¿Conoce usted alguien que no haya sido molestado por ofertas de servicios de telefonía que no ha solicitado?, ¿Y alguien que no haya sufrido el viacrucis de intentar comunicarse con algún terrícola sensible en la compañía telefónica que le solucione un problema menor?, ¿o alguien que no se haya resignado ante facturas telefónicas que no entiende en vez de acudir a la justicia?
Si la respuesta es que usted mismo o sus allegados han sufrido las tropelías de las empresas de telefonía, le alegrará saber que de vez en cuando pagan por ello.
Viene al caso porque me entero de la noticia de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó por sentencia firme a una empresa de telefonía a indemnizar con 900 euros a un excliente por «los daños morales que le causó, al acosarle con llamadas, mensajes y cobros indebidos cuando aquel rescindió el contrato que los vinculaba».
Me gustaría que sentencias así fuesen ejemplarizantes y provocasen mecanismos de la Administración para poner en “lista negra” o en trance de sanción administrativa a las empresas de telefonía que realizan prácticas abusivas y atosigantes.
Lo digo como ciudadano que en algún momento he sufrido una triple vertiente de agresión: cuando publicitan servicios con llamadas inoportunas; cuando intentamos no hablar con una máquina o teclear números como un experimento estúpido (pulse el 2, pulse el 3, etcétera); y cuando las compañías pretenden cobrar servicios no prestados o no dar la baja efectiva. Veamos.
I.En la vertiente de invasión en la vida doméstica, muchos sufrimos con ese atentado reiterado que son las llamadas educadas pero molestas, ofreciendo servicios y promociones de telefonía, y que además se focalizan en las horas que más daño hacen (mediodía o noche). Cada vez que alguien me llama y me pregunta “¿Con quién tengo el gusto de hablar para dirigirme a usted?, respondo desabridamente: “Con el que no necesita sus servicios, gracias” y cuelgo; o si arrancan diciendo: “Le informo que esta llamada va a ser grabada…”, rápidamente respondo: “Me alegra que graben que no deseo sus servicios”, y cuelgo (realmente me apetece decir que estoy en un funeral o que la persona por la que llaman ha fallecido, pero refreno el mal gusto, no sea que las profecías se hagan realidad).
Es triste que me haya vuelto un maleducado, y me avergüenzo de tratar así a alguien que seguramente esta cobrando una miseria por un engorroso trabajo, pero en mi descargo confieso que no es una, ni dos, ni tres llamadas a la semana. Me paso la vida bloqueando teléfonos, pero son inasequibles al desaliento.
II.Mucho más triste es que algunos héroes se vean empujados a luchar contra estas compañías. En el caso comentando, comprendo perfectamente lo que dice la sentencia de que el actor soportó “una presión reiterada por parte de los mecanismos de cobro de la demandada y la imposibilidad del demandante por poder contactar, a la inversa, con la entidad demandada”.
Es llamativo el desequilibrio entre consumidor y compañía telefónica. La empresa tiene nuestro teléfono y un puñado de mercenarios dispuestos a insistir, y en cambio, los particulares no tenemos manera de hablar con alguien con responsabilidad para resolverlo. El infortunado se ve obligado a enviar mensajes de atención al cliente, quejas, a números donde alguien a quien no le interesa el problema le pasa a otro hasta el agotamiento, etcétera.
III. El calvario puede ser algo tan sencillo como darse de baja. Muchas facilidades para contratar pero todas las dificultades del mundo para cancelar. Y la facturación continúa, y la desesperación del particular también.
Aunque la cosa puede empeorar, si la empresa de telefonía no le pasa la supuesta deuda a una compañía de cobro de morosos donde se trata de torturar telefónicamente al infortunado.
Lo lamentable es que los poderes públicos no sean sensibles a tres datos esenciales.
Primero. La vida doméstica y el derecho a la intimidad comprende especialmente el derecho a no ser asaltado por moscardones de la compañía publicitando o requiriendo de forma atosigante.
Segundo. La telefonía es un servicio básico, de interés público, lo que impone que se regule con seriedad y no como un zoco árabe, donde cada compañía obtiene datos de la competidora para “hacerle ofertas que no pueda rechazar”. ¿Cómo es posible que me llamen por nombre y apellidos una voz desconocida que conoce mi número de teléfono?
Tercero. La tutela judicial efectiva se logra cuando la Justicia es accesible y asequible, y no cuando se trata de asuntos menores en cuantía, como la telefonía, en que pocos se embarcan en costosos e inciertos litigios. Por eso, sería deseable establecer un cauce administrativo efectivo de resolución de reclamaciones ( y no el papel decorativo de la Oficina de Atención al Usuario de Reclamaciones), sin olvidar que la mediación o el arbitraje son más bienintencionados que efectivos.
Lo más lamentable es que a las grandes empresas de telefonía les resulta rentable perder algún pleito a cambio de tender su red y pesca por arrastre sobre miles de pacíficos consumidores.
En fin, queden aquí estas cuestiones donde convergen el derecho civil (conflictos entre particulares y empresas en el marco de sus contratos privados de telefonía, o acciones de responsabilidad por quien soporta sus tropelías), el derecho administrativo (tutela de servicio, facturación y protección de datos) e incluso el derecho penal (casos sangrantes de personas mayores asediadas y víctimas de contratos que no quieren hacer y de pagos que no debían asumir).
Un bonito ejemplo de vía de agua en el ordenamiento jurídico, olvidando la utilidad y belleza de poner solución a cientos de miles de casos pequeños, que afectan a todos. Si desapareciera la impunidad del acoso telefónico de las empresas de telefonía, o en general de los vendedores por este cauce, nuestro mundo sería mejor, y nuestro carácter y salud mental, también.
En todo caso, por si alguien no lo sabe, siempre cabe la posibilidad de inscribirse en la célebre lista Robinson (ya saben, el solitario a la fuerza en la isla, de Daniel Defoe) y que es un servicio altruista y fiable que «le permite, de forma fácil y gratuita, evitar publicidad de empresas a las que no hayas dado tu consentimiento para que te envíen publicidad. Funciona para publicidad por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS/MMS». Tiene más ventajas que inconvenientes.
Algo es algo, aunque es triste que la sociedad civil se busque la vida para solucionar lo que el poder público no soluciona. Y aquí viene la buena noticia: la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, obliga a que las empresas consulten la Lista Robinson antes de realizar campañas publicitarias, bajo fuertes sanciones si lo incumplen.
Y ahora les ruego me disculpen…Está sonando mi teléfono… y puede ser importante
Si la memoria no me falla, que todo es posible, creo que hace 2-3 añis un juez de Gijón ya dictó otra sentencia similar, no cambia para nada tu artículo pero justo es reconocer el precedente. Salud
Magnífico artículo, como todos. Respecto a la lista Robinson la incumplen continuamente, les digo que estoy en ella y cuelgan, he decidido descolgar a números desconocidos sin decir nada y escuchar para ir bloqueando, pues unas veces ponen alocuciones, otra suenen pitidos y otras silencio absoluto. Saludos.
Efectivamente la lista Robinson es muy eficaz, he reducido de decenas de indeseadas llamadas semanales (incluso de Italia e Inglaterra) al móvil y al fijo a prácticamente ninguna. Cuando me llama alguna compañía “despistada” le informo inmediatamente que estoy en la esta lista y suelen colgar sin despedirse.
Completamente de acuerdo que las compañías de Telefonía hacen un abuso desmedido y a colación es tan abusivo como que el Tribunal Constitucional, considere que la media de tiempo del conjunto de los Juzgados de lo social de España, desde que se presenta la demanda hasta que se resuelve por sentencia sean 14,5 meses y que por tanto considere abusivo que algunos sociales de Sevilla, fijen la vista de los juicios a 4 o 5 años vista.
Tan absurda la media como más absurdo lo de los J. Social de Sevilla, ignoro sistema retributivo de sus señorías los magistrados de lo social….pero tardar de «media» 14,5 meses es una aberración, ya lo de Sevilla es de otro planeta. El problema es que lo malo siempre se contagia muy rápidamente y que en Asturias terminaremos con esas medias, cuando lo que se tenía que hacer es más celeridad y ¿el cómo?, pues para eso estan sus Señorías, para determinar como ser más rápidos, y autogobernarse y gestionarse para dar Celeridad, luego habrá sentencias buenas, malas o como dijo alguno de calidad, pero si tardan 5 o 6 años de nada sirven. Seguro que los magistrados de Sevilla trabajan y mucho, pero la noticia es que tardan hasta 5 años en señalar vistas….pues si el problema no esta en el trabajo de los magistrados debería saber los justiciables donde esta el problema.
Todo dicho con el ánimo de aportar y conocer como se puede ser más lentos que la sanidad pública en algunos aspectos.
No podría estar más de acuerdo con este post. El acoso telefónico no acaba ni siquiera estando en la Lista Robinson. Pese a estar inscrita, me siguen llamando. A veces incluso los fines de semana o en horas de descanso. Eso sí, nada en comparación con la situación de aquellos que están en ficheros de morosidad. Como abogada concursal, veo la ansiedad que les genera a mis clientes el acoso telefónico incesante por parte de los acreedores. Ojalá haya más sentencias así.
Lo subscrivo al punto. Alguna vez se me ha escapado un «Servicios funerarios, en qué podemos atenderle?» cansado y hastiado de tanta llamada. En fin…
Manel Pérez
Interesantísima publicación y muy de acuerdo con la misma. Yendo un poquito más allá y como dice nuestra carta magna: nos han de proteger, aunque bien parece que los poderes públicos no cumplen del todo con el mandato.