Hace unos días el Gobierno Libio anunció el «despido» de 400.000 empleados públicos por razones de austeridad presupuestaria, concediéndoles por toda compensación el abono del salario correspondiente a los tres años siguientes mientras encuentran trabajo alternativo. Tal noticia es recibida en España como quien escucha los efectos de un tsunami en la costa Thailandesa.
Sin embargo, Sevach considera que en España se están dando las condiciones para la llamada «tormenta perfecta» (unión devastadora entre huracán y tormenta) en materia de empleados públicos. Y es que puede hablarse de «tormenta perfecta burocrática» en el ámbito de la burocracia española, ya que se avizoran varias condiciones y factores críticos.
- a) La crisis económica. En tiempos de inflación, endeudamiento doméstico y empresarial y desempleo galopante, la Administración Pública debe atender a mayores gastos con menos ingresos. Por eso, la consabida fórmula mágica del político de turno consiste en aplicar bisturí a los gastos de personal en el presupuesto, con medidas archisabidas: amortización de vacantes por jubilación sin reponer efectivos, crecimiento de la actualización anual de los sueldos por debajo del IPC, prejubilaciones forzosas, etc.
En fin, nada nuevo bajo el sol. Si la economía es cíclica, las reformas burocráticas también. Mírese a la última etapa española de crisis económica (década de los noventa) o las recientes medidas del Gobierno Sarkozy, y se reconocerá el diagnóstico y el tratamiento.b) El período postelectoral. Actualmente asistimos a promesas electorales desatadas por los partidos políticos, que en su mayor parte cuestan dinero. Y cuando llegue el momento de cumplir las promesas, las limitaciones presupuestarias imponen aplicar el castizo adagio de «desvestir a un santo para vestir a otro», lo que posiblemente llevará a «desnudar» al colectivo funcionarial para vestir otros colectivos menos rentables electoralmente.c) La aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. La norma fundamental de los empleados públicos, aprobada tras un larguísimo parto de casi 27 años desde su previsión por la Constitución, tendrá que ser objeto de desarrollo por Estado y Comunidades Autónomas.
Dado que este Estatuto Básico reparte la materia burocrática, como un padre reparte la herencia en vida entre sus hijos, distribuyéndola entre Comunidades Autónomas (remitiéndose a sus propias leyes) y los sindicatos (remitiéndose a negociaciones sin límite serio) es fácil pronosticar que vendrán tiempos de discriminación entre funcionarios, según la Administración a que sirvan y según la capacidad negociadora de los representantes de los funcionarios (o según el talante del gobernante de turno).
El resultado será una situación de agravio entre funcionarios, con sus secuelas de insatisfacción, quejas y desilusión, que repercutirán en el servicio público.
d) La Babel de empleados públicos española o las tribus burocráticas. El Estatuto Básico de los Empleados Públicos de 2007 no fijó el criterio racional de que el carro de la Administración Pública fuese tirado exclusivamente por «funcionarios» o «laborales» (lo que permitiría zanjar el absurdo de distintos regímenes para prestar un mismo servicio). Y además conservó el personal «eventual» (designado libremente por el político gobernante entre huestes clientelares) y le añadió los «directivos profesionales» (supuesta clase directiva a reclutar y retribuir como «tiburones empresariales americanos»).
O sea, dos ruedas cuadradas (funcionarios), una rueda redonda (laborales), una cuarta de goma (eventuales políticos), tirado por un caballo pura sangre (altos cargos tecnócratas) y una mula (directivos profesionales), mientras los cocheros están enzarzados en discutir (gobierno y oposición), y avanzando a golpe de látigo o improperio. Eso sí, sobrepasado el carro o seguido por carros autonómicos de libre diseño. Un panorama desolador.
Por si fuera poco, como medida general a corto plazo prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público no se contempló el rediseño racional del carro, sino el puro parcheo, por lo que contempla los procedimientos de consolidación de empleo temporal (interinos a plaza fija) y de funcionarización (laborales reconvertidos en funcionarios), así como el blindaje retributivo de altos cargos (conservando puestos de origen y jugosas retribuciones en caso de cese).
Tales procedimientos mantendrán entretenidas un par de años a las Administraciones y sindicatos, pero tendrá contrapartidas lógica en perjuicio del común de los funcionarios y de la ciudadanía: crecimiento del gasto público, paralización de oferta de empleo externa e hipotecas de las estructuras orgánicas que deben dotarse de plazas bajo el principio de «el empleado temporal- crea el órgano definitivo».
e) La resaca electoral también repercutirá negativamente en la esfera burocrática. Todo cambio político, y en mayor medida, cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, gane quien gane, produce un impacto en el tejido del personal burocrático por los habituales trasiegos y componendas políticos. Así, quienes deben cesar en sus cargos públicos suelen retornar a puestos burocráticos cómodos; el personal eventual ha de moverse por los canales del partido para ser acogido en las nóminas de una Administración del mismo color ideológico; y todos esos «políticos venidos a menos» buscan su espacio de poder a costa de interferir en la actuación de los profesionales.
f) El impacto de las tecnologías de la información en las Administraciones Públicas. La Administración ha experimentado unos cambios espectaculares en formas y procedimientos, y la masa burocrática sigue ahí como la Puerta de Alcalá («Mírala, viendo pasar el tiempo, ahí está la Puerta de Alcalá», dixit Ana Belén).
En efecto, se ha pasado de la «ventanilla» a la «pantalla»; de las enormes colas a la consulta desde casa o citas previas; del laborioso acopio personal de documentación en papel a la documentación automatizada a cargo de la propia Administración; de la información obtenida en «peregrinaje» burocrático a la consulta directa y exacta sin desplazamiento; del funcionario anónimo al funcionario responsable; los tiempos se reducen, los trámites se simplifican, las formalidades se desvanecen,… Y esta Administración electrónica pugna con cierto segmento de funcionarios de la era de la escritura y resistentes al reciclaje.
En suma, se necesitarán a corto plazo menos funcionarios y los que existan, formados tecnológicamente en administración electrónica. Las reconversiones son inevitables.
g) El prejuicio hispano hacia los funcionarios. Es innegable (y cuesta quitar las manchas a un leopardo) que los empleados públicos, desde Larra («Vuelva usted mañana») arrastran una imagen de desidia y privilegio que es pasto fácil para la crítica de bar, la envidia del Juan Español y sobre todo, para que las medidas de recortes de efectivos o plantillas, sean observadas con complacencia (o complicidad) por el común de la ciudadanía.
Se trata de una visión pretérita y alejada de la realidad, ya que, en las dos últimas décadas el eje de la Administración Pública ha pasado del «funcionario» hacia el «ciudadano». El lenguaje ha seguido esta evolución: el término «administrado» ha sido sustituido por «ciudadano»; la «instancia» por la solicitud; los tratamientos y usías se han suprimido; toda Administración que se precie cuenta con oficinas de información, unidades de reclamaciones y servicios de inspección; se garantiza la protección de datos personales; no hay pólizas y los gestores administrativos han perdido buena parte de su trabajo; los tribunales de lo contencioso-administrativo se han «humanizado» al acortarse tiempos de resolución y corregir desafueros.
Y todo ello, teniendo en cuenta que dos millones y medio de empleados públicos hacen posible un millardo anual de actos administrativos (se preparan, dictan, notifican y ejecutan) además de prestar de forma continua servicios públicos inimaginables en el pasado con calidad y eficacia (policía, sanidad, transporte público, tutela ambiental, obras públicas, etc).
En definitiva, que los prejuicios hacia los funcionarios carecen de fundamento serio, pero como tales prejuicios son inmunes a la racionalidad, y por eso no es extraño que el mundo burocrático sea el más sensible para servir de «cabeza de turco» para medidas cara a la galería electoral.
En definitiva, la tormenta perfecta está servida. Y aunque la inamovilidad del empleado público está consagrada legalmente, lo que no está garantizado es su inmunidad ante recortes retributivos, traslados o suspensiones de derechos. Habrá que esperar a que capee el temporal.
Parece que va a ser desolador, según tus cuentas, Sevach. A mí no me importaría que me mandaran a casa, siempre que me dieran el mismo trato, (no espero menos), que a los despedidos del Ente Público RTVE: prejubilaciones a partir de los 52 años cumplidos con 90 % del salario durante trece años y posibilidad de continuar trabajando en otra empresas («Los prejubilados de oro» titulaba su artículo en elmundo digital, Elena Hita).
Aquí ya tenemos un ejemplo flagrante de discriminación de unos trabajadores frente a otros y ejemplos como este de prejubilaciones sabrosas, han venido sucediéndose también en épocas de bonanza económica, como la que nos disponemos a abandonar.
En cuanto al crecimiento de la actualización anual de los sueldos por debajo del IPC, es una práctica habitual que también han venido usando con los funcionarios públicos en épocas de bonanza como las tres últimas legislaturas.
El año pasado mi sueldo superaba en unos 50 a la pensión de mi padre, pero este año me ha alcanzado. Como a mí solamente me suben el 2%…me ha alcanzado y el año próximo me superará.
Es una vergüenza.
Por eso, quien pueda y esté a tiempo debe buscarse la vida en otra parte. No interesa ser funcionario.
No soy pesimista, Luis. La Administracón sobrevivirá y los funcionarios sobrevivirán. Solamente quiero alertar de que, al igual que el tañido de ciertas campanas «suenan a muerto», me parece que dentro de un año correrán malos tiempos para la «lírica burocrática» y que los funcionarios son un fácil chivo expiatorio. Lo cierto es que, cuando hay vacas gordas, los funcionarios no se enteran, pero si hay vacas flacas, a sufrir tocan. En fin, solamente quiero dejar claro que los funcionarios ni son verdugos ni víctimas, pero al menos «se lo curran como el que más», y si alguien se comporta como un vago o caradura, pues no puede generalizarse el «prejuicio» de igual modo que no todos los curas de Boston son pederastas.
Amigo Sevach, como casi siempre estoy de acuerdo con tus atinadísimas observaciones. No obstante, permíteme dos pequeños aditamentos, uno literario y otro jurídico.
Respecto al primero, aunque estoy de acuerdo que el «vuelva usted mañana» de Larra ha quedado un tanto obsoleto, creo estarás de acuerdo conmigo en que aún persisten en la Administración muchos funcionacios como el inmortalizado por Galdós en su celebérrima novela «Miau», aquél funcionario Pantoja imbuido de odio hacia el particular y cuya regla era que los expedientes no debían resolverse nunca y, de hacerlo, buscando siempre negar la razón al ciudadano, porque para algo es la Administración quien paga (por cierto, en la cuidadísima edición de la editorial Cátedra, el magnífico estudio introductorio concluye que aunque la Administración del siglo XXI formalmente no se parece en nada a la de 1878, materialmente sigue siendo la misma).
Respecto a la matización jurídica, el Estatuto Básico del Empleado Público definitivamente aprobado parece ser que ha descafeinado muchísimo las recomendaciones del comité de expertos. Así lo manifiesta, al menos, Miguel Sánchez Morón, presidente de dicho comité. Quizá ello se debió a muchos peajes que pagar a los sindicatos (cuya fuerza debería estar de acuerdo con la representación real que ostentan, es decir, mínima, dado el escasisimo número de afiliados).
Me parece Sr. William que la fuerza de los sindicatos en las Administraciones Públicas no se nota en nada. En realidad los sindicatos forman parte de la burocracia, actualmente están amaestrados no puede ser de otra manera ya que viven a costa de la Administración ¿Cómo van a pelear contra la Administración si les tienen subvencionados?
Por eso pongo en duda que hayan conseguido afeitarle los cuernos al Estatuto Básico de la Función Pública justamente los sindicatos, que ni siquiera son capaces de pelear por la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Los funcionarios de carrera no tenemos absolutamente nada que hacer con la gran mayoría de sindicatos que hay en nuestras Administraciones. Parece que la mayor preocupación de los sindicatos es que haya procedimientos de selección que, como bien dice Sevach, hagan en definitivo o fijo, lo que en principio es temporal, y a los jóvenes recién salidos de las facultades, y con ganas de acceder a un empleo público previa competición en los correspondientes exámenes con otros aspirantes, esos, que se j….Así por ejemplo, nos encontramos con sectores como la educación y la sanidad, que agrupan el 75% del empleo público autonómico, donde las oposiciones libres brillan por su ausencia: todo son por concurso oposición mal hecha, es decir, concurso oposición que sólo valora en la fase de concurso la experiencia prestada en la Administración, y que conculcan claramente el principio de igualdad, porque a quienes no trabajan interina o temporalmente en la Administración, la desventaja que se les presenta es considerable. Por suerte aún quedan oposiciones libres, y cuando las sacas te alegras muchísimo, pero cuando llevas un tiempo, no mucho porque te das cuenta pronto del tomate, ves que todas las normas sobre provisión de puestos de trabajo, son papel mojado, y que sólo hay una forma de atajar un centrímetro en un camin cuasi infinito: ir a los tribunales. Pero claro, ves tantos casos en los que ejecutar lo juzgado es igual a «aquí nunca pasa nada aunque un juez enmienda la plana a la Administración», que se quitan las ganas. En fin, que la esperanza es lo último que se pierde, y que yo al menos considero que ser funcionario está muy bien, pero el funcionamiento de la Administración en la gestión de los recursos humanos, es realmente lamentable. Y si no es lamentable: que lo demuestren cumpliendo la ley.
En relación al Estatuto Básico de los Empleados Públicos, no tengo ninguna queja hacia los Catedráticos y expertos que intervinieron en su gestación ( el informe preliminar es excelente), pero tal y como tuve ocasión de describir gráficamente en una reciente ponencia en Valencia, el Estatuto era una especie de «Frankenstein» jurídico, o sea un monstruo hecho de retales, gigantesco y pavoroso, pero tamblequeante e imprevisible. O sea, un experimento prometedor, pero todos sabemos el final de la historia…
Interesante reflexión, aunque no creo que se llegue al extremo del gobierno libio. Lo que no hay que descartar es la congelación de salarios.
Estoy de acuerdo con lo que comenta JotaF. Gracias que existen oposiciones libres, aunque tu alegría de haberlas aprobado dure poco, a mí exactamente me duró hasta que pedí destino y el que me dieron fue en el «quinto pino», lejos de la ciudad donde vivía, lejos de mi familia, de mi hijo de 10 años, no me valieron argumentos de conciliación de vida familiar, ni nada por el estilo, ni siquiera en comisión de servicio, porque aunque la aprobaron en la ciudad de donde venía, en el «quinto pino» no querían soltar a nadie.
Me hubiera llevado a mi hijo conmigo, si la vida alli no fuera tan cara, si él hubiera podido estudiar en la única lengua que conocía y cambiarle no hubiera supuesto un retraso en sus estudios, o si me hubieran garantizado una vivienda digna por lo que podía pagar de alquiler con mi sueldo de funcionaria de carrera del grupo D, de entonces.
Aún así, en mi destino cumplí fielmente con mis obligaciones, ni más ni menos, porque anímicamente no estaba bien, cualquier entendido en recursos humanos hubiera comprendido enseguida que se rinde más cuando uno está tranquilo, a gusto en su trabajo. ¿Por qué entonces no racionalizan la provisión de puestos de trabajo?.
Si ser funcionario interesa por la seguridad que te da tener un trabajo fijo, también es cierto que los de la AGE tenemos que hacer piruetas con el sueldo para que nos llegue a fin de mes, amén de las maletas en cuanto apruebas y no eres de los primeros.
Haciendo alusion al comentario de JotaF, mi corta experiencia con la administración se resuelve en que los sindicatos están, en su gran mayoría apardelados o dormidos, no me tiendo las narices en todo aquello que se cuesa en casa, dejando pasar el momento de equiparar o igualar el colectivo al que se está representando.
De ahi que surgió la idea por un grupo de compañeros descontentos en formar la Unión Sindical de la Policía Canaria, un colectivo que está marginado por la sociedad y por las administraciones, unos poque les dañan el bolsillo y otros por atacar las arcas municipales.
Lo que no se puede hacer es dejar llevar por la corriente y como nadie hace nada, pues yo no voy a ser menos. Error, eso crea un conformismo estupido por el cual no se levanta cabeza en muchos aspectos de nuestra Admon., todo aquello que mejores hoy será algo menos que tendras que luchar mañana………..
Por una Policía Mejor!!!!…………. USP