La reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2020 (rec.312/2019) se ocupa de sintetizar el estado de la cuestión del control de la discrecionalidad técnica, lo que sin duda deberá tenerse en cuenta en las impugnaciones sobre el fondo de valoración de pruebas y ejercicios relativos a las oposiciones y concursos que arrancarán este año con fuerza.
No deja de ser curioso que en el siglo XXI se siga abordando la discrecionalidad técnica como el juego del gato jurisdiccional y el ratón administrativo.
Veamos esta interesante sentencia.
Primero, advierte de su deseo de fijar posiciones y señalar la cosecha jurisprudencial en la materia:
El debido análisis de lo suscitado aconseja recordar, con carácter previo, la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les es exigible. Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE).
Después señala los hitos de control progresivo, desde la vieja abstención de control técnico hacia la vigente extensión del control hacia lo razonado y razonable:
El punto de partida:
La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho
El paso adelante consolidado en el cerco a la discrecionalidad, tras el impulso dado por el Tribunal Constitucional:
La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el «núcleo material de la decisión» y sus «aledaños». El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacer lo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitarla materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990 de 11de diciembre de 1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990).
La zancada del control, que lleva a imponer algo tan elemental como imponer la exteriorización de las razones para valorar un ejercicio, prueba o méritos de los aspirantes:
Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico: “una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio de que se trate».
Y finalmente, el hito relativo a ir más allá de la motivación formal, del «trágala», sino la exigencia de motivación de fondo y material que resulte razonada y además razonable y congruente con las bases:
La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás
Finalmente, descendiendo al caso concreto, la sentencia desestima el recurso al examinar las razones ofrecidas por el tribunal calificador de la puntuación otorgada al aspirante que no superó el ejercicio práctico.
Sin embargo, existe un párrafo sumamente interesante que expone:
A mayor abundamiento, la parte recurrente en ningún caso ha realizado una comparación con las apreciaciones realizadas por los mismos miembros del tribunal respecto de los ejercicios de los aspirantes que superaron dicha fase, olvidando que nos encontramos ante un proceso selectivo en el que el tribunal debe optar por aquellos candidatos que demuestren mayores conocimientos dentro de las plazas ofertadas.”
Con ello, se sigue la línea abierta por el Supremo y reclamada con insistencia por la doctrina académica, hacia la comparación de ejercicios o méritos, pues sin tal comparación y cotejo (contar, pesar, medir, contrastar), el juicio técnico se convierte en juicio voluntarista, pues no olvidemos que al seleccionar un empleado público por imperativo constitucional no se trata de mejorar el idóneo, sino el más idóneo (arts.14, 23 CE y 103 CE). Lo contrario, como decía de forma elocuente una célebre sentencia del Tribunal Supremo de la década de los ochenta, de 29 de septiembre de 1988 ante una propuesta de adjudicación de plaza despachada con motivación formal: «Decir que ‘había otros con méritos preferentes (…) no es motivar, esto es jugar al bonito juego de las adivinanzas».
He aquí una interesante sentencia para abrir el año. Con mayor extensión me ocupé de la evolución jurisprudencial en mi obra Vademécum de oposiciones y concursos (2019), 6ªedición, donde se detallan los hitos y el esfuerzo jurisdiccional por controlar la escurridiza discrecionalidad técnica, cuando se abusa de la misma para sortear igualdad, mérito y capacidad.
Vademecum of oppositions and competitions (2019), 6th edition
The recent Judgment of the contentious-administrative Chamber of the Supreme Court of December 17, 2020 (rec. 312/2019) deals with synthesizing the state of the issue of control of technical discretion, which should undoubtedly be taken into account in the challenges on the evaluation fund of tests and exercises related to oppositions and competitions that will start this year with force. Let’s see this interesting sentence. First, it warns of its desire to establish positions and point out the jurisprudential harvest in the matter: The due analysis of what has arisen advises to remember, in advance, the jurisprudence on the meaning and scope that must be recognized to the so-called doctrine of technical discretion, and on the possibilities offered by jurisdictional control against acts of specialized qualification in those who project this doctrine, especially with regard to the level of motivation that is required of them. This jurisprudence, coming from this Supreme Court (TS) and the Constitutional Court (TC), is characterized by the permanent effort to extend to the maximum and perfect the judicial control provided for in the constitution against all administrative actions (article 106.1 CE). Then he points out the milestones of progressive control, from the old abstention from technical control to the current extension of control towards reasoned and reasonable: Start point: The initial jurisprudence of this Chamber, from the moment of recognition of this technical discretion, already concerned itself with establishing limits for it, which came to consist of the application to it of the control techniques that the regulated elements mean as well, determining facts and general principles of law The consolidated step forward in the siege of discretion, after the impulse given by the Constitutional Court: Subsequent jurisprudential evolution, in order to improve jurisdictional control and define the spaces where this control can operate normally, completed and clarified those limits initially enunciated by distinguishing, within the technical assessment performance, between the «material core of the decision «and its» surroundings «. The first would be represented by the strict opinion or judgment of technical value, and the second (the neighboring ones) would include, on the one hand, the preparatory or instrumental activities that surround that strict technical judgment to do what is possible and, on the other, the guidelines that are also required for such activities. Those preparatory or instrumental activities would be those aimed at delimiting the subject matter that will be the subject of this technical judgment, setting the qualification criteria that are going to be used, and individually applying said criteria to each of the material elements that constitute the object of the assessment; that is, they would be the steps that are necessary to arrive at the qualitative estimate finally contained in the strict technical judgment. And these legal guidelines would be embodied by the right to equal conditions that assists all applicants, by the need for the qualification criteria to respond to the principles of merit and capacity and by the mandatory compliance also of the constitutional mandate of interdiction of arbitrariness. The above distinction is present in STC 215/1991, of November 14, as well as in numerous judgments of this Chamber (among others, in the SSTS of January 28, 1992, appeal 172671990 of December 11, 1995, appeal 13272/1991 ; January 15, 1996, appeal 7895/1991; and July 1, 1996, appeal 7904/1990). The stride of control, which leads to imposing something as elementary as imposing the externalization of the reasons to value an exercise, test or merits of the applicants: One more point in this evolutionary line of jurisprudence is represented by the need to motivate technical judgment: “one thing is the core of the technical judgment on which this kind of discretion operates and another is the obligation to explain the reasons for that technical judgment. when they have been expressly demanded or when the review of the rating that expresses this technical judgment has been proposed. The latter is outside the scope of the so-called judgment of technical discretion, since, in the face of the express request that said judgment be explained or before its revision, the constitutional prohibition of arbitrariness makes silence on the reasons that have led to the issuance intolerable. particular judgment in question «. And finally, the milestone related to going beyond the formal motivation, the «swallow it», but the requirement of substantive and material motivation that is reasoned and also reasonable and congruent with the bases: The final phase of the jurisprudential evolution is the definition of what the content of the motivation should be so that, when it is required, it can be considered validly carried out. And in this regard, it has been declared that this content must meet at least these main requirements: (a) express the material or sources of information on which the technical judgment will operate; (b) state the qualitative assessment criteria that will be used to issue the technical judgment; and (c) express why the application of these criteria leads to the individualized result that gives preference to one candidate over the others. Finally, descending to the specific case, the judgment dismisses the appeal when examining the reasons offered by the qualifying court of the score awarded to the applicant who did not pass the practical exercise. However, there is an extremely interesting paragraph that states: Furthermore, the appellant in no case has made a comparison with the assessments made by the members of the court themselves regarding the exercises of the applicants who passed said phase, forgetting that we are facing a selective process in which the court must opt for those candidates who demonstrate greater knowledge within the positions offered. » With this, the line opened by the Supreme Court and insistently demanded by academic doctrine is followed, towards the comparison of exercises or merits, because without such comparison and collation (counting, weighing, measuring, contrasting), the technical judgment becomes Voluntary judgment, because let us not forget that when selecting a public employee by constitutional imperative, it is not about improving the ideal one, but the most suitable one (Articles 14, 23 CE and 103 CE). On the contrary, as a famous sentence of the Supreme Court of the eighties, of September 29, 1988, before a proposal for the award of a position dispatched with formal motivation, eloquently stated: «To say that ‘there were others with preferential merits (. ..) is not motivating, this is playing the pretty game of riddles ». Here is an interesting sentence to open the year. More extensively, I dealt with the jurisprudential evolution in my work Vademecum of oppositions and competitions (2019), 6th edition, where the milestones and the jurisdictional effort to control the elusive technical discretion are detailed, when it is abused to avoid equality, merit and capacity.
an elementary how to impose the externalization of the reasons to value an exercise, test or merits of the applicants: One more point in this evolutionary line of jurisprudence is represented by the need to motivate technical judgment: “one thing is the core of the technical judgment on which this kind of discretion operates and another is the obligation to explain the reasons for that technical judgment. when they have been expressly demanded or when the review of the rating that expresses this technical judgment has been proposed. The latter is outside the scope of the so-called judgment of technical discretion, since, in the face of the express request that said judgment be explained or before its revision, the constitutional prohibition of arbitrariness makes silence on the reasons that have led to the issuance intolerable. particular judgment in question «. And finally, the milestone related to going beyond the formal motivation, the «swallow it», but the requirement of substantive and material motivation that is reasoned and also reasonable and congruent with the bases: The final phase of the jurisprudential evolution is the definition of what the content of the motivation should be so that, when it is required, it can be considered validly carried out. And in this regard, it has been declared that this content must meet at least these main requirements: (a) express the material or sources of information on which the technical judgment will operate; (b) state the qualitative assessment criteria that will be used to issue the technical judgment; and (c) express why the application of these criteria leads to the individualized result that gives preference to one candidate over the others. Finally, descending to the specific case, the judgment dismisses the appeal when examining the reasons offered by the qualifying court of the score awarded to the applicant who did not pass the practical exercise. However, there is an extremely interesting paragraph that states: Furthermore, the appellant in no case has made a comparison with the assessments made by the members of the court themselves regarding the exercises of the applicants who passed said phase, forgetting that we are facing a selective process in which the court must opt for those candidates who demonstrate greater knowledge within the positions offered. » With this, the line opened by the Supreme Court is followed and
Buena entrada para el comienzo del año. No estaría nada mal que fuera leída por los juzgados de lo contencioso y sus superiores, los cuales, normalmente evitan estas litis, elevando la pelota al superior. Gracias, MAESTRO, sentencia para guarda.
Gracias por el comentario! Lo malo que esto lo salvan muy fácilmente los tribunales calificadores adjuntando en sus actas criterios tan subjetivos que es imposible comparar unos ejercicios con otros! Entonces de qué sirven estos argumentos?
He puesto un burofax a los Reyes Magos para que a todos los Juzgados Contenciosos, Alcaldes y Secretarios de Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones les traigan una copia de esta sentencia, en un sobrecito entre las páginas del «Vademécum» de JR Chaves, obra que recomiendo vivamente a Concejales y Jefes de Personal, Vocales habituales de tribunales seleccionadores y especialmente a opositores interesados en que no les mangoneen y baneen los politicuchos de tres al cuarto y sus secuaces colaboracionistas, que filtran preguntas de examenes o, peor, que los ponga el propio «enchufando» (no es gerundio, es como el «doctorando»: todavía no es enchufado, está en proceso de serlo).
Con el debido respeto al TS y aun siendo partidario del control de la discrecionalidad técnica en la medida de lo posible, comparar ejercicios de opositores no solo es suplantar por completo al tribunal del concurso, sino además inviable en la práctica ¿Cómo se pretende que un juez de lo contencioso con centenares de pleitos al año para enjuiciar y sentenciar asuma la tarea de leer y comparar los exámenes de, pongamos, varias docenas de opositores que fueron valorados por un tribunal de varios miembros con dedicación casi exclusiva? Eso supone el colapso de los juzgados al pasar de ser un órgano jurisdiccional de control a un segundo tribunal del concurso, teniendo un solo juez y sin asistencia técnica que duplicar la tarea de la vía administrativa. El TS parece ajeno a la realidad desde su torre de marfil pero no puede pretender sentar criterios inaplicables por mucho que sean a su entender el ideal «deber ser». Tiene que dar soluciones reales para que se pueda llevar a cabo un control efectivo, mas allá del socorrido recurso a imponer obligaciones imposibles de cumplir a los inferiores. Así no avanzamos nada en la práctica.
La reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2020 (rec.312/2019) se ocupa de sintetizar el estado de la cuestión del control de la discrecionalidad técnica, lo que sin duda deberá tenerse en cuenta en las impugnaciones sobre el fondo de valoración de pruebas y ejercicios relativos a las oposiciones y concursos que arrancarán este año con fuerza.El debido análisis de lo suscitado aconseja recordar, con carácter previo, la jurisprudencia sobre el significado y ámbito que ha de reconocerse a la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica, y sobre las posibilidades que ofrece el control jurisdiccional frente a los actos de calificación especializada en los que se proyecta dicha doctrina, en especial en lo referente al nivel de motivación que les es exigible. Esa jurisprudencia, procedente de este Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC), está caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE).
La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el «núcleo material de la decisión» y sus «aledaños». El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacer lo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitarla materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990 de 11de diciembre de 1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990).
La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás
Con ello, se sigue la línea abierta por el Supremo y reclamada con insistencia por la doctrina académica, hacia la comparación de ejercicios o méritos, pues sin tal comparación y cotejo (contar, pesar, medir, contrastar), el juicio técnico se convierte en juicio voluntarista, pues no olvidemos que al seleccionar un empleado público por imperativo constitucional no se trata de mejorar el idóneo, sino el más idóneo (arts.14, 23 CE y 103 CE). Lo contrario, como decía de forma elocuente una célebre sentencia del Tribunal Supremo de la década de los ochenta, de 29 de septiembre de 1988 ante una propuesta de adjudicación de plaza despachada con motivación formal: «Decir que ‘había otros con méritos preferentes (…) no es motivar, esto es jugar al bonito juego de las adivinanzas».
He aquí una interesante sentencia para abrir el año. Con mayor extensión me ocupé de la evolución jurisprudencial en mi obra Vademécum de oposiciones y concursos (2019), 6ªedición, donde se detallan los hitos y el esfuerzo jurisdiccional por controlar la escurridiza discrecionalidad técnica, cuando se abusa de la misma para sortear igualdad, mérito y capacidad.
Buena entrada para el comienzo del año. No estaría nada mal que fuera leída por los juzgados de lo contencioso y sus superiores, los cuales, normalmente evitan estas litis, elevando la pelota al superior. Gracias, MAESTRO, sentencia para guarda.
Gracias por el comentario! Lo malo que esto lo salvan muy fácilmente los tribunales calificadores adjuntando en sus actas criterios tan subjetivos que es imposible comparar unos ejercicios con otros! Entonces de qué sirven estos argumentos?
He puesto un burofax a los Reyes Magos para que a todos los Juzgados Contenciosos, Alcaldes y Secretarios de Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones les traigan una copia de esta sentencia, en un sobrecito entre las páginas del «Vademécum» de JR Chaves, obra que recomiendo vivamente a Concejales y Jefes de Personal, Vocales habituales de tribunales seleccionadores y especialmente a opositores interesados en que no les mangoneen y baneen los politicuchos de tres al cuarto y sus secuaces colaboracionistas, que filtran preguntas de examenes o, peor, que los ponga el propio «enchufando» (no es gerundio, es como el «doctorando»: todavía no es enchufado, está en proceso de serlo).
Con el debido respeto al TS y aun siendo partidario del control de la discrecionalidad técnica en la medida de lo posible, comparar ejercicios de opositores no solo es suplantar por completo al tribunal del concurso, sino además inviable en la práctica ¿Cómo se pretende que un juez de lo contencioso con centenares de pleitos al año para enjuiciar y sentenciar asuma la tarea de leer y comparar los exámenes de, pongamos, varias docenas de opositores que fueron valorados por un tribunal de varios miembros con dedicación casi exclusiva? Eso supone el colapso de los juzgados al pasar de ser un órgano jurisdiccional de control a un segundo tribunal del concurso, teniendo un solo juez y sin asistencia técnica que duplicar la tarea de la vía administrativa. El TS parece ajeno a la realidad desde su torre de marfil pero no puede pretender sentar criterios inaplicables por mucho que sean a su entender el ideal «deber ser». Tiene que dar soluciones reales para que se pueda llevar a cabo un control efectivo, mas allá del socorrido recurso a imponer obligaciones imposibles de cumplir a los inferiores. Así no avanzamos nada en la práctica.