Categoría: Sobre los empleados públicos

Funcionarios y laborales que sirven a las Administraciones Públicas, con sus aspiraciones, derechos y obligaciones al desnudo y según la normativa y jurisprudencia.

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Rincón del Opositor

Si de mí depende, jamás sacará la plaza

cesrEse es el cruel pensamiento (incluso algunos lo confiesan a los íntimos) que anida en la mente de ciertos prebostes políticos o altos funcionarios, que tienen ocasión de formar parte de Tribunales calificadores de oposiciones, o de decidir el diseño de la convocatoria, y que revela la inquina personal (de raíz ideológica, profesional o competitiva) y prejuicio respecto de algún aspirante.

Ese odio se plasmará en que, si llega el día (que como dice Corleone a Bonasera en El Padrino, “y puede, que nunca llegue ese día”), pues el malvado (o una marioneta suya) se ensañará con el aspirante caído en desgracia que será condenado al suspenso o eliminación del procedimiento selectivo.

Viene al caso, tras ser noticia que el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres ha condenado a dos años de prisión y a otros 12 de inhabilitación para empleo y cargo público a la presidenta de un tribunal de oposiciones de Secundaria en Extremadura en 2010 por destruir exámenes e impedir que un aspirante obtuviera la plaza. Leer Más

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ContenciosoSobre los empleados públicos

Actualizarse o renunciar al empleo público: un dilema inminente

dualidadEs un tópico aludir al empleo público como territorio donde una vez se pasa la frontera del concurso u oposición, ya se “puede echar a dormir” pues salvo expediente disciplinario o renuncia del interesado, puede llegar el día de la jubilación sin haberse sometido a nuevos exámenes o cursos de actualización.

Es cierto que la inmensa mayoría de los empleados públicos se forman voluntariamente durante su vida profesional, bien personalmente o bien con los cursos organizados por la administración. Tampoco faltan los empleados públicos que superan pruebas objetivas y rigurosas para promocionarse de categoría dentro de la administración. Sin embargo, el sistema permite que el perezoso se enroque en la fijeza del empleo público sin formarse.

Así, algo tan lógico en otros ámbitos, como que las condiciones psico-físicas para conducir un vehículo sean objeto de revisión periódica, cuando se trata de “conducir los asuntos públicos” por empleados públicos, puede darse el caso de una minoría de profesores de Universidad o de centros educativos no universitarios, o jueces o cirujanos de centros sanitarios públicos, o funcionarios de otros ámbitos, quienes tras superar la oposición, optan por no molestarse en formarse ni actualizarse. Y ello con la complicidad del legislador que suele confiar en la voluntariedad de esta adaptación.

Las razones que pueden explicarlo son variadas y muy ligadas a la humana condición, pues los empleados públicos no están libres de los pecados capitales. Algunas explicaciones son fruto de la soberbia (“Ya sé todo lo que hay que saber”); otras de la comodidad (“Ya soy mayor para examinarme o para acudir a cursos”); otras de la falacia (“Ya superé en su día los exámenes”), y la mayor parte de las veces de la avaricia por no existir incentivos (“Si no hay compensación no tengo que molestarme en hacer cursos”).

estudiarSin embargo estos errados planteamientos olvidan que el servicio público no es un “servicio al empleado público”, y que el deber primario del empleado público es la eficacia y prestar su servicio con diligencia y eficacia, o sea, que requiere estar alerta a las novedades de su labor.

Hay ámbitos muy elocuentes. En el mundo académico universitario, el profesor de cuerpo docente (Titular o Catedrático) que opte por no investigar y opte por no actualizarse ni leer o escribir un solo artículo de la disciplina, puede sobrevivir perfectamente con su nómina completa hasta el fin de sus días. Lo mismo sucede en el ámbito judicial donde la oposición superada normalmente en la juventud cierra el paso a la “obligación” de actualización complementaria futura alguna. Y lo mismo ocurre con prácticamente el resto del campo de la función pública donde solamente la “voluntariedad incentivada” bajo el eufemismo de “carrera profesional” provoca que se actualicen los empleados públicos.

Esta reflexión viene al caso al hilo de la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 2016 (rec.201/2015) que se ocupa de los requisitos reglamentarios para ser Director de centros públicos de enseñanza no universitaria, en cuanto se imponía como requisito la obtención de una certificación de haber superado un curso de formación para la función directiva; y además que al cabo de ocho años su titular debe realizar y superar un curso de actualización de los contenidos propios de la función directiva. O sea, para ser Director se imponía un requisito de habilidades directivas y dicho curso debería ser actualizado a los ocho años.

No importa el caso concreto pero sí el telón de fondo (el Supremo desestima el recurso planteado por la Generalitat de Cataluña frente al reglamento estatal, en que entre otros argumentos se aducía que el curso tenía vigencia indefinida, sin necesidad de renovación o actualización). E importa el telón de fondo de esta sentencia porque los argumentos de la sentencia bien podrían predicarse de todo empleado público, para promover de forma “obligada” y no “voluntaria” su actualización de conocimientos.

El precio que debe pagarse por la estabilidad del empleo es la obligación de formarse y actualizarse.

Veamos. Leer Más

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ContenciosoRincón del Opositor

El Supremo afea al Congreso y fija pautas avanzadas de control de oposiciones

pille-mentiraLa reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Noviembre de 2016 (rec. 4453/2015) no solo nos demuestra que la división de poderes está vigente, y que los actos no legislativos del parlamento los puede y debe controlar el poder judicial, sino que encierra valiosísimas enseñanzas y criterios de valor general para todas las oposiciones y concursos. Ojo al dato Leer Más

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Rincón del Opositor

Oposiciones a cuerpos jurídicos de élite según sus protagonistas

examensSeptiembre es tiempo de iniciar la preparación de oposiciones o de reanudar las ya iniciadas. Hora de propósitos y sacrificio.

Por si alguien deshoja la margarita sobre qué oposición a cuerpo jurídico preparar, creo que puede resultarle útil facilitarle las entrevistas o reportajes sobre los opositores de éxito a los cuerpos jurídicos tradicionalmente considerados de élite (bien por su dificultad objetiva, bien por la influencia corporativa en el poder público o bien por sus remuneraciones).

Se trata de las oposiciones a abogado del Estado, a juez o fiscal y a notario (evidentemente hay muchos más cuerpos de letrados públicos de prestigio, estatal y autonómico, como también destacan los que están al servicio de órganos constitucionales o estatutarios, pero nos quedaremos por ahora con las “clásicas”) .

Escuchemos a quienes han tenido éxito y las han superado desde su juventud o en lugar destacado, que siempre se aprende algo. Leer Más

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ContenciosoRincón del Opositor

Impulso a las oposiciones para graduados en derecho

LA GRAN EVASIONMe sorprende gratamente que en el BOE de 20 de Junio de 2016 se anuncia la convocatoria de diez plazas de letrado del Ayuntamiento de Madrid, lo que sigue la senda de las recientes cinco plazas por concurso-oposición de Letrados del Consejo General del Poder Judicial (BOE 3/6/2016) ambas con plazo abierto para que se presenten los interesados.

Tras la travesía del desierto de la crisis económica que congeló las convocatorias de las oposiciones en general, tuvo lugar la salida del letargo con el buque clásico de oposiciones para licenciados en derecho, la convocatoria de 65 plazas para jueces y fiscales (BOE 23/12/2005). Y después la convocatoria de las 108 plazas de letrados de la Administración de Justicia (BOE 7/1/2016), con arreglo al viejo Temario de Secretarios judiciales.

Y si se hace un barrido por los Boletines oficiales o por las webs de información de oposiciones, se captarán convocatorias de plazas para licenciados en derecho, unas de cuerpos típicos del Estado y ajustados a la Oferta de Empleo público 2016 y otros generados en las Comunidades Autónomas o entes locales. Hay para todos los gustos, desde plazas donde se requiere la condición de graduado en derecho (Letrados del Tribunal de Cuentas, letrados consistoriales o autonómicos, etc) hasta plazas donde es utilísimo (Administrador civil del Estado, Técnico de la Seguridad Social, Técnico de Instituciones Penitenciarias, Técnico de Tráfico, etc), sin olvidar los grandes cuerpos de inspección (Finanzas, Trabajo, Consumo, etc).

La clave está en buscar y rastrear la plaza adecuada, y no desdeñarla si son pocas las plazas convocadas.

Pero asomémonos a lo que espera al jurista opositor. Leer Más

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ContenciosoSobre los empleados públicos

Quien no pide a tiempo que se complete el expediente, se lo lleva la corriente

cerebrosEl castizo dicho, “Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente” tiene su traducción procesal en el aforismo latino Vigilantibus non dormientibus iure succurrunt (litigante que no vigila por la tutela de su derecho, no merece ser salvado).

Esa necesaria diligencia nos alerta de los requisitos, formas y plazos que imponen las reglas procesales, y que tienen especial relevancia en el mundo del proceso contencioso-administrativo, y nada menos que cuando se trata de incorporar a los autos el expediente administrativo, esto es, la pieza central que será objeto de examen y donde están todos los antecedentes del caso litigioso.

Viene al caso por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2016 (Rec. 1028/2015) que viene a recordar un criterio sobre el momento de solicitar que se complete el expediente y cuya inobservancia trae funestas consecuencias para el demandante, ya que si no se completa el expediente en el momento procesal idóneo, no cabe solicitarlo como prueba ni pedirlo como diligencia final. Leer Más

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ContenciosoSobre los empleados públicos

El tiempo de peregrinaje procesal del opositor se indemniza

Photo-20151229003226331.jpgUna reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo da respuesta clara a una cuestión que siempre me pregunté.

Se trata del supuesto de ejecución de una sentencia firme que condena a la administración a retrotraer el procedimiento selectivo de oposición para subsanar el acto ilegal, y han pasado varios años, de manera que el recurrente ya cuenta con más canas, menos neuronas y fuerzas, y se ve obligado a examinarse de un ejercicio teórico que tenía estudiado en un pasado remoto (sobre temas jurídicos o técnicos ya obsoletos) o incluso a superar las pruebas físicas (para bombero o policía) pese a que los años no pasan en balde.

A ello se añadiría que normalmente cuando se acomete por la administración la ejecución de tal sentencia el Tribunal calificador vuelve a reunirse a regañadientes (a veces sus miembros han fallecido o jubilado) y para mayor escarnio, el único que se examina es el recurrente triunfador “solo ante el peligro”, dándose la triste estadística de que la inmensa mayoría de estos demandantes suspenden la prueba y se encuentran con la victoria pírrica de haber conseguido una sentencia estimatoria para empapelar la pared y sin plaza.

Pues bien, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de Abril de 2016 (rec. 1276/2014) aborda la problemática de una opositora a cuerpo docente que recurre es inadmitida para participar en un procedimiento selectivo a cuerpo docente en el año 2004 y que tras la primera victoria en la Sala del Tribunal Superior de Justicia (año 2010) obtiene la confirmación por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo (año 2012) de manera que la recurrente se examina en solitario en el año 2013 y obtiene 0 puntos en cada prueba. El incidente de inejecución se resuelve en 2016.

Dado que la sentencia solo reconocía el derecho a ser admitida y examinarse y no a obtener la plaza, la ejecución de sentencia no puede exceder del fallo, y la recurrente se queda con un palmo de narices, pero lo relevante de esta sentencia es el camino lógico que abre, a ese caso y a muchos supuestos similares. Leer Más

Pistola marcando la salida
ContenciosoRincón del Opositor

El derecho de los opositores a conocer los criterios de valoración

gritoTras la semana santa y con la llegada de la primavera se inicia un periodo administrativo tras el pistoletazo de salida de la Oferta de Empleo Público 2016 (BOE 22/3/16): las convocatorias de oposiciones que salen del letargo de la crisis económica.

En ese período de “vacas flacas” de oposiciones (2009-2015) ha tenido lugar un cambio jurisprudencial sumamente relevante y no conocido por todos los operadores.

No sólo se trata de los grandes avances hacia mayores cotas de justicia que ha pilotado valientemente la Sección Séptima del Tribunal Supremo, y que recuerda al Séptimo de caballería frente a la inmunidad derivada del rancio dogma de la discrecionalidad técnica, sino de un sencillo avance que merece la pena resaltar. Leer Más

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ContenciosoRincón del Opositor

Oferta pública de empleo 2016: pocas nueces pero algo se mueve

DESPEGUEPor fin el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, 18 de Marzo de 2016 la Oferta de Empleo público para el año 2016. Con ello se da el pistoletazo de salida a las convocatorias de plazas públicas, tras la congelación y goteo del pasado período de vacas flacas.

Así y todo, es una convocatoria prudente y dominada por sectores masivos vinculados a la seguridad pública, la defensa y la justicia, aunque existen ya plazas de cuerpos generales ofertadas con cierta generalidad propia de tiempos remotos. Una buena noticia. Veamos el contenido y algunos consejos. Leer Más

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Sobre los empleados públicos

Novedades sobre la acción de regreso contra funcionarios

justicia piedrasEl que rompe, paga. Ese es el refrán clásico que encierra la esencia del instituto jurídico de la responsabilidad civil y penal: el causante debe remediar o compensar el daño  causado. En el ámbito de las administraciones públicas, como consecuencia de las múltiples áreas de actividad de servicio público y actuando a través de miles de órganos, son inevitables los errores o los daños accidentales a terceros.

Cuando la administración reconoce el derecho a indemnización por el funcionamiento normal o anormal del servicio público y paga, no suele pedir a su vez responsabilidades a sus autoridades o funcionarios. No es un barco pirata que arroje por la borda al tripulante que causó daños en el buque. No. La administración prefiere ser benévola con su tripulación de empleados públicos pese al mandato imperativo que encierra el art.145.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común:

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

Dicha previsión ha sido acogida por el art.36.3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LEREJU):

Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

Pues bien, aunque dicha exigencia de responsabilidad parece el cometa Halley, que aparece visible cada varios lustros, ha recibido un doble impulso jurídico en cuanto a precisión de su exigencia.

De un lado, el impulso político pues parece que llegan tiempos de se acabó el “gratis total” cuando se rompen las arcas públicas, y se debe a  la grave irresponsabilidad del empleado público.

De otro lado, el impulso jurídico. Se trata del desarrollo de los criterios y procedimientos por la Ley 40/15, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LEREJU), engrasando este instituto oxidado mediante la elevación a rango legal del régimen contemplado en el art. 21 del R.D.429/1993, de 26 de Marzo.

De otro lado, el Tribunal Constitucional a través de la reciente STC 15/2016, de 1 de Febrero. Veamos las novedades y excepcionales hallazgos de tal sentencia. Leer Más