junto con el concurso-oposición y el concurso, que son dos grandes coladeros… Pero lo que está claro es que una vez seleccionados, HAY QUE TRABAJAR Y RENDIR, pues somos los ciudadanos los que les pagamos el sueldo. Y algunos terminan tan agotados de la oposición que ya no vuelven a pegar golpe en su vida «laboral»… Y no es así. Para ellos, simple, lisa y llanamente, EL DESPIDO. ¿O es que es lógico que los funcionarios sean inamovibles -aunque no sean necesarios sus servicios-, mientras que todos los demás estamos con el culo en el aire…?
Para que Ramón esté debidamente informado, le indicaré que la selección de personal a través del concurso-oposición exije, en primer lugar, la superación de la fase de oposición y, una vez superada ésta, se lleva a cabo el cómputo de la fase de concurso sólo para mejorar la nota. En cuanto al concurso sin más, como proceso selectivo, se emplea para la promoción profesional de quienes ya son empleados públicos, por lo que ya han superado previamente su oposición, salvo muy contadas excepciones que generalmente conducen a puestos de trabajo de carácter eventual y temporal (políticos y asesores), no de funcionario.
También para su información, le diré que hablar con carácter general de el exceso de funcionarios es absolutamente gratuito. El problema está en los gestores (que son políticos y no funcioanrios), que han demostrado una absoluta incapacidad para distribuir al personal, aunque cuentan con una normativa (vigente desde hace más de 30 años) que les permite trasladar funcionarios de un destino excedentario a otro deficitario (movilidad funcional) sin mayor problema. Sólo hay que querer hacerlo.
Y en cuanto a lo de que los funcionarios no pueden ser despedidos, es otra falacia lanzada al aire por nuestros políticos interesados. Si un funcionario no hace su trabajo o incumple la ley, esa misma normativa citada anteriormente exige que se le expediente y se le separe del servicio (lo que conlleva, no solamente la pérdida de empleo, sino la imposibilidad de volver a ser empleado público). Lo que sí tiene derecho el funcionario, como garante de la legalidad, es a que no se le despida por negarse a llevar a cabo irregularidades en la gestión de los fondos públicos (el dinero de todos, hasta de Ramón).
Hay mucha gente que piensa que los funcionarios son un lastre de la sociedad y, muchos de estos «pensantes» son pensionistas que cobran puntualmente su pensión porque un funcionario hace las gestiones necesarias , que cobran su prestación por desempleo o por su discapacidad o la de algún familiar, que acuden a los ambulatorios y a los hospitales públicos cuando están enfermos, a los bomberos si se quema su casa, a los policías si tienen algún percance, que llevan a sus hijos a centros educativos públicos, que acuden a los juzgados si tienen algún litigio, etc.
Estos «pensantes» no saben que esas dos horas y media a la semana que han incrementado la jornada en la sanidad esconde una «orden expresa» de no ver ni a un sólo paciente más dentro de ese exceso de tiempo trabajado, ya que no se puede incrementar el gasto (supondría hacer más radiografías, más scaners, más operaciones, etc, en definitiva, más gasto), por lo que se da la paradoja de que incrementando la jornada se van a incrementar las listas de espera. Se trata señores de una manera de justificar la no contratación de trabajadores para suplir vacantes (eso sí, si hay que contratar a Camps de asesor pagándole 6000 euros al mes, se le contrata) . Luego los «pensantes» dirán que los funcionarios son unos vagos.
Muchos de estos «pensantes» , sin embargo, admiran a las figuras políticas que nos están sangrando sin reducir ni un ápice sus ingresos, ni sus dietas, ni sus viajes, ni sus cumbres, ni sus jornadas, ni sus foros, ni sus reuniones (en importantes restaurantes o marisquerías), ni sus delegaciones, …
Esos políticos que nos sangran y que hace mucho tiempo dejaron de tener más ideología que la de su propio bolsillo y la de la conservación de su sillón, que sólo buscan ganar las próximas elecciones a cualquier precio y les importa un reverendo huevo lo que le ocurra al resto del país si no pueden sacar rédito político de ello.
Muchas gracias, don Santiago por su información, aunque la conozco sobradamente, pues soy licenciado y doctor en derecho, funcionario en excedencia -cansado de no hacer nada-, profesor universitario de derecho, etc. En resumen, y sin ánimo de polemizar, le diré que una cosa es la teoría y otra la práctica: estoy cansado de estar en tribunales y de soportar presiones mil para aprobar a un determinado opositor,, o de ser relegado en mi trabajo por no comulgar con el partido político que entonces gobernaba, o, simplemente, por ser más competente y trabajador que otras personas. La teoría de la función pública está muy bien, pero no pasa de ser una mala novela; la realidad es muy distinta a lo que Vd. nos cuenta… (No voy a contestarle más, por lo que ruego no insista. Estamos en democracia y todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. ¿O no…?).
Lo primero que quiero es disculparme si he podido ofenderle, pues le aseguro que no era en ningún caso mi intención.
Entiendo que ambos hablamos desde la propia experiencia, al menos es mi caso. Por ello, le aseguro que respeto su opinión, que entiendo basada en sus vivencias.
Mi experiencia es la siguiente.
He «sufrido» cuatro oposiciones (aprobadas, hay un par más que no cuento). Cada una de ellas ha supuesto, en promedio, unos 12 meses de preparación. En ningún caso presionó alguien al tribunal para que yo aprobara ninguna de ellas (que no digo que no se dé algún caso). Y he visto como personal que había entrado a dedo no consiguió superarlas y se tuvo que ir a la calle. En mi opinión, la gran puerta de atrás para el empleo público son los trabajadores eventuales (políticos ) y sus empresas públicas (que se saltan a la torera la normativa), no los opositores. Son estos mecanismos los que permiten poner a trabajar a familiares, amigos y compañeros del partido.
También he formado parte de tribunales de selección sin recibir ningún tipo de presión.
También soy titulado superior, aunque en mi opinión eso no tiene por qué darme mayor o menor credibilidad.
He trabajado en la empresa privada, como autónomo y como funcionario, y en los tres ámbitos laborales he visto abusos. Y le aseguro que donde más abusos he visto no es entre los funcionarios (ojo, no incluyo a ningún cargo ni puesto político, ni asesor, ni trabajador de confianza… , hablo única y exclusivamente de los trabajadores públicos)
Creo que no se puede generalizar. La mayor parte de esos millones de personas que hacen uso diariamente de los servicios públicos (muchos de ellos sin ser siquiera conscientes de que es un servicio público) son correctamente atendidas y la mayor parte de los funcionarios que trabajan para ellos cumplen escrupulosamente con sus obligaciones. Incluso muchos de ellos (y también lo digo porque lo he visto) trabajan por encima de las jornadas establecidas. Sí es cierto que hay gente que se aprovecha de su situación, pero nuevamente son los gestores (políticos) los que permiten que se mantengan en sus puestos de trabajo estas rémoras (quizá precisamente porque les apadrina el político o el sindicalista de turno). Los funcionarios «normales», los de «a pie» (los que cumplen con su trabajo), estoy seguro que agradecerían que esa gente fuese expulsada del colectivo, al que desprestigian, ya que lo que esos caraduras no hacen lo tiene que hacer el compañero que está al lado.
Un saludo
No le demos más vueltas. Los políticos han decidido atacar a los funcionarios para sobrevivir ellos y sus prebendas. Pero si los empleados públicos les plantaran cara, unidos, derrumbándoles el chiringuito de puestos y sueldos para inútiles y metiendo a algunos en la cárcel, bien pronto se buscarían otro colectivo de «cristianos» que echar a los leones.
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Totalmente de acuerdo en las medidas propuestas, particularmente en la fijación de techos retributivos de referencia sobre la base de la medias (aún con compensaciones vinculadas a diferencias territoriales de coste de vida). Iría un poco más allá, y propondría la creación de una estructura administrativa estatal de referencia (una especie de RPT estándar con horquillas de adaptación a población, territorio, actividad económica…) que operaría como límite obligatorio para el que la excediera, y aspiración no automática sino progresiva en el tiempo para el que no la alcanzara, acto seguido obligaría a una revisión, desde ese prisma, de todas las RPT´s ajustándose a ésos parámetros. Evidentemente, antes prohibiría los complementos personales transitorios.